La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló este lunes que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra "podría llegar a las 17.000", ya que hay otras 10.000 posibles, aún no identificadas. "La cifra que incluí en mi informe al Consejo de Derechos Humanos es de más de 7.000 pero es una estimación conservadora, basada en verificación rigurosa. La organización que las documenta señala que otras 10.000 personas aún no han sido identificadas", destacó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

La relatora japonesa señaló que sigue siendo complicado dar cifras sobre esa represión y comentó que ha oído hablar de hasta 40.000 víctimas, pero "sin documentación que explique cómo se llega a esos números".

Respecto a las cifras oficiales de las autoridades iraníes, que hablan de unos 3.000 fallecidos, Sato subrayó que no solo son sensiblemente menores a las que dan organizaciones de la sociedad civil, sino que "añaden la narrativa según la cual muchas fueron asesinadas por terroristas, mercenarios o manifestantes violentos".

Sobre la actual guerra, la relatora insistió en que los ataques de Estados Unidos e Israel "son ilegales según el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", aunque subrayó que la situación "aún está evolucionando", por lo que es pronto para concluir si alcanzan o no el nivel de crímenes de guerra. "Sí estoy segura de que son ilegales y de que ya hay muchos civiles muertos, hospitales destruidos, escuelas atacadas e infraestructuras dañadas. Es algo sobre lo que ofreceré más detalles en mi próximo informe", prometió.

Sato concluyó que "está claro que los ataques son ilegales, pero también está claro que Irán tiene graves problemas de derechos humanos, ambas cosas pueden coexistir", por lo que rechazó el argumento dado este lunes por la delegación de Irán ante la ONU según la cual los informes sobre abusos del régimen habían sido utilizados para justificar la agresión al territorio iraní. "No estoy de acuerdo con quienes establecen esa conexión, no es necesario elegir entre condenar los ataques o reconocer los problemas de derechos humanos en Irán", insistió.

La relatora afirmó que la guerra probablemente está exacerbando la represión en Irán y auguró que "si el conflicto termina con una República Islámica debilitada, es posible que haya una represión muy fuerte", como ya ocurrió el pasado año tras la llamada guerra de los doce días. 

El número de muertos en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), han subido a unos 300, confirmaron a EFE un líder de la sociedad civil y un exjefe local.

El derrumbe ocurrió el jueves después de que lloviznara sobre esa mina de coltán, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un territorio bajo control del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

"Se recogen cadáveres a cada hora y a cada minuto. Las labores de rescate no están organizadas. Cada uno hace lo que puede para encontrar los cadáveres de sus conocidos. Teniendo en cuenta los cadáveres encontrados desde anteayer, sumamos provisionalmente más de 300", dijo a EFE por teléfono Ngendu Mwabura, que ejercía como jefe local de Mupfuni Kibabi hasta que fue apartado por los rebeldes, si bien todavía reside en la zona.

Caminos cercanos han quedado sumergidos e intrasitables, detalló Mwabura, así como casas y otras estructuras, que han resultado sepultadas por el lodo.

La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.

Confirmó también la cifra a EFE Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.

"Ya hemos recuperado varios cuerpos. Ayer, superamos los 200 y ahora nos acercamos a los 300, por lo que debemos pensar en cómo organizar un entierro digno, aunque la población sigue buscando más cuerpos", señaló Nitendike.

En un comunicado este sábado, el Gobierno congoleño ofreció su pésame a las familias de las víctimas y denunció un "sistema organizado de saqueo y explotación ilegal" de recursos naturales por parte del M23.

El Ejecutivo recordó que, antes de que los rebeldes tomaran el control de la zona, el Gobierno la había clasificado como "roja".

"Esta clasificación impone la prohibición de toda actividad de explotación y comercialización de sustancias minerales, incluida la minería artesanal. Por lo tanto, las actividades de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento constituyen una violación flagrante de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad", aseveró.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas, informa EFE.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por las ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.

Las autoridades no han dado más detalles sobre las detenciones, la identidad o la situación de los detenidos, mientras que desde HRANA advierten: "Sin embargo, a pesar del corte de Internet y el acceso reducido a los datos de campo, HRANA hasta ahora ha podido confirmar el arresto de más de 19.000 personas".

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de "Muerte a la República Islámica" y "Muerte a Jameneí".

Las protestas llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 3.428 muertos en su último balance del jueves, mientras que la organización HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a más de 2.600.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto la calma al país, aún con una fuerte presencia policial en las calles y el internet sigue cortado. 

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión de las fuerzas estatales, mientras que "miles" más han resultado heridos.

La organización con sede en Oslo indica en un comunicado que solo entre el 8 y 12 de enero se registraron al menos 3.379 muertes, incluidos manifestantes y al menos 121 miembros de las fuerzas estatales, cifra que calificó de "mínimo absoluto", ya que nuevos informes y testimonios "ilustran aún más la magnitud de la violencia". La también ONG Human Rights Activists (HRA) asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

Al menos 15 iraníes fallecidos por la represión tenían menos de 18 años, según IHRNGO, que afirma que el número de muertes verificado por sus fuentes desde el estallido de las protestas en diciembre se ha contabilizado en 15 provincias de la República Islámica. Según datos recopilados por la organización, más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas.

La ciudad de Karaj, en la provincia de Alborz, ha sido escenario de una de las represiones más sangrientas, según la ONG. Varios testigos dijeron a IHRNGO que las fuerzas estatales en Karaj utilizaron ametralladoras pesadas DShK contra los manifestantes.

