Poco a poco, a cuenta gotas, Alberto Núñez Feijóo va dando forma la nueva etapa del PP. Concluido el congreso extraordinario y enterrado Pablo Casado, el todavía presidente de la Xunta situó este domingo en los puestos clave de Génova 13 a cuatro personas de su absoluta confianza y consolidó la influencia de su homólogo andaluz, Juanma Moreno.

Al frente de la nueva vicesecretaría de Proyección e Imagen —toda una declaración de intenciones— ha situado a la periodista Mar Sánchez, una figura vinculada a Feijóo desde que comenzó su carrera política. Sánchez es considerada por muchos periodistas en Galicia como la responsable de la estrategia de medios que durante trece años ha garantizado al presidente de la Xunta, con pocas excepciones, un ecosistema informativo poco dado a las críticas y siempre dispuesto a las alabanzas que explica en gran medida la solidez de sus mayorías absolutas.

Con ella estará también otra mujer clave en el equipo de Feijóo: su jefa de gabinete, Marta Varela, otra periodista que comenzó a trabajar con el presidente en su equipo de comunicación hace nueve años. Ella ha sido durante mucho tiempo la principal responsable de los discursos que pronuncia su jefe.

Al lado de Feijóo, como vicesecretario de Organización y encargado de hacerse cargo de las tripas del PP, estará otro incondicional del presidente, el secretario general del partido en Galicia, Miguel Tellado. Licenciado en Ciencias Políticas, es un fontanero de libro —con ese nombre designan los partidos a los dirigentes especializados en mantener a punto los engranajes internos y garantizar el orden— que lleva seis años siendo el número dos de Feijóo en el PP gallego.

El cuarto puesto clave de Génova que ocuparán los fieles gallegos de Feijóo ya la anunció el viernes. Se trata de la Vicesecretaría Electoral, al frente de la cual estará Diego Calvo, diputado autonómico y expresidente de la Diputación de A Coruña. Suya será una responsabilidad especialmente relevante en víspera de elecciones: la confección de las candidaturas.

Al frente de la Vicesecretaría de Economía, destinado a redactar la oferta electoral del partido en en plena crisis económica y cuando los ciudadanos más van a estar pendientes de lo que afecta sus bolsillos, estará el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, el segundo miembro del Gobierno de Juanma Moreno que formará parte activa de la nueva dirección del PP nacional junto al coordinador general, Elías Bendodo, consejero de Presidencia. 

Gracias a ellos, Moreno se consolida como el barón más influyente en la calle Génova justo cuando se dispone a convocar elecciones y más necesita mostrarse como un líder nacional con capacidad de mando más allá del Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía.

El eurodiputado Esteban González Pons, valenciano pero muy próximo a Feijóo, será el vicesecretario Institucional, encargado de los temas europeos y de la política exterior, donde el nuevo presidente quiere tejer pactos de Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pons es uno de los dirigentes del partido más en línea con la moderación de sus socios europeos y por eso uno de los que menos gusta a la ultraderecha de Vox, a la que en varias ocasiones no ha dudado en calificar como tales.

Los otros dos nombres que anunció Feijóo este domingo —es de esperar que habrá en las próximas semanas y meses, según el presidente del partido— corresponden a dirigentes del PP Madrid y de Castilla-La Mancha. La Vicesecretaría de Política Autonómica y Local quedará en manos del madrileño Pedro Rollán, exalcalde de Torrejón y persona de confianza de Isabel Díaz Ayuso. Y la de Políticas Sociales corresponderá a Carmen Navarro, diputada por Albacete y representante del PP de Castilla-La Mancha.

Un reparto, al menos el conocido hasta ahora, que sitúa el centro de gravedad territorial del nuevo PP en Galicia y Andalucía y no en Madrid, en justa correspondencia con el acuerdo sellado por los barones para acabar con Casado.

Esta lista de nombres, sumado al de Cuca Gamarra, que se ocupará de una Secretaría General devaluada por el papel que jugarán Bendodo en la coordinación general y Tellado en la organización, compone el núcleo de poder más inmediato que arropará a Feijóo en su aterrizaje en Madrid. Este mismo lunes tomará posesión de su nuevo despacho en Génova 13, el mismo que ocupaba Pablo Casado hasta el el pasado viernes, y reunirá a por primera vez a su comité de dirección.

Sobre la mesa, las primeras medidas. Ratificar o no a los portavoces parlamentarios en el Congreso, el Senado y en Parlamento Europeo y preparar la reunión que Feijóo mantendrá el jueves en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez en un momento especialmente delicado para el Gobierno y que servirá de termómetro para medir la disposición del nuevo líder de la oposición para llegar a acuerdos. El propio Feijóo prometió este domingo una “oposición responsable” para “que la gente vuelva a confiar en el PP”.

Previamente, el próximo miércoles, visitará a Felipe de Borbón en el Palacio de la Moncloa. Y tendrá que dimitir para activar su propia sucesión como presidente de la Xunta, probablemente antes de su entrevista con Sánchez, si quiere que el proceso esté terminado a finales de abril. Feijóo no puede permitirse el lujo de prolongar mucho tiempo la doble dedicación al partido —que necesita ahora mismo de todo su tiempo— con la jefatura del Gobierno gallego.

A su nuevo equipo Feijóo le ha pedido entre otras cosas agilidad ante la inminencia de procesos electorales —“Debemos ofrecer candidaturas competitivas y currículums con experiencia”, lo que exige “acertar con los liderazgos”— y propuestas. “La capacidad de plantear políticas concretas es marchamo del PP, debemos ofrecer soluciones”, subrayó.

Unidad para ampliar la mayoría, “moderación” sin “tibieza” y valores incompatibles con la extrema derecha. El primer discurso de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, el más importante de su carrera hasta la fecha, resumió gran parte de las ideas que el presidente de la Xunta ha venido manejando desde que se decidió a convertirse en el sucesor de Pablo Casado y sentó algunos principios con los que quiere dar comienzo a su mandato como nuevo líder de la oposición. Pero sin resolver muchas incógnitas.

“Lo importante ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su futuro”. Rehacer la imagen del PP como un partido unido, sin facciones ideológicas enfrentadas ni territorios disidentes, es la obsesión de Feijóo. Consciente de que todo el mundo le sitúa en el marianismo, el sector que controló el partido durante el mandato de Mariano Rajoy, reivindica por igual a José María Aznar, cabeza visible del ala más derechista del PP. “Quiero que quede constancia de que para mí tanto el presidente Aznar como el presidente Rajoy son mis referentes, mis ayudas imprescindibles”.

“Tenemos que sacar la política española del enfrentamiento” y “de la hipérbole permanente. Mi proyecto es de entendimiento interno: si no te apoyan en casa, mal puedes acreditar entendimiento fuera”. Y hacer crecer el PP como Manuel Fraga. “Lo que hizo fue ensanchar el partido acoger a las gentes, sumar, sumar y sumar. ¿Se puede hacer algo restando? Nuestras vocación es integradora y os propongo que no cambiemos”.

Uno de los empeños principales de Feijóo, como lo fue durante tres años de Casado, es convencer a los suyos y a sus votantes de que es posible reunificar todo el voto del centro derecha y conseguir incluso repetir las mayorías absolutas de José María Aznar en 2000 y de Mariano Rajoy en 2011. “Que nadie intente hacer creer que no se pueden cambiar las cosas”. “Hay hambre, de cambio y yo os pido que cuando regreséis a vuestras casas les digáis a vuestros vecinos que ese cambio ya se ha iniciado”. “España nos está esperando. Siempre lo hace en los momentos difíciles. No podemos conformarnos con lo que hay”. 

“No vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia e su propia ineficacia”, aseguró. “Se trata de mostrar a los españoles que hay otra manera de gobernar”. “Salimos a ganar, ese es nuestro objetivo”. Lograr una “gran mayoría es posible”, repitió. En Galicia “aprendí que si te reúnes con la gente, si escuchas a la gente, si eres capaz de escuchar las críticas, si la gente entendió que formas parte de la gente, la gente te responde”.

