El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado archivar para el exasesor ministerial Koldo García la investigación sobre contratos de material sanitario en las islas Baleares y Canarias, y ha acordado mantener su citación para que declare este jueves en el marco de esta causa.

El magistrado ha dictado un auto este martes en el que desestima los argumentos esgrimidos por la defensa del exasesor ministerial, que denunció estar sufriendo una "doble persecución simultánea prohibida" al haber sido ya juzgado por el Tribunal Supremo.

Rechaza Ismael Moreno que Koldo García haya sido juzgado por los mismos hechos que él investiga, y recuerda que cuando el magistrado del Supremo delimitó el procedimiento, en ningún momento hizo mención a los contratos adjudicados por las administraciones de las comunidades de Canarias y Baleares, que se mantuvieron en la Audiencia Nacional.

Koldo García, como el exministro José Luis Ábalos, se encuentra en prisión provisional a la espera de sentencia tras haber sido ambos juzgados en el Tribunal Supremo junto al empresario Víctor de Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas a dos entes dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones.

En su auto, el juez Moreno recuerda que el pasado 27 de abril ya denegó a la defensa de Koldo García "la nulidad de pleno derecho de las presentes actuaciones y el sobreseimiento provisional respecto de su representado", resolución que no ha sido objeto de recurso.

A esto añade, que el Tribunal Supremo, en julio de 2024, atribuyó a la Audiencia Nacional la competencia para el conocimiento de los contratos adjudicados a los servicios de Salud balear y canario, por lo que a "a fin de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa (...) se debe proceder a la toma de declaración en calidad de investigado de Koldo García".

Koldo García fue citado a declarar en relación a esta pieza del caso Koldo junto al comisionista Víctor de Aldama, cuya declaración acordó ayer el juzgado posponer al 21 de mayo.

En el primer juicio del caso Koldo, celebrado en el Supremo, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, hizo una misteriosa advertencia en su informes final: "Próximamente en la causa especial se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol".

Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe al juez que apuntaba a que la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, delegó la gestión de compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19 en el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.

En uno de los mensajes analizados por la UCO, Koldo mostraba familiaridad con Armengol, con quien llegó a despedirse con un: "Vale cariño, te mantengo informada", cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.

En cuanto a los informes referidos a Canarias, por los que el juez ya llamó a declarar en su día a ambos investigados, en ellos la UCO sostiene que Aldama tenía a sueldo a Koldo García, al que presuntamente pagaba 10.000 euros mensuales por influir a favor de sus negocios en diferentes administraciones.

Uno de los encargos que recibió Koldo fue conseguir que el Gobierno de Canarias abonara las facturas retenidas a Soluciones de Gestión por los problemas de homologación de sus mascarillas o por las reticencias de algunos funcionarios de la comunidad autónoma.

La Guardia Civil relata cómo la trama llegó hasta Torres a través de Koldo para que les ayudara a cobrar y enumera las gestiones que este hizo para que el Gobierno canario abonara lo debido.

El exasesor ministerial Koldo García ha pedido el archivo de la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre contratos de mascarillas y pruebas covid-19 en las islas Baleares y Canarias, al considerar que está sufriendo una "doble persecución simultánea prohibida" al haber sido ya juzgado por el Tribunal Supremo.

El exministro José Luis Ábalos, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama han sido juzgados en el Supremo en el último mes por un presunto amaño de contratos de mascarillas adjudicados a dos organismos dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas en plena pandemia.

Un juicio en el que, sin embargo, la defensa del exasesor argumenta que se desplegó "actividad probatoria expresa" también sobre las contrataciones relativas a islas Baleares y Canarias, que se investigan en un procedimiento separado en la Audiencia Nacional en el que no está Ábalos, pero sí Koldo García y Aldama.

Además la defensa de Koldo García aprovechó su informe final en el juicio que acabó la semana pasada para pedir la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre junto al exministro de Transportes por riesgo de fuga. El tribunal, sin embargo, ha dictado un auto en el que acuerda mantener a Koldo García en prisión, en sintonía con el criterio que expusieron en el juicio tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares coordinadas por el PP.

La abogada de García, Leticia de la Hoz, ha solicitado el sobreseimiento libre de su cliente o, subsidiariamente, el provisional en un escrito ante el juez Ismael Moreno, a quien le reclama además que deje sin efecto su citación este jueves.

El juez citó al exasesor y al reconocido comisionista, Víctor de Aldama, este jueves para que declarasen tras haber recibido en las últimas semanas un informe policial referido a los procesos de contratación de material sanitario de las islas Baleares.

Recientemente, ha pospuesto al 21 de mayo la declaración de Aldama a petición de su abogado y ahora debe resolver el escrito de la defensa de Koldo García.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la defensa invoca el principio legal 'non bis in idem' (no se puede juzgar a una misma persona por los mismos hechos) y denuncia indefensión material y ruptura de la igualdad de armas procesal, entre otros asuntos.

La abogada argumenta que la Fiscalía incorporó a sus conclusiones definitivas en el juicio del Supremo el relato fáctico relativo a las contrataciones de las islas, y subraya que no se puede sostener "simultáneamente" que esos hechos "no son objeto de juicio" en el alto tribunal cuando "se está practicando prueba sobre ellos".

Para la defensa, el hecho penal que se imputa a Koldo García "es uno e indivisible": su supuesta intervención para que la empresa Soluciones de Gestión obtuviera contratos, "retribuida" presuntamente con pagos mensuales del empresario Víctor de Aldama. Las administraciones adjudicatarias, subraya, "son meras manifestaciones territoriales del mismo objeto delictivo".

La abogada de Koldo García incide además en que el delito continuado de cohecho no se puede fraccionar en "procedimientos paralelos" porque eso "destruye la unidad jurídica de acción" construida, dice, por las acusaciones.

E insiste una vez más en la "indefensión material y no subsanable" que supone que Koldo García esté citado a declarar cuando todavía no tiene una copia de sus dispositivos electrónicos, sobre los que los investigadores han trabajado para alcanzar sus tesis.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

El Partido Popular ha convertido cada declaración de Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Mascarillas, en munición política contra el Gobierno de Pedro Sánchez pese a que Aldama no ha aportado pruebas de muchas de sus acusaciones, entre ellas que Sánchez es el número uno de la trama. Un argumento que trata de explotar el principal partido de la oposición, que ha llegado a proponeral presidente del Gobierno que se querelle contra el empresario para probar su propia inocencia.