IHRNGO también ha recibido informes sobre una intensificación del despliegue de seguridad y la imposición de condiciones de ley marcial desde el atardecer hasta el amanecer en varias ciudades, particularmente en las regiones kurdas. En Rasht, uno de los principales centros de las protestas, un testigo describió una represión generalizada y asesinatos de manifestantes.

Según el testimonio de un testigo en Rasht recogido por la ONG, un grupo de jóvenes manifestantes quedó atrapado en la zona del bazar, entre incendios y rodeado por las fuerzas de seguridad; alzaron las manos en señal de rendición, pero aun así fueron asesinados a tiros.

IHRNGO también ha recibido numerosos informes sobre personas heridas que fueron "rematadas", y testimonios que señalan que esto ocurrió tanto en las calles como en centros médicos. 

La cadena Iran International afirma que son más de 12.000 las víctimas mortales.

La ONG de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, elevó este martes a al menos 2.500 personas el número de manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, incluidos nueve niños, y también más de 16.700 detenciones.

La ONG Human Rights Activists (HRA)confirma 1.850 personas víctimas, aunque precisaban en el comunicado donde daban a conocer ese número que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10% de los hospitales de Irán, por lo que "el número real de muertos probablemente se cuente en miles". La organización asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

"HRA condena enérgicamente el uso de fuerza letal contra manifestantes en todo Irán, advirtiendo que el actual apagón nacional de Internet se está utilizando para ocultar graves violaciones de derechos humanos y obstaculizar la rendición de cuentas", denunció esta ONG en su agencia de noticias HRANA.

HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y "sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones". La organización también asegura haber recibido informes que indican "que muchos de los muertos, algunos de los cuales inicialmente resultaron heridos por armas de perdigones, finalmente murieron tras recibir disparos en la cabeza o el cuello".

Por su parte, los medios estatales informaron que al menos 121 miembros de las fuerzas militares, policiales, de seguridad y judiciales de la República Islámica han muerto durante las protestas, recoge IHRNGO.

Debido al corte total de internet desde el jueves por la noche y las severas restricciones al acceso a la información, la verificación independiente de todas las cifras es extremadamente difícil, recuerda la organización. "Una vez más (...) Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica", recalcó IHRNGO. 

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado este lunes que están trabajando con la Conferencia Episcopal para llegar a un acuerdo en el que la Iglesia asuma las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en su seno y ha advertido de que, si no hay tal acuerdo, tomarán medidas, según ha informado EFE.

Según ha explicado en una conversación informal con periodistas durante la recepción ofrecida a los medios de comunicación en La Moncloa con motivo de la Navidad, el Gobierno ha trasladado a la jerarquía eclesiástica, tanto aquí como en el Vaticano, su determinación de que la Iglesia cumpla con su responsabilidad ante los casos de abusos.

La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas que no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.

El objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

El pasado mes de julio, el secretario general de la Conferencia Episcopal Español, Francisco César García Magán, informó que la comisión encargada de dar reparación a estas víctimas había resuelto 24 expedientes. De hecho, desde que se inició la actividad del plan Priva, se habían recibido 81 solicitudes de atención hasta ese momento.

Las autoridades de Hong Kong informaron este sábado de que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court han sido localizadas ilesas, mientras que alrededor de 150 continúan sin poder ser contactadas.

El balance oficial de víctimas mortales continúa en 128 y las labores de identificación siguen en curso. El recuento provisional sitúa en 84 los fallecidos y en 37 los heridos entre las personas que en un principio se daban por desaparecidas.

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk‑yin, señaló que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ha comenzado a avisar a familiares y personas que han denunciado la desaparición para que participen en el proceso.

Aunque las autoridades no han ofrecido un desglose, las cifras difundidas desde el miércoles muestran que la lista inicial de desaparecidos, que rondaba los 200 casos, se amplió hasta acercarse ahora a los 300, en parte debido a denuncias con información incompleta o difícil de verificar.

“Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, explicó Tsang en declaraciones recogidas por el South China Morning Post, y añadió que la Policía está contactando “uno por uno” a quienes llamaron a la línea habilitada para avanzar en la identificación.

La actualización se produce en pleno luto oficial de tres días en la ciudad y mientras los equipos de rescate continúan revisando los siete bloques afectados en busca de restos y pruebas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que materiales altamente inflamables empleados en la renovación facilitaron una propagación vertical del fuego, mientras que la investigación penal avanza con once detenciones, entre directivos, consultores y subcontratistas, en uno de los siniestros más mortíferos de la historia reciente de Hong Kong.

El Ejército de Israel confirmó este domingo el asesinato del jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabai, en un bombardeo contra Beirut en el que, según fuentes médicas libanesas, han muerto al menos otras cuatro personas y 28 más han resultado heridas.

"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las Fuerzas de Defensa de Israel, bajo la dirección de Inteligencia, atacaron en la zona de Beirut y eliminaron al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hizbulá", confirmó un comunicado castrense.

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Tabatai lideraba "el fortalecimiento y el suministro de armas" a la organización. Además, ya fue designado por el departamento de Estado de EE.UU. como 'Terrorista Global Especialmente Designado' en 2016 y por el que se ofrecía hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

El Ministerio de Exteriores israelí dijo que la muerte del dirigente de Hizbulá se produjo como represalia por "las reiteradas violaciones" del grupo chií tanto de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU como de alto el fuego de noviembre 2024, así como a la amenaza que representaba "para Israel y la estabilidad regional".

