El martes se pone en marcha de nuevo la Comisión del Pacto de Toledo para acometer la tercera reforma del sistema público de pensiones en cinco años. El déficit de la Seguridad Social, que este ejercicio alcanzará los 18.000 millones de euros y el aviso de que la hucha de las pensiones se vaciará en 2017 han hecho saltar todas las alarmas. El próximo diciembre el Gobierno tendrá que volver a echar mano del Fondo de Reserva para pagar la extra navideña a los casi 9,5 millones de pensionistas españoles. Y la revalorización para el año que viene seguirá congelada en el 0,25% una vez más. La inflación se prevé que alcance el 1,3%; es decir, las pensiones perderán más de un punto de poder adquisitivo.

El séptimo año consecutivo de números rojos obliga, por tanto, a adoptar medidas, y a hacerlo con rapidez. Ya no se trata de recortar la partida de gasto –la cuantía de las pensiones–, después de haber introducido por ahí la tijera con la reforma de 2013. Ése era el cometido del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad: el primero ajusta las prestaciones a la coyuntura económica y el segundo, a la esperanza de vida. La reforma de 2011 ya había aumentado la edad de jubilación hasta los 67 años –de forma progresiva hasta 2027–, el periodo de cómputo –de 15 a 25 años–, y el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión y retirarse a los 65.

Ahora, en cambio, el desafío son los ingresos del sistema, lastrados por una recuperación económica que está revelando sus flaquezas. “Lo que esperábamos que ocurriera dentro de 10 años se ha anticipado por culpa de la prolongación de la crisis y de sus efectos: la devaluación salarial, la precariedad de los empleos, el paro de larga duración…”, explica el secretario general de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

Para Santos Ruesga, uno de los economistas que integró el comité de expertos seleccionado por el Gobierno para diseñar la reforma de 2013, el modelo productivo español y la evolución demográfica producen un “decalaje estructural” entre ingresos y gastos que hace necesario un flujo adicional de ingresos a fin de compensarlo.

700.000 nuevos empleos anuales durante 12 años, imposible

A juicio de ambos, la solución no puede ser otra que financiar el sistema mediante impuestos y aumentando las cotizaciones. Los ciudadanos tendrán que pagar de sus bolsillos el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Pese a que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, repiten que es la creación de empleo lo que garantiza las pensiones, lo cierto es que harían falta 700.000 nuevos cotizantes anuales durante los próximos 12 años para volver a los números negros, calcula Santos Ruesga. Un ritmo de afiliación imposible de sostener, añade.

Aún hoy el sistema no ha conseguido recuperar 1,8 millones de cotizantes de los 3,5 millones perdidos con la recesión. Y los que han regresado no cotizan tanto como antes. En 2015 el número de afiliados creció un 3,2%, pero los ingresos por cuotas sólo subieron un 1,3%, menos de la mitad. En lo que va de año la Seguridad Social registra casi 700.000 cotizantes más, la cifra mágica calculada por Ruesga, pero el déficit del sistema es el mayor de toda su historia.

Tampoco ajustar al 0,25% la subida de las pensiones durante los últimos tres años ha conseguido embridar el desfase, porque el número de pensionistas y la cuantía de sus pensiones no dejan de aumentar no dejan de aumentara un ritmo constante.

Lo más rápido: subir las cuotas de las nóminas

De ahí que deban inyectarse recursos adicionales. Aumentando los tipos de cotización, aunque sea de forma temporal, apunta Carlos Bravo. Santos Ruesga habla de subirlos un punto y de hacerlo “vía Presupuestos Generales”, para imprimirle “cierta rapidez” a la medida. También sugiere el responsable de CCOO destopar las bases máximas de cotización –“hay millones de euros [en sueldos] que no cotizan porque las superan”, advierte– o bien subirlas, como ya se ha hecho en los dos últimos años, un 5%.

Aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supondría igualmente un alza en la recaudación. El mismo efecto tendría que los autónomos cotizaran por sus ingresos reales; la mayoría lo hacen ahora por la base mínima, por lo que luego sus pensiones también son escasas y en muchos casos deben complementarse.

José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia que también formó parte de la comisión de expertos de 2013, no es partidario, sin embargo, de subir las cuotas que pagan empresas y trabajadores. “Aumentaría el coste laboral, desincentivaría la contratación”, explica. Carlos Bravo lo rebate: “No penaliza el empleo, ningún empresario contrata o deja de contratar porque le suban o bajen un punto la cotización”.

Refrescos, grasas, sucesiones, patrimonio...

Además, será necesario tapar los agujeros de recaudación: las 200.000 empleadas de hogar que no cotizan, los becarios, las horas extraordinariaslos becarioslas horas extraordinarias que ni se pagan al trabajador ni tampoco tributan… Sin olvidar las tarifas planas de cuotas, que tanto Ruesga como Bravo y buena parte de la oposición parlamentaria quieren suprimir. El Gobierno, en cambio, parece decidido a seguir aplicándolas, pese al agujero que han hecho en las cuentas del sistema: desde 2012 se ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota. Hace cuatro años ascendían a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,7 millones.

En lo que sí coinciden los tres expertos consultados por infoLibre es en que habrá que recurrir a los impuestos para financiar las pensiones. Bravo cree que las fórmulas son múltiples: una cuantía anual consignada en los Presupuestos del Estado; un recargo fiscal específico a imitación del que existe en Francia, tal y como ha propuesto el PSOE; que las consecuencias del aumento de la esperanza de vida –el recorte resultante de aplicar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013– se paguen con impuestos, como plantea Podemos.

Santos Ruesga no le hace ascos tampoco a que se suba un punto el IVA. O a que se cree un impuesto para las bebidas azucaradas o las grasas, “como ya existe en otros países y que no tiene efectos perversos sobre la demanda”. Otra opción que expone es cargar esa financiación adicional “de forma progresiva” en el impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones.

Impuestos para no bajar las pensiones un 2,5%

José Enrique Devesa, por su parte, recomienda pagar con impuestos la diferencia que cada año resulte entre el Índice de Revalorización de las Pensiones “teórico” y el “real”. El primero fue impuesto por el Gobierno para los ejercicios en que la Seguridad Social incurra en déficit, un 0,25% –IPC+0,50% si termina en superávit–. El segundo indica el coeficiente que habría que aplicar cada año para que el sistema estuviera en equilibrio y que, a juicio del economista de la Universidad de Valencia, debería dejarse “fluctuar libremente”.

Así, según sus cálculos, este ejercicio las pensiones tendrían que bajar un 2,52%, en lugar de subir un 0,25%. Y ese 2,52% es el que debería cubrirse con impuestos para impedir que los pensionistas sufrieran una merma de ingresos. Devesa ve el IRP, por tanto, como un “mecanismo de ajuste automático” que detecta el grado de desequilibrio del sistema y permite corregirlo.

“No ha servido para nada”, objeta Santos Ruesga, que fue la voz discordante de la comisión de expertos de 2013. “Ni siquiera ha conseguido el ahorro pretendido y si no se han desvalorizado más las pensiones estos años ha sido porque la inflación ha sido mínima”, argumenta.

Pensiones de viudedad temporales

Adonde también se dirigen todas las miradas, incluso las del Gobierno, es a las pensiones de viudedad. Financiarlas con impuestos en lugar de con cotizaciones como ahora se ha convertido en la primera propuesta concreta para atajar el déficit de la Seguridad Social. “Es muy goloso”, resalta José Enrique Devesa, “las pensiones de viudedad suman 20.000 millones de euros, con lo que de un plumazo se cubrirían los números rojos del sistema.

El economista de la Universidad de Valencia, no obstante, duda de que convertir estas prestaciones contributivas en asistenciales sea la mejor solución. Prefiere “rediseñarlas”. “Que sigan siendo vitalicias ahora es difícil de explicar, con lo que ha cambiado el trabajo de la mujer, quizá deberían convertirse en temporales”, indica.

A partir de este abanico de posibilidades podrán debatir los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo hasta el mes de abril cómo devolver la salud al sistema. “No hace falta aplicar todas estas soluciones”, resume Carlos Bravo, “sólo aplicar, a corto plazo, aquéllas en que nos pongamos de acuerdo”. “Sin olvidar que el mercado de trabajo es la fuente fundamental del sistema y que ahora hay que recuperar las rentas de trabajo creando empleo de calidad y con mejores salarios”, advierte el dirigente de CCOO.

¿Planes de empresa con salarios bajos?

Porque sin mejores empleos y mayores sueldos no es posible ni el sistema público de pensiones pero tampoco el privado. Desde junio de 2015 Reino Unido obliga a todos los trabajadores con salarios superiores a 8.105 libras anuales –10.000 euros– a tener un plan de pensiones de empresa. El empleado aporta un 4% de su salario, el empleador un 3% y el Estado, mediante deducciones fiscales, un 1%. En España, el 48,6% de los planes de pensiones privados son proporcionados por empresas, según datos de la patronal Inverco. Pero sólo alcanzan al 20% de los partícipes de fondos privados. Su patrimonio equivale a poco más de la mitad del que acumulan los planes individuales de pensiones.

Para José Enrique Devesa constituyen una vía, un “ladrillo más” para apuntalar las pensiones públicas. Pero ve difícil “obligar a las empresas” a implantarlos como se ha hecho en Reino Unido. Carlos Bravo aplaude que se creen este tipo de instrumentos en los convenios colectivos, siempre como complementos de las pensiones públicas. Aunque cree que la prioridad en estos momentos debe ser “subir los salarios inmediatos, más que los diferidos”, como es el caso de las aportaciones a estos planes de pensiones.

Santos Ruesga también prefiere que las empresas hagan sus aportaciones al sistema público de pensiones, por la vía de las cotizaciones, antes que a planes privados. Bravo recuerda que sólo uno de cada 10 trabajadores con un fondo privado de pensiones consigue una prestación de cuantía suficiente. Y que el 60% no hacen aportaciones “porque no pueden o no quieren”.

Además, para conseguir 500 euros más de pensión, es necesario hacer aportaciones superiores a 300 euros al año, detalla Santos Ruesga. Por tanto, con salarios bajos como los que se están pagando durante la recuperación económica, la capacidad de ahorro es reducida. Y la rentabilidad, también. “Son útiles, pero no son la solución”, concluye Carlos Bravo.

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Inmortal o no, lo que queda claro es que lo que tenga que contar este niño será enriquecedor. 

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La hucha de las pensiones se agota, aumentan las voces que auguran el colapso del sistema público, la generación del baby boom teme llegar a la jubilación con prestaciones raquíticas, en 2019 comenzará a aplicarse el coeficiente que recortará las pensiones según la esperanza de vida… pero los planes privados de pensiones no despegan. De hecho, tanto el número de planes como el de personas que los suscriben no dejan de caer. Y aunque el patrimonio de estos fondos de pensiones se desplomó con la crisis y las cifras récord de paro, para repuntar a partir de 2014, en lo que va de año ha vuelto a descender. La escasa rentabilidad, la mínima capacidad de ahorro de los hogares fruto de una recuperación anémica –bajos salarios, precariedad laboral– explican el escaso atractivo de unos productos financieros muy publicitados.

El número de planes de pensiones en España alcanzaba los 2.619 a fecha de 30 de junio de este año, según los últimos datos publicados por Inverco, la patronal que agrupa a las entidades de inversión colectiva. Esa cifra supone un descenso del 11,64% respecto a 2010. En 2006 llegó a haber 3.056. El número de partícipes en esos planes ha caído un 8% en comparación con ese  mismo año.

Ambas cifras se refieren al conjunto de la previsión social complementaria; es decir, incluyen los planes individuales, los de empleo –lo que proporcionan las empresas a sus trabajadores– y los asociados –promovidos por sindicatos o asociaciones–. Considerados sólo los primeros, el número de suscriptores ha bajado un 9,1% en los últimos seis años y el de planes –1.210– un 4,8%. Aunque desde 2012, cuando se alcanzaron su máximo, 1.385 planes, el descenso es superior, un 12,6%. En España, un total de 9,9 millones de personas hacen aportaciones a un plan de pensiones privado. En 2010 llegaron a sumar 10,8 millones.

Los españoles no pueden ahorrar mucho

El patrimonio conjunto de estos planes asciende a 103 millones de euros, contablizados igualmente a 30 de junio de este año. Desde 2008, tras el estallido de la crisis financiera y el desplome del empleo, el patrimonio de los fondos de pensiones sufrió un duro golpe, del que no se recobró hasta 2013. Tras dos años de subidas, en 2016 ha vuelto a las dudas, cayendo un 1,45% respecto al fin de 2015. El mayor recorte lo han sufrido los planes de pensiones asociados, un 4,67% en lo que va de ejercicio. Además, este tipo de producto no ha dejado de perder fuelle, pese a un breve repunte en 2013, y su patrimonio conjunto se encuentra ahora por debajo del que tenía en 2010. En cualquier caso, los asociados constituyen la modalidad con menor cuota. Los que atraen a un mayor número de clientes son los individuales, que suman 7,8 millones de partícipes, por sólo dos millones los de empleo y apenas 66.206 los asociados.