Aldama se ha presentado durante los últimos meses como un mero peón de la trama pese a haber cobrado 6,6 millones “en concepto de comisiones” por esas adjudicaciones y ser el “jefe real” –según el teniente coronel Antonio Balas, investigador jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– de este caso de corrupción.  Según el informe de los investigadores, el comisionista y presunto conseguidor de la trama era el actor privado que conectaba los negocios con el poder político

Aunque en Génova dudan, en privado, de muchas de las acusaciones que ha lanzado tanto en platós de televisión como en el propio juicio, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asumido como verdaderas esas acusaciones sin pruebas y, al formar parte de la acusación popular, ha rebajado la petición de pena para él de forma que ninguno de los delitos por los que solicita condena supera los dos años de prisión. Si esta rebaja se aplicara, Aldama podría librarse de entrar en la cárcel. 

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada" por la colaboración de Aldama, que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción –es decir, él mismo–, solicita en su escrito final de conclusiones. Actualmente la Fiscalía reclama siete años para Aldama, 24 para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García.

Desde el Gobierno han acusado al PP de tener una relación de connivencia con el empresario investigado que los conservadores niegan. A esto se le añade que Koldo García ha acusado al abogado del PP de haberle ofrecido un acuerdo a cambio de implicar a terceros. Los de Feijóo lo niegan —aunque en otras ocasiones sí han dado credibilidad al asesor de Ábalos—, pero lo cierto es que el mismo partido que se presenta como acusación implacable contra la corrupción no lo es tanto con los corruptores ni con las empresas que se beneficiaron o que aparecen señaladas en las diferentes piezas del sumario.

El núcleo empresarial del caso Mascarillas’ lo formaban Soluciones de Gestión, el entorno societario del Grupo Cueto y las sociedades de Aldama Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. El PP, sin embargo, ha evitado dirigir cualquier tipo de responsabilidad hacia los corruptores y las compañías participantes, y su único objetivo ha sido el Gobierno y, esencialmente, Sánchez, pese a que el fiscal Luzón haya negado su implicación con rotundidad durante el procedimiento.

La indulgencia con Aldama no es una excepción, sino una suerte de patrón. En la pieza del caso Koldo que involucra a Acciona, la UCO ha atribuido a la compañía comportamientos "cuando menos cuestionables", y la ha situado como nexo empresarial en la presunta red de adjudicaciones amañadas vinculada a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán. Varios cargos y exdirectivos de Acciona han sido citados o investigados en esa pieza, y la Guardia Civil considera que Servinabar obtuvo buena parte de sus ingresos de obras con Acciona, presuntamente a cambio de un porcentaje de adjudicaciones. 

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otras empresas como Ferrovial, Sacyr, ACS, FCC u OHLA también han sido sancionadas por prácticas que alteraron las licitaciones durante décadas. Y otras, directamente condenadas, como Cofely y Waiter Music en Púnica, Emissao en Lezo, Becsa y CHM en la Gürtel valenciana. En algunos de esos casos, las Administraciones del PP han seguido contratando con empresas condenadas, vinculadas o señaladas en causas de corrupción, siempre con el argumento de que no estaban formalmente inhabilitadas.

Los conservadores prefieren presentar la corrupción como una cadena que termina en el Gobierno de Sánchez, no como un sistema en el que grandes contratistas privados obtienen beneficios, contratos o posiciones de ventaja mediante relaciones privilegiadas con el poder. Así, la corrupción parece que es cosa de políticos. Pero nunca de su propio partido, pese a las numerosas condenas que salpican a dirigentes de la formación conservadora.

Hay otros grandes grupos empresariales vinculados a las Administraciones públicas, como es el caso de Quirón, que no están condenados, pero sí aparecen en el centro de una pieza judicial incómoda para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es, precisamente, la que investiga los negocios de su pareja, Alberto González Amador, con Quirón Prevención por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. 

A esta investigación se le suman las pesquisas del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud. La reacción del PP fue vetar en la Asamblea la fiscalización de los contratos con el grupo sanitario, presentar el caso como un asunto privado de la pareja de Ayuso y acusar al PSOE de querer "empatar" con el caso Koldo.

Así, el Ejecutivo de Ayuso decidió en junio del año pasado, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará casi medio millón de euros hasta este verano. Hace solo unos días, la Comunidad de Madrid volvió a extender ese mismo contrato.

La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de la consultora Maxwell Cremona,slo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

La abogada del exasesor ministerial Koldo García ha vuelto a pedir en el Tribunal Supremo la absolución de su defendido y ha asegurado que no hay indicio ni prueba alguna de que el comisionista Víctor de Aldama pagara 10.000 euros al mes a su defendido.

Leticia de la Hoz está exponiendo esta tarde en el alto tribunal su informe final de conclusiones en el juicio que hoy termina contra su defendido, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Aldama por una trama de cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ha querido rebatir la abogada las acusaciones de que los tres formaban una organización criminal, que "hoy nos han dicho que comenzó en 2015", cuando Koldo García no conocía aún ni a Ábalos ni a Aldama.

Para ella, sí se deduce de la "simple lectura" de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha liderado la investigación, que Aldama tenía una organización criminal, "solo o con actores que han pasado por el juicio y no han abierto la boca".

"Si Aldama lo ha confesado, por algo lo dirá", ha recalcado la abogada al insinuar que con ello no se ha investigado el supuesto blanqueo de capitales del comisionista y sus socios.

Es el "elefante rosa en la habitación del que nadie habla, el blanqueo de capitales y nadie ha dicho ni mu", ha zanjado la letrada.

"Quien acusa tiene la obligación de probar", ha reiterado la abogada al reprochar a las acusaciones que no hayan investigado posibles alternativas a su tesis acusatoria.

Al tiempo, ha planteado la posibilidad de que quien obtuviese esos 10.000 euros al mes sea quien ayudó a Aldama a crear la estructura empresarial en Portugal con la que la Fiscalía cree que intentó sacar de España las comisiones millonarias que obtuvo de los contratos de mascarillas.