"Los esfuerzos del Gobierno libanés para abordar las graves violaciones de Hizbulá han fracasado hasta la fecha, y Hizbulá ha continuado sus intentos de restablecer y ampliar su capacidad militar y terrorista", indicó Exteriores en un comunicado.

Sin embargo, Hizbulá no se ha pronunciado hasta el momento ante esta información.

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, que provocó también "daños considerables a automóviles y edificios", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik.

El último bombardeo contra Dahye tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas "fábricas de drones" de Hizbulá.

Este ataque directo se produce pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024. Desde su comienzo, la misión de paz de la ONU en territorio libanés (FINUL) ha contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del acuerdo entre ambos países. 

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, llamó este domingo tras el ataque a una "intervención internacional" para evitar un mayor deterioro de la situación en el país mediterráneo.

"El Líbano, que se ha adherido al cese de hostilidades durante casi un año y ha presentado una tras otra iniciativa, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad e intervenga con firmeza y seriedad para detener los ataques contra el Líbano y su pueblo", dijo en un comunicado enviado por su oficina.

Por ello, consideró que únicamente la intervención internacional podrá evitar un mayor deterioro de la situación que pueda reavivar las tensiones en la región así como "un mayor derramamiento de sangre".

Aoun ya indicó el pasado viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques, algo que, dijo, debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés.

El Ministerio de Exteriores israelí dijo que la muerte del dirigente de Hizbulá se produjo como represalia por "las reiteradas violaciones" del grupo chií tanto de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU como de alto el fuego de noviembre 2024, así como a la amenaza que representaba "para Israel y la estabilidad regional".

"Los esfuerzos del Gobierno libanés para abordar las graves violaciones de Hizbulá han fracasado hasta la fecha, y Hizbulá ha continuado sus intentos de restablecer y ampliar su capacidad militar y terrorista", indicó Exteriores en un comunicado.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió en un vídeomensaje este domingo de que no permitirá que el grupo chií libanés Hizbulá se rearme y suponga una amenaza para Israel, tras la muerte de Haizam Ali Tabatai, considerado el "número dos" de la organización, en un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut.

"La política que sigo es absolutamente clara: bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hizbulá reconstruya su poder y no permitiremos que vuelva a representar una amenaza", dijo Netanyahu en un mensaje, de menos de dos minutos de duración.

"Espero que el Gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a Hizbulá", añadió.

Este miércoles 5 de noviembre, los familiares de los muertos de la dana abrían la comisión de investigación en el Congreso. Gabriel Rufián apuntaba en su intervención tras escuchar testimonios de los afectados que removían las entrañas, que a él lo que le pedía el cuerpo era insultar; supongo que comenzando por el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, y que por cuestiones obvias no lo hizo. Pues a ello, le recojo el testigo a Rufián.

Hay mucho sinvergüenza en esta España de cuero bruñido. Siempre los hubo. Sinvergüenzas sin ambages, que no tienen ni pajolera idea de lo que es, ni de lo que trae consigo el servicio público. No les interesa. No va con ellos. Su finalidad es mentir y robar a la ciudadanía, sin más, simple y llanamente. Prendas que ostentan cargos públicos de responsabilidad, presidencias o vicepresidencias en comunidades autónomas, y a quienes se la trae al pairo cualquier cuestión que no sea el dinero que les cae todos los meses sin dar un palo al agua. Sinvergüenzas titulados, a los que no se les puede confiar ni el mechero. Hideputas sin ningún escrúpulo, zánganos, badulaques, cagalindes y tragaldabas. Protagonistas de la Spanish leather que lucha por hacerse con el poder al coste que se requiera.

El miércoles 5 de noviembre me cago en tos los muertos de la derecha y la extrema derecha, en tos los defraudadores y comisionistas, en expresidentes, en jefes de gabinete y en toda la chusma política carente de ética para realizar su trabajo. Que os vayan dando.

Hay un botón en una de mis camisas que amenaza con desprenderse. Llevo tiempo observándolo, y lo sabe, pero él amenaza discretamente, deshilachándose día tras día, inmisericorde. Mi outfit y mi heterodoxia se están viendo comprometidas. Siempre lo han estado.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

Rosa Álvarez, Carmina Gil, Ernesto Martínez, Dolores Ruiz y María Teresa Pagán son las cinco primeras personas que han asistido al Congreso para contar cómo perdieron a sus familiares en la dana de Valencia. Hasta el jueves pasarán ocho personas más ante la Comisión de investigación —creada para investigar cuáles fueron los fallos en la gestión y a quién corresponde la responsabilidad—en representación de las asociaciones de víctimas.

Álvarez, la primera en hablar, preside la Asociación de Víctimas Mortales 29O. Portando una camiseta con la cara impresa de su padre fallecido, exponía un relato aterrador frente a una sala llena de políticos trajeados de diversos grupos parlamentarios. “Llorábamos de horror, chillábamos de horror, hasta que se cortó la llamada. Fue la última vez que hablé con mi padre”, ha relatado.

La comisión está presidida por Carmen Martínez, del PSOE, que iniciaba la comparecencia pidiendo respeto a todos los miembros: “Este va a ser ante todo un espacio de escucha y reconocimiento”, y añadía “sé que vamos a estar a la altura”. Sin embargo, Martínez se equivocaba. Tras la comparecencia de Álvarez, PP y Vox no han aplaudido el doloroso relato de más de 15 minutos, siendo los únicos partidos en mostrar esta falta de apoyo a la víctima.