La disposición real de Feijóo a alcanzar pactos de Estado con el actual Gobierno está por probar. De momento ha desoído los llamamientos de Pedro Sánchez a alcanzar un acuerdo de Estado para hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada de la invasión de Ucrania, pero eso no le impidió anunciar que lo que va a ofrecer está en otras coordenadas distintas de las de su antecesor: “fiabilidad, madurez, sentido de Estado”, “un rumbo claro”, responsabilidad, sosiego e ilusión”. Y “mientras estemos en la oposición haremos lo posible para que a España le vaya mejor”. 

Pero el apoyo que propone al Gobierno, de momento, esta lejos de representar una oferta susceptible de negociación. El PP estará con Sánchez, dice, pero para “rectificar lo que hace mal”, para “dejar de ocultar los problemas que hay y que vendrán”, para “agilizar las medidas que los españoles necesitan”, para “cesar a los ministros” de Unidas Podemos, para “bajar impuestos a la energía” o para dejar de depender de Esquerra y Bildu. “Qué bueno sería tener un jefe de la oposición, cuando lleguemos al Gobierno”, como él mismo, se jactó. “Qué fácil seria entendernos, construir y avanzar”.

En todo caso, “que no se equivoquen: moderación no es tibieza; diálogo no es sometimiento. Los intereses de España no son los de este Gobierno, por eso no nos van a intimidar ni con presiones” uni con “descalificaciones” ni “propaganda”. “No van a decir al PP qué es lo que tenemos que hacer, que pensar y que decidir en cada momento”. “Por más que les moleste no vamos a dejar de hacer oposición”. 

Aún así, añadió dando una de arena, para distinguirse de los demás el PP va a hacer propuestas “porque sabe gobernar”. Aunque en su discurso no anticipó ninguna. “Si dejo Galicia no es para presentarme a un juego, vengo a hace política seria, si no, no hubiera venido”, dijo más tarde.

No les mencionó por su nombre, pero sí defendió algunas ideas que claramente marcan distancia con la ultraderecha. “Guárdense sus carnés de demócratas, de gentes del común, de españoles y de patriotas, Guárdense las soflamas y empecemos a trabajar como adultos en la política española. Dejemos de ser más españoles y más patriotas que nadie, aquí cabemos todos”. España, proclamó, es “de todos”, y el PP es el partido “de todos, de todos los que quieran unirse a la España común”.

“No somos un partido de mera contestación, rechazo o consigna. Somos un partido de Gobierno. Y gobernar es moderar la vida política, hacer las reformas que son necesarias con serenidad y tender puentes con los que no piensan como nosotros. No somos un partido del destruyámoslo todo”.

El PP, añadió distinguiéndose de Vox, no es un partido “antieuropeo” —hay que defender Europa de “sus enemigos internos”, destacó— y apoya “la España de las autonomías, la unidad en la diversidad, la nación española”, aunque también un “partido nacional, único, autonomista y que defiende la nación española”. “Querer a España es que se te erice la piel cuando oyes el himno de España”, destacó enfáticamente antes de proclamar su respaldo a Felipe VI: “Yo respeto al jefe del Estado y reivindico sus aportaciones a la nación, sin ninguna duda y sin ninguna enmienda”. “Nuestra soberanía y nuestra integridad territorial no se negocia con nadie”, pero “respeto el Estado Autonómico, que es la garantía de la unidad de la nación”.

En su listado de los valores con los que se identifica citó algunos más, varios de ellos claramente diferentes de los de Vox. Proclamó su respeto a la justicia, aunque no le gusten algunas sentencias, a los agentes sociales y muy expresamente a los sindicatos. Con ellos se comprometió a “negociar y acordar, pero sin acritud. Vamos a firmar acuerdos y, si no es posible, a pactar los desacuerdos”.

Defendió las familias, cualquiera que sea su forma, en clara alusión al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y reafirmó que, además de “en la lengua común de todos los españoles”, también cree en “todas las lenguas que se hablan en España”.“No somos un partido bisagra, que quede claro. Un partido de aspiraciones pequeñas. Somos el partido de las mayorías para gobernar con las mayorías”.

“No nos despistemos”, remarcó. “Nuestra aspiración no es lidera un bloque de unos partidos contra otro, es ofrecer un Gobierno con una mayoría de españoles; si es posible, con la mayor mayoría de españoles”. “Vamos a asumir las críticas, yo el primero. Pero que nadie cuente conmigo”, advirtió, “para participar más de este entretenimiento infantil en el que ha degenerado la política española”.

Eso sí, precisó, en línea con lo que sostiene Vox: no estará “obsesionado”, dijo, con revisar o juzgar el pasado, en referencia a la memoria democrática, ni con la “cuestión de género”.

El PP ya tiene nuevo líder. Alberto Núñez Feijóo, que todavía es presidente de la Xunta y lo seguirá siendo, según sus propias palabras durante unas semanas, probablemente hasta Semana Santa, ha recibido de los barones del partido, de los expresidentes y de su antecesor, Pablo Casado, el respaldo unánime que pedía para afrontar el reto de ganar las próximas elecciones generales. Como candidato único, alcanzó el 98,35% de los votos. Casado, que en 2018 competía con Soraya Sáenz de Santamaría, se impuso con sólo el 57,2%.

En los pasillos del auditorio sevillano en el que se ha celebrado el 20º Congreso del PP, el segundo extraordinario consecutivo que viven los conservadores españoles desde que hace poco menos de cuatro años perdieron de forma traumática el poder, nadie tiene dudas acerca del mandato urgente que Feijóo acaba de recibir. Se lo recordaron todos los oradores: ganar las próximas elecciones. 

En el mandato otorgado en Sevilla se sobreentiende que, si lo consigue y se convierte en presidente del Gobierno, tendrá las manos libres para gobernar, entonces sí, el partido en toda España. Si no lo logra, volverán las tensiones. Y las miradas se volverán hacia los barones que mejor resultado obtengan en las elecciones que vienen, entre los que están llamados a destacar Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía. 

Su apuesta, ganar por una amplia mayoría e incluso reproducir las mayorías absolutas con las que siempre ha gobernado en Galicia, no es distinta de la que hasta hace un mes nutría los discursos de su antecesor, Pablo Casado. Y en el congreso que acaba de terminar no ha habido ni debates ideológicos o estratégicos ni un cambio del rumbo visible en la oferta política. 

Feijóo tampoco ha despejado las dudas que plantea su relación con Vox, sobre todo después de ratificar la decisión de compartir gobierno en Castilla y León, que la formación de Santiago Abascal quiere extender a otras comunidades, a los ayuntamientos y al Gobierno de España.

En ese contexto, todas las miradas se dirigen hacia Ayuso, cabeza visible del ala más radical del partido, puente natural con la ultraderecha y hoy por hoy la única dirigente con potencial suficiente para hacerle frente. Aunque la opinión más extendida en el partido es que si Feijóo cumple su palabra y le permite controlar el PP de Madrid a sus anchas —el congreso regional se celebrará con toda probabilidad en el mes de mayo— de momento no habrá movimientos internos que puedan incomodar a la nueva dirección.

El discurso con el que el nuevo presidente cerró el congreso, el último acto de la operación organizada por los barones para acabar abruptamente con Casado, giró sobre tres ejes: la necesidad de obtener mayorías, su voluntad de hacer oposición con “moderación” pero sin “tibieza” y, aunque no les mencionó por su nombre, la defensa de las ideas que le separan de Vox. 

Al presidente Pedro Sánchez le ofreció apoyo, pero para “rectificar lo que hace mal”, para “dejar de ocultar los problemas que hay y que vendrán”, para “agilizar las medidas que los españoles necesitan”, para “cesar a los ministros” de Unidas Podemos, para “bajar impuestos a la energía” o para dejar de depender de Esquerra y Bildu. 

Desde este mismo sábado, Feijóo espera la llamada del jefe del Gobierno para celebrar su primera entrevista ya en calidad de jefe de la oposición, algo que ambos acordaron la última vez que tuvieron ocasión de hablar a solas cuando coincidieron en la isla canaria de La Palma durante la última Conferencia de Presidentes. Será en esa reunión donde se pondrá a prueba por primera vez la voluntad del nuevo líder del PP de marcar diferencias con Casado llegando a acuerdos donde su antecesor ni siquiera quiso sentarse a negociar. O confirmando que el cambio de líder no modificará el rumbo del partido.