Con las cifras de desempleados disparadas, el descenso de la población activa en los años de recesión y la devaluación salarial posterior, la capacidad de ahorro de los españoles se ha resentido. Hasta el punto de queen 2012 se situó en los niveles más bajos de la serie histórica, un 8,2% de la renta bruta disponible de los hogares. En 2015, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha subido hasta el 9,4%, aun así 0,2 puntos inferior a la del año anterior. Y muy lejos del 15% de Francia o el 17% de Alemania, destaca el Banco de España.

Así se explica que el 86,87% de quienes tienen un plan de pensiones privado haga aportaciones por debajo de los 900 euros al año y un 74,6% por debajo de los 300 euros. Sólo el 5,5% supera los 3.000 euros anuales.

Las aportaciones caen un 17,2% respecto a 2010

Además, el aumento del paro disparó el rescate anticipado de los fondos apartados pensando en la jubilación. Desde 2009 un total de 524.242 personas solicitaron el cobro adelantado de ese dinero que, en principio, tenían reservado para los 65 años. Si en 2009 sólo 9.589 clientes reclamaron el rescate del plan, en 2013 la cifra se multiplicó por 10: 98.025 sacaron su dinero. Fueron 2.542,6 millones de euros los que salieron del patrimonio de los planes de pensiones, según consta en la última memoria del Consejo Económico y Social (CES). No sólo fue la necesidad, también ayudó que el Gobierno eliminara como requisito para hacerlo que el interesado hubiera pasado un año en el paro. El número de estos rescates se ha reducido desde 2014, pero aún el año pasado fueron más de 60.000 las personas que tuvieron que echar mano de su fondo de pensiones para superar dificultades económicas más perentorias.

El caso es que las aportaciones a los planes de pensiones en el primer semestre de este año ascienden a 1,55 millones, según los datos de Inverco, un 5,2% menos que en los primeros seis meses de 2015 y un 17,2% por debajo del dinero invertido en 2010. Por el contrario, las prestaciones abonadas han crecido un 4,1% en lo que va de año.

Rentabilidad raquítica, comisiones exageradas

Si a las dificultades para ahorrar se añade que la rentabilidad de los planes es mínima o, como ocurre en algunos casos, incluso negativa, el aliciente de estos productos financieros se reduce.

El profesor del IESE Pablo Fernández lleva desde 2006 analizando los fondos de pensiones españoles y su conclusión año tras año es la misma: su rentabilidad es pésima. En su último informe, que estudia los rendimientos de 322 fondos en los últimos 15 años (2000-2015), calcula que su rentabilidad media es sólo del 1,58%. La del ÍBEX 35 en ese mismo plazo ha sido del 4,62% y la de los bonos del Estado, del 5,4%. Con la inflación de los últimos años en cifras negativas o apenas superando el cero, los planes no pierden poder adquisitivo ahora; pero lo han hecho durante más de una década con un promedio de tasa de inflación del 2,55% –superó el 4% en 2007, por ejemplo–.

Según el análisis de Pablo Fernández, únicamente dos de los 322 fondos superan en rentabilidad al índice selectivo de la Bolsa española y sólo uno a los bonos del Estado a 15 años. Es más, 47 fondos tienen rentabilidad media negativa, han hecho perder dinero a sus partícipes.

Bien es cierto que también hay diferencias según el tipo de fondo. Los garantizados, obviamente, tienen la mayor rentabilidad, un 3,27%, mientras que los de renta variable son el farolillo rojo, con sólo un 0,59%. Estos rendimientos se refieren a los planes individuales. Los de empleo y asociados obtienen mejores rentas –3,23% y 3,35%–, básicamente porque no cobran comisiones o éstas son pequeñas. Lo contrario que ocurre con los planes individuales, que pueden cobrar hasta un 2,5% por la gestión, depósito, suscripción y reembolso de las aportaciones aunque, en realidad, lo que se paga son gastos de comercialización, advierte el profesor del IESE. A la vista de la escasa rentabilidad de las inversiones, Pablo Fernández concluye que “pocos gestores de fondos se merecen las comisiones que cobran”.

La reforma fiscal no desincentiva

En 2015 entró en vigor la reforma fiscal, que redujo la cantidad límite que se puede aportar al plan y deducir de la base imponible del IRPF, de 10.000 euros a 8.000 euros al año. Sin embargo, no cabe esperar que la medida esté detrás del freno que sufre este producto financiero. Como queda dicho más arriba, las aportaciones de la inmensa mayoría de los suscriptores quedan muy lejos de ese tope, sólo el 5,5% tiene salario y capacidad de ahorro suficientes para apartar más de 3.000 euros al año y destinarlos a su futura jubilación.

No obstante, la desgravación fiscal ha sido tradicionalmente el mayor gancho de los planes de pensiones. Las aportaciones desgravan cada año, pero al jubilarse y rescatar el dinero, el beneficiario tributa por él como rendimiento del trabajo, y no de capital. Pablo Fernández rechaza lo que considera una “discriminación fiscal a favor de los fondos y contra el inversor particular”. Por el contrario, cree que el Estado debería animar a los ciudadanos a invertir su dinero sólo en los fondos más rentables.

El FMI, la OCDE, el Banco de España, los economistas de Fedea, el servicio de estudios del BBVA, la patronal del seguro Unespa, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, entre otras instituciones y nombres, elogian e incluso recomiendan el sistema de pensiones sueco. El chileno, un modelo al 100% privado y de capitalización, asusta y sería de difícil digestión en España, un país de la Europa continental y del sur donde las pensiones públicas forman el pilar más importante del Estado del bienestar. Por el contrario, el sistema sueco es público y no traiciona la filosofía nórdica del Estado social.

Cuestión distinta es si resulta posible y aconsejable trasplantarlo a España. De momento, lo único que intentó copiarse aquí fue la llamada carta naranja, el documento que los trabajadores reciben cada año de la Agencia Sueca de Pensiones con un cálculo de la cuantía que cobrarán si se jubilan a los 61 años, a los 65 y a los 70. En marzo de 2013 el Ministerio de Empleo prometió comenzar los envíos con una proyección de la pensión futura, no vinculante, para el año siguiente. Pero terminó desistiendo por miedo a su impacto electoral y por sus diferencias con el Ministerio de Economía. En noviembre de 2015 Empleo sustituyó la esperada carta por un simulador para calcular la pensión en la página web de la Seguridad Social.

Suecia aprobó en 1998 la reforma de su sistema de pensiones, que llevaba preparando desde 1985. Tres años después se puso en marcha el nuevo modelo, que se compone de tres pilares: las pensiones garantizadas, las contributivas –ambas públicas– y las pensiones por prima –capitalizadas en fondos gestionados por entidades privadas–.

Los suecos con menores ingresos y que hayan residido en el país durante 40 años perciben, al cumplir los 65 años, una pensión garantizada, que no puede exceder los 835 euros al mes. Estas prestaciones se financian mediante impuestos. Un 12% de los jubilados suecos son beneficiarios de esta pensión mínima, por la que el Estado abonó en 2014 un total de 1.790 millones de euros, según el último informe anual del sistema o Informe naranja que elabora la Agencia de Pensiones de Suecia.

Además, el Estado sueco paga a sus jubilados una pensión contributiva, que se sufraga con las aportaciones de trabajadores y empresas a partes iguales. El 16% de la nómina –8% el empleador, 8% el asalariado– va a parar a una cuenta individual. En ella se acumulan las contribuciones hechas a lo largo de toda la vida laboral. En el momento de jubilarse, el trabajador recibe la cuantía que ha ido sumando en esa cuenta, revalorizada cada año según el crecimiento de los salarios medios, menos un tipo de interés técnico del 1,6%, pero recortada según la esperanza de vida de cada generación. En 2015 la pensión contributiva media ascendía a 1.043 euros para las mujeres y a 1.359,8 euros para los hombres. La mitad de los jubilados suecos cobra este tipo de prestación, por la que el Estado desembolsó el año pasado un total de 27.410 millones de euros.

Sin edad de jubilación obligatoria

A diferencia de España, en Suecia no existe una edad de jubilación obligatoria. Cualquier trabajador puede retirarse a partir de los 61 años, aunque también puede continuar en activo hasta los 70. En 2015, la pensión máxima pagada fueron 3.700 euros. Según el Informe naranja, se trató de una persona que siguió trabajando más allá de los 65 años. Son muy pocos, añade el documento, los suecos que ese año percibieron una pensión superior a los 2.108 euros, también gracias a que retrasaron su retiro después de los 65 años.

Precisamente el aumento de la edad de jubilación era uno de los objetivos de la reforma, también porque resulta un requisito indispensable si se quiere mantener la cuantía de estas pensiones en el futuro, según va aumentando la esperanza de vida. Ese divisor anual que reduce la cuantía de la pensión y se calcula sobre tablas de mortalidad y no sobre proyecciones, se pretende como un incentivo para que los suecos trabajen más años en busca de una prestación mayor. Según las estadísticas de la OCDE, la edad real de jubilación en Suecia era en 2014 de 65,2 años para los hombres y 64,2 para las mujeres. Es decir, se ha retrasado un año y siete meses para los hombres, y dos años y dos meses para las mujeres desde 2001. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida a partir de los 65 años no deja de crecer, y se sitúa ya en las dos décadas: cada vez hay que pagar pensiones durante más tiempo.

La Agencia de Pensiones de Suecia calcula que para quienes nacieron en 2000, la vida laboral debería prolongarse hasta los 69 años y 10 meses si quieren cobrar la misma pensión que percibirían de no haber aumentado la esperanza de vida, puesto que vivirán tres años y seis meses más que los nacidos en 1930. La institución cuenta con que la emigración neta a Suecia sea de medio millón de personas en los próximos cinco años.

Otra consecuencia de la reforma también ha sido la caída de la tasa de reemplazo, el cociente entre el salario y la pensión. Con el sistema original, era del 78,9%; hoy se ha quedado en el 62,1%. También es más desigual: en el caso de las rentas altas alcanza el 72,6%, pero en el de las rentas medias es sólo del 53,6%. Por establecer una comparación, la tasa de reemplazo en España asciende al 82%, una de las más elevadas del mundo. La de la Unión Europea es del 59% y en la OCDE, del 68,8%.

Hasta aquí, el sistema es muy similar al español: pensiones mínimas y contributivas, todas ellas públicas financiadas con aportaciones obligatorias de trabajadores y empresas. Aunque el español es un sistema de reparto puro, en el que las contribuciones de los trabajadores en activo pagan de forma solidaria las pensiones de quienes se jubilan, mientras que el sueco, en el caso de las pensiones contributivas, se basa en cuentas individuales –o nocionales– y la prestación a la que da derecho no está definida de antemano.

Pensiones por prima

La principal novedad del sistema sueco, pues, son las pensiones por prima. Los trabajadores también ingresan en sus cuentas individuales un 2,5% de su sueldo –1,25% por el asalariado, 1,25% por la empresa–, que pueden invertir en diferentes fondos gestionados por entidades privadas. Pueden elegir cinco entre un catálogo de 830 fondos, administrados por 107 entidades financieras privadas.

Si no seleccionan ninguno, por omisión su dinero se destina automáticamente a un fondo estatal, denominado AP7 Såfa (Alternativa de Gestión de Fondos del Gobierno Central). De hecho, el 90% de los suecos elige por defecto este fondo, que a 31 de diciembre de 2015 había proporcionado a las inversiones hechas en 2000 un retorno superior en 44 puntos porcentuales a la media de las aportaciones a fondos privados.

Al jubilarse, los suecos perciben la suma de sus aportaciones –ese 2,5% anual– más el resultado de la inversión en los mercados de ese dinero, pero reducida por el divisor basado en la esperanza de vida de su cohorte de población. Así, explica el Informe naranja, mientras el retorno obtenido por las pensiones contributivas fue en 2015 del 2,8%, el de las pensiones por prima alcanzó el 6,4%. El año pasado el desembolso en este tipo de pensiones fue de 586 millones de euros. Es decir, el grueso del sistema de pensiones recae en Suecia sobre la parte contributiva pública. Aunque el objetivo, dicen sus responsables, es que la parte de capitalización adquiera cada año más importancia.