Después de esto y en la ronda de preguntas de los partidos, César Sánchez, diputado del Partido Popular, ha aprovechado su turno para culpar al Gobierno central de las negligencias sucedidas durante ese día. Por su parte, Gil Lázaro, del grupo Vox, ha seguido la misma línea, añadiendo que el PSOE “abandonó a los valencianos” por un cálculo político.

Tras Álvarez, fue el turno de Carmina, que perdió a su suegra y por ello llevaba su retrato impreso. Después continuó Ernesto Martínez, quien ha contado que perdió a su hermana: “Mi fuerza viene de ella”. Dolores Ruiz vio cómo la riada arrastraba a su marido y a dos de sus hijos mientras se agarraba a una reja durante horas. Lo relataba entre sollozos: “estoy muerta por dentro”. PP y Vox tampoco han aplaudido estos testimonios, ni el de María Teresa Pagán, que perdió a su hermana, a su sobrino y a su cuñado.

La frialdad de esta muestra ha sido criticada por otros miembros de la Comisión, como Gabriel Rufián, que en el período de preguntas tras la intervención de Ruiz, visiblemente afectada, ha interpelado a estos miembros: “No miren al suelo, mírenla a la cara y pídanle perdón, por favor”. “Ya no apelo a los salvajes de ultraderecha. Apelo a un partido de derechas que debería ser decente, democrático”, decía mirando a los populares. Tras esto y refiriéndose esta vez a Ruiz, le aseguraba “estoy de acuerdo con usted, no tiene perdón de Dios”.

Las asociaciones de víctimas ya mostraban su descontento con la actitud del PP tras la asistencia de Mazón al funeral de Estado, ocurrido hace apenas unos días, al que pidieron expresamente que no asistiera por respeto a las mismas. Aseguran que la dimisión del hasta ahora presidente de la Comunitat es solo el primer paso de algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo, y continúan defendiendo que su entrada a prisión debe ser prioritaria. "No son 237 víctimas, son 237 asesinados", afirmaba en su intervención Martínez.

Virginia Ortiz Riquelme, prima de Juan Alejandro Ortiz, víctima de la dana, y vecina de Letur (Albacete), ha asegurado que quien "omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas" es quien "comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", según ha informado EFE.

Así lo ha asegurado al final de su intervención en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 (229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), que ha sido aplaudida por los familiares de los fallecidos.

En su discurso, el último de los tres que han realizado familiares de víctimas, Virginia Ortiz ha señalado que en España la mayoría solo "queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, igualdad, dignidad y seguridad", para asegurar que las inundaciones son el fenómeno natural que más muerte provoca.

Pero, ha continuado, "no es este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido" sino que "es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes".

La joven ha afirmado que el rumbo de la sociedad no debe dejarse en manos de "quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz". "El poder siempre ha sido nuestro y sé que, unidos, haremos justicia", ha concluido.

También ha agradecido a los profesionales y operarios su trabajo para localizar el cuerpo de su familiar y ha lamentado que no ha ocurrido lo mismo con todos, pues los cuerpos de dos víctimas de Valencia todavía no han sido encontrados.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los voluntarios y a David Lafoz, uno de los voluntarios que acudió a ayudar con su tractor tras la dana, fallecido este año.

"No estamos solos y hoy más que nunca tenemos que estar unidos", ha afirmado tras recordar a su primo.

Previamente, Andrea Ferrari, hija de Eva Canut, fallecida cuando salía de su trabajo en Riba-roja del Túria, ha defendido que para las víctimas, "ahora mismo, lo más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad".

Y ha lamentado: "Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos y todavía sentimos el vacío que nos dejó aquel día", y ha compartido con los presentes que aún siente "el vacío de esos días" que cambiaron su vida.

Cada víctima "deja un recuerdo imborrable, una familia rota", y el funeral de este miércoles "no es solo un homenaje a los que se fueron, sino un reconocimiento" a los que, como ella, siguen "caminando con cicatrices", ha afirmado para defender que mientras exista memoria "nunca habrá olvido".

Otra de las familiares, Naiara Chuliá, madre de dos hijos que perdió a su marido, Slim, cuando este salía de trabajar aquel 29 de octubre, ha señalado en su discurso en el funeral que sus hijos son "su salvación" y que "el momento más duro" de su vida fue decirle a los niños que su padre no volvería.

"Mi vida se rompió en miles de pedazos. Tenía que reconstruirla pero faltabas tú", ha señalado al tiempo que ha lamentado: "Es duro educar lejos del dolor, la rabia y la tristeza cuando tú te sientes así".

Ha recordado a su marido, que llegó hace casi 25 años de su Túnez natal, para añadir: “Yo cuento mi historia, pero aquí hay 237 historias con nombres y apellidos, familias destrozadas y sueños rotos, familias que han perdido más de un ser querido, y niños".

“Hay muchas almas rotas unidas por el dolor” y con la esperanza de encontrar algún día “alguna razón para salir adelante”, en su caso sus dos hijos, según ha señalado en su discurso.

En un debate político marcado por el genocidio en Gaza y la migración, el Partido Popular ha vuelto a poner sobre la mesa sus habituales discursos sobre ETA y los atentados del 11M para intentar desviar el foco. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el pasado lunes que el lehendakari Imanol Pradales le había dicho "Ayuso, entzun, pim, pam, pum", una proclama vinculada a ETA, cuando en realidad se trataba de un mensaje en euskera ("Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun") para defender la lengua vasca. Hay que recordar que la presidenta regional abandonó la última Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari usó el euskera durante su intervención.