También ha querido rebatir la fecha en la que la UCO dice que Koldo y Aldama se conocieron, una fecha en la que el exasesor estaba en Londres, por lo que es "imposible que se conocieran".

Tras subrayar que Aldama, que ha colaborado con la justicia en esta causa para intentar rebajar la pena, "se ha adaptado al relato de la UCO", la abogada ha insistido en que, pese a lo que declaró el comisionista, no hay datos objetivos, ni jurídicos ni rastro del pago de los 10.000 euros al mes. "No hay ninguna prueba".

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

El exasesor ministerial Koldo García ha rechazado la versión que dio el comisionista Víctor de Aldama acerca de su supuesta cercanía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha reconocido haber hablado cuando accedió al liderazgo del PSOE, si bien al llegar a la Moncloa nunca más habló con él.

"Sentido común", ha respondido en varias ocasiones Koldo García al interrogatorio de su abogada, Leticia de la Hoz, en el juicio en el que se enfrenta a una petición fiscal de 19 años y medio de cárcel por presunta corrupción en contratos de mascarillas, y que también se dirige contra el exministro José Luis Ábalos y Aldama.

Aldama dijo el miércoles que le sorprendió que el exasesor llamase por teléfono a Sánchez y se refiriese a él por su nombre de pila y no por "presidente". Indicó que sabía que eso ocurría porque Koldo García ponía el manos libres y llegó a decir que ministros le atendían por ser "una persona de Pedro Sánchez".

"Yo no puedo ni debo ni quiero", ha señalado Koldo García, reticente a hablar de este tema, si bien ha reconocido que, durante las primarias del PSOE, Pedro Sánchez se acercaba a saludar y "es cierto que hablaba con él" pero porque el exasesor, ha comentado, habla hasta "con las piedras".

Eso cambió cuando accedió a Moncloa. "Creo que el sentido común tiene que solucionar esto. Yo no hablaba con el presidente del Gobierno", ha indicado.

Y ha añadido también que, cuando salió del Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos, algo que fue "de un minuto a otro", le sorprendió que Aldama, a quien consideraba su amigo, le dejase de hablar.

Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Koldo no ha dejado la oportunidad de meter su titular durante su declaración como imputado –con derecho a mentir o al menos a no sufrir consecuencias por ello– en el Tribunal Supremo. La pregunta del fiscal Alejandro Luzón, era muy concreta y se refería a sus gestiones con Koldo García y varios ministerios para lograr la licencia de operador en el mercado de Hidrocarburos para Villafuel, una de las empresas de su entorno. Pero Aldama se ha salido del guión y, sin que el presidente le interrumpiera, ha detallado la que, en su opinión, es la jerarquía de la organización criminal que se juzga. "El señor presidente del Gobierno está en el escalafón en el número uno, Ábalos, en el dos; Koldo en el tres y yo en el cuatro", ha dicho. Y lo ha remachado asegurando que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, pero sin dar una prueba que lo demuestre. El pasado lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, había puesto a Aldama en la cúspide de la banda corrupta.

La declaración más esperada del juicio, la del cooperador de los investigadores que logró supuestamente tener a su sueldo a uno de los ministros con mayor presupuesto, el de Transportes, y a su principal asesor para alcanzar un acceso que jamás habría logrado por sí solo, se ha extendido durante más de siete horas. Durante su interrogatorio inicial por el Ministerio Público –que apoyó su salida de prisión provisional tras comprometerse a confesar y colaborar–, Aldama se ha explayado en su relato, que ya mostró ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha asegurado que fue Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, quien le propuso convertirse en intermediario con contratistas habituales de ese ministerio para obtener mordidas que irían destinadas, ha afirmado, a la financiación del PSOE. El arrepentido ha llegado a sugerir que el asesor mandaba más que el ministro con el que trabajaba y que tenía la plena confianza de Sánchez.

El conseguidor de la trama y ahora confidente judicial ha fijado el inicio de las mordidas pagadas por contratistas en febrero de 2019. "Koldo me dice que me va a presentar a constructoras que trabajan para el ministerio", ha declarado. "Queremos ver cómo ayudarles para que ellos se lleven las licitaciones y que nosotros podamos tener un rendimiento que a nosotros nos viene bien para la financiación del partido", ha continuado. "Koldo me explica que esto no se puede facturar y que hay que pagarlo en efectivo. Entendí que estábamos haciendo algo ilegal con lo que no me sentía del todo cómodo, pero tampoco incómodo", ha continuado. Recurrieron a él como intermediario, según su relato, porque no querían exponerse. "Necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones en el sector y conozca las constructoras para ver con quién pueden hablar de esto y con quién no", ha proseguido. "Eran contratos con licitaciones millonarias; no podía ser que cualquier persona hablara con los delegados de esas empresas", ha añadido.

Aldama ha asegurado que fue Koldo quién le dijo cómo tenía que hacerse. "Que te digan a qué licitación [contrato de obra pública] quieren ir y que te den tres licitaciones. En una quedarán fuera por baja temeraria, en otra, a mitad de la tabla, y el la tercera, en cabeza para ganarla", ha detallado que le dijeron. Hasta que empezaron a caer las supuestas mordidas de las empresas, Aldama, según ha declarado, estuvo "sembrando para poder ganarse la confianza de ellos". Asegura que abonó un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo o una moto para este último y un coche para su hermano Joseba.

Esa no fue la única gestión que, según la versión de Aldama –que mantiene sin aportar pruebas–, prestó a Koldo y a Ábalos para financiar al partido. Tras la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por España, Koldo y Ábalos le extendieron una carta con el membrete del Ministerio de Transportes en la que lo designaban como "enlace" con el nuevo mandatario para mostrarle toda la colaboración de la Administración española y del conjunto del Gobierno. Aldama ha asegurado que mostró sus reservas a Ábalos, al que dijo que se sentía "incómodo" con la misión y preguntó por qué no se encargaba a la ministra de Asuntos Exteriores, por entonces Arancha González Laya. El conseguidor ha asegurado que el ministro le respondió: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

En su encuentro con Guaidó, siempre según Aldama, el presidente interino le aseguró que tenía el control de Citgo, una empresa perteneciente a Petróleos de Venzuela (PDVSA) que opera en EEUU, y de una refinería de la petrolera venezolana en Cartagena de Indias. También le ofreció, ha asegurado, cupos de petróleo a cambio de un apoyo explícito de España a su presidencia. Después hubo supuestamente una reunión entre representantes del Gobierno interino de Caracas, ha declarado, en la sede del PSOE en la que, según su versión, se habló de "montar una estructura" para que esos cupos "se conviertan en dinero que pueda ser transferido" y sirvieran a la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Según el conseguidor, el resultado de esas gestiones fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en apoyo y reconocimiento de Guaidó.