En cualquier caso, también reconocen que este sistema produce “pensiones más volátiles”, por cuanto dependen de la rentabilidad de los mercados. Por ejemplo, según el Informe naranja, los retornos de las pensiones por prima en 2015 fueron menos de la mitad que el año anterior.

Un problema que aqueja al sistema sueco de pensiones son sus elevados costes administrativos y de gestión. El Informe naranja los cifra en 675,26 millones de euros en 2015. Tanto en el caso de las pensiones contributivas como en el de las privadas, los costes han subido: un 33,4% desde 2011 en el caso de las primeras y un 68,8% en el caso de las segundas. Sólo los costes de gestión del capital de estas últimas se han disparado un 81% en los últimos cinco años. No es una cuestión menor: los costes de administración de las pensiones contributivas recortan en un 1% la cuantía de la prestación que finalmente perciben los trabajadores, mientras que los costes de las pensiones por primas la reducen en un 9%.

Mecanismos de ajuste automático

El sistema sueco cuenta, además, con un mecanismo adicional de ajuste automático de las pensiones. Si los activos –las cotizaciones de los trabajadores– son inferiores al pasivo –las prestaciones que hay que pagar–, se pone en marcha el mecanismo y las pensiones dejan de revalorizarse según el crecimiento de los salarios. Es lo que empezó a ocurrir en 2009, por lo que se congelaron las pensiones en 2010, 2011, 2014 y 2015. Aún sigue activado el mecanismo: el año pasado las cotizaciones al sistema eran un 8% inferiores a las pensiones pagadas. Y no empezarán a remontar hasta 2020, prevé el Informe naranja. Sólo volverá a haber superávit en 2017, en el escenario más optimista, y en 2019 en el más pesimista.

Este mecanismo es similar al índice de revalorización introducido en España con la reforma de las pensiones del PP en 2013: si el sistema entra en déficit, como ocurrió a partir de 2012, las prestaciones sólo suben un 0,25%. Además, la reforma estableció un factor de sostenibilidad, que empezará a aplicarse en 2019 y recortará las pensiones en función de la esperanza de vida. En resumen, ya se han copiado dos instrumentos para ajustar la cuantía de las pensiones a los cambios demográficos y a los déficit coyunturales del sistema.

También existe en Suecia el Fondo de Reserva. Su cuantía total equivale al 25% del PIB: puede pagar hasta 4,8 veces la factura anual de pensiones sueca.

El 90% tiene un plan de empresa

Una diferencia más con Suecia son los planes ocupacionales o de empresa. En España son muy escasos. En el país nórdico, por el contrario, cubren al 90% de los trabajadores. Forman parte de los convenios colectivos y suponen entre un 2% y un 5% del salario. Por este concepto, en 2014 se pagaron 9.600 millones de euros, lo que equivale al 25% del gasto anual en pensiones.

Finalmente, los suecos pueden suscribir los planes privados de pensiones adicionales que quieran. Representan apenas un 5% del gasto nacional en pensiones. En total, Suecia gasta en pensiones 43.100 millones de euros, de los que 29.200 millones forman parte del esquema estatal –contributivas por prima y garantizadas–. El resto corresponde a los planes de empresa, los privados, pensiones de viudedad y ayudas a la tercera edad.

Según las cifras de la OCDE, el gasto público sueco en pensiones en 2014 equivalía al 7,4% de su PIB. El español, al 10,5%. En estos momentos hay en el país nórdico 2,13 millones de pensionistas; en España, nueve millones. El Informe naranja calcula que los suecos destinan a estas prestaciones el 28% de sus salarios. Y allí el salario medio asciende a 45.049 euros al año, mientras que en España es sólo de 26.259, casi la mitad.

Pros y contras

En el caso de implantar aquí un sistema de cuentas nocionales, habría que aumentar sustancialmente las cotizaciones al sistema, el doble, explica el profesor Santos Ruesga, defensor declarado del sistema público de reparto y miembro de la comisión de expertos que preparó la reforma de 2013. A su juicio, un sistema de cuentas individuales como el sueco necesita salarios más altos y carreras de cotización más regulares de las que son habituales en España. Además, da lugar a pensiones más desiguales. 

Por el contrario, los defensores del modelo sueco aseguran que es más justo, porque la pensión equivale exactamente a lo cotizado, más flexible –se ajusta automáticamente a los cambios demográficos y económicos– y más transparente –el trabajador recibe cada año documentación exhaustiva sobre su cuenta y su futura prestación–.

En 2025 se jubilarán los primeros chilenos que comenzaron a trabajar y a cotizar en exclusiva para el sistema de pensiones instaurado por el general Pinochet en 1981. Pero ha sido este año, pese a que la polémica a su costa ha sido recurrente desde que fue creado, cuando ha estallado la indignación de los chilenos contra el modelo de ahorro, privado, obligatorio y de capitalización que con frecuencia se ofrece como referencia para resolver los problemas de los sistemas públicos de pensiones como el español. Cientos de miles de chilenos salieron a las calles el pasado domingo para exigir pensiones dignas. Ya lo habían hecho el 24 de julio y amenazan con un paro nacional el 4 de noviembre si el Gobierno no atiende sus reclamaciones.

Porque, pese a que la presidenta Michelle Bachelet creó una comisión –la Comisión Bravo– para estudiar la reforma del sistema, y ésta entregó su informe en septiembre de 2015, nada se ha movido desde entonces. En 2008 fue también Bachelet quien promovió una primera reforma del modelo de Pinochet, que se ha revelado insuficiente. No tocaba la esencia del sistema.

Según las cifras de la Superintendencia de Pensiones, el organismo público encargado de vigilar y auditar el sistema, la pensión media de jubilación en Chile es sólo de 255 euros al mes, el 78% del Salario Mínimo, que asciende a 325 euros. El informe de la Comisión Bravo calcula que el 79% de las pensiones chilenas son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo del umbral de pobreza. Si se consideran sólo las pensiones de jubilación, el 91% no llega a los 210 euros mensuales.

Para hacerse una idea del escaso volumen de la prestación basta con fijarse en la tasa de reemplazo –el cociente entre el último salario y la primera pensión–, que es sólo del 34% –el 48% para los hombres y el 24% para las mujeres–. El informe también hace una proyección de cuál será la pensión de quienes dejen de trabajar entre 2025 y 2035. La mitad de ellos cobrarán sólo el 15% de su último sueldo. En España, la tasa es del 82%, una de las más elevadas del mundo. La media de la UE alcanza el 59%.

El sistema chileno es totalmente privado. Los trabajadores pagan un 10% de su sueldo a unas entidades financieras denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En su momento llegaron a ser 21, pero hoy únicamente operan seis. No sólo les ingresan sus cotizaciones, sino que también les pagan comisiones por la gestión de los fondos en que las invierten. La cotización es obligatoria para todos los asalariados. Desde 2015, también para los autónomos. Pero están excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de la Gendarmería, que tienen su propio sistema y con pensiones más elevadas.

A diferencia del resto de los modelos, en el chileno sólo cotiza el trabajador, no la empresa. Chile es el único país de la OCDE en que el empleador no paga cuota. Existen cinco tipos de fondos, del más conservador al más arriesgado, en el que los chilenos pueden invertir sus cotizaciones. Cada uno puede elegir dos de ellos.

Escasa rentabilidad... para el trabajador

Así, todos los trabajadores tienen su propia cuenta individual, cuyo monto es invertido por las AFP sólo en grandes empresas y bancos –la ley les prohíbe hacerlo en pymes–. Según la Fundación Sol, una institución sin ánimo de lucro que realiza estudios sobre el mercado laboral chileno, las AFP invierten más de 27.400 millones de euros en 10 bancos. El tejido empresarial del país, destaca, se ha financiado durante los últimos 35 años gracias a los ahorros de los chilenos, en lo que la fundación califica como una “inyección de capital permanente, cautiva y de bajo coste”. Para los defensores del sistema, en cambio, esas inversiones han sido el motor del desarrollo económico del país.

Sin embargo, la rentabilidad de esas inversiones no ha sido la esperada por –y prometida a– los trabajadores cuando en 1981 Pinochet acabó con el sistema de reparto existente para reemplazarlo por el que diseñaron los discípulos de Milton Friedman en la Escuela de Chicago. La Fundación Sol cifra en un 26% la rentabilidad media anual de las AFP durante los últimos 20 años. En 2015 estas entidades tuvieron unos beneficios de 2,10 millones de euros al día. Buena parte de ellos proceden de las comisiones que cobran a los chilenos, muy por encima, aseguran los investigadores, de los costes reales de gestión.

En contraste, la rentabilidad de cada cuenta individual es mucho menor. Se mide con la denominada Tasa Interna de Retorno (TIR) que es sólo del 3% para las mujeres y del 3,1% para los hombres –a las mujeres se les penaliza a la hora de calcular la pensión por su mayor esperanza de vida; además se jubilan antes, a los 60 años, mientras que los hombres lo hacen a los 65–. Si se excluyen las comisiones, la TIR se eleva al 5,4% en ambos casos.

Los salarios en Chile son bajos; por tanto, también las cotizaciones, pero la fundación no cree que ése sea el problema de las pensiones insuficientes devengadas por el actual sistema. Según los cálculos de la fundación, cada mes las AFP ingresan 673 millones de euros en cotizaciones de los trabajadores, pero sólo pagan 269 millones en pensiones, menos de la mitad. Con la diferencia entre una cantidad y otra, concluye la fundación, se podría pagar pensiones mayores e incluso nutrir un fondo de reserva.

Dos AFP son de propiedad estadounidense

Por el contrario, el negocio lo hace las seis entidades financieras que gestionan el sistema privado. En total, las seis AFP administran casi 148.000 millones de euros, lo que equivale al 70% del PIB chileno. Los 10,1 millones de afiliados pagan cotizaciones, no al Estado, como es el caso de España, sino a Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida. Esta última es la que suma el mayor número de afiliados, el 32%. Pertenece a Metlife, la primera aseguradora de EEUU, que se la compró al BBVA en febrero de 2013 por 1.362 millones de euros.

Le sigue Habitat, con el 20% de los afiliados. Su dueño es la Cámara Chilena de la Construcción, la patronal del ladrillo. La dueña de Capital es el grupo colombiano Sura. Modelo nació en 2010, ofrece pensiones a los nuevos afiliados al sistema y entró en el mercado ofreciendo las comisiones más bajas. Es propiedad de Inversiones Atlántico, creada por un empresario chileno próximo al expresidente conservador Sebastián Piñera. Planvital pertenece a Asesorías e Inversiones Los Olmos, un grupo chileno que, según el diario digital El Mostrador, es controlado por un fondo, Atacama Investments, constituido en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Finalmente, el 97,97% de Cuprum corresponde a otra compañía de EEUU, Principal Financial Group.

El Santander tuvo su propia AFP, Bansantander, y, como queda dicho, el BBVA era dueño de la principal entidad gestora de pensiones hasta 2013. Ambos poseen ahora pequeños porcentajes de Planvital, Provida, Cuprum y Habitat, de acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia de Pensiones.

Las reformas del sistema

Debido a la insuficiencia del modelo, la reforma de 2008 creó una pensión no contributiva que paga el Estado, la Pensión Básica Solidaria: 120,85 euros al mes, que cobra el 60% más pobre de la población. El Estado chileno paga 131,9 millones de euros al mes por este concepto a un total de 1,35 millones de personas. También se estableció un Aporte Previsional Solidario (APS), al modo de lo que en España se conoce como complemento de mínimos, que completa hasta los 442 euros la pensión de quien no haya cotizado lo suficiente. Además, empezaron a aplicarse incentivos para que coticen más las mujeres y los jóvenes y las empresas empezaron a pagar el seguro de invalidez y supervivencia.

Las propuestas para la nueva reforma transmitidas por la Comisión Bravo a Bachelet son ahora más ambiciosas. Los expertos que la integran piden que se cree una AFP estatal, y se aumente de forma significativa la cuantía de la Pensión Básica Solidaria y se universalice. Quieren que ésta se financie con impuestos y con una nueva cotización del 2% a cargo de la empresa. La empresa deberá además pagar otro 2% para las cuentas individuales de los trabajadores. También reclaman medidas para reducir las comisiones de las AFP privadas. Y no sólo equiparar la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, sino también que se apliquen tablas de mortalidad idénticas para ambos sexos.

En cualquier caso, la comisión no excluyó entre sus propuestas la más radical, sustituir el modelo de ahorro privado obligatorio por uno de reparto, “con una pensión mejor, definida, de por vida y no discriminatoria”. Como el español.