Lejos de rectificar, la dirección del PP continuó con la estrategia. Desde Génova, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, señaló el mismo día al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como "autor intelectual del blanqueamiento de ETA" y sostuvo que "llegó al Gobierno por unos atentados terroristas". Con esas palabras, el PP ha vuelto a utilizar dos marcos que arrastra desde hace tiempo. Por un lado, acusando al PSOE de haber pactado con socios de ETA y, por otro, cuestionando la legitimidad de las elecciones de marzo de 2004.

Las víctimas no viven estas polémicas como meros rifirrafes políticos, sino como agresiones que "reabren heridas". El periodista y víctima de ETA Gorka Landaburu considera que son "palabras que hieren" y que "están hechas desde la mala fe". Una sensación que también comparte Marisol Pérez Urbano, presidenta de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, al señalar que "no les dejan hacer el duelo en paz".

Landaburu recuerda que no es la primera vez que el PP recurre a estos recursos y pone como ejemplo la intervención de Miguel Tellado en el Congreso en octubre de 2024 mostrando fotografías de socialistas asesinados por ETA. "Utilizan nuestro dolor como arma política. Estamos cansados y hartos de que se juegue con nuestra memoria para sacar rédito partidista", añade. Pérez Urbano subraya que se sienten "victimizados tres veces". "Primero por los terroristas, después por los políticos que nos usan y finalmente por quienes han hecho negocio con nuestro dolor", detalla.

Landaburu insiste en que "bastante tenemos con lo que tenemos" como para soportar que un partido "convierta a ETA en un comodín recurrente". "En Euskadi trabajamos desde hace años por la memoria y la convivencia, respetando a todas las víctimas. Que ahora venga Ayuso a frivolizar con expresiones que no se han dicho es inaceptable", explica. Además, advierte de que esas declaraciones son "una bomba dialéctica" que es parte de "un juego muy sucio con el objetivo de reventar todo lo conseguido en Euskadi".

En esa misma línea, las víctimas también señalan que detrás de las acusaciones del PP contra la victoria electoral de Zapatero en 2004 hay intenciones de deslegitimar la democracia. "Lo que quieren hacernos creer es que aquel cambio político no fue fruto de la voluntad popular expresada en las urnas. Es una forma de reescribir la historia reciente de España y de cuestionar la legitimidad democrática surgida de aquellas elecciones. Con esto rompen consensos básicos que deberían ser intocables", denuncia Pérez Urbano.

Además, las teorías de la conspiración sobre el 11M no han desaparecido del todo en el PP. Desde la fundación FAES, publicaron en marzo de 2024 un editorial en el que alimentaron las dudas sobre la autoría de los atentados y sembraron sospechas sobre Zapatero. Las recientes palabras desde Génova contra el expresidente socialista también reactivan ese relato que pone en cuestión la legitimidad democrática salida de las urnas de 2004 y que, según las víctimas, constituye "un ataque directo a la memoria" de quienes perdieron la vida en los atentados y a quienes sobrevivieron.

Pérez Urbano alerta del "peligro de mantener vivas esas narrativas que no son simples opiniones políticas". "Siguen repitiendo que Zapatero llegó al poder gracias a los atentados, como si detrás hubiera una mano oculta. Eso es conspiracionismo puro y duro, y lo terrible es que lo hacen desde las instituciones. Alimentar esa mentira no solo nos revictimiza a nosotros, también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones", añade.

Landaburu, por su parte, lamenta que en el PP "se lo tomen casi a broma". "Frivolizan con algo demasiado serio y convierten nuestro dolor en un eslogan más de campaña. Y eso, para quienes hemos sufrido la violencia, es inaceptable", concluye. El periodista añade que esta actitud "no solo ofende a las víctimas, también degrada el debate público y transmite la idea de que todo vale con tal de arañar unos votos".

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre, el día de la dana en el que murieron 228 personas en la provincia de Valencia, ha afirmado que "estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte".

En una carta abierta y remitida a los medios de comunicación, la periodista lamenta haber sufrido estos diez meses una "presión insoportable", pues se ha convertido "en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas", que le llevó a un ingreso hospitalario y actualmente está en tratamiento psicológico por estrés postraumático.

Vilaplana afirma que durante la comida con Mazón no preguntó, ni participó ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el president, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas.

Los nombres de las 228 personas que murieron en las inundaciones por la dana del 29 de octubre han protagonizado este viernes en el centro de València la décima protesta contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la tragedia, junto a los gritos de 'Mazón dimisión'.

Durante la concentración celebrada en la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, y a la que han asistido 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se ha mencionado una a una a las 228 víctimas mortales de hace diez meses, así como a la bebé de la mujer que murió embarazada de 8 meses, y a los dos trabajadores que fallecieron en las labores de limpieza.

Se ha querido así rendir homenaje a todas las víctimas de una tragedia de la que se han cumplido 334 días, junto a la reclamación de responsabilidades políticas al máximo responsable del Gobierno valenciano por su "nefasta gestión" de la catástrofe, y evidenciar que "la memoria, el duelo y la reivindicación no cogen vacaciones".

La concentración ha comenzado con la formación de un círculo en el centro de la plaza por los familiares de las víctimas, que han mostrado carteles con los nombres de sus fallecidos, entre aplausos del público asistente, gritos de 'Mazón dimisión' y 'Mazón a la prisión' y la interpretación por dolçainers y tabaleters de la melodía 'La processó de la memòria'.