Es de esa manera que Aldama intensifica supuestamente su interlocución con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del otro Gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro, y ahora su sucesora. El Ejecutivo bolivariano estaba quejándose del apoyo español a Guaidó y, según el arrepentido, el Gobierno español optó entonces por arreglar la situación con las autoridades de Maduro. Aldama ha declarado ante el Supremo sin aportar pruebas que Rodríguez se comprometió con él a mantener los acuerdos sobre los cupos de petróleo que había pactado previamente con el presidente interino.

Además de los pagos en metálico procedentes de las contratistas, Koldo y Ábalos reclamaron a Aldama, según ha declarado, que les cubriera una serie de gastos como "entregas del exministro a su exmujer, los niños, el colegio...". El conseguidor se compromete a pagar mensualmente 10.000 euros, un desembolso procedente de su patrimonio y el de sus sociedades y que sostiene desde 2019 hasta mediados de 2022, según ha asegurado ante el tribunal. "Era algo simbólico, una cantidad menor en comparación con todo lo que se ha dado", ha afirmado el acusado.

Aldama ha relatado cómo desde el momento en que empezó a fluir el efectivo desde las contratistas comienza a hacer entregas a Ábalos. A veces en el ministerio, otras en su propio domicilio en el barrio madrileño de El Viso. Las cantidades van de 40.000 a 250.000 euros y, dependiendo de la cantidad de billetes, opta por llevarlos en sobres o en una bolsa de la compra metida en una mochila. "Dejaba el dinero encima de la mesa y el ministro lo guardaba en un cajón", ha declarado. También que el extitular de Transportes y ex número tres del PSOE se sentía "incómodo" en esas situaciones.

Las entregas de mordidas no eran regulares. Estaban sujetas a las adjudicaciones de los contratos de obras y Koldo, según Aldama, le transmite que eso pone nervioso al ministro. Para lograr la tranquilidad de Ábalos hizo que buscaran una solución. "Tengo un piso en el paseo de la Castellana, se lo ponemos al ministro como una especie de garantía y que se sienta a gusto. En caso de que no cumpla, que se lo quede", dice Aldama que propuso a Koldo. La operación se formalizó con un contrato simulado de alquiler con opción a compra. Pero los problemas del entramado no dejaban de crecer. Obtener efectivo de las contratistas era cada vez más difícil y el conseguidor propone pagar mediante transferencia.

"Es así como se pone encima de mi mesa pagar el piso de Jésica", la pareja de Ábalos. "Koldo me dice que, como hay que pagar por transferencia, el jefe ha conocido a una persona y que esa persona necesita un piso y que la ayudemos a buscarlo y a pagarlo", ha declarado. Es el socio de Aldama, Alberto Escolano, el que se encarga de las gestiones y los pagos del inmueble alquilado en la Torre de Madrid, el edificio más emblemático de la Plaza de España. "¿Por qué no lo paga usted?", le ha preguntado el fiscal. "Estamos hablando de una relación extramatrimonial y yo tenía miedo de que saltara a la prensa", ha respondido. "Yo veía cosas de Ábalos con señoritas en las que no ponía nada de cuidado. No quería que manchara a mis empresas o que provocara problemas con mi mujer".

La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este jueves en el Tribunal Supremo de que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. "Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía", ha dicho.

Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, ha testificado en la tercera jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

Como ya hiciera en sus declaraciones en instrucción, Pano ha confirmado las entregas: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama".

Según ha dicho, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego, que esta mañana ha ratificado que así fue. A su llegada a la recepción, dijo quién era y le respondieron que subiera a la segunda planta. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor", ha explicado Pano. Ella lo entregó de inmediato y se fue.

En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

Pano ha explicado que Rivas le hacía transferencias de dinero y que luego ella sacaba el efectivo y se lo entregaba a Aldama, y aunque ha dicho desconocer la finalidad de esas entregas porque ella "cumplía órdenes" del primero, ha supuesto que, "evidentemente", era por las gestiones de Aldama para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para Villafuel, propiedad de Rivas.

Unos 600.000 euros, ha calculado, y ha dicho que ella "lo llevaba a Alfonso XIII en efectivo" para entregárselo a Aldama.

Dos veces que fue a entregar dinero a Aldama, 45.000 euros cada ocasión, el comisionista le pidió que lo llevara a Ferraz, aunque Pano desconoce la finalidad. "Yo llevé el dinero a la sede, no se para quién era ni a que correspondía", ha dicho.

Pano ha explicado que en la primera entrega, ella sacó el dinero del banco antes de entregárselo a Aldama, y en la segunda se lo llevó Lolo, un trabajador de Rivas, pero cuando ella se lo entregó a Aldama, este le llamó más tarde "enfadado" porque faltaban 10.000 euros, por lo que se fue al banco a sacarlo directamente en caja para llevarle al empresario la cantidad que le faltaba.

Hizo las dos entregas de dinero en Ferraz como un favor a Aldama porque él no podía ir, si bien en la segunda ocasión le advirtió: "Es la última vez que hago este tipo de favores".

Por otra parte, Pano ha asegurado que la casa que adquirió la empresa de su hija en La Alcaidesa (Cádiz) por orden de Claudio Rivas era un regalo de este último al exministro por sus gestiones para conseguir la licencia de Villafuel, un inmueble que se le ofreció al ministro como alquiler con derecho a compra.

Ella en un principio pensó que la compra obedecía a "una inversión", pero después se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos". "Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el ministro quería una casa", ha subrayado la testigo.