El Pacto de Toledo nació en 1995 para impedir que las pensiones se utilizaran como arma electoral, una tentación en la que siguen cayendo los partidos y sus líderes campaña tras campaña. En la del próximo 26-J no va a ser distinto. Las aguas de las reformas de 2011 y 2013 no bajan calmadas; además de que el déficit de la Seguridad Social y el vaciamiento del Fondo de Reservael vaciamiento del Fondo de Reserva han puesto sobre la mesa nuevas incertidumbres.

El PP dejó caer ya hace meses que el Pacto de Toledo debería estudiar nuevas fuentes de financiación para las pensiones de viudedad y orfandad. Es decir, que se paguen con impuestos, y no mediante cotizaciones a la Seguridad Social como ahora. El PSOE ha incluido en su programa crear una “contribución de solidaridad”, temporal, que recaerá sobre las rentas más altas y las grandes fortunas, para cubrir el actual déficit del sistema. Unidos Podemos propone derogar la reforma de las pensiones, reforzar el sistema público y revalorizar las pensiones mínimas.

Al tiempo, organismos internacionales como la OCDE o el FMI no dejan de advertir ante el riesgo de que los sistemas públicos de pensiones sean insostenibles, no sólo por la larga crisis económica sino también por el progresivo envejecimiento de la población. Y piden más reformas. En España, el gabinete de estudios del BBVA y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han sido los penúltimos en reclamar que se aceleren los plazos de las reformas ya en marcha –que tienen como horizonte el año 2027– o tomar nuevas medidas para reducir en un 5,1% anual el gasto público en pensiones. Para hacerse una idea de la magnitud del recorte basta con recordar que ese gasto crece ahora a un ritmo del 4,4% al año.

Las propuestas de partidos y expertos están lejos de ser originales. Aunque el espejo en que se miran unos y otros no siempre es el mismo. El PSOE quiere copiar parte del modelo francés; el BBVA y Fedea elogian el sistema sueco. La CEOE, que también plantea financiar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos, se limita a recomendar las reformas aplicadas por “otros países” del entorno de la UE para hacer más sostenibles las prestaciones públicas.

En general, los sistemas de pensiones del mundo occidental incluyen tres tipos de prestaciones: las mínimas o sociales, para evitar las situaciones de extrema pobreza en la vejez; las públicas, normalmente basadas en sistemas de reparto –financiadas con las cuotas de empresas y trabajadores–, y las privadas, que además pueden capitalizarse, invertirse para obtener un rendimiento. Pero cada país ha configurado estos tres pilares de forma distinta. Francia, España, Portugal y Grecia cuentan con sistemas de reparto clásicos, mientras que Italia ha seguido los pasos de Suecia, Noruega, Polonia y Letonia y ha optado por las llamas cuentas nocionales, unas cuentas virtuales en las que cada trabajador va acumulando sus cotizaciones. En Alemania utilizan un sistema de puntos que se adquieren según se cotiza, y al tiempo poseen un sistema muy desarrollado de planes de empleo, ofrecidos por las empresas. En Chile, el sistema público de pensiones desapareció en 1981, por lo que los ciudadanos sólo cuentan con sistemas privados.

No obstante, una característica común a todos es el progresivo retraso de la edad de jubilación, que no suele bajar de los 65 años y se encamina, cuando no se sitúa ya en muchos países, en los 67 años. Es el caso de España. También aumentará gradualmente el número de años para calcular la cuantía de la pensión, de forma que en 2022 se utilizarán los últimos 25 años de carrera laboral. Lo mismo ocurrirá con el número de años cotizados para obtener el 100% de la pensión, que será de 38 años en 2027. 

Otra diferencia entre los distintos países es el sistema para actualizar las pensiones. En España se revalorizaban según subía el IPC hasta la última reforma. Desde entonces, se aplica un índice que tiene en cuenta el PIB y el déficit o superávit de la Seguridad Social. En el resto de los países de la OCDE se utilizan bien la inflación –Francia, Italia, Letonia–, bien los salarios –Dinamarca, Noruega–, bien el PIB y la esperanza de vida o una combinación de estos factores –Alemania, Portugal, Suecia–.

FRANCIA

Los trabajadores franceses se jubilan entre los 65 –los nacidos antes de 1951– y los 67 años. Para cobrar la pensión completa hace falta haber cotizado entre 40 y 41,5 años. Hay dos sistemas públicos: el básico y el complementario. La pensión máxima del primero no puede superar el 50% de un tope de cobertura que en 2014 era de 37.548 euros al año. La pensión mínima asciende a 629 euros mensuales.

Estas pensiones básicas se pueden complementar con las del segundo sistema, en el que la prestación se calcula por puntos. Los trabajadores cotizan en dos subsistemas: uno para cuadros y directivos (AGIRC), y otro para el resto (ARRCO). Los autónomos tienen su propio subsistema, al igual que los funcionarios (RAFP) y el personal laboral de las administraciones (IRCANTEC). Cada año, los trabajadores acumulan una serie de puntos, que se canjean por la pensión cuando se jubilan. Cada punto tiene un precio – 1,2513 euros en ARRCO y 0,4352 euros en AGIRC–.

En conjunto, el gasto público en pensiones representa el 13,8% del PIB francés, casi el doble del gasto medio de la OCDE, que se sitúa en el 7,9%. El español equivale al 10,5% del PIB. Por el contrario, los planes de pensiones privados sólo suman el 0,3% del PIB galo, según datos de la propia OCDE.

PORTUGAL

Los trabajadores públicos portugueses tenían su propio sistema de pensiones públicas, que desde 2006 se ha integrado en el mismo sistema para asalariados del sector privado y autónomos. La edad de jubilación se sitúa en 66 años y la pensión se calcula teniendo en cuenta toda la carrera laboral. Ésta se revaloriza de acuerdo con el IPC y la evolución del salario, pero también se le aplica un factor de sostenibilidad –como el que se aplicará en España a partir de 2019– que reducirá su cuantía según aumente la esperanza de vida de los portugueses.

También existen planes de pensiones, de empresas y personales, ambos con aportaciones voluntarias. Además, la Seguridad Social gestiona un Régimen Público de Capitalización, al que los asalariados pueden cotizar con entre un 2% y un 6% de su sueldo bruto anual a partir de los 50 años.

ITALIA

Desde 2012 en Italia funciona un sistema de cuentas nocionales o virtuales donde el trabajador acumula sus cotizaciones, revalorizadas según el crecimiento del PIB nominal y un coeficiente de transformación que depende de “la esperanza de vida del perceptor, de la probabilidad de dejar un superviviente y de la esperanza de vida de éste”, explica el Instituto BBVA de Pensiones en su último documento de trabajo sobre pensiones europeas. Los trabajadores adscritos a estas cuentas –todos los nacidos a partir de 1996– pueden elegir su edad de jubilación entre los 62 y los 70 años. Para quienes quedan fuera de este sistema, creado en 2011, la edad de retiro es de 66 años.

Los planes privados de las empresas los gestionan sindicatos y patronal, y sus aportaciones están exentas de impuestos.

ALEMANIA

En Alemania, las pensiones del sistema público también se calculan por puntos –un año de cotización equivale a un punto de pensión–. La edad de jubilación se ampliará progresivamente hasta los 67 años en 2029. Desde julio de 2014 los trabajadores con 45 años cotizados pueden retirarse de forma anticipada, a los 63. Las pensiones se ajustan en función de dos factores, uno de cotización y otro de sostenibilidad. Según la OCDE, a largo plazo la suma de ambos recortará un 14% el crecimiento del valor de cada punto de pensión respecto de los salarios brutos. Alemania gasta en pensiones públicas el 10,6% de su PIB.

Existen cinco tipos de planes de empleo: los que ofrecen las propias empresas a sus expensas; los fondos de apoyo, que las empresas proporcionan a través de una entidad independiente; los seguros directos; los planes contratados con mutuas, y los fondos de pensiones, estos dos últimos supervisados por el Gobierno. Todos ellos cubren al 56,4% de la población, calcula la OCDE.

Desde 2002, además, funcionan las pensiones Riester –por el nombre del ministro de Trabajo que las creó–, que son planes de pensiones privados personales, subvencionados y gestionados por bancos, aseguradoras o fondos de inversión. No pagan impuestos y su cuantía depende de la renta y del número de hijos del trabajador. Se pueden cobrar a partir de los 60 años. Y en 2005 se crearon las pensiones Rürup –por el nombre del economista del SPD que las diseñó–, que disfrutan de una fuerte exención fiscal de hasta el 60%. El 35% de los alemanes están suscritos a ambos tipos de planes privados.

REINO UNIDO

Hasta el pasado mes de abril, los británicos cobraban una pensión pública básica de hasta 589 euros mensuales si habían cotizado durante al menos 30 años. Y podían complementarla con la SP2 (State Second Pension), por un máximo de 849 euros al mes. Desde esa fecha, se han sustituido ambas por una pensión de cuantía fija igual para todos: 155,65 libras semanales (unos 196 euros), que se pueden percibir siempre que se haya cotizado durante 35 años.

Además, los británicos cuentan con un sistema muy desarrollado de planes privados de empleo y personales, que equivalen al 95,8% del PIB del Reino Unido, según el Instituto BBVA, y cubren al 40% de los trabajadores. Los planes de empleo son obligatorios para las empresas. A partir de 2018 éstas deberán cotizar un 8% de los salarios brutos de sus trabajadores para nutrirlos. El Gobierno también ha creado un fondo de pensiones, el National Employment Savings Trust, de gestión pública, para dar cobertura a los trabajadores que el sector privado rechace por considerarlos poco rentables: aquéllos con salarios bajos, temporales o autónomos. La edad de jubilación también se retrasará de forma gradual en Reino Unido hasta los 67 años en 2020.

SUECIA

Los suecos son los pioneros de las cuentas nocionales. Los trabajadores cotizan para la pensión pública obligatoria un 18,5% de su salario bruto –pero quienes cobran menos de 2.168 euros al año están exentos–. El 16% se ingresa en la cuenta individual y el 2,5% restante se capitaliza en un plan personal. La cuenta se actualiza según varíe el sueldo medio. La edad de jubilación la elige cada trabajador entre los 61 y los 70 años. En el momento de retirarse, la pensión se reduce según la esperanza de vida del grupo de edad del trabajador, más un descuento del 1,6%. Además, se le aplica un factor de estabilización, que vuelve a recortar la prestación.

Para los planes personales obligatorios, los trabajadores contribuyen con un 2,3% de su salario bruto a un sistema gestionado por la Agencia de Pensiones Sueca. Pueden elegir hasta cinco planes de una cartera de 800, todos ellos gestionados por entidades privadas. Por su parte, los planes de las empresas cubren al 90% de los suecos. Hay un plan para trabajadores industriales, fruto de la negociación colectiva, y otro para cuadros y directivos, y un tercero para autónomos, mientras que el personal de banca, seguros o los funcionarios cuentan de los suyos propios.

HOLANDA

A los 65 años los holandeses pueden cobrar una pensión de cuantía fija que se ajusta cada seis meses según el salario mínimo y es independiente de lo que habían cotizado cuando trabajaban. Equivale al 70% del salario mínimo –fijado en 1.508 euros al mes este año–. Esta prestación básica supone sólo el 30% del salario medio que se cobra en Holanda. Por eso se complementa con planes de empleo casi obligatorios, que cubren al 91% de los trabajadores. Existen 414 fondos de pensiones de este tipo, que se reparten por sectores productivos. Otros 327 planes son para autónomos y 40.818 más los gestionan aseguradoras para pequeños empresarios. De esta forma, el gasto público holandés en pensiones es sólo del 5,5% de su PIB.

ESTADOS UNIDOS

Los trabajadores estadounidenses se jubilan ahora a los 66 años, pero tendrán que esperar hasta los 67 a partir de 2022. La Seguridad Social sólo paga un máximo del 40% del salario medio. En cualquier caso, la cuantía de la pensión se calcula según los sueldos percibidos durante toda la carrera laboral, hasta un máximo de 3.501 dólares mensuales (3.053 euros) con 70 años –2.663 dólares con 66 años (2.322 euros)–.

En Estados Unidos las pensiones públicas, que cobran unos 59 millones de trabajadores, se revalorizan en función del IPC. Para los estadounidenses con menos ingresos la Seguridad Social paga un suplemento de hasta 8.652 dólares anuales, que a su vez pueden completar los Estados.

El Gobierno va a sacar 7.750 millones de euros de la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. En julio ya extrajo otros 3.750 millones para abonar la extra de verano de las pensiones, con lo que Mariano Rajoy dejará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con sólo 31.770,46 millones de euros, menos de la mitad –el 47,5%– de los que se encontró cuando llegó al poder en diciembre de 2011.