A continuación, se ha guardado silencio mientras se leían los 231 nombres, tras lo que se ha vuelto a corear en la plaza el lema de la protesta y otros como 'no son muertos, son asesinados' o 'el president a Picassent', en alusión a la cárcel valenciana.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha insistido en que sus familiares no fallecieron de muerte natural, sino por "un homicidio imprudente", y ha afirmado que la dimisión de Mazón se les "queda corta, debe ir a prisión", y también deben dimitir el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por su actuación ese día.

Ha reclamado a Mazón que no se ría, porque su sonrisa les hace daño; ha aseverado que no les van a tapar la boca; y ha agradecido todo el apoyo recibido estos meses en las protestas, incluido hoy, un 29 de agosto con 34 grados de temperatura y un 80 % de humedad, en el que "hay que tener mucho coraje y estar muy implicado en la causa para venir".

Álvarez ha afirmado que diez meses después siguen reclamando lo mismo, porque la situación no ha variado, y ha asegurado que seguirán estando "todos los meses que haga falta", que "ojalá no sea mucho tiempo" y para lo que confían en la labor de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal.

La presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha defendido la necesidad de seguir pidiendo la dimisión de Mazón porque "lo que era un desastre natural se convirtió en una tragedia humana por falta de una alerta a tiempo que hubiese salvado vidas".

Toñi García, quien perdió a su marido y su hija de 24 años, ha asegurado que seguirán luchando "hasta el final" para que se haga justicia, mientras que Dolores, que se quedó sin su marido y dos de sus hijos, ha afirmado que le "han quitado la vida" y Ernesto Martínez, cuya sobrina es una de la tres personas que siguen desaparecidas, ha afirmado que el pueblo no quiere a Mazón.

Durante la concentración, convocada de nuevo por más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, se ha hecho sonar la alarma que llegó a los móviles el 29 de octubre a las 20:11 horas.

El jefe de la policía de Minneapolis y el alcalde, Jacob Frey, han confirmado que hay dos niños muertos y catorce heridos en el tiroteo registrado este miércoles en una escuela católica de la ciudad. Ha informado EFE.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no "presenta una amenaza activa" confirmaron autoridades de la ciudad.

El presidente Donald Trump agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a "rezar" por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando de la operación y aún no ha revelado información sobre el tirador que fue neutralizado.

Según informaciones policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela ha centrado la atención de todas las autoridades del país porque había niños en la zona.

Las familias de los niños se encuentran reunidas en un área segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales de Minneapolis.

Dichas autoridades, encabezadas por el alcalde Jacob Fray, darán una conferencia de prensa en las próximas horas, según su oficina.

España afronta una nueva jornada de lucha contra los fuegos que arrasan el país, tras nuevos desalojos de vecinos en pedanías tan castigadas por las llamas como Castilla y León, mientras continúan los arduos trabajos de extinción aunque con una situación más favorable por las mejores condiciones del tiempo, pese a que muchos focos son aún preocupantes, informa EFE.

El riesgo de fuegos es "muy alto o extremo" este sábado en zonas de la península especialmente en el noroeste y sur, por lo que es importante "extremar las precauciones", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En estos momentos un total de 16 incendios siguen en situación operativa 2, once de ellos en Castilla y León (León, Palencia, Salamanca y Zamora), cuatro en Galicia y uno en Asturias, según los datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

Los incendios de Ourense (Oimbra y Larouco) han presentado evolución favorable, así como los de León (Yeres y Barniedo de la Reina) y el de Zamora (Porto). El único que continúa avanzando de manera desfavorable es el de Igüeña (León) porque la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres intervinientes en el frente activo más peligroso, el del norte.

Por otra parte, en Galicia, una mujer del municipio coruñés de Carballo (A Coruña) ha quedado hoy en libertad después de que fuera detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales.

Hasta el momento, el número de hectáreas quemadas en lo que va de año en España supera las 400.000 según las últimas estimaciones del servicio europeo Copernicus.

Por comunidades, en Asturias, doce aviones y helicópteros y 72 equipos terrestres se desplegarán hoy para tratar de frenar el fuego que desde hace días avanza entre la zona leonesa de Anllares del Sil y el concejo de Degaña y que esta noche ha superado la primera línea de defensa que se había preparado para atajarlo.

La entrada de viento de componente sur durante la madrugada está complicando "muchísimo" la situación, según el presidente del Principado, Adrián Barbón. El incendio de Degaña es el que más preocupa de los tres que hay activos este sábado en la región, los otros dos están estabilizados.

La Junta de Castilla y León ha declarado la "alarma extrema" por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia desde este sábado hasta el 26 de agosto, con numerosas prohibiciones para evitar nuevos fuegos.

En Zamora los medios de extinción trabajan contra incendios tan graves como el de Porto que arrasa el entorno del parque natural del Lago de Sanabria, sierras de Segundera y de Porto, en una décima jornada de lucha contra el fuego, y que ha afectado también a las provincias de Ourense y León. El fuego se originó por el rayo de una tormenta el pasado 14 de agosto y sigue activo en nivel dos de gravedad.

Pese a ello, la situación en el territorio ha ido mejorando en los últimos días y ha permitido el regreso de las poblaciones evacuadas, salvo las de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.

Los puntos del avance del incendio que más preocupan ahora se sitúan por una parte en el cañón del Tera, donde las columnas de humo revelan el avance del fuego, y en la zona de alta montaña situada por encima de San Ciprian de Sanabria, en el límite con la provincia de León.