Entre esas presuntas gestiones del exministro estaría la reunión en Industria con Juan Ignacio Bidart, el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, presuntamente para abordar la licencia de hidrocarburos.

Pano ha dicho que desconoce quién gestionó la reunión, pero allí les estaba esperando Koldo García, que estuvo presente en el encuentro del que "Rivas salió bastante satisfecho", y ha indicado que Bidart les manifestó que pasasen la documentación al asesor y después él "se lo haría llegar".

Sin embargo, "cuando Ábalos cesa y viendo que no se estaba cumpliendo lo que se había dicho con la obtención de la operadora, Rivas decide que, como solo ha pagado tres mensualidades, hay que echarle", por lo que "ordena hacer esa orden de desahucio", es decir, "en teoría el desahucio es porque no pagaba, pero a eso se añadió que no se estaba consiguiendo el tema de la operadora".

El tribunal también ha escuchado a la hija de Carmen Pano, Leonor, administradora de la empresa que alquiló a Ábalos el chalé de Cádiz.

En su declaración, ha afirmado que tanto ella como Claudio Rivas entendían que conseguir la licencia para Villafuel dependía de la continuidad en el Gobierno de Ábalos, a quien Aldama llamaba "el padrino".

Ha dicho que ella nunca tuvo contacto con ministro o asesor, pero que Claudio Rivas -que era quien realmente mandaba en su empresa- le dijo que comprase el citado chalé en Cádiz "para invertir" y ella "no preguntaba", y también ha resaltado la relación "estrecha" que Aldama, que fue su pareja, decía que tenía con Ábalos.

Preguntada por las conversaciones con su pareja que obran en el sumario, ha lamentado el tono "soez" de algunas, aunque ha reconocido que cuando dijo que en el Consejo de Ministros "se ha enfrentado el putero al guapo", se refería a Ábalos contra Pedro Sánchez, según le dijo Aldama.

Y también ha ratificado que Aldama le dijo que Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, entregó a este empresario y a Koldo García 500.000 euros en su casa.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.

El Domingo de Resurrección no será la última estación del viacrucis. Este año, se convertirá en la primera. Al menos, para PP y PSOE. Ambas formaciones se enfrentarán tras el parón de la Semana Santa a dos de los casos de corrupción política que más les han impactado. Por un lado, el caso Mascarillas. Por otro, la operación Kitchen. Juicios que sentarán en el banquillo de los acusados a exministros conservadores y socialistas. Y que discurrirán en paralelo durante todo el mes de abril. Uno, en el Tribunal Supremo. Otro, en la Audiencia Nacional.

La primera causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. Es el punto de partida de una trama corrupta que podría haberse extendido también a la adjudicación de obra pública –extremo que aún está siendo investigado–. Y el origen de todos los quebraderos de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Al fin y al cabo, el caso ya ha salpicado a los dos últimos secretarios de Organización socialistas: Ábalos y Santos Cerdán.

El instructor da por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración. Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que disfrutaba una expareja de Ábalos, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública.

Un centenar de personas se sentarán frente al tribunal durante trece largas sesiones. Juicio al que los tres acusados llegan en posiciones muy distintas. Ábalos y Koldo están en prisión. Aldama, en libertad. Para los primeros, Anticorrupción pide 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, frente a los siete años que solicita para el empresario. Una diferencia de trato que responde, fundamentalmente, a la colaboración de Aldama durante la instrucción, que básicamente ha consistido en reconocer hechos y en confirmar y contextualizar los que ya tenían los investigadores.

La vista oral del caso Mascarillas sería, sin duda, una buena baza en la batalla política para el principal partido de la oposición, quien ejerce, al igual que Vox, la acusación popular. Si no fuera porque la misma se solapará durante todo el mes de abril con otra que afecta de lleno al PP: Kitchen. Este juicio, que se centra en la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para la formación conservadora que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas en plena investigación de Gürtel, arrancará un día antes que el de Ábalos en la Audiencia Nacional. Y en él estarán presentes como acusación popular tanto PSOE como Podemos.

Once personas ocuparán, en este caso, el banquillo de los acusados. Entre ellas, las que conformaron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy la cúpula del Ministerio del Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Y un nutrido grupo de comisarios e inspectores estrechamente vinculados con las cloacas –José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Diez Sevillano y José Luis Olivera–. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández Díaz, Martínez y Pino 15 años de prisión.

El escrito de acusación describe el funcionamiento de la trama desde la primera mitad de 2013. Fue entonces cuando "desde la cúpula" de un Ministerio del Interior se "ideó" una "ilícita operación policial de inteligencia" dirigida a obtener "tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenes que pudieran resultar "incriminatorias" para el PP, todo a fin de evitar que las mismas fueran aportadas formalmente al procedimiento judicial que se seguía en la Audiencia Nacional.

Para llevar a cabo dicha operación parapolicial, se contactó con Ríos, quien como chófer de Bárcenas tenía un "gran conocimiento" de los "movimientos y actividades" de la familia y "hacía gestiones privadas propias" para la misma. Al mismo tiempo, desde el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, que lideraba Pino, se acordó "llevar a cabo estrictas vigilancias" sobre el extesorero y su esposa. En dichas vigilancias, recoge Anticorrupción, llegaron a participar ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes del cuerpo. Unas labores que se financiaron con cargo a los fondos reservados de Interior. Así, Anticorrupción calcula que se sacaron de la caja de fondos reservados al menos 57.939,43 euros para recompensar a Ríos.

En ambos juicios prestarán declaración como testigos miembros y exmiembros del Gobierno. En el caso Mascarillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes en el pasado estuvieron al frente de los Ejecutivos balear y canario –dos territorios en los que penetró la trama– testificarán por escrito. Y en Kitchen, declararán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido o la extitular de Defensa María Dolores de Cospedal. Todos ellos, el 23 de abril.

La ex secretaria general del PP llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamente en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. De la existencia del mismo, que no ha sido suficiente para reabrir la investigación, se enteró de casualidad la acusación popular del PSOE, que denunció que el mismo no había sido puesto a disposición de las partes. Tanto el oficio de junio de 2022 como el informe de octubre de 2023 formarán parte del juicio en la Audiencia Nacional.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un nuevo informe a una participación directa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

La UCO ha remitido un nuevo informe al juez del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, que analiza los dispositivos que le fueron intervenidos a Pardo de Vera, entre otros, en los registros que se decretaron en relación a la investigación de presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, así como los de otros investigados.