Como cada mes de julio y cada mes de diciembre, el Ejecutivo ha tenido que echar mano de nuevo de la hucha para pagar las extraordinarias a los pensionistas. Desde diciembre de 2012, la primera vez que tuvo que sacar dinero del Fondo de Reserva, el Gobierno ha extraído un total de 45.451 millones de euros. También ha utilizado 5.350 millones de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo.

La ley limitaba a un 3% del gasto anual en pensiones la cantidad que se puede sacar cada año de la hucha. Hasta que en diciembre de 2012 el Consejo de Ministros suprimió ese tope, acuciado por los efectos de la crisis en las cuentas de la Seguridad Social. Desde entonces ha hecho un total de 14 disposiciones.

El denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado en 2000 para subsanar las posibles desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Es lo que está ocurriendo desde 2012: ha sido necesario echar mano de la hucha para pagar las extras de las pensiones a los jubilados y la liquidación del IRPF a Hacienda. El motivo es que cada vez hay menos cotizantes por culpa del paro y más gasto en prestaciones más gasto en prestaciones. Tal es así que la ratio entre afiliados y pensionistas se situó el pasado mes de octubre en 2,26, al nivel de la que había en 1999. Sólo que entonces el número de pensionistas era de 6,93 millones, y el de afiliados, de 15,43 millones, de los cuales sólo 853.664 estaban en paro. El pasado 1 de noviembre, el número de pensiones públicas alcanzaba los 9,35 millones, un 0,99% más que en 2014. Más de la mitad de ellas, 5.67 millones son pensiones de jubilación.

El déficit de la Seguridad Social

Además, pese al crecimiento del PIB, la precariedad del empleo que se crea está afectando a los ingresos de la Seguridad Social. Los salarios más bajos, el aumento de la temporalidad y el auge de los contratos a tiempo parcial impiden que la recaudación despegue. Al tiempo, el Gobierno ha multiplicado en los últimos tres años las subvenciones a las empresas para que contraten trabajadores. Son las llamadas tarifas planas de cotizaciones para contratos indefinidos y autónomos, además de otras exenciones. En definitiva, cuotas que la Seguridad Social deja de ingresar. Casi 6.000 millones de euros en dos años que pueden aumentar aún más en los próximos si se llevan a cabo los planes prometidos por Mariano Rajoy el pasado lunes de extender la tarifa plana a toda la legislaturaextender la tarifa plana a toda la legislatura –en teoría es una medida “coyuntural” que debería concluir en diciembre de 2016–, a las conversiones de temporales en indefinidos y a las cuotas que pagan los trabajadores. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ya ha llamado la atención del Ejecutivo sobre el asunto, advirtiéndole de que la Seguridad Social terminará el año con un déficit del 1,6%, en lugar del 0,6% presupuestado.

Sin embargo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, rechazó este miércoles que las subvenciones a los contratos tengan impacto alguno sobre las cuentas de la Seguridad Social. Según dijo, se trata de una “medida beneficiosa para el sistema”. “Los ingresos del sistema no se han mermado, sino que los nuevos contratos indefinidos los han estimulado”.

El artículo 50 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la “suficiencia económica” de las pensiones, que deberán ser “adecuadas y periódicamente actualizadas”. Las voces más críticas contra la última reforma de las pensiones ponían en entredicho que el nuevo sistema para revalorizarlas –con un índice mínimo del 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit– garantice esa “suficiencia”. Por el contrario, auguraban una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que puede alcanzar el 28% en los próximos 15 años. El Gobierno defiende que ese aumento de dos décimas y media permite la sostenibilidad del sistema, amenazado por la demografía: el envejecimiento de la población y el retiro de los nacidos durante el baby boom de los años 60 y 70.

De ahí que el Gobierno haya saludado las últimas cifras sobre la nómina de las pensiones contributivas como un éxito. La Seguridad Social pagó en agosto un total de 8.270,5 millones de euros en pensiones contributivas, un 2,8% más que hace un año. Pero ese crecimiento es también el más bajo desde 2002 y, a juicio del Ministerio de Empleo, un crecimiento “sostenible”, que compara con el 8% alcanzado en 2008. De esa factura total, las pensiones de jubilación se llevan la parte del león, 5.777,8 millones, el 70%. Ese gasto ha crecido un 3,5% en agosto, pero igualmente ha sido la menor subida desde 2005. En 2008 aumentó un 9,3%.

En cualquier caso, ese alza, sostenible o no, se produce sobre unas pensiones cuya cuantía es de las más bajas de la zona euro. Y ello pese a que la tasa de reemplazo española –el cociente entre el último salario cobrado por el trabajador y la pensión que percibe al jubilarse– se sitúa entre las más altas. Así, la pensión media de jubilación cobrada en España se sitúa en 1.023,50 euros, por debajo de los 1.032 euros mensuales de Francia y de los 1.353 euros que ingresan los alemanes en los länder occidentales. La tasa de sustitución española es del 74%, pero antes de la reforma ascendía al 82%. La media de la OCDE se queda en el 68%.

Pero las medias pueden ser engañosas. En realidad, sólo en cuatro comunidades autónomas las pensiones contributivas superan los 1.000 euros mensuales, y por muy poco: País Vasco –1.100,32 euros–, Madrid –1.051,33–, Asturias –1.050,01– y Navarra –1.015,78–. La media nacional es de 883,53 euros. Y las más exiguas corresponden a Extremadura, con sólo 743,40 euros, y Galicia, con 749,67. Es en esas dos comunidades autónomas donde los salarios también son los más bajos.

Viudas, huérfanos, autónomos

Para hacer el cálculo anterior se suman a las de jubilación las pensiones de viudedad, orfandad, incapacidad permanente y favores familiares. Si se consideran únicamente las de jubilación, la cifra aumenta. Aunque tampoco mucho. Extremadura y Galicia siguen en la cola, con apenas 100 euros más: 848,94 y 849,58 euros brutos al mes. Superan los 1.000 euros los jubilados de siete comunidades –Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco– y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Tras presentar los Presupuestos del Estado para 2016, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, propuso hace una semana que las pensiones para viudas y huérfanos dejen de financiarse con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social y se cubran con los impuestos. El objetivo de la medida es solucionar el déficit de la Seguridad Social, que este año alcanzará el 1,1% del PIB, unos 13.000 millones de euros. Y dejar de echar mano al Fondo de Reserva, la hucha de  las pensiones, para pagar las extras de verano y navidad. Actualmente cobran estas prestaciones 2,35 millones de viudas y unos 340.000 huérfanos. La pensión media en el primer caso es sólo 631,30 euros al mes, y en el segundo, de 370,88 euros. Al mes suman 1.601 millones de euros.

La brecha también es considerable si se comparan las pensiones que cobran los autónomos y los asalariados del Régimen General. La pensión media de los trabajadores por cuenta propia no supera los 690,14 euros, los empleados por cuenta ajena casi la duplican: 1.167,87 euros de pensión mensual cuando se jubilan. La razón no es otra que el 85% de los autónomos cotizan por la base mínima.

¿Complemento privado?

Estas cifras son utilizadas por sindicatos y partidos de izquierda para pedir que se refuerce el sistema público de protección social; y por los grupos conservadores, el sector financiero e incluso el Banco de España para instar a la promoción de los planes de pensiones privados. Por ejemplo, Unió Democràtica de Catalunya (UDC) acaba de reclamar al Gobierno que mande “comunicaciones personalizadas” a los tres millones de autónomos, “en un plazo máximo de tres meses”. En ellas debería incluirse información sobre sus pensiones futuras en función de las cuotas que pagan ahora, a fin de que puedan “comenzar a planificar” la jubilación.

El grupo catalán recupera así parte de una iniciativa del Ministerio de Empleo para informar a todos los trabajadores sobre la cuantía de la pensión que percibirán al retirarse. La denominada “carta naranja” –por el sobre de ese color que reciben los suecos– quedó aparcada en un cajón del ministerio el año pasado. Redactado el real decreto correspondiente e incluso licitados y adjudicados los contratos para la elaboración de los cálculos y el envío de las cartas, la medida quedó atascada en el Ministerio de Economía. La patronal del seguro, Unespa, lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que los trabajadores sepan cuál puede ser su pensión para que puedan “acumular una bolsa de ahorro privado que ejerza de complemento de su pensión pública, si quieren mantener su poder adquisitivo cuando se retiren”, en palabras de su presidenta Pilar González de Frutos.

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, insistió este miércoles en que el recorte de las pensiones públicas es “inexorable” por una mera cuestión demográfica. Por tanto, invitó a los españoles a suscribir planes privados de pensiones. Sólo unos días antes ya había instado al ahorro a los jóvenes, en concreto, ante ese “inevitable” descenso de las pensiones públicas. Las críticas de los sindicatos y los partidos de la oposición han sido inmediatas. Para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y acusar a Linde de “generar miedo” y de convertirse en publicista de las entidades financieras que ofrecen los planes privados. El gobernador no hace sino repetir la tesis que defienden esas entidades, expertos actuariales y muchos economistas: para sostener el sistema público de reparto actual hay que recortar la cuantía de las pensiones que cobrarán los jubilados nacidos durante el baby boom de los 60 y 70baby boom.

Pero, además de los motivos demográficos, tras el recorte hay que colocar la reforma de las pensiones, iniciada por el PSOE en 2011 y ampliada después por el PP. Ese año, un trabajador cobraba al jubilarse el 81,2% de su salario. En 2013, último ejercicio del que hay datos, ya era el 73,9%, según datos de la OCDE. Es más, España será el país de la Unión Europea en que más aumentará la distancia entre sueldo y pensión desde ahora y hasta 2060 si se cumplen las proyecciones del último Informe sobre Envejecimiento de la UE: la brecha se agrandará en 30,4 puntos porcentuales en los próximos 45 años, el doble que Grecia –16,4 puntos–. Para entonces, la pensión pública que cobrarán los españoles equivaldrá a menos de la mitad de sus sueldos, el 48,6%.

Tasa de ahorro del 9,8%

Más allá de las reformas legislativas y de la demografía, Luis Linde eludió un dato fundamental que, sin embargo, conoce muy bien: la devaluación salarial y las cifras récord de desempleo han desplomado la tasa de ahorro de las familias españolas “hasta niveles históricamente bajos”, como admite el Banco de España en su último boletín sobre el asunto. Es decir, a los ciudadanos, con sueldos jibarizados, cuando no directamente entrampados en el paro, les resulta muy difícil, cuando no imposible, destinar parte de su renta a nutrir un plan de pensiones privado.

Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de las familias en 2014 fue del 9,8%, seis décimas menos que el año anterior. El propio Banco de España prevé que este ejercicio baje hasta el 9,5% y que en 2016 sea aún menor, del 8,7%. El órgano supervisor reconoce, además, que los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales, quienes han “sufrido un retroceso más intenso en sus rentas”, son también los que “han reducido en mayor medida sus tasas de ahorro”. Nada dice del cada vez mayor número de trabajadores que sólo pueden conseguir un contrato a tiempo parcial y cobran de media el 38% de un asalariado con empleo a tiempo completo –10.056 euros al año, según el INE–.

Ni los jóvenes ni los parados pueden ahorrar

Esos datos macroeconómicos los corrobora una encuesta realizada por Adicae, la asociación de usuarios de banca. Dos de cada tres personas menores de 36 años no ahorran ni un euro al mes. El 84% de los desempleados, tampoco. Sólo el 24% de los jóvenes consiguen ahorrar menos de 100 euros. Entre los parados, sólo el 5% puede reservar esa cantidad cada mes.

Prueba de las dificultades para ahorrar en tiempos de recesión es que el 86% de los menores de 36 años y de los parados llegan “muy justos a final de mes” y sólo después de “controlar mucho sus gastos”. Otro 12% de los más jóvenes admite “serias dificultades para pagar sus deudas y llega a final de mes en números rojos. Entre los inmigrantes, el 36% no puede ahorrar nada y el 79% llega muy justo a final de mes. Si se pregunta a los mayores de 65 años, sólo el 35% puede reservar algo de dinero cada mes y el 44% tiene problemas para pagar sus deudas.

La Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE apunta más detalles: el 42,4% de los hogares –1,4 puntos más que en 2013– no puede afrontar gastos imprevistos, que se calculan en 650 euros. En Canarias son el 68% de los hogares; en Andalucía, el 58,3%, y en Murcia del 55,6%. Además, el 10,2% de las familias, un punto más que el año anterior, se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda habitual, ya sea la hipoteca, el alquiler o los recibos de gas, luz y comunidad.