La prueba del algodón será, según fuentes de Moncloa, la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez tiene consecuencias a la hora de completar los nombramientos que faltan en el Tribunal Constitucional. Pero también las medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, sobre las que de momento Feijóo ha marcado ya una gran distancia.

Entre tanto, y aunque Casado ya está fuera, el presidente gallego no acaba de llegar. La dirección que ha formado es la suma de las propuestas de los barones. El resto está en formación. Y probablemente se irá transformando a medida que se sucedan los acontecimientos. 

Por eso, de los nombres clave sólo se conocen la secretaria general, Cuca Gamarra, aunque algunas voces creen que se trata de un cargo de transición antes de su lanzamiento como candidata a la Presidencia de La Rioja, y el coordinador general, Elías Bendodo. Pero la mano derecha del barón más poderoso, Juanma Moreno, no aterrizará del todo en Génova hasta después de las elecciones andaluzas y no falta quien cree que para entonces acabará asumiendo el puesto de Gamarra.

El resto de nombramientos internos empezará a anunciarlos este domingo. Y en los próximos días, según fuentes de su equipo. Feijóo asegura que la mayoría ya lo saben, pero de momento nada ha trascendido.

Las elecciones andaluzas son la primera gran cita importante del PP en el intenso calendario electoral que se avecina y eso se hizo bien visible en el congreso de Sevilla. El partido vive con euforia los prolegómenos, convencido de que los votantes avalarán la gestión de Moreno impulsando sus candidaturas y acercándole a la mayoría absoluta, pero también con inquietud porque es muy posible que tengan que enfrentar el mismo dilema que en Castilla y León y decidir si están dispuestos as dar entrada a Vox en el Gobierno.

En el PP son conscientes de que el grave deterioro de la economía, y las consecuencias que el alza de precios tiene sobre los bolsillos de los ciudadanos juegan a su favor y acercan a Feijóo a la Moncloa,. De ahí que, pese al traumático episodio que acaban de vivir con la operación de derribo de Casado, se sientan con muchas posibilidad de ganar las próximas elecciones, aunque tendrán que disputar a Vox convertirse en los principales beneficiarios del posible voto de castigo al Gobierno.

La crisis brutal entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y la revuelta de los barones que provocó la caída del primero y la convocatoria de un congreso extraordinario fue este viernes el elefante en la habitación del PP. Ninguno de los oradores principales que subieron a la tribunal del congreso, organizado en Sevilla para tratar de reconectar con el espíritu de refundación de la asamblea que en esta misma ciudad y en 1990 situó a José María Aznar al frente de la organización, hizo referencia alguna a lo ocurrido. Ninguno, excepto Ayuso: “Este congreso”, dijo, “es la respuesta a una crisis que nunca debió existir”.

La lista de nombres para la nueva ejecutiva del partido con la que Feijóo cerró su intervención (se puede consultar completa al final de esta información), ya casi al filo de las nueve de la noche, confirmó el pacto que el presidente gallego ha firmado con los barones. Autonomía de decisión en sus territorios a cambio de que todos se conjuren para recuperar la unidad y destierren cualquier tentación de deslealtad. En el equipo de dirección, con Cuca Gamarra en la secretaría general personificando la continuidad y con Elías Bendodo en la coordinación general —es la mano derecha derecha de Juanma Moreno, su principal aliado en el nuevo PP— los barones han podido situar a quien han querido. 

A falta de que el nuevo líder haga públicos los nombres de quienes ocuparán las secretarías ejecutivas —las que tendrán responsabilidades directas en organización o en economía, por ejemplo— el reparto de vocales en la dirección reproduce el peso de cada territorio y la voluntad de representación de todos los barones.

Un pacto orgánico destinado a sellar las heridas que se abrieron en las últimas semanas pero que los dirigentes territoriales vienen arrastrando casi desde la llegad a la presidencia de Casado y, sobre todo, de quien fue su mano derecha, Teodoro García Egea.

“Os pido a todos la misma confianza que yo tengo en el PP. El mismo respeto, la misma lealtad que os ofrezco, todos tenemos un papel”. “Quiero un partido vivo, que debate, que se corrige”, pero en el que haya “lealtad”, advirtió. “Un partido abierto y unido. Esa condición os pido que sea innegociable: empezando por mí mismo” y siguiendo por todos y cada uno de los barones y por miembros de su nueva ejecutiva, cuyos nombres, reconoció, salen de las propuestas de los dirigentes territoriales.

La idea de unidad presidió la mayoría de las intervenciones, Especialmente la de los pesos pesados, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. 

Este último fue, como de costumbre, el más contundente: “No podemos fallar”. “Nada valioso” vendrá “si no retejemos afectos”, subrayó antes de recordar cómo Manuel Fraga le cedió en 1990 el testigo de la presidencia del PP renunciando a cualquier clase de tutela rompiendo la carta de renuncia que le había entregado. “Querría romper simbólicamente esa carta que tú no tienes que escribir”, le dijo a Feijóo por videoconferencia después de haber dado positivo por covid.

“Pido a todos la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para esta nueva etapa bajo el liderazgo de Núñez Feijóo”, remarcó enfáticamente antes de aludir, sin mencionarlo por su nombre, a Vox. “Los populistas ofrecen ruido, no soluciones”. “No hay futuro valioso para España” en el “radicalismo”, la negación de la pluralidad de España o en rechazo a Europa, advirtió. El PP está “centrado en la libertad” y Vox o “vuelve a ese camino o fracasa”. Aunque a él lo que le gustaría es que “volviera”, porque no hay ningún proyecto de futuro que pueda prosperar olvidando las claves ” que inspiran a su partido, concluyó.

Aznar fue también el primero en reivindicar a Casado, como después lo hizo Feijóo, por las dificultades que el tocó afrontar como líder del PP, aunque su frase sonó a epitafio: “Donde quiera que estés, Pablo, gracias por tu esfuerzo”.

Casado, que retrasó su llegada al congreso hasta el momento en que le tocó intervenir a Rajoy, utilizó su despedida para reivindicarse con un discurso en el afirmó haber dejado el PP “a las puertas de la Moncloa”. La organización apagó las luces del auditorio para dar paso a un vídeo justo cuando el presidente saliente estaba saludando a los barones territoriales y dirigentes de la primera fila justo cuando el tocaba abrazar o evitar a Díaz Ayuso, la principal responsable de su caída.

En su intervención, y en presencia de su esposa, cuyo rostro entristecido revelaba la dureza de la situación vivida por ambos en las últimas semanas, Casado sí hizo una alusión velada al caso del hermano de la presidenta de Madrid: “Siempre he dicho la verdad, me enfrentara a quien me enfrentara. Estoy muy orgulloso: no hay que tener miedo a hacer lo que se debe”.

Casado no dudó en replicar a Rajoy, que minutos antes se había pronunciado contra la “puerilidad” de la política. “La política adulta”, dijo, la definen las ideas correctas, no importa la edad”. Y aprovechó para hacer una revelación: ha rechazado el ofrecimiento de Feijóo de conservar su escaño y de asumir responsabilidad en el nuevo PP. En los próximos días entregará su acta de diputado.