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estado fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Los investigadores han constatado que Pardo de Vera intercambió mensajes con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "con carácter previo" a la adjudicación del contrato y detectó además comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

Hasta este momento, la implicación de Pardo de Vera se circunscribía a su condición de presidenta de Adif cuando su Consejo de Administración adjudicó el contrato por 12,5 millones de euros.

En cambio, los investigadores consideran ahora que Koldo intervino en la selección de la empresa a la que representaba Víctor de Aldama e hizo efectiva la contratación a través de Pardo de Vera, en una dinámica que "guarda coherencia" con la expuesta en informes sobre los amaños en obra pública.

Pese a ello, en su declaración en sede policial, Pardo de Vera declaró que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas y, preguntada sobre si Koldo García intercedió, dijo que no lo sabía pero que en ese tema y otros muchos el asesor era "muy insistente" y contactó con ella en "numerosas ocasiones", según destaca la UCO.

La UCO desvela además como la expresidenta de ADIF propuso al exministro José Luis Ábalos que hablara con una abogada de su confianza una hora después de testificar ante la Guardia Civil por los contratos de mascarillas, un día después de la detención de Koldo García el 21 de febrero de 2024.

Ábalos reaccionó con sorpresa y le preguntó si la recomendación de esa letrada -la abogada del Estado Rosa María Seoane, que fue Secretaria General de Adif- era para él, y tras contestarle ella afirmativamente, el exministro respondió: "No estoy en la investigación que se sepa".

El informe de la UCO señala además que el examen de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera puso de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", lo que ha llevado a los investigadores a analizar información presente en terminales asociados a otros investigados.

Los investigadores apuntan además al papel jugado por ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, también investigado, y que según la UCO habría seguido instrucciones del Ministerio de Transportes e intercambiado mensajes con el titular de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche, un contacto que le fue facilitado a Koldo García por Pardo de Vera.

Según la UCO, Pardo de Vera se valió de Miranda "para la gestión de material sanitario". Ambos intercambiaron mensajes un mes después de la detención de Koldo García, a raíz de informaciones periodísticas sobre un contrato, cuando Pardo de Vera preguntó a este alto cargo cómo había podido firmar ella un contrato menor.

"Debe ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia", le dice éste, que también le da explicaciones tras declarar ante el juez.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han conseguido consensuar en la Comisión de Salud Pública un plan común de medidas para mitigar el impacto de la gripe y otros virus respiratorios, que recupera el uso de mascarilla en centros sanitarios, entre otras.

"Aprobamos con todas las comunidades autónomas un protocolo común frente a la gripe, covid y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus redes sociales.

El acuerdo llega después de que la Comunidad de Madrid presentara este martes un documento propio de recomendaciones que han sido debatidas por el resto de directores generales de Salud Pública en su reunión de hoy, tras lo cual deberán elaborar el texto definitivo del protocolo con base en el acuerdo alcanzado.

El plan contra la gripe y otros virus respiratorios recomienda ponerse mascarilla siempre que se tengan síntomas, y también cuando se acuda a centros sanitarios y sociosanitarios en momentos de alta transmisión, y en estos casos además se aconseja optar por el teletrabajo si se está enfermo o autoaislarse.

El documento marco para el control de las infecciones respiratorias agudas aprobado por la Comisión de Salud Pública este miércoles mantiene finalmente el uso de cubrebocas como una recomendación, con una propuesta gradual de intensificación de uso a medida que avance la epidemia, pero sin que llegue a ser obligatoria.

Según el texto definitivo consensuado con las últimas aportaciones de varios directores generales de Salud Pública, el ámbito de aplicación del plan será definido por cada comunidad; las autonomías también estimarán cada uno de los cuatro escenarios de riesgo planteados en función de su situación epidemiológica, estableciendo para ello los umbrales epidémicos según su serie histórica.

Después, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, revisarán de manera periódica la evolución de los indicadores para valorar, mantener o modificar la definición de los escenarios.

A cada uno de los escenarios le corresponde una batería de medidas, que se aconsejan aplicar de forma escalonada e incremental, de forma que en cada nivel se cumplan las del anterior y se enumeren las medidas adicionales a implementar en cada momento.

- En esta etapa se llevará a cabo la preparación para afrontar la epidemia; se difundirán recomendaciones de vacunación, se evaluarán las coberturas vacunales de la temporada previa y se identificarán grupos no vacunados.

- Se elaborará además material informativo que recoja las principales medidas recomendadas de vacunación, medidas higiénicas, mascarillas, ventilación e interacciones sociales dirigidas a la población general y a colectivos específicos como empresas, escuelas o centros sanitarios.

- En residencias, se seguirán en todos los escenarios las pautas de la 'Guía de actuación para la prevención y el control de brotes de infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables', de 2023, que reforzó la protección en estos entornos.

Entre otras medidas, establece que los trabajadores con síntomas lleven mascarilla de forma continuada o que las personas que los tengan eviten las visitas.

- Facilitar el acceso a la vacuna para garantizar una elevada cobertura en un corto periodo de tiempo.

- Las personas con síntomas deberán usar mascarilla quirúrgica y adoptar medidas higiénicas, especialmente si entran en contacto con personas vulnerables.

- En el ámbito sanitario, los profesionales, pacientes y acompañantes deberán llevarla en unidades con pacientes con riesgo elevado de enfermedad grave.

- Personas con síntomas: uso de mascarilla, higiene respiratoria y lavado de manos frecuente.

-Se recomendará el autoaislamiento y se valorará la posibilidad de teletrabajo si las condiciones del domicilio y el estado de salud del enfermo lo permiten.

- Mascarillas para todo el que entre en contacto con personas con alto riesgo de enfermedad grave.

- Limpieza frecuente de superficies que puedan estar contaminadas (tiradores de puertas, barandillas, botones de ascensores, etc.).

- Ventilación frecuente de espacios cerrados de uso común.