Fondos menos rentables que los bonos del Estado

Luis Linde también omitió un segundo dato. Los fondos privados de pensiones han tenido una rentabilidad media de sólo el 1,2% en los últimos 15 años. Según un estudio del profesor del IESE Pablo Fernández sobre la evolución de 313 fondos de pensiones entre 1999 y 2014, sólo 21 superaron la rentabilidad del Íbex 35, que fue de un 3,28% en ese periodo. Únicamente dos mejoraron la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años, un 5,83%.  Y un total de 58 fondos registraron una rentabilidad promedio negativa.

La patronal del sector, Inverco, cifra en 67.837 millones de euros el patrimonio de los fondos de pensiones privados individuales hasta el primer trimestre de este año, un 13,8% más que el año anterior. Pero el número de los partícipes cayó en 2014 un 0,5%, hasta los 9,94 millones. Además, en 2013 se multiplicó por 10 el volumen de fondos que los trabajadores atrapados en el paro de larga duración retiraron de sus planes de pensiones respecto a 2007. La crisis les forzó a sacar 462 millones, frente a los 44,2 millones de seis años atrás.

Con ocasión de la reforma fiscal que el Gobierno elaboró el año pasado, tanto Inverco como Unespa, la patronal de las aseguradoras, pidieron al Gobierno un mejor tratamiento de los sistemas privados de pensiones y medidas para aumentar su atractivo entre los ahorradores. Unespa, incluso, envió una polémica carta a los diputados de la Comisión del Pacto de Toledouna polémica carta, encargada de vigilar las pensiones, instándoles a promover los sistemas privados.

Así, el Ejecutivo ha bajado las comisiones, la de gestión del 2,5% al 1,75% y la de depósito del 0,5% al 0,25%. También ha limitado la aportación anual a 8.000 euros. El tope anterior era de 10.000 euros para los menores de 50 años y de 12.500 para los mayores de esa edad. Finalmente, se puede recuperar el dinero ahorrado a los 10 años de antigüedad.

Sin carta naranja en año electoral

Otra de las peticiones tradicionales de las entidades financieras es la llamada carta naranja, un documento con el que el Ministerio de Empleo tenía previsto informar a cada trabajador del cálculo aproximado de su futura pensión. Unespa quiere que los ciudadanos sepan cuál será el importe de su prestación para que decidan si necesitan un plan privado que la complemente. El pasado mes de noviembre, Empleo ya había adjudicado los contratos necesarios para llevar a cabo el envío de los primeros 5,3 millones de cartas. También había concluido los trabajos técnicos para hacer las proyecciones. Pero la Secretaría de Estado de Economía bloqueó el proyecto de real decreto, de abril de 2014, que regula ese “derecho de los trabajadores a una información personalizada sobre su futuro derecho a la jubilación”. Desde entonces, la carta naranja se encuentra en el limbo.

El primer cálculo de su futura pensión deberían haber empezado a recibirlo en sus casas el pasado mes de noviembre los mayores de 50 años. La previsión era enviarlo a un total de 17,65 millones de trabajadores en 2016. La carta tendría que incluir una proyección realizada suponiendo que hasta el momento de la jubilación el ciudadano va a seguir cotizando lo mismo que en los últimos 12 meses. La cantidad se reflejará en euros constantes, calculada sobre 14 pagas. La siguiente carta, con la estimación basada en las cotizaciones de 2014, deberían haberla recibido los trabajadores antes del pasado 16 de mayo.

Pese a que el borrador del real decreto deja claro que la cifra aportada se remitirá “a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros”, los sindicatos sospecharon motivos electoralesen el aparcamiento de la iniciativa durante un año plagado de llamamientos a las urnas.

España es el cuarto país del euro en que más ha aumentado la brecha entre el último sueldo que cobra un trabajador y la primera pensión que percibe cuando se jubila. En 2011, antes de la reforma de las pensiones, un trabajador cobraba al jubilarse el 81,2% de su salario. En 2013, último año del que hay datos, ya era del 73,9%, según datos de la OCDE. Es más, España será el país de la Unión Europea en que más aumentará la distancia entre sueldo y pensión desde ahora y hasta 2060 si se cumplen las proyecciones del último Informe sobre Envejecimiento de la UE: la brecha se agrandará en 30,4 puntos porcentuales en los próximos 45 años, el doble que Grecia –16,4 puntos–. Para entonces, la pensión pública que cobrarán los españoles equivaldrá a menos de la mitad de sus sueldos, el 48,6%.

La reducción será el resultado de los últimos cambios introducidos en los parámetros para calcular la pensión: el aumento del número de años necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora y la ampliación a 25 años del periodo para calcularla. El factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, introducidos en 2013, sumados al aumento a 67 años de la edad de jubilación y de los coeficientes de reducción para desincentivar el retiro anticipado, contribuirán también al progresivo recorte de las pensiones públicas para las nuevas generaciones de jubilados.

Las mayores exigencias para ese cálculo tienen un efecto añadido: los trabajadores con carreras de cotización interrumpidas –como ocurre en mayor proporción con las mujeres, o en caso de desempleo, por ejemplo–han sufrido ya un recorte superior en la pensión, hasta el 70,5% del sueldo. Sin contar que en los dos años de referencia utilizados para calcular la caída de la tasa de sustitución el salario medio en España era de 23.200 euros anuales y en la OCDE, de 27.800. El informe de la UE sólo analiza la ratio entre el salario y la pensión, pero nada dice sobre los efectos de la devaluación salarial en la cuantía de las pensiones de los futuros jubilados.

Pensiones privadas

España llegó a contar con una de las tasas de sustitución –la ratio entre la pensión y el último salario cobrado– más altas de la Unión Europea. La superaban dos países tan dispares como Grecia –95,7%–, Luxemburgo –90,3%– o los Países Bajos –89,1%– y, en el ámbito de la OCDE, Islandia –109,1%–, por ejemplo. Las reformas de 2011 y 2013 tenían como “objetivo obvio” reducir esa tasa de sustitución, según explica el Banco de España en un documento de trabajo de 2014. La tesis del Gobierno, del Banco de España y de una parte de los expertos, defiende la necesidad de recortar el gasto público en pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema, que peligra por culpa del aumento de la esperanza de vida. De ahí que aboguen por estimular el recurso a las pensiones privadas para complementar unas prestaciones públicas cada vez más exiguas.

“Cuando la tasa de reemplazo alcanza niveles máximos, como en España y Austria, el ahorro privado de previsión se sitúa alrededor del 2% del PIB”, explica el BBVA en un documento de trabajo sobre Pensiones, bienestar y crecimiento económico de enero de 2014. Por el contrario, cuando menor es esa tasa, el ahorro privado asciende hasta el 12% del PIB.

Es el caso de países como Alemania, donde la pensión pública alcanzaba sólo el 42% del sueldo del trabajador en 2011. Y en el 42% sigue. En Francia ha subido 10 puntos en esos dos años, hasta llegar al 59,1% en 2013, según datos de la OCDE. También ha crecido la tasa de sustitución en Italia, del 64,2% al 71,2%. Por el contrario, las mayores caídas las han sufrido Grecia –32 puntos en dos años–, Luxemburgo –31 puntos– e Islandia –26 puntos–.

Estos descensos, así como los proyectados hasta 2060, se deben, explica el informe sobre envejecimiento de la UE, a las citadas reformas en los métodos de cálculo de la pensión y a la introducción de factores de sostenibilidad en estos países. Así ha ocurrido en Polonia, que registrará hasta 2060 la segunda mayor caída de la tasa después de España –24,4 puntos–. Por establecer una comparación, en Alemania se prevé un recorte de sólo siete puntos; en Francia, de 11,4. De media, la tasa bajará en la zona euro del 48% actual al 35% dentro de 45 años.

Menor pensión de forma inevitable

El propio informe comunitario reconoce que la reducción de la tasa de reemplazo tiene un “efecto negativo”: genera pensiones insuficientes si cae por debajo de un umbral mínimo y “los gobiernos no crean otros formas de acceder a una pensión”.

El pasado miércoles, fue el gobernador del Banco de España, Luis Linde, quien abundó en esta dirección cuando aconsejó a los jóvenes que ahorren porque “la pensión media será cada vez menor de forma inevitable”. Aunque él atribuyó esa fatalidad únicamente a “razones demográficas”, sin mencionar los cambios legislativos de los últimos dos años. Las críticas le llovieron desde la oposición política hasta los sindicatos, que no dudaron en acusar a Linde de actuar como un “comercial de los fondos de pensiones privados”.

España gasta en pensiones el 10% de su PIB, 96.170 millones de euros en 2014. Para este año, el gasto previsto es de 131.658,93 millones de euros, el 10,4%, dos puntos menos que la media de la zona euro y cuatro puntos menos que Francia. También estará por debajo de Italia –14,9%– y Alemania –10,5%–. Según las cuentas del Gobierno, y gracias a las reformas aplicadas al sistema, en 2060 el gasto debería haberse contenido hasta el 9,6%.

La brecha salarial entre los sexos no sólo es una distorsión con obvios perjuicios para quienes cobran menos, sino que el agravio, además, se perpetúa al llegar la hora de jubilarse. Las mujeres tienen salarios un 17% inferiores a los hombres y cotizan menos años y de forma más desigual. Además se han incorporado más tarde al mundo del trabajo. El resultado es que, por ejemplo, la jubilación anticipada en España es un asunto de hombres. En enero y febrero de este año se han retirado antes de la edad legal –65 años y tres meses– un total de 18.306 hombres, casi el triple de las 6.676 mujeres.

La Seguridad Social sólo proporciona datos de las altas de jubilación, distribuidas por sexo y edad, de estos dos primeros meses de 2015. No ofrece ninguna cifra así detallada de años anteriores. En 2014, en cualquier caso, accedieron a la jubilación anticipada un total de 122.517 trabajadores, un 3% más que el año anterior, aunque casi un 4% menos que en 2012. No es un número pequeño precisamente: equivalen al 41% de los que se jubilaron el año pasado: 298.493 personas. De ellas, el 65% fueron hombres. Es decir, el número de varones que se jubilan a la edad legal no llega a duplicar al de mujeres; pero el de los que se prejubilan lo triplica.

Y es así porque, con sueldos más bajos y menos tiempo cotizado –el 72% de los contratos a tiempo parcial los firman mujeres–, las trabajadoras lo tienen más difícil para alcanzar a los 61 años los 33 de cotización que exige la ley para prejubilarse a esa edad, también para conseguir una cuantía de pensión suficiente. Tanto a la jubilación anticipada a los 61 años –previo despido y con seis meses inscrito en el paro antes de solicitar el retiro– como a la voluntaria a los 63 años –que requiere sumar 35 años cotizados– se les aplican unos coeficientes reductores sobre el salario cobrado en activo. De ahí que sean necesarios mejores sueldos para jubilarse antes de la edad legal. Y ahí las mujeres están en desventaja: deben trabajar más años para conseguir una pensión digna.

Dos millones de mujeres con pensiones de menos de 600 euros

De hecho, la pensión media de los prejubilados es superior a la de quienes dejan de trabajar a la edad legal: la mayoría proceden del régimen general –las pensiones de los autónomos son más bajas– y de los sectores de actividad con bases de cotización más altas. Así, en los dos primeros meses del año, la pensión media de los prejubilados asciende a 1.550 euros mensuales, por sólo 1.233 euros la de los retirados a los 65 años y tres meses.

Claro que no sólo se prejubilan menos las mujeres por falta de años cotizados, sino que también su pensión es menor porque cobran salarios inferiores cuando trabajan. Los hombres jubilados anticipadamente en enero y febrero de este año perciben una pensión media de 1.503,76 euros al mes, mientras que las mujeres tuvieron que conformarse con 1.121,32 euros, un 25,4% menos.

La brecha salarial es aún más patente si se observa la cuantía de las pensiones en vigor, independientemente de la edad de retiro. El número de mujeres que cobra prestaciones por jubilación de menos de 600 euros mensuales –2,1 millones a 1 fecha de marzo– duplica al de hombres. Pero jubiladas que perciben pensiones superiores a los 2.000 euros sólo hay 91.670. Los hombres ascienden a 538.929, casi seis veces más.

Más mujeres en el mercado de trabajo

De las 5,6 millones de pensiones de jubilación que paga el Estado, 273.809 las abona a hombres retirados antes de los 65 años. Y sólo 93.540 a mujeres, tres veces menos. Esta brecha adicional debería ir cerrándose conforme vayan jubilándose los españoles del baby boom de los años 60 y 70, incluidas las mujeres que fueron incorporándose masivamente al mercado de trabajo en los 80 y 90.