Por otro lado, en Peñalba de Santiago (León) los vecinos han podido regresar a sus viviendas tras la mejora en la evolución del incendio de Llamas de Cabrera, aunque deberán permanecer bajo confinamiento.

Por el contrario seis pedanías de Peranzanes han tenido que ser evacuadas; en total son 838 personas las que permanecen evacuadas en 14 pueblos y otras 235 confinadas en 11 localidades, según el último balance oficial.

Respecto al incendio de Llamas de Cabrera también en El Bierzo, el operativo ha centrado sus esfuerzos en las últimas horas en Espinoso de Compludo, con reproducciones también en Corporales y en el entorno de Peñalba y la evolución se considera "favorable y sin riesgo de propagación".

El incendio de Fasgar, por su parte, mantiene el foco abierto que en días pasados se declaró en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano

Las llamas avanzan hacia el valle de Tremor, donde se están reforzando las líneas de defensa en torno a una mina a cielo abierto con el objetivo de frenar su avance; en Colinas, la situación se da prácticamente por estabilizada entre la carretera de Igüeña.

El escenario más preocupante continúa en Anllares del Sil, donde el fuego sigue activo y fuera de control. Una reproducción en Argayo del Sil que evoluciona hacia la localidad —evacuada desde hace tres días—, ha obligado a mantener un fuerte despliegue de medios aéreos y terrestres.

Por otro lado, el incendio forestal de Puercas (Zamora) ya está controlado doce días después de iniciarse y tras haber dejado cuatro personas heridas graves con quemaduras y haber arrasado una superficie que según los cálculos a través del sistema satelital Copernicus puede ascender a unas 6.200 hectáreas.

Un hombre ha fallecido, otro de 30 años ha resultado herido grave y tres personas podrían estar desaparecidas tras el naufragio de una patera ocurrido este miércoles en aguas de Mallorca en la que iban 23 inmigrantes, según han relatado los propios rescatados. Los afectados han contado a los sanitarios que llevaban 6 días en el mar a la deriva, ha informado el 061 y recoge EFE.

A las 10:30 de la mañana, una embarcación particular ha rescatado en el mar a un migrante de origen subsahariano y lo ha trasladado al puerto de Portopetro, en el municipio de Santanyí, al sureste de Mallorca, donde ha sido atendido por los servicios médicos, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En su testimonio, el hombre ha contado que iba junto a otras 22 personas en una patera que naufragó, por lo que se ha activado un dispositivo de búsqueda y rescate con el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y el Servicio Aéreo, embarcaciones de Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer.

Sobre las 13:55 horas, han localizado a 3 millas al sur de Mallorca una patera donde se encontraban 11 personas con vida y un fallecido.

En el mismo operativo, además, otras 2 personas han sido rescatadas en las inmediaciones por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil; otras 3 más por Salvamento Marítimo en una ubicación próxima; y dos rescatados más lo han sido por una embarcación particular.

El balance del operativo de búsqueda ha sido de 19 personas rescatadas con vida y una persona hallada muerta en la embarcación, ha indicado la Delegación del Gobierno.

Del testimonio de los rescatados se desprenden indicios de que puede haber otras 3 personas que presuntamente habrían desaparecido durante la travesía, al abandonar la embarcación para tratar de llegar a la costa a nado.

Las personas rescatadas han pasado a disposición de la Policía Nacional de Palma.

El 061 ha detallado que en total ha atendido a 19 personas, todos ellos adultos: 2 de ellas trasladadas en helicóptero al aeropuerto de Palma y otras 17 por un embarcación de Salvamento Marítimo a Portocolom, en el municipio de Felanitx.

Han trasladado a un herido grave de 30 años al hospital son Espases y a 3 heridos menos graves al Hospital de Manacor. Se trata de un hombre de 21 años, una mujer de 19 años y otra de 28 años.

En cuanto a los otros 15 afectados, han sido asistidos en el mismo lugar donde han desembarcado y donde se ha confirmado el fallecimiento de un hombre.

Los casos con protección policial por violencia de género han aumentado un 9,4 % en un año, hasta un total de 104.187 a finales de julio, superando en casi 9.000 los casos bajo supervisión de los cuerpos policiales en el mismo mes de 2024, según ha informado EFE.

El Ministerio del Interior ha hecho públicas este jueves las últimas estadísticas del sistema de protección policial VioGén frente a la violencia machista, relativas al 31 de julio de 2025, cuando había 17 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida); 1.070, a riesgo alto; 14.328, a riesgo medio; y 88.772, a riesgo bajo.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de julio 1.372 víctimas menores de edad (un 16,2 % más) y 2.432 mayores de 65 años (un 9,5 % más). Se trata de dos colectivos de especial vulnerabilidad.

La maternidad también es un factor de riesgo en el maltrato machista. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en España corresponden a víctimas con hijos e hijas menores de edad a su cargo, 53.866, que son 4.272 más que hace un año, un crecimiento del 8,6 %.

En el sistema policial VioGén hay registradas un total de 756.018 víctimas de violencia de género, una cifra un 6,5 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Asociados a estas víctimas, 879.067 casos (un 7,2% más), 104.187 activos y 750.494 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial.

Además, el sistema integra 15.894 casos del extranjero y mantiene 7.564 casos con el estatus de supervisados, un estadio previo a la inactivación asociado a circunstancias que aconsejan dilatar esta medida.