 Este es el listado completo de los candidatos presentados por Feijóo para el Comité Ejecutivo que se votará este sábado: 

1. Sofía Acedo Reyes (Melilla) 

2. Juan Manuel Ávila Gutiérrez (Andalucía)

3. José Manuel Baltar Blanco (Galicia) 

4. Luis Barcala Sierra (Comunidad Valenciana) 

5. Yolanda Bel Blanca (Ceuta) 

6. José María Bellido Roche (Andalucía) 

7. Ana Beltrán Villalba (Navarra) 

8. Joaquín Buendía Gómez (Región de Murcia) 

9. Emma Buj Sánchez (Aragón) 

10. Francisco Conde López (Galicia) 

11. Alberto Fabra Part (Comunidad Valenciana) 

12. Lucia Fernández Alonso (Madrid) 

13. Sandra Fernández Herranz (Islas Baleares) 

14. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal (Andalucía) 

15. Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo (La Rioja) 

16. José Manuel García-Margallo y Marfil (Comunidad Valenciana) 

17. Pablo González Menéndez (Asturias) 

18. María José González Revuelta (Cantabria) 

19. Ana Guarinos López (Castilla-La Mancha) 

20. Loles López Gabarro (Andalucía) 

21. María de los Llanos de Luna Tobarra (Cataluña) 

22. Fernando Manzano Pedrera (Extremadura) 

23. José Luis Martínez Almeida (Madrid) 

24. Visitación Martínez Martínez (Región de Murcia) 

25. Emilio Navarro Castanedo (Islas Canarias) 

26. Enrique Núñez Guijarro (Madrid) 

27. Iñaki Oyarzabal Miguel (País Vasco) 

28. Ana Pastor Julián (Madrid) 

29. Israel Pérez Jiménez (Castilla-La Mancha) 

30. Óscar Ramírez Lara (Cataluña) 

31. Alfonso Rueda Valenzuela (Galicia) 

32. Paloma Sanz Jerónimo (Castilla y León) 

33. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino (Madrid) 

34. Antonio Silván Rodríguez (Castilla y León) 

35. Hipólito Suárez Nuez (Islas Canarias)

Vocales por designación de Feijóo:

1. Elena Candia López (Galicia) 

2. María José Catalá Verdet (Valencia)

3. Manuel Cobo Vega (Madrid) 

4. Pilar del Olmo Moro (Castilla y León) 

5. José Manuel Romay Beccaría (Galicia)

Listado de vocales para la Junta Directiva Nacional:

1. Mario Arias Navia (Asturias) 

2. Luisma Beamonte Mesa (Aragón) 

3. Isabel Blanco Llamas (Castilla y León) 

4. Marifrán Carazo Villalonga (Andalucía) 

5. José Ramón Carmona Sánchez (Andalucía) 

6. Jesús Julio Carnero García (Castilla y León) 

7. Cándido Manuel Cobo Fernández (Cantabria) 

8. Borja Corominas Fisas (País Vasco) 

9. María Isabel Deu del Olmo (Ceuta) 

10. Conrado Escobar Las Heras (La Rioja) 

11. Manuel García Félix (Andalucía) 

12. José Francisco García Fernández (Murcia) 

13. Javier García Jiménez (Navarra) 

14. Fabiola García Martínez (Galicia) 

15. Sonia González Martínez (Castilla-La Mancha) 

16. Vicente Huet Ballester (Comunidad Valenciana) 

17. Miguel Jorge Blanco (Islas Canarias) 

18. José Antonio Martín Buro (Castilla-La Mancha) 

19. Mari Ángeles Pallarés Cifre (Comunidad Valenciana) 

20. Beltrán Pérez García (Andalucía) 

21. Rebeca Pérez López (Murcia) 

22. Juan Francisco Pérez Llorca (Comunidad Valenciana) 

23. Judith Piquet Flores (Madrid) 

24. Manuel Quevedo Mateos (Melilla) 

25. Jordi Roca i Mas (Cataluña) 

26. Raquel Sánchez Collado (Islas Baleares) 

27. Inmaculada Sánchez Polo (Extremadura) 

28. Ángeles Vázquez Mejuto (Galicia) 

29. Marta Vela Sánchez (Islas Canarias) 

30. José Manuel Zarzoso Revenga (Madrid)

“Soy una mujer de partido, una mujer del Partido Popular, siempre disponible”. Cuca Gamarra se definió así este jueves en el patio del Congreso poco después de que el líder virtual del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciase por sorpresa que ella es la elegida para ocupar el puesto de número dos del partido, la Secretaría General, que durante la etapa de Pablo Casado fue responsabilidad de Teodoro García Egea.

No le falta razón. La trayectoria política de esta diputada riojana de 47 años, exalcaldesa de Logroño, prueba su capacidad de adaptación a los vaivenes que ha sufrido el PP en los últimos años: fue vocal de la dirección del partido con Mariano Rajoy (2004-2018), pero también vicesecretaria de Política Social (2018-2020) y portavoz en la Cámara Baja (2020-2022) con Casado a pesar de que en el congreso extraordinario de hace cuatro años tomó partido por la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. 

Pasos en direcciones aparentemente opuestas dentro de las corrientes internas del PP —de la moderación del marianismo al nuevo aznarismo de Casado— que ahora no le han supuesto ningún problema a la hora convertirse en la mano derecha de Feijóo. En su nuevo puesto será la encargada de gobernar un partido en el que, no obstante, el líder gallego ha prometido manga ancha para que los barones puedan tomar decisiones con autonomía y sin las intromisiones que caracterizaron el mandato de García Egea.

En el Congreso, en sus tareas como portavoz, ha demostrado una gran resiliencia. Ha sido capaz de asumir discursos durísimos en línea con la estrategia radical de Casado pero también de protagonizar intervenciones mucho más contenidas desde que el presidente in péctore del partido es Núñez Feijóo. 

Era, en todo caso, una pieza clave del proyecto político de Casado, la número tres de la organización, pero Feijóo asegura que ha visto en ella una mujer “preparada” y “dialogante”, con “una dilatada experiencia política” y con un perfil que la convierte en “una persona adecuada para el nuevo tiempo del Partido Popular”. 

“Es una persona experimentada, una persona que no llega a aprender. Fue la primera mujer alcaldesa de Logroño. Llevó en el PP durante un tiempo las políticas sociales y además ha sido, y lo es, portavoz en el Congreso de los Diputados”, destacó el nuevo líder del PP en una rueda de prensa en Santiago después de haber anunciado su decisión a través de Twitter a pesar de que, desde que confirmó su decisión de gobernar el timón del PP, ha repetido un día sí y otra también que él es un político "serio", alejado de las redes sociales en general y de Twitter en particular. 

Las virtudes que Feijóo atribuye a Gamarra son las mismas que él viene defendiendo para describir a su futuro equipo desde que inició la campaña para convertirse en presidente del PP, en la que no ha tenido competencia gracias a que los barones obligaron a Casado a poner por escrito que no se iba a presentar a la reelección. La nueva dirección, el gobierno que se propone formar si gana las elecciones, estará integrado por personas con amplia experiencia en la gestión pública. Dirigentes “preparados”, como subraya el lema que eligió para convertirse en el nuevo líder del PP.

Los méritos de Gamarra, sin embargo, no acaban ahí. La portavoz parlamentaria jugó además un papel esencial en la operación puesta en marcha por los barones para acabar con Casado. El lunes 21 de febrero lideró un plante en el que participaron varios miembros del comité de dirección del PP contra el presidente del partido para obligarle a convocar una Junta Directiva Nacional que diese luz verde a un congreso extraordinario. 

Lo hizo a pesar de que, apenas cuatro días antes, había cerrado filas en apoyo de Pablo Casado justo después de la entrevista en la cadena COPE, propiedad de los obispos españoles, en la que había puesto en duda la limpieza de los contratos de la Comunidad de Madrid de los que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso. 

“En el PP la responsabilidad, lealtad y ejemplaridad deben guiar siempre la conducta dentro y fuera del partido, por respeto a nuestros votantes y a nuestros afiliados”, escribió entonces en Twitter. Pablo Casado, añadió en clara referencia a la presidenta madrileña, “no lo ha tenido nunca fácil, pero siempre se guía por ellos, el resto debemos hacer lo mismo”.

Una demostración de lealtad que, sin embargo, se derrumbó enseguida. Al día siguiente del plante en el comité de dirección, volvió a Twitter para desdecirse: “Que se celebre un congreso extraordinario con unidad para superar esta situación. Pensemos todos en el PP y en España. Nos necesitan y se lo debemos”. Era martes y para entonces los barones ya habían movilizado a todo el partido con el objetivo de aislar a Casado y ella fue una de las primeras en hacerlo a través de las redes sociales:

En la decisión de Feijóo ha pesado, además de la gran disposición a entenderse que Gamarra le demostró durante el último mes, la voluntad que el presidente gallego siempre ha tenido de dar visibilidad a las mujeres del partido. 