Si en 1982, la Encuesta de Población Activa (EPA) sólo registraba 3,2 millones de mujeres ocupadas, en 2014 eran ocho millones. Oro tanto debería ocurrir con los salarios, si la precarización del empleo en los próximos años de recuperación económica lo permite. Según los datos más antiguos que recopila el Instituto Nacional de Estadística (INE), la diferencia salarial entre hombres y mujeres era en 1995 casi el doble de la actual: el 30%.

España es el único país de la OCDE que ha roto su hucha de las pensiones en los últimos años. Este organismo internacional elabora cada año un informe sobre grandes fondos de pensiones y Fondos de Reserva de la Seguridad Social. Tras analizar 21 de estos fondos públicos pertenecientes a 16 países distintos, concluye que sus activos crecieron una media del 7,1% entre 2012 y 2013. Los que más aumentaron el volumen de sus reservas fueron Chile, con un 36,4% y Argentina, con el 34,6%. El de Nueva Zelanda creció un 20,2%. Y entre el 10% y el 20% medraron los de China, Japón, Canadá, Australia e India. Por el contrario, la hucha española perdió un 14,7% de sus fondos sólo en 2013hucha. Si se suman los fondos apartados por el Gobierno del Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 2012 a 2014 la cifra asciende a 33.951 millones de euros. Así, a día de hoy, la hucha ha menguado casi un 38%hucha desde los 66.815 millones que llegó a acumular en 2011.

El Gobierno ha echado mano del Fondo de Reserva para pagar las extras de las pensiones en julio y diciembre. Es la misión para la que fue creada la hucha en 2000: cubrir posibles desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Las cifras récord de paro y la devaluación de los salarios de quienes trabajan han reducido las cotizaciones y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social, que deben hacer frente, sin embargo, a un número cada vez mayor de jubilaciones. Así, la ratio entre afiliados y pensionistas había descendido el pasado febrero hasta 2,25ratio, al nivel de diciembre de 1999. Hay que recordar que la Seguridad Social ha perdido tres millones de cotizantes desde 2008 por culpa de la crisis.

Pero España no ha sido el único países europeo tocado por la recesión económica y forzado a cambiar sus mecanismos de reserva financiera. La hucha de las pensiones de Portugal, con un volumen mucho menor de activos, 14.800 millones de euros, y una crisis aún peor que la española, los multiplicó un 6,9% en 2013. Aunque, al igual que España, tuvo que hacer algunas modificaciones en su cartera de inversiones: las aumentó en renta fija y las redujo en acciones y en valores inmobiliarios. Irlanda fue más expeditiva. Su fondo de reserva ha dejado de serlo y se dedica ahora a colocar los Fondos de Inversión Estratégica de Irlanda, lo que le asemeja a un fondo soberano, asegura el informe de la OCDE.

Sólo en deuda pública española

Es necesario aclarar que los fondos de estas huchas nunca están quietos, sino que se encuentran invertidos y generan rendimientos, 21.843 millones de euros en sus 15 años de existencia en el caso español. Esto es, su rentabilidad acumulada es del 5,06%.

Desde el año pasado, el 100% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social está invertido en deuda pública españolainvertido en deuda pública española. Pero hasta ese momento, también había servido para comprar bonos alemanes, holandeses y franceses. La ley permite invertir al Gobierno hasta el 55% en títulos públicos de esos países. Y en 2007 rozó ese porcentaje. Sin embargo, desde 2012 el Gobierno se ha ido desprendiendo de esos activos extranjeros y centrándose en exclusiva en bonos y letras españoles.

Fue uno de los cambios adoptados por el Gobierno en plena crisis de deuda, con la prima de riesgo batiendo récords. Otro consistió en eliminar el tope del 3% del gasto anual en pensiones que se le permitía sacar cada año de la hucha. En principio, la supresión caducaba en 2014; el año pasado se prorrogó hasta 2016. Para el ejercicio en curso, el Ejecutivo prevé retirar del Fondo de Reserva unos 8.500 millones de euros.

UGT alerta de que, a esta velocidad, la hucha de las pensiones se agotará en tres añoshucha. Por eso, reclama medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social –“acabar con el alto nivel del desempleo y la devaluación salarial”, así como suprimir las rebajas en las cotizaciones de los empresarios–, “frente a la comodidad del Gobierno de disponer de sus reservas hasta que se agoten”.

Con su modelo de inversión en deuda pública nacional, el Fondo de Reserva español se encuentra entre los fondos más conservadores de la OCDE. Por ello, también entre los que obtienen rendimientos más bajos. Se parece, por tanto, a los de Estados Unidos y Bélgica, por ejemplo, obligados por sus respectivas leyes a invertir únicamente en este tipo de títulos públicos nacionales.

Del conservador estadounidense a los innovadores suecos

El United States Social Security Trust Fund es el mayor fondo de reserva del mundo, con 2,6 billones de euros. También el más antiguo: fue creado en 1940. Su volumen equivale al 16,5% del PIB de EEUU. El español representa el 5,3% del PIB nacional. El portugués lo supera: el 7,1%. La media de los países analizados asciende hasta el 18,3%.

A la hucha estadounidense le siguen el fondo japonés, con 1,1 billones de euros, y el surcoreano, con 373,6 millones de euros, que resulta ser el de mayor peso de todos respecto de su PIB nacional, nada menos que un 32,4%. También tienen una considerable importancia en esos mismos términos los fondos de reserva suecos. Son cinco. Cada uno de los cuatro primeros –denominados AP1, AP2, AP3 y AP4– recibe un cuarto de las contribuciones al sistema de pensiones, y cada uno de ellos paga un cuarto de las prestaciones, El quinto –AP6– ni recibe cotizaciones ni paga prestaciones, se nutre únicamente de los rendimientos generados por los 1.100 millones de euros con que fue creado en 1996. Su misión es invertir en empresas no cotizadas a través de fondos de inversiones. En conjunto, los cinco fondos representan el 29% del PIB sueco.

También son de los que más arriesgan con sus inversiones. Tienen la mitad de sus activos colocados en acciones cotizadas. Y no les hacen ascos a los hedge funds –fondos de alto riesgo– o los valores inmobiliarios y las infraestructuras. Además, son de los escasos fondos que apuestan por bonos verdesverdes, como proyectos de potabilización y energía. Finalmente, han duplicado sus inversiones en deuda de países emergentes.

Tendencia a aumentar el riesgo y los rendimientos

Pese a que los fondos de reserva en la OCDE mantienen, por lo general, programas de inversión “conservadores”, poniendo el foco en “la estabilidad a largo plazo, la seguridad y la liquidez de sus activos”, la tendencia en los últimos años es reducir el porcentaje de deuda pública y renta fija y aumentar el de acciones y productos que el informe denomina “alternativos”: desde inversiones inmobiliarias hasta infraestructuras y capital riesgo. Es lo que están haciendo, además de Suecia, países como Nueva Zelanda, Australia o Canadá, asegura la OCDE. Hay otros fondos, además, que compran fuera de sus respectivos territorios. Chile tiene toda su cartera invertida en el extranjero, incluidos mercados emergentes.

Así, multiplican los riesgos, pero también los rendimientos. En 2013, la rentabilidad media de los fondos de reserva analizados era del 10,1%, casi dos puntos más que el año anterior. Claro que la hucha de Nueva Zelanda ganó un 24,1% en términos reales. Argentina, un 20,6%. Los cuatro fondos suecos consiguieron rendimientos entre el 11% y el 16,2% en 2013. Sólo el Fondo de Reserva de Chile tuvo ese año rentabilidad negativa: un -2,8%.

En 2015, los presupuestos de la "consolidación de la recuperación" serán también los de "la devolución  a la sociedad" de los sacrificios realizados. Es palabra de ministro de Hacienda; es palabra de Cristóbal Montoro. Pero, a la vista de los números, la "devolución" no va a ser igual para todos. Entre letra pequeña y porcentajes escondidos, se ocultan malas noticias para algunos -por ejemplo, para los pensionistas- y muy buenas para otros, como es el caso del personal de alta dirección al servicio de las Administraciones Públicas. Los pensionistas van a perder capacidad de compra en 2015 y directivos y altos cargos van a cobrar más. Así lo recoge el proyecto del Gobierno.

El tema más sensible es el de las pensiones. El proyecto de presupuestos prevé la subida mínima prevista tras la reforma del sistema, un 0,25%. Para una pensión media de 1.000 euros, el aumento supone apenas 2,5 euros al mes. Es poco, admiten fuentes ministeriales, pero como los precios -la inflación- apenas crecen, puede suceder que las pensiones, tanto en 2014 como en 2015, no pierdan poder adquisitivo.

El argumento, cuando el IPC de los últimos doce meses se situó en septiembre en negativo (-0,2%), apuntala el mensaje del optimismo. Pero no se lo cree ni el mismo Gobierno.

El deflactor del PIB

En el cuadro macroeconómico, que es el cimiento sobre el que se asientan las cuentas del próximo año, se recoge un indicador -llamado deflactor del consumo privado- que sirve para calcular la evolución real de la economía. En 2015, ese indicador -similar al que se estima para el producto interior bruto- es el 0,6%. No es el IPC, pero puesto en relación con la subida mínima de las pensiones permite concluir que el Ejecutivo prevé una pérdida del poder adquisitivo de los nueve millones de pensionistas. Las pensiones subirán el 0,25%, pero en una economía que engordará más del doble de ese porcentaje. El resultado será una mengua para el bolsillo de un colectivo muy vulnerable.

Todo lo contrario de las noticias que el plan presupuestario del Gobierno dirige a los mejor situados en la Administración del Estado. El gasto previsto en 2015 para la "alta dirección" al servicio de la Administración ascenderá a 612,86 millones de euros. La cifra es un 3,2% superior a la destinada al mismo colectivo en 2014.  Es una subida que contrasta con la congelación, por quinto año consecutivo, del salario de los funcionarios.

La subida para el personal de alta dirección -Hacienda no detalló su número- supone apenas 20 millones de euros más; aparentemente es una cifra menor, pero contrasta con los anuncios de austeridad y recortes que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha repetido en diferentes conferencias de prensa tras el consejo de ministros. 

Sin detalles

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó entrar en detalles en la conferencia de prensa de este martes para presentar el proyecto de presupuestos. Preguntado acerca de la subida para la alta dirección, se limitó a señalar que "los funcionarios públicos están haciendo una labor extraordinaria para salvar a España de la crisis". "¿Qué necesita la Aministración pública?", se preguntó Montoro. Y él mismo se respondió: "también tiene que estar bien retribuida, y eso es lo que tiene que haber en España".

El anexo de personal que acompaña al proyecto de presupuestos no detalla el número de contratados como "alta dirección" en la Administración Pública. Sí detalla, por el contrario, el número de altos cargos, que cifra en 447 en 2015.

Enterradas entre las cifras de la Seguridad Social consta también la previsión de seguir metiendo la cuchara en la hucha de las pensiones que el Gobierno encontró al llegar al poder en 2011 (66.800 millones de euros). En 2015, según figura en el Capitulo VI (página 275)  del proyecto de presupuestos, la cuchara rebañará 9.835 millones para poder pagar las pensiones. Es un 19% menos de lo previsto para este año (12.127 millones), pero otro significativo recorte al colchón.

El recurso a lo ahorrado, en el año en que echará a andar la rebaja fiscal, contrasta con el aumento de las exenciones fiscales. Los beneficios fiscales, en contra de las recomendaciones de buen número de expertos, que las consideran un "coladero", crecen hasta los 40.719 millones (un 6,1% más). Aumentan en sociedades (3.949,74 millones de euros, un 19,3% más); IVA (18.383,92 millones de euros, un 10,6% más) e impuestos especiales (885,93 millones, con un aumento del 7,2% ) y bajan en el IRPF, donde llegarán a 15.216,62 millones de euros, un 1,9% menos. 

Así lo ha dictaminado la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social –el árbitro en esta disputa legal– tras una reunión celebrada el pasado martes. Entonces volvió a cambiarse el criterio que –parecía– había quedado asentado en una circular el pasado día 1, apenas cuatro días antes, donde sí se les reconocía a estos trabajadores, con convenio especial tras haber sido despedidos, el derecho a jubilarse a los 61 años. Esa instrucción modificaba, a su vez, otra del 13 de junio que les privó de esa posibilidad y que daba la vuelta al criterio mantenido desde marzo de 2013 por el INSS a la hora de conceder las jubilaciones anticipadas.

Desde que se emitió esa circular, que es de carácter interno y no se publica, el INSS ha estado denegando las jubilaciones anticipadas a los trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 que alcanzan la edad legal de retiro antes del 1 de enero de 2019 y, una vez agotada la prestación por desempleo y sin derecho al subsidio, suscriben un convenio especial con la Seguridad Social para seguir cotizando y garantizarse una pensión suficiente. Es decir, les excluyó de la cláusula de salvaguarda que la propia Ley 27/2011 y el real decreto de 15 de marzo de 2013 establecían para estos trabajadores a punto de jubilarse.