A finales de julio, 1.353 niños y niñas estaban en riesgo de ser agredidos por su padre o la pareja o expareja de sus madres (un 17,6 % menos que hace un año): 4 en riesgo extremo, 129 en riesgo alto y 1.220, medio. Cada vez que Interior detecta una situación de riesgo en los menores, alerta a los tribunales y a la Fiscalía con una diligencia automática que persigue que se impongan medidas urgentes de protección.

Son 5.811 los menores en riesgo de violencia vicaria que ha detectado Interior desde marzo de 2019.

La ONU advirtió este miércoles de que la mayoría de sus agencias de ayuda humanitaria tendrán que suspender sus operaciones en Gaza en septiembre si Israel les sigue obligando a dar información sensible sobre sus empleados palestinos, según ha informado EFE.

"A menos que se tomen medidas urgentes, la mayoría de los socios internacionales de las ONG podrían ser dados de baja para el 9 de septiembre o antes", indican en un comunicado las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU y otras agencias asociadas, conocidas como el Equipo Humanitario de País en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).

Esto obligaría a las agencias de la ONU y a otras ONG en la Franja de Gaza a retirar a todo su personal internacional, y les impediría brindar asistencia humanitaria "crítica y vital" para los palestinos.

Según el comunicado, el requisito de Israel, impuesto el pasado 9 de marzo y que también aplica a la Cisjordania ocupada, forma parte de un conjunto de nuevas condiciones "restrictivas" para las ONG internacionales, que incluyen posibles consecuencias por críticas públicas a las políticas del Gobierno de Israel.

Las agencias aseguran que las organizaciones que no están registradas bajo este sistema ya tienen prohibido enviar suministros a Gaza.

En este sentido, el pasado julio las autoridades israelíes rechazaron solicitudes de 29 ONG para enviar ayuda humanitaria a Gaza, afirmando que estas no estaban autorizadas para hacerlo.

"Esta política ya ha impedido la entrega de ayuda vital como medicamentos, alimentos y artículos de higiene", algo que afecta "de manera más profunda" a mujeres, niños, personas mayores y discapacitados, aseguran.

Además, destacan que las ONG internacionales brindan "apoyo fundamental" a las organizaciones palestinas, que dependen de ellos para obtener suministros, financiamiento y apoyo técnico, por lo que sin esta cooperación sus operaciones también quedarán interrumpidas.

Entre el 27 de mayo y el 4 de agosto hubo 516 muertos y más de 10.000 heridos en sitios de distribución militarizados de la Fundación Humanitaria de Gaza -estadounidense pero respaldada por Israel- en las rutas de los convoyes de ayuda humanitaria, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El 90% de ayuda que ha entrado en Gaza desde el 20 de julio ha sido "descargada por multitudes hambrientas o saqueada por bandas armadas", de acuerdo con la OCHA.

El Ministerio de Sanidad de Gaza elevó a 111 los gazatíes que murieron este miércoles en ataques israelíes en el enclave palestino, de los que 91 iban a buscar ayuda humanitaria en diferentes puntos de la Franja. Ha informado EFE.

En una actualización de su reporte diario publicado este jueves, que se refiere a los muertos y heridos del día anterior, el Ministerio informa de que también se produjeron 820 heridos, 666 de ellos mientras acudían a por ayuda.

Según informaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, al menos 60 fallecidos llegaron al centro hospitalario tras acudir cerca del cruce de Zikim, el único paso fronterizo del norte operativo para la entrada de camiones con ayuda humanitaria.

El incidente en este punto tuvo lugar entre las 19.00 y las 19.45 hora local (16.00–16.45 GMT), horario que el Ejército israelí había anunciado el pasado domingo como dentro de las llamadas "pausas tácticas" en las que aseguraba que no atacaría ciertos puntos del enclave, entre ellos el cruce de Zikim para facilitar la entrada de ayuda.

Este jueves EFE habló con testigos presenciales en el hospital Al Shifa, que relataron cómo el Ejército israelí abrió ayer fuego de tanques y francotiradores al atardecer contra la multitud que se congregaba cerca del paso norteño.

Uno de los supervivientes del incidente, que no quiso dar su nombre, detalló a EFE que visitó ayer el sitio junto a su primo y que, a su llegada, los soldados israelíes abrieron fuego contra ellos.

"Una de las balas alcanzó a mi primo en la cabeza", explicó.

De hecho, fuentes médicas de este centro hospitalario dijeron a EFE que todos los muertos presentaban heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

"¿De qué pausa (humanitaria) me hablas?", se preguntó este gazatí. "Si quieren ocupar Gaza, que lo hagan ya, pero basta ya con esta historia en la que todos los días perdemos a un hermano, un amigo, un ser querido o un allegado. Basta ya", dijo.

"Todos los días nuestros hijos llegan muertos", comentó a EFE sobre el incidente Jamil Achur Kafani desde el hospital Al Shifa, quien denunció que los puntos de distribución de ayuda humanitaria establecidos, entre ellos el cruce de Zikim, son "trampas de muerte para nuestros jóvenes".

Según fuentes médicas del hospital Naser, otros 22 fallecidos fueron registrados en este centro de Jan Yunis, en el sur de Gaza, y 4 más en el centro del enclave, donde se encuentra un punto de distribución de comida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés).

El resto de víctimas mortales de la jornada de ayer -una veintena- murieron en bombardeos israelíes que golpearon otros puntos del enclave palestino.

Más de 60.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según las autoridades sanitarias locales, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.