En el PSOE tienen buena opinión de Gamarra, con la que han mantenido comunicación. Tras la etapa de Casado, esperan que la actitud del PP cambie y poder “trabajar para alcanzar acuerdos”. Hasta ahora, se quejan, “nos hemos topado con una oposición destructiva, que busca desestabilizar al Gobierno. Confiamos en encontrar en el perfil de Gamarra un PP que apueste por el entendimiento y la búsqueda de consensos”. 

“Ojalá abandone la senda de crispación y negacionismo absoluto en la que está instalado el PP y sepa estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda”, señalan fuentes de la dirección del grupo parlamentario socialista. La prueba de fuego de “la utilidad y verosimilitud del cambio de rumbo” serán la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial y el plan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Algunas fuentes consultadas por infoLibre sugieren que Feijóo ha optado por Gamarra también para dejar vacante el puesto de portavoz parlamentaria sin relegar a nadie. El escaparate del Congreso es perfecto para situar a alguien que encarne la nueva etapa que el barón gallego quiere representar. 

Ocuparse de organizar el partido ahora que se aproximan elecciones en multitud de frentes, primero en Andalucía pero después en otras doce comunidades autónomas, entre ellas Madrid, además de las municipales y las generales, no es compatible en la práctica, aunque sí orgánicamente, con la responsabilidad, también muy exigente, de dirigir el día a día del grupo parlamentario que lidera la oposición.

Así que las especulaciones acerca de quién se ocupará a partir de ahora de la portavocía del PP en el Congreso ya han comenzado. Y aunque Feijóo no suelta prenda, si nos atenemos a los perfiles que defiende —diputados con experiencia política, preparados y dialogantes— algunos nombres empiezan a destacar. 

El primero, el de Ana Pastor, el mejor currículum del PP en la Cámara Alta: exministra de Fomento y de Sanidad y expresidenta del Congreso, entre otros cargos. Pero también diputados como Mario Garcés, abogado, interventor e inspector de Hacienda y exconsejero del Gobierno de Aragón, y Marta González, doctora en Historia y alto cargo del propio Feijóo entre 2009 y 2011. Pero todo son, de momento, especulaciones.

De lo que sí dio pistas el nuevo líder es acerca de los integrantes de su nueva dirección en el partido. “Debe haber miembros del Gobierno [gallego] que puedan asumir secretarías ejecutivas a nivel nacional porque los conozco muy bien y pueden aportar mucho a la política nacional“, anunció rompiendo su tradicional hermetismo en una rueda de prensa celebrada en Santiago. Inmediatamente, todas las miradas se han dirigido hacia Francisco Conde, el actual vicepresidente segundo y conselleiro de Economía e Industria de su gobierno. 

Conde, doctor en Economía, profesor de Estructura Económica y amigo personal de Feijóo desde hace años, le acompaña en el Gobierno gallego desde que el actual presidente ganó sus primeras elecciones en el año 2009. Primero como asesor y después en calidad de conselleiro. Y tiene exactamente el perfil que el nuevo líder del PP busca para Génova 13. Con la ventaja, además, de situar al frente de la estrategia económica del partido a alguien de su absoluta confianza y a quien atribuye gran parte de la gestión de la Xunta de la que él siempre presume. El vínculo entre ambos es muy estrecho. Fuentes próximas al conselleiro certifican que Conde sólo entró en política "por amistad".

Primer anuncio del nuevo presidente del PP. A tres días del congreso extraordinario que le convertirá en el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo hizo público este martes su intención de “crear una oficina paralela a la estructura del Partido Popular para canalizar aportaciones de personas ajenas a la política”.

Feijóo todavía no ha revelado ninguno de los nombres que le acompañarán en la nueva dirección del partido, después de que los barones se pusiesen de acuerdo para poner fin a casi cuatro años de mandato de Pablo Casado, lo cual ha desatado toda clase de especulaciones en el seno del PP. Tampoco se conocen detalles acerca del proyecto que se propone desarrollar a partir de este fin de semana ni de la estrategia con la que tratará de ganar las elecciones más allá de las vagas referencias que ha hecho en las últimas semanas a la necesidad de reunificar todo el voto del centroderecha bajo las siglas del PP.

Su primer compromiso, hecho público a través de un comunicado, consiste en crear “un comité asesor abierto a todo tipo de sensibilidades ideológicas” que según su equipo “ayudará a atraer talento y a recibir aportaciones programáticas de alto nivel”. 

¿De dónde ha sacado Feijóo la idea? Según el mismo comunicado, de la “proliferación de profesionales independientes que", desde que el dirigente gallego anunció su candidatura, “han mostrado interés en aportar ideas al nuevo proyecto”.

El equipo de Feijóo no ha precisado cómo piensa articular un comité asesor “ajeno a la estructura orgánica del partido” que a la vez dependa de él, ni ha aclarado por qué razón es mejor situarlo fuera del organigrama de Génova 13.

Lo que sí ha explicado es que la iniciativa estará abierta “a profesionales independientes que no pertenezcan al Partido Popular pero sí quieran complementar y mejorar su ideario desde la vida civil” y “tendrá la puerta abierta a todo tipo de sensibilidades políticas e ideológicas”, aunque también “contará con aportaciones de personas integradas en el presente o en el pasado reciente en el PP”. Es decir, que está abierta a cualquiera, sea o no del PP, que tenga interés en hacerles llegar alguna propuesta o idea.

Feijóo planteará esta oficina paralela a la estructura del Partido Popular como “un canalizador de propuestas e ideas, una puerta de entrada al programa electoral y al ideario general del partido”. Un modo, aseguran, de “buscar soluciones políticas desde fuera de la política”.

Esta “Oficina del Presidente”, que es como la han bautizado, se encargará de poner a disposición del partido “el trabajo de un grupo de expertos que, a su vez, tendrán un papel proactivo en la búsqueda de nuevos enfoques y buscará a personas que puedan ofrecer puntos de vista diferentes o complementarios”. 

Será, no obstante, un departamento que se mantendrá en la sombra, sin presencia pública. “Será un órgano discreto, sin perfil comunicativo, cuyo único objetivo será estar al servicio del país y no solo del PP”, explicó el equipo del nuevo presidente.

En cuanto llegue a Génova 13, Feijóo se propone dar a su nueva oficina asesora “un claro componente económico”, aunque en ella también tendrán cabida “propuestas de otra naturaleza de tipo social o incluso de política internacional”. Funcionará, aseguran, como un nuevo think tank que ayude a atraer talento y a recibir "aportaciones programáticas de alto nivel”. 

En la actualidad el PP ya tiene una fundación que hace las tareas de laboratorio de ideas. Concordia y Libertad se ocupa, entre otras cosas, de “la promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre temas sociales, culturales y medioambientales”. La Fundación FAES, que preside José María Aznar, funciona desde hace años como think tank de la derecha sin una vinculación orgánica con el PP.

Al frente de la nueva oficina Feijóo se propone contar “con integrantes fijos”, aunque “su composición será dinámica y estará abierta a colaboraciones puntuales externas en temas concretos”.

Este comité asesor es el primer cambio que el nuevo presidente del PP ha anunciado que pondrá en marcha a partir de este fin de semana, cuando tome posesión como presidente del principal partido de la oposición.

La creación de la oficina sugiere que el nuevo presidente del PP se propone revisar la oferta política diseñada por su antecesor, Pablo Casado, pensando en las elecciones del próximo año. En particular en materia económica, que siempre se ha considerado el área más débil de Génova 13 durante los últimos años.

Nada se sabe sobre si piensa impulsar otros cambios en el resto del organigrama del partido. El próximo viernes, como muy tarde, tiene que hacer pública una lista de 35 personas —encabezada por él mismo—, entre las cuales estará el del nuevo secretario o secretaria general , un puesto clave en Génova 13. El peculiar modelo organizativo del partido permite al presidente del PP posponer su nombramiento, aunque todo el mundo da por hecho que su identidad se dará a conocer en el congreso de este fin de semana.

La mecánica interna del PP facilita a sus presidentes la posibilidad de completar la lista de miembros de la dirección después de los congresos. Por esa razón, Feijóo puede, si quiere, posponer hacer públicos los nombres de los responsables de las áreas ejecutivas del partido —organización, política territorial, comunicación, acción social—, que ni siquiera es obligatorio que formen parte de la lista de 35 nombres que se vota en el congreso.