Esa cláusula, sin embargo, se ha estado aplicando durante 16 meses, desde marzo de 2013 hasta junio de este año. El cambio repentino de criterio y las denegaciones subsiguientes han sembrado la alarma entre este grupo de trabajadores, que se han organizado en foros en internet, y entre sus asesores laborales: cada dirección provincial o incluso distintos funcionarios de la misma oficina, dependiendo del día, daban a los afectados respuestas contradictorias. CCOO escribió al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, el pasado 30 de julio, para pedirle que anulase el criterio del 13 de junio.

Fueron los “reparos” de la Intervención los que motivaron la circular del 13 de junio. Según la interpretación que este órgano hace de la ley, firmar un convenio especial –y cotizar, por tanto– equivale a estar incluido en un régimen de la Seguridad Social –general, autónomos, del Mar, del Carbón–. Para apoyarlo, la Intervención recurre ahora a una orden ministerial de 2003 que considera a los suscriptores de un convenio especial “en situación de alta o asimilada a la de alta en el régimen o, en su caso, en los regímenes de la Seguridad Social en que se haya suscrito”.

“Evidente endurecimiento tras la reforma”

Por el contrario, el INSS ha estado interpretando hasta ahora que, para estar incluido en uno de esos regímenes, el despedido debía volver a trabajar, realizar una actividad profesional. Ése ha sido el criterio que ha prevalecido durante 16 meses. De hecho, la propia Dirección General de Ordenación lo reiteraba en sus informes a la Intervención cada vez que ésta ponía reparos a una jubilación anticipada concedida de acuerdo con esos argumentos.

Así, Ordenación reconoce el “evidente endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada” en caso de despido que ha traído la reforma de las pensiones de 2011, y llama la atención sobre los “graves perjuicios” que puede suponer su aplicación a trabajadores “con edades muy próximas a los 65 años que habrían cumplido los requisitos para jubilarse con 61 años al amparo de la anterior legislación, pero no los alcanzan si se les aplica la nueva”.

Precisamente evitar las “situaciones de desprotección” en que pueden caer estos trabajadores es el motivo por el que la Seguridad Social consideraba, hasta ahora, que debían ser incluidos en la cláusula de salvaguarda y permitírseles la jubilación anticipada en los términos más favorables. Los informes detallan incluso en qué consisten esa desprotección: los afectados no perciben pensión hasta los 63 años y se quedan sin derecho a subsidio o tienen que cobrarlo durante mucho más tiempo.

Cotizaciones “irrelevantes” y “derecho a opción”

Pues bien, este criterio parecía haber vuelto a imponerse el 1 de agosto en una nueva instrucción interna que, según precisan ahora fuentes de Empleo, “no llegó a circular”. Aunque su difusión debió de ser suficiente para instar a la reunión del pasado martes. Finalmente, la última instrucción amplía la del 13 de junio e impone las restricciones defendidas por la Intervención.

Sólo podrán jubilarse a los 61 años con las condiciones anteriores a la Ley 27/2011 los beneficiarios de una prestación contributiva o del subsidio tras un despido anterior al 1 de abril de 2013, y quienes realicen trabajos esporádicos o a tiempo parcial que impliquen cotizaciones “irrelevantes”, dice textualmente la circular. Por “irrelevantes” entiende la Dirección General de Ordenación las cotizaciones inferiores a 30,41666 días. También quedan protegidos por la cláusula de salvaguarda los trabajadores con convenio especial despedidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o tras un concurso de acreedores.

En todo caso, Ordenación parece reconocer las “situaciones de desprotección” a las que aludía el INSS, porque para impedirlas establece el “derecho de opción”: que se permita al trabajador elegir entre esperar a tener los requisitos para la jubilación ordinaria –a los 65 años y dos meses en 2014– o bien acceder a la jubilación anticipada a los 61 años pero con las condiciones más duras –menos pensión– establecidas en la reforma de 2011. “No estamos ante la tesitura de reconocer la pensión solicitada con la aplicación de la legalidad (de las dos posibles) que resulte más favorable […]. Se trata más bien de que el trabajador […] decida sobre su solicitud”, concluye la circular interna.

Garantías o tribunales

Una portavoz del Ministerio de Empleo justificó a infoLibre estos vaivenes en el hecho de que la Seguridad Social está “en permanente proceso de revisión de sus actuaciones”. “Y siempre lo hace con criterios de equidad y atendiendo al interés general”, destacó. Según explicó, la Seguridad Social intenta aplicar la ley “de la forma más garantista posible y cuando recibe dudas sobre determinadas interpretaciones de la norma se estudian y precisan”. También negó que la restricción tenga como motivo el ahorro.

Pero lo que para Empleo es equidad y garantías para los afectados se convierte en inseguridad jurídica. A quienes se ha denegado la jubilación a partir del 13 de junio deberán primero presentar una reclamación ante el INSS y luego acudir a los tribunales para reclamar que se les trate igual que a quienes, cumpliendo los mismos requisitos, se les contestó afirmativamente antes de esa fecha. El problema es que, como los temas de Seguridad Social no se consideran urgentes –como los despidos–, el juicio puede retrasarse en las principales capitales, hasta 2016, aseguran abogados laboralistas.

El Consejo Económico y Social (CES) pide al Gobierno que “reconsidere” su decisión de sustituir el IPC por un índice de revalorización según los ingresos y gastos de la Seguridad Social como figura en el anteproyecto de ley sobre reforma de las pensiones. En la propuesta de dictamen que hoy discutirá el CES en sesión plenaria, el organismo asegura que ese índice producirá “una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como la actual, que además no llegará a recuperarse”pérdida de poder adquisitivo.

Es más, destaca que, aun obteniendo superávit la Seguridad Social en los próximos años, “difícilmente las revalorizaciones de pensiones superarían el tope mínimo, el 0,25%, ya que, posiblemente, se neutralicen éstos con los déficit obtenidos anteriormente”. La consecuencia, alerta el CES, será una “disminución significativa de la pensión en términos reales”. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, recomienda al Gobierno que establezca “algún elemento adicional de corrección” que “module” el índice de revalorización y en caso de superávit, “proporcione una actualización que preserve el poder adquisitivo”.

El dictamen, aprobado en la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES, también critica que el Gobierno quiera aplicar el índice de revalorización a todas las pensiones contributivas, “sin diferenciar por clases ni cuantías”, porque atenta contra la “equidad” del sistema. El organismo le recuerda que el 50% de las pensiones contributivas no llegan a 650 euros mensuales y que el 27,7% necesitan complementarse para alcanzar la cuantía mínima.

Además, reprocha al Ejecutivo que los elementos que alimentan la fórmula del nuevo índice se basen en “estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo”, que además de estar sujetas a “un alto grado de incertidumbre”, muestran “un margen de error”. Tampoco le parece adecuado el “alto grado de discrecionalidad” que permite dicha fórmula, puesto que algunas de sus variables, explica, “dependen de decisiones políticas”. Exactamente lo contrario que argumenta el Ejecutivo, quien defiende que ha diseñado un mecanismo que quedará libre de las necesidades electorales del Gobierno de turno. Por último, el dictamen echa en falta que el anteproyecto de ley no mencione si el índice se va a aplicar también a las pensiones no contributivas.

El CES es un órgano consultivo del Gobierno en el que están representados los sindicatos, la patronal, las organizaciones de consumidores, las cooperativas, las empresas de la economía social y también la Administración. El dictamen que emita en este caso, aunque preceptivo, no es vinculante. Y podrá ir acompañado de votos particulares.

Sin mencionar los ingresos

El que se presentará hoy para su aprobación en el pleno del CES hace suyos buena parte de los argumentos esgrimidos por los sindicatos y la oposición sobre la reforma de las pensiones. Y critica sin aspereza pero con contundencia los puntos fundamentales del anteproyecto que el Consejo de Ministros aprobará el viernes. No sólo el índice de revalorización, sino también el factor de sostenibilidad, que el Gobierno quiere aplicar a partir de 2019 y que reducirá la cuantía inicial de la prestación según el aumento de la esperanza de vida de cada generación.

Así, al CES dice “preocuparle” la “automaticidad” de ese factor, por lo que reclama al Ejecutivo que module su aplicación combinándolo con otras variables “con incidencia positiva sobre los ingresos”, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral, a imitación de lo que hacen otros países del entorno europeo. Porque el primer reproche al Gobierno que sale de la boca del CES se refiere al hecho de que la reforma sólo tenga en cuenta las variables demográficas que afectan a la evolución del gasto del sistema de pensiones, pero no haga mención alguna a la evolución de los ingresosingresos, “marcada en los años más recientes por el desplome del empleo”. Es la consiguiente reducción de las cotizaciones sociales el principal factor, dice el CES, que explica el deterioro del saldo presupuestario de la Seguridad Social. De ahí que el dictamen recomiende al Gobierno que estudie “vías alternativas de financiación del sistema”.

En realidad, el dictamen comienza sus críticas al anteproyecto con una enmienda a la totalidad, asegurando que éste no se ajusta al mandato establecido en la Ley 27/2011, la última reforma del sistema de pensiones, “ni en la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor”. Después el CES dice echar en falta que el texto del Gobierno diferencie entre “retos coyunturales”, como la caída de la afiliación a la Seguridad Social, y problemas estructurales, los vinculados al envejecimiento de la población.

Desde las bases de datos hasta las medias móviles

Pero después el dictamen extiende sus críticas hasta los detalles más técnicos. Así, censura que el anteproyecto no mencione si el factor de sostenibilidad se va a aplicar sólo a las pensiones contributivas y, en concreto, a las pensiones de incapacidad permanente. También cree que debería concretar qué bases de datos va a utilizar para configurar el factor de sostenibilidad, ya que “la Seguridad Social no ha publicado hasta la fecha tablas de mortalidad actualizadas”. Y le insta a determinar si, para elaborar los datos de esperanza de vida, va a usar proyecciones lineales, “con el consiguiente factor de incertidumbre”, o datos reales calculados a posteriori.

Finalmente, el CES ataca incluso la “volatilidad” de la fórmula diseñada para calcular el factor vinculado a la esperanza de vida. Sólo utiliza dos valores de ésta en un periodo de cinco años para hallar la variación media interanual. Así que pregunta por qué no se emplean medias móviles de todos los años del quinquenio, tal y como se opera en el caso de los ingresos y gastos del sistema para calcular el índice de revalorización de las pensiones.

A toda prisa

Además de las críticas de fondo, el CES se queja duramente del procedimiento que el Gobierno ha seguido para reclamar su dictamen. “En esta ocasión”, protesta, “la solicitud se ha hecho coincidir en el tiempo con las consultas a los agentes sociales, grupos parlamentariosconsultas, la Comisión del Pacto de Toledo y diferentes agentes y sectores representativos, lo que resulta inadecuado al tener que dictaminar un texto que todavía no cuenta con el suficiente grado de madurez” y, por tanto, sufrirá modificaciones sobre las que no va a poder emitir su dictamen. A juicio del órgano consultivo, esa forma de proceder “ha condicionado en gran manera la discusión en el seno de la comisión de trabajo, a lo que se añade la perentoriedad del plazo para su emisión”. El Ejecutivo le envió el texto del anteproyecto el pasado día 16.

El Consejo Económico y Social requiere al Gobierno que “recupere, mantenga y reimpulse” el Diálogo Social. Ése el cauce que considera adecuado para reforzar la viabilidad del sistema, toda vez que se declara consciente de la “situación coyuntural de las cuentas de la Segurida Social” y de los “compromisos en materia de consolidación fiscal” del Gobierno. Pero deja claro que ese refuerzo debe respetar los principios de “contributividad, equidad, solidaridad intergeneracional y suficiencia de las pensiones”, así como garantizar “el derecho a su revalorización, preservando en todo caso su poder adquisitivo”.

Las pensiones, el programa estrella del Estado del bienestar español, suele convertirse en el centro de encendidos debates cada vez que los gobiernos, las empresas o los economistas hablan de tocarlas. Los partidos políticos las utilizan como baza electoral o temen los efectos que cualquier insinuación sobre su reforma, o congelación o recorte tiene en las urnas. Antes de final de año el Ejecutivo ha prometido cambios sustanciales en el sistema español de pensiones. Tanto el PP como los grupos de oposición invocan el sagrado nombre del Pacto de Toledo para justificar la reforma, el primero, y para objetarla, los segundos.