- Las personas vulnerables deberán evitar acudir a lugares concurridos y deberán usar mascarilla en sus interacciones sociales.

- En el ámbito sanitario, pacientes, acompañantes y trabajadores de centros sanitarios que entren en contacto con otros pacientes en salas de espera, pasillos, ascensores y otros lugares de tránsito que faciliten la transmisión del virus deben ponerse mascarilla.

- Reforzar coordinación entre territorios.

- Valorar adopción de medidas adicionales y excepcionales.

Los cuatro escenarios de riesgo vienen definidos en virtud de una serie de indicadores, extraídos de varias fuentes de información, entre ellas, el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias agudas en España (SiVIRA; los datos de capacidad asistencial y registros de ocupación hospitalaria, el registro de procesos de incapacidades temporales (IT) y el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo).

Se considerará además el impacto en las capacidades asistenciales (especialmente la ocupación de camas hospitalarias y de UCI, y el número de consultas infecciones en urgencias) y de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control. 

Los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación contra la presunta trama de corrupción en la Diputación de Almería, investigada en el caso Mascarillas, se han saldado con la incautación de un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas en garajes, según informa EFE.

Según recoge un atestado, al que ha tenido acceso EFE, uno de los hallazgos más relevantes en materia de seguridad se produjo en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la institución y mano derecha del expresidente. Durante el registro de su vivienda de la capital almeriense, los agentes localizaron una "caja de cartón con pistola detonadora".

El informe policial señala que este dispositivo ha sido intervenido al tratarse de un "arma presumiblemente prohibida", motivo por el cual se ha dado parte a la autoridad administrativa competente para su valoración y la adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.

El armamento también apareció en el corazón de la trama empresarial. En el registro de las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L., en la localidad de Fines (Almería) y vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo, la UCO halló "cinco escopetas" en la zona del almacén.

Al no encontrarse la documentación reglamentaria que amparase su tenencia en ese lugar, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas" contra los responsables de la mercantil, vinculada a la familia del exregidor de Fines.

En el domicilio particular del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, los agentes intervinieron una obra de arte de alto valor. El acta de registro detalla el hallazgo en el "sótano garaje" de la vivienda de una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera".

La pieza, titulada La mujer del Almanzora, cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López", según especifica el inventario de la UCO, que ha puesto la obra bajo custodia judicial como parte de las evidencias sobre el patrimonio del investigado.

El dinero en efectivo fue otra constante en los registros. El hallazgo más significativo tuvo lugar en la despensa del domicilio de la hermana del presidente, en Balanegra (Almería). Dentro de una caja fuerte, la UCO intervino 7.620 euros junto a un papel con una anotación manuscrita en tinta roja: "Este dinero es de Javier Aureliano".

Asimismo, en las oficinas de la empresa investigada en Fines, los investigadores localizaron "tres sobres con anotación 10.000", un indicio que la UCO vincula con la presunta mecánica de pagos en metálico de la organización.

El nivel de vida de los implicados ha quedado patente en el material tecnológico incautado. La UCO ha intervenido numerosos terminales móviles de la marca Apple de última generación. Tanto el presidente como un empresario investigado poseían un iPhone 16 Pro, mientras que al vicepresidente se le intervino un modelo iPhone 16 Pro Max.

Llama la atención el caso del jefe de sección de la Diputación detenido en la operación, en cuyo domicilio se hallaron dos teléfonos -un iPhone 15 Pro y un iPhone 14- que se encontraban "sin estrenar", según consta en el acta policial.

Javier Aureliano García ha presentado este viernes su dimisión como presidente de la Diputación de Almería y ha renunciado a su acta como concejal en el ayuntamiento de la capital tras quedar este jueves en libertad provisional después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

La Diputación ha precisado que García ha registrado formalmente su renuncia con el objetivo de “centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia”, después de que el juez instructor lo dejase en libertad provisional con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales por los presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública que se investigan en esta segunda fase.

Según la nota, el ya expresidente toma esta decisión “desde el convencimiento de su inocencia” y en la creencia de que este paso “facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional”, así como el desarrollo de los proyectos iniciados en los últimos años.

La institución provincial destaca que García deja “un legado de proyectos transformadores” que habrían impulsado ámbitos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, la agroalimentación o la creación de marcas provinciales orientadas a la proyección del talento almeriense.

El comunicado no menciona su situación judicial, que continúa bajo investigación en un procedimiento en el que la Guardia Civil ha practicado cerca de una veintena de imputaciones entre detenidos e investigados.

La Diputación ha informado también de que Fernando Giménez, vicepresidente segundo hasta su detención el martes, ha presentado igualmente su renuncia como diputado provincial. Giménez, que también quedó este jueves en libertad provisional con las mismas medidas cautelares, abandona “las responsabilidades al frente de áreas claves en los últimos años”, según la nota institucional.

Ambos ceses se producen menos de 24 horas después de que los cinco detenidos -García, Giménez, el alcalde de Fines (Almería), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas- comparecieran ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, respondiendo únicamente a sus defensas.

La investigación, en la que la UCO ha practicado diez registros y ha reactivado la imputación del exvicepresidente tercero Óscar Liria, permanece parcialmente bajo secreto y suma ya en torno a 17 investigados, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tras estas renuncias, la Diputación deberá activar el procedimiento interno para la elección de un nuevo presidente, previsiblemente en los próximos días, conforme a la normativa provincial.

Existe un comparador de seguros de decesos. Los ciudadanos esperamos el comparador de mangantes para saber quién se lo ha llevado más crudo a costa de la vida de los ciudadanos. ¿Que exagero? O sea, ¿usted no recuerda cómo unos y otros, a cuenta de nuestra salud con riesgo de muerte, se fueron con los bolsillos llenos gracias al negocio de las mascarillas? Mientras la alta tensión que sufríamos, ellos, bien embozados con máscara bien ceñida, ocultaban la jeta, tanto la física como la ética. Esta última, suponiendo que la tuvieran.

Cuando el jinete pálido, el covid, recorría el mundo encerrando a los ciudadanos a cal y canto, unos seres circulaban campantes aprovechando el pavor que producía aquel jinete. Solo nos protegía una mascarilla evolucionada a sanitaria o quirúrgica, cuya misión, cubriendo la boca y la nariz, era protegernos de inhalar los patógenos de la muerte, y de exhalarlos hacia nuestros congéneres.