Pablo Casado tiene los días contados como presidente del Partido Popular. Este lunes, mientras el comité organizador del congreso extraordinario que pondrá fin a su mandato revelaba a los periodistas los detalles de la cita de este fin de semana, el hasta hace mes y medio líder indiscutible del partido preparaba en su despacho de la séptima planta de Génova 13 los detalles de la que será su última intervención como presidente del PP.

Un discurso de despedida que el viernes por la tarde quedará inevitablemente silenciado por la decisión de los organizadores del congreso, dirigidos por el eurodiputado Esteban González Pons, de situarlo inmediatamente después de las intervenciones de dos pesos pesados —los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy— y justo antes de que se dirija a los asistentes el principal protagonista de la reunión, el nuevo presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

La sobreabundancia de discursos en la tarde del viernes, justo cuando le toca hablar a Casado, contrasta con el cartel secundario de las intervenciones de la mañana —los 13 barones del PP que está en la oposición en sus respectivos territorios—. 

Nadie en la organización del congreso ni entre los dirigentes territoriales ni por supuesto en el equipo de Feijóo quiere que Casado utilice su turno de palabra, el último que tendrá como dirigente del partido, para volver a reivindicarse, como hizo en la Junta Directiva Nacional que convocó el congreso o en la última reunión del PP europeo en Bruselas a la que acudió como presidente.

En la primera, Casado lamentó lo que “haya podido hacer mal” pero subrayó, ante los dirigentes del partido que forzaron su caída, que en todo caso “no merecía” el trato que ha recibido por parte de sus compañeros. “Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes”. Y añadió: “También siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática, y creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros”.

En aquella reunión Casado recordó a los presentes que a la mayoría los había nombrado él y subrayó tener “la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración”. A Feijóo le prometió la misma “amistad” y “lealtad” que recibió de él y le deseó “éxito” en la tarea que le espera para “concitar la unidad y el respaldo que sin duda va a necesitar”, añadió a modo de advertencia.

También reivindicó su decisión de pedir explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por los contratos de su hermano: “No concibo la política sin la ética de la responsabilidad” y el “compromiso” de “la regeneración para recuperar la confianza de la sociedad en el buen nombre de nuestro partido. Creo que siempre hay que anteponer la opción difícil a la cómoda y nuestros principios no sirven de nada si no nos atenemos a ellos en los momentos más complejos”.

En la segunda, la reunión del PP europeo que se celebró el mismo día en que Alfonso Fernández Mañueco confirmó que Castilla y León tendrá el primer gobierno de coalición de su partido con la ultraderecha de Vox, Casado aprovechó para despedirse de sus homólogos de los 27 subrayando que él nunca habría permitido un pacto como ese.

Ni la primera intervención ni, sobre todo, la segunda, gustaron al gobierno provisional del PP, al comité organizador del congreso y a Feijóo. El todavía presidente de la Xunta quiere que la cita de Sevilla legitime la revuelta de los barones que defenestró a Casado y haga olvidar lo antes posible los acontecimientos de las últimas semanas.

El nuevo PP desea un congreso plácido, en el que representar la unidad interna recobrada. Lo último que les interesa es que Casado vuelva a reinvindicarse o que los acontecimientos resuciten las dudas sobre el comportamiento de Ayuso que fueron el origen de la ofensiva de los barones para acabar con mandato.

Los reproches que Feijóo ha dedicado en las últimas semanas, sin mencionar su nombre, a la gestión de Casado han sido constantes. Cada vez que explicaba cómo va a ser su nuevo PP, criticaba cómo había sido el de su antecesor. Este mismo lunes, la organización del congreso destacaba la elección como sede de Sevilla, la ciudad en la que el partido se refundó en 1990, como un modo de rectificar lo ocurrido durante la presidencia de Casado: “Cuando equivocas el camino hay que volver al comienzo”. “Será un congreso de reinicio”, repite con frecuencia el presidente del comité organizador, González Pons.

Todo en el diseño de la asamblea, la número 20 en la historia del partido, gira en torno a la idea de la unidad recobrada y la oportunidad de recuperar el Gobierno de España en las próximas elecciones generales.

Por eso en el PP preocupa que el clima interno se vea enrarecido en los días que restan antes del inicio del congreso y pretende que “todo el mundo se sienta bien tratado”. Por eso buscarán fotos en las que Rajoy, Aznar y Casado puedan escenificar su respaldo Feijóo. Aunque está por ver cómo encajará en esa imagen la propia Ayuso.

Entretanto, las noticias relacionadas con las supuestas irregularidades cometidas por Ayuso se acumulan. Los fiscales debatían en la tarde del lunes quién debe ocuparse de la investigación mientras en el Ayuntamiento de Madrid daba sus primeros pasos la comisión de investigación creada para averiguar si, tal y como afirmó la presidenta de la Comunidad, Casado y su equipo recurrieron al Palacio de Cibeles para que una agencia de detectives consiguiera pruebas contra el hermano de Ayuso.

Por si esto fuera poco, el diario El Mundo aireó un supuesto mensaje enviado por Miguel Ángel Rodríguez, el director de comunicación de la presidenta de Madrid, a Casado llamándole “mala persona” y acusándole de tratar de eclipsar a Ayuso en la noche de celebración de la victoria electoral de mayo del año pasado. Una información que el entorno de Casado niega y que el propio periódico enterró a las pocas horas.

“Quien filtra sabrá con qué intención lo hace”, declaró González Pons cuando fue preguntado por el mensaje. “Pero si alguien cree que la crisis del PP se debe quién ha estado y cuánto tiempo en el balcón de Génova es que no ha entendido nada”, advirtió.

Lo que sigue siendo un completo misterio son los planes más inmediatos de Feijóo. Su tradicional hermetismo mantiene en la oscuridad al comité organizador y al gobierno provisional del partido. Los nombres que circulan sobre la composición de su nuevo equipo son especulaciones de su entorno o de destacados dirigentes del PP, porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta a quién va a proponer que le acompañe en la dirección de Génova 13. 

Los primeros nombres se conocerán como muy tarde el viernes, cuando el nuevo presidente haga públicas la lista de 34 nombres que le acompañarán en el Comité Ejecutivo —entre los que debe estar la identidad de quien vaya a ocupar la Secretaría General, el puesto de número dos de la organización— y la de los 30 vocales de la Junta Directiva Nacional, un órgano compuesto por 400 personas sin responsabilidad en el día a día del partido.

La incertidumbre afecta incluso a la organización del congreso. Feijóo tomará las decisiones a partir de su proclamación, en la mañana del sábado, y será él quien decida cuándo y dónde se reúne el domingo la nueva dirección del partido y qué día hace públicos los nombres de los dirigentes que asumirán responsabilidades ejecutivas.

No está y no se le espera hasta el mes de abril. El PP sigue al ralentí desde que los barones decidieron poner fin al mandato de Pablo Casado y forzaron su caída en la noche del 23 de febrero. Ha pasado un mes y la gira del candidato único a sustituirle, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha podido llenar el vacío a la espera de que el congreso extraordinario de Sevilla, previsto para los días 1 y 2 de abril, complete definitivamente la transición. Este viernes concluyó su gira con mítines en Bilbao, Pamplona y Logroño sin aportar ninguna novedad que aclare en qué consiste su proyecto.

La paradoja es que la travesía entre dos liderazgos en la que se ha embarcado el PP ha coincidido con el momento de mayor debilidad del Gobierno de coalición en lo que va de legislatura, sometido a los embates del alza de los precios provocada por la invasión rusa de Ucrania, a la presión de la protesta de transportistas, agricultores y ganaderos y a las dificultades políticas derivadas de la decisión de apostar por Marruecos en la resolución del conflicto del Sáhara.

Las dificultades del Ejecutivo de Pedro Sánchez han pillado al PP con el pie cambiado. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha visto sobrepasada por el protagonismo de los dirigentes de la extrema derecha, con mucho más eco mediático en las sesiones de control de la Cámara Baja y con una actividad muy intensa en la calle al frente de la protesta contra el Gobierno. 

Y eso que Vox, siguiendo las instrucciones de Santiago Abascal, ha recibido a Feijóo entre algodones suspendiendo las críticas que desde hace meses dirigía hacia Casado. La nueva relación entre ambas formaciones, cuyo primer fruto se ha hecho visible en Castilla y León, donde el barón local del PP Alfonso Fernández Mañueco se ha convertido en el primer dirigente del partido en acoger a miembros de Vox en su gobierno, trata de visualizar que la colaboración debe extenderse a otras comunidades y a los ayuntamientos en los que la suma entre los dos partidos sea indispensable para evitar gobiernos de la izquierda.

A pesar de ello Feijóo no parece tener prisa. Y aunque en sus mítines ha criticado con dureza que el Gobierno todavía no haya tomado medidas para hacer frente a la situación —las primeras decisiones, en relación con los transportistas, llegaron en la madrugada del viernes—, sigue sin ejercer como nuevo líder del PP a la espera de que su designación —la única posible porque no hay más candidatos— se haga oficial. 

En sus discursos, el todavía presidente de la Xunta apuesta por la centralidad y critica los gobiernos de coalición al mismo tiempo que avala el pacto PP-Vox en Castilla y León. Defiende su experiencia —lleva casi la mitad de su vida en cargos públicos— y presume de “trazabilidad”, sin que se conozca de su proyecto otra cosa que la voluntad de bajar impuestos de forma generalizada. Algo que, por otra parte, ya estaba en el frontispicio del programa de Pablo Casado.

De momento, nada concreto se sabe de su proyecto para el PP. Al menos nada distinto de lo que venía defendiendo hasta ahora el presidente defenestrado por los barones. Y tampoco sobre su equipo. Lo único que Feijóo ha dejado claro desde que decidió confirmar su candidatura a la presidencia del PP es que Génova no volverá a inmiscuirse en las decisiones que tomen los dirigentes territoriales, ni en lo que se refiere a sus pactos con otros partidos ni en lo relativo a la redacción de sus programas o a la confección de sus candidaturas municipales y autonómicas, un aspecto clave sobre todo para Juanma Moreno, que este año tiene que hacer frente a elecciones en Andalucía, y para Isabel Díaz Ayuso, deseosa de revolucionar el partido también a escala local.

Sin una estrategia reconocible, el PP —que formalmente sigue teniendo como presidente a Casado— ni siquiera ha enviado a un representante a la cumbre de dirigentes de su familia política en Europa, que tradicionalmente se reúne en Bruselas coincidiendo con los consejos de jefes de estado y de Gobierno de la Unión. Por primera vez en mucho tiempo, el PP no compartió criterios y puntos de vista con sus socios en el contexto además de un Consejo tan relevante como el que estos días analizó la respuesta común frente a Rusia y las medidas para hacer frente a la emergencia energética provocada por la guerra. 

Casado asistió a la última, hace apenas dos semanas, y allí tuvo ocasión de desmarcarse del acuerdo firmado con Vox para gobernar Castilla y León, convertida de improviso en la tarjeta de visita de Feijóo en Europa, donde la mayoría de los socios del PP español no quiere ni oír hablar de acuerdos con la extrema derecha. Aquello motivó además un reproche público por parte del presidente de la organización, el polaco Donald Tusk, que llegó a hablar de “capitulación” ante los ultras.

Con todo, el PP europeo no puede permitirse el lujo de enfriar su vínculo con su representación en España, la segunda más poderosa de la Unión. Así que sus dirigentes han optado por mirar para otro lado y acudir al congreso extraordinario de Sevilla después de que el poder provisional de Génova les halla asegurado que no tienen intención de desviarse de sus posiciones. Tusk no irá pero sí han confirmado su presencia el actual presidente del grupo popular en Estrasburgo, el alemán Manfred Weber; el comisario griego Margaritis Schinás, y la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola.

Entretanto, la agenda del PP ha brillado por su ausencia. La presencia pública diaria, que encabezaba el presidente del partido pero cuya responsabilidad compartían los miembros de su dirección, ha caído a mínimos.

Alberto Núñez Feijóo inicia a la inversa el camino que recorrió Manuel Fraga cuando dejó la Presidencia del PP estatal para aspirar a la de la Xunta. Lo hará casi dos décadas y media después y tras derogar durante sus trece años de mandato buena parte de las leyes que había impulsado su antecesor. Un revisionismo —o “reformismo”, como lo califica el propio Feijóo— que supuso aplicar con éxito dispar una agenda liberal-conservadora presentada a veces como socialdemócrata. Estos son los 13 hitos que resumen las principales zonas oscuras de sus 13 años de gobierno en Galicia.

Tras la dura campaña electoral de 2009 contra el gobierno de coalición PSdeG-BNG, una de las primeras políticas que revirtió Feijóo nada más llegar a la presidencia fue la que planificaba un sector eólico con participación pública y proyectos industriales ligados a los aerogeneradores. El nuevo gobierno del PP anuló a finales de 2009 el denominado concurso eólico que estaba en marcha y lo sustituyó por un nuevo proceso de reparto de parques. 

Años después el Tribunal Supremo condenó las ilegalidades cometidas tanto en la anulación del concurso previo —por el que aún se siguen pagando indemnizaciones— como en el nuevo proceso que se abrió a continuación. Más de una década después, la política eólica sigue siendo de las más polémicas que desarrolla la Xunta, con sucesivas sentencias que condenan su gestión.

Uno de los pilares de la estrategia de oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG consistió en señalar una supuesta “imposición” del gallego en Galicia. Lo hizo especialmente desde que, en 2007, aquel Ejecutivo aprobó un decreto que fijaba un “mínimo” del 50% de las materias escolares en lengua gallega, norma que desarrollaba a su vez el Plan General de Normalización aprobado por unanimidad en tiempos de Fraga y que había sido inicialmente apoyada por los populares.

De la mano de grupos minoritarios que caricaturizaban Galicia como una especie de dictadura lingüística, Feijóo prometió derogar aquel decreto y, en el penúltimo día de 2009, presentó el texto llamado a sustituirlo, una nueva normativa para “pasar” del supuesto “monolingüismo” y la “imposición” en las aulas a la “normalidad”, la “cordialidad” y el “trilingüismo”. Aseguraba también el entonces nuevo presidente que su decreto gantatizaba que los padres iban “a decidir” sobre la presencia de castellano y gallego en la enseñanza, pretensión que después fue tumbada por la Justicia.

La famosa “casilla en el sobre de matrícula” prometida por Feijóo para que padres y madres condicionaran el idioma de la enseñanza no llegó nunca a entrar en vigor, pero sí el resto de la norma a partir del curso 2011-12. Culminaba así el primer retroceso en la protección legal de la lengua gallega en la historia de la autonomía, contradiciendo el espíritu de la Ley de Normalización Lingüística, que señala el carácter “progresivo” de la recuperación del uso del idioma. Desde entonces, la Xunta evita divulgar los resultados de sus evaluaciones sobre el resultado del decreto y, al mismo tiempo, Feijóo desdeña las consideraciones de entidades que, como el Consejo de Europa, reclaman la “inmediata” eliminación de las “limitaciones a la docencia en gallego”. “Allá los autores del informe”, aseguró al ser preguntado al respecto en 2019.

En mayo de 2011 fueron detenidos el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, y varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo, en el marco de una investigación por presunto fraude en subvenciones públicas. El Igape es una entidad que depende de la Xunta y que es clave en el reparto de ayudas públicas. Comenzaba el caso Campeón, que finalizaría en 2017 con la condena por corrupción de Varela de Limia, Silva y del diputado autonómico del PP Pablo Cobián.

Feijóo no sólo defendió que sus cargos públicos únicamente habían realizado una “mala gestión” pero no tenían responsabilidad penal, sino que avaló que la Xunta, que participó en el proceso judicial, no formulara acusaciones contra ninguno de ellos y se centrara exclusivamente en los empresarios implicados. Un año después de que la sentencia por corrupción fuese firme, el presidente gallego reconoció expresa y públicamente al exdirector del Igape condenado.