Perspicaces canallas descubrieron el negocio del centimillo, que algún banquero defendía, para importantes volúmenes de operaciones; si escasas, no valía la pena. Aquellos “perlas” vislumbraron la gran oportunidad de la 'operación mascarilla', dada la demanda y la falta de las mismas. Si a ello unimos la urgencia de los gobiernos de turno para proteger como fuera a la ciudadanía, el gran negocio estaba servido. Además, la situación se asociaba a uno de los fundamentos del Estado de bienestar: la salud. 

Pasta fácil, negocio, para los que medran en el entorno del poder. Carroñeros que cogieron al vuelo esa oportunidad de la que habla el mercado: demanda y oferta. ¿Les importaba la salud y la vida? El mercado no se apiada; los delincuentes, menos. Es sabido que la oportunidad, en muchos casos, va de la mano de la canalla; los negociantes van escasos de vergüenza y con ansia de enriquecimiento.

Las máscaras, en el caso de los delincuentes, han servido para ocultar su identidad; para tapar la boca en una especie de ley del silencio de los diligentes apandadores; y en algún caso, para cubrir los ojos y las entendederas de los jefes de esos delincuentes. Los ciudadanos se preguntan si se justifica el “no lo sabía”; lo vi tarde. ¿Deberían irse también?

Los golfos, en letargo, están en todos los ámbitos del poder; tienen carné de cualquier partido e ideología; se instalan en cargos, chiringuitos y huecos desde los que medrar esperando su oportunidad. Nosotros, incautos, nos sorprendemos al ver cómo la justicia saca de su madriguera a algunos personajes, para luego frustrarnos por el exceso de expectativas depositadas en ellos.

No debemos pensar que es nuestro fracaso, sino el de ellos. Delincuentes dedicados a la política que ponen en juego la democracia. ¿Cuántos quedan?

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

 El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), detenido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) en una segunda fase del "caso mascarillas" por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos que adjudicaba la institución provincial durante la pandemia.

Según han indicado fuentes judiciales a EFE, el juez Eduardo Martínez Gamero únicamente ha impuesto al dirigente popular la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional, tal y como había solicitado el fiscal.

El magistrado ha adoptado la misma decisión e impuesto las mismas medidas a los otros cuatro detenidos el martes: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP), el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

La causa suma al menos una decena de supuestos implicados, entre detenidos e investigados. Entre estos últimos figuran una hermana y un hermano de Javier A. García, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco detenidos por supuestas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE, el abogado Javier Salvador.

Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción, Eduardo Martínez Gamero. El alto tribunal andaluz ha apuntado que la causa se está investigando por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

El TSJA ha precisado que en la causa, además, hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.

El auto que facultó a la UCO para practicar las detenciones que considerase necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de ceder o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

Los detenidos en la segunda fase del denominado caso Mascarillas han pasado a disposición del juez instructor, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas entre detenidos e investigados por las presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería, recoge EFE.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del hasta ahora presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP), detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Junto a García, permanecen detenidos el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. Las mismas fuentes señalaron que no se descarta que el número de investigados continúe aumentando en los próximos días, aunque no se prevé un incremento de personas detenidas.

Durante la mañana de este miércoles la UCO llevó a cabo un nuevo registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines, después de que el martes los agentes ya hubieran entrado en el despacho del alcalde. Este registro formó parte del operativo que el martes incluyó diez entradas simultáneas en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a las actividades investigadas.

La UCO confirmó a EFE que en uno de esos registros se halló documentación que relacionaría a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el que el juez instructor ordenó investigarlo nuevamente. Los registros se prolongaron durante más de diez horas y estuvieron dirigidos, entre otros mandos, por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.

El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que en este caso existen “sospechas fundadas” de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, los investigados podrían haber “colaborado o facilitado” la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.

Parte de esas adjudicaciones se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el auto señala que algunas podrían haberse producido en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el carácter central que está adquiriendo el municipio en esta segunda fase de la investigación.

El juzgado ha autorizado también a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas, incluidos documentos electrónicos y mensajes intervenidos en dispositivos de los investigados, y ha reclamado documentación adicional a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles sospechosas para reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.

Además, el juez instructor ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial, que afectan a cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.

Los cinco detenidos quedaron a disposición judicial para la celebración de las comparecencias previstas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas, informa EFE.

Según han concretado a EFE fuentes de la UCO, con esta incorporación, cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo investigado.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, así como registros en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.

Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.

Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el gobierno del PP informe sobre la situación creada tras la detención del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y del vicepresidente Fernando Giménez, en la nueva fase del caso Mascarillas.

La diputada Noemí Cruz ha señalado a los medios que la iniciativa se ha registrado “esta misma mañana” y ha lamentado que, más de 24 horas después de la operación policial, no se ha facilitado ninguna información oficial.

“Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información. Lo que queda de los miembros del Gobierno del Partido Popular y la Diputación Provincial no han hecho ninguna comunicación, no han trasladado ninguna información, no solo al resto de la corporación provincial, sino tampoco a la ciudadanía de Almería”, ha declarado.

Ha explicado que el pleno debe aclarar “cuáles son los expedientes que están en cuestión, cuál es la información, la documentación que se le ha requerido a esta institución, cuál es el alcance de la causa que se está investigando y cuáles son las cuestiones que están implicadas”.

También ha señalado que existen dudas esenciales “que nadie conoce a día de hoy, en este momento”, como si el presidente y el vicepresidente “siguen siendo diputados, siguen siendo miembros de la corporación provincial” y que “no sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer. Por tanto, queremos que esto en el día de hoy sea aclarado con la máxima urgencia”.

Cruz ha afirmado que “Moreno Bonilla solo tiene dos opciones: una es que dimitan los miembros que están detenidos y, si no lo hacen, desde luego Moreno Bonilla estará siendo un encubridor de esta causa, un encubridor más de esta causa”.

Ha recordado que el caso “viene de largo” y que desde 2021 han denunciado la situación que se ha producido en la Diputación Provincial.