El Pleno de la Diputación de Ourense hizo efectivo el 26 de enero de 2012 el relevo de quien había sido su presidente desde 1987, José Luis Baltar, por su hijo Manuel. Tres años antes el padre ya había cedido a su vástago el mando del PP provincial en lo que supuso la primera gran derrota interna de Feijóo desde su llegada a la presidencia del partido y de la Xunta. Fue en un congreso en el que los Baltar vencieron al candidato de Feijóo, Juan Manuel Jiménez Morán, tras enchufar el padre ilegalmente en la Diputación a 104 personas próximas al partido.

Por aquellos hechos Baltar padre acabaría en 2014 condenado por prevaricación, pero Feijóo ya no volvió a dar la batalla por el control de una provincia que tanto le ha facilitado unos resultados electorales indispensables para sus sucesivas mayorías absolutas, pero que también se ha enfrentado a decisiones de la Xunta como la de intentar cerrar la sala de partos del hospital de Verín hace dos años. 

El domingo 31 de marzo de 2013 el diario El País reveló la amistad que Feijóo mantuvo durante años, en la década de los noventa, con Marcial Dorado, entonces conocido contrabandista y posteriormente condenado por narcotráfico. El entorno del presidente intentó presentar aquello como unas fotos puntuales sacadas de contexto, aunque las imágenes probaban una amistad duradera entre el político popular y el contrabandista y revivieron toda una época de connivencia entre el PP y las actividades delictivas en la costa gallega.

A pesar de la polvareda que supuso aquella información, y de que quedaron cuestiones sin aclarar como los posibles contratos entre empresas de Dorado y el Servicio Galego de Saúde o qué delegado del Gobierno de España le alertó de la existencia de las fotos, los populares dieron por amortizada la polémica con la siguiente mayoría absoluta, en 2016. 

El mismo día en que Feijóo presentó el texto de su decreto “del plurilingüismo”, el 30 de diciembre de 2009, el Consello de la Xunta aprobaba sin hacerlo público destinar un millón de euros a un informe de la consultora KPMG sobre la fusión de Caixa Galicia con Caixanova, las dos principales entidades financieras de Galicia. Poco después y aunque no lo era, el Gobierno gallego presentó un resumen de los resultados de aquel trabajo como una “auditoría” que “avalaba” la fusión. En noviembre de 2010, el propio Consello tramitó un informe de apenas cinco páginas autorizando una operación que también tenía el visto bueno del Banco de España.

Nacía así Novacaixagalicia, una nueva caja de ahorros marcada por la “solvencia” y la “galleguidad”, había defendido la Xunta, pero que duró como tal apenas unos pocos meses. A mediados de 2011, las nuevas normas estatales forzaron su bancarización transfiriendo su negocio al nuevo Novagalicia Banco, que a su vez acabaría precisando de un rescate estatal del que el Banco de España da por perdidos unos 9.000 millones de euros. El Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió vender la entidad por la vía rápida y así, a finales de 2013, se la adjudicaba al grupo venezolano Banesco por mil millones de euros.

De aquella compra salió la actual Abanca, que entró en beneficios poco después de comenzar a operar. Mientras, en el Parlamento, la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de las cajas está a punto de cumplir ocho años, cinco de ellos completamente paralizada. En la actualidad el bloqueo continúa.

A finales de agosto de 2015, el astillero Navantia llevaba a cabo en Ferrol la botadura de uno de los dos floteles (hoteles flotantes) que la petrolera mexicana Pemex encargó y construyó en las rías gallegas. El 9 de febrero del presente año, en una comparecencia pública, el presidente de México, Andrés López Obrador, señalaba que el “contubernio” de los negocios de la petrolera estatal azteca en Galicia apadrinados por la Xunta resultaron claves en su crisis con España.

Lo hacía casi una década después de aquel 24 de mayo de 2012 en el que el telediario de la TVG interrumpió su emisión para conectar en directo con la sede de la Xunta y retransmitir la firma del acuerdo con Pemex. Entonces se prometieron millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Pero todo quedó en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron quebrando. De por medio, una estela de promesas incumplidas, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sospechas, sombras y muchas dudas aún por resolver. 

La extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido en España e impulsor, de la mano de la Xunta, de sus principales negocios en Galicia, y su colaboración con la Fiscalía mexicana estrechó aún más el cerco. El Ministerio Fiscal investiga si los negocios de la petrolera en Galicia debieron ser llevados a cabo o si hubo algún aspecto irregular en ellos, al igual que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que llevan tiempo investigando la fracasada colaboración entre la Xunta y la empresa mexicana. 

En marzo de 2016 el Tribunal Supremo tumbó la decisión que tomó la Xunta en 2009, poco después de la llegada de Feijóo a la presidencia, de retrasar la durante mucho tiempo postergada reforma del principal sistema de transporte público de Galicia: el autobús. Fue entonces cuando el Gobierno gallego inició un polémico proceso de reestructuración de líneas y servicios que aún ahora está llegando a su final y cuya valoración habrá que hacer dentro de unos años.

Mientras, como con gobiernos anteriores, la apuesta principal de los ejecutivos de Feijóo tanto a través de sus Presupuestos como en sus discursos públicos siguió siendo la construcción de infraestructuras, con todo tipo de promesas incumplidas y relegando a un segundo nivel el debate sobre los servicios y la movilidad que esas obras públicas podrían facilitar. Un foco en las inversiones por encima de la gestión de los servicios que tiene en la alta velocidad ferroviaria uno de los ejemplos más claros y recientes, con las principales obras —ahora sí— ya finalizadas pero con una similar indefinición a la de hace una década en relación con la configuración futura de la red gallega y de sus servicios sin que hasta ahora supusiera para el Gobierno gallego un motivo de especial preocupación.

El domingo 15 de octubre de 2017 la mayor ola de incendios de la última década arrasó con miles de hectáreas en toda Galicia y acabó con la vida de cuatro personas. El fuego puso en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del rural y la mala planificación territorial a pesar de años de propaganda oficial y sucesivas reformas parciales de las normativas de montes e incendios o urbanísticas. 

Las cifras de hectáreas quemadas, no obstante, disminuyeron notablemente en los años siguientes mientras la respuesta de Feijóo era culpar a supuestos terroristas que la Fiscalía no fue capaz de encontrar. También anunciar nuevas leyes de incendios, de ordenación territorial o de impulso del rural. Pero, al mismo tiempo, la Xunta siguió flexibilizando la ocupación del territorio y defendiendo la primacía de proyectos urbanísticos o empresariales sobre otras consideraciones. Haciendo la vista gorda en la aprobación de planes municipales, por lo que fue condenada por la justicia en varias ocasiones, defendiendo el aumento de las plantaciones de eucaliptos y que la papelera Ence siga ocupando terreno público costero de la ría de Pontevedra autorizando ilegalmente parques eólicos o minas a pesar de su impacto ambiental.

El 11 de febrero de 2009, cuando acababa de explotar el caso Gürtel, Mariano Rajoy compareció ante la prensa en la sede central del PP para, rodeado por múltiples dirigentes del partido —entre ellos sus barones territoriales— asegurar que aquello no era más que una “trama contra el PP”. Alberto Núñez Feijóo pudo evitar aquella incómoda fotografía porque estaba en plena campaña electoral en Galicia pero también logró esquivar la cuestión siempre que fue interrogado sobre ella. Incluso cuando las preguntas se referían a Pablo Crespo, el número dos de la trama, antiguo secretario de organización del PP en Galicia y miembro del consejo de Portos de Galicia en la etapa de Feijóo en la Consellería de Política Territorial, de la que dependía la entidad en aquellos años.

La onda expansiva de la Gürtel se volvió a cruzar en el camino político de Feijóo en 2018 cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia sobre la conocida cómo primera época de la trama, condenando a sus principales líderes y certificando la financiación del PP con dinero negro desde su fundación. El presidente de la Xunta, que había reducido todo el caso a que Luis Bárcenas “no fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar el PP”, pasó a estar en el centro del escenario después de que, el 1 de junio de aquel año, la moción de censura presentada por el PSOE como respuesta a la sentencia puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Como es sabido, buena parte de las miradas internas se volvieron entonces hacia Feijóo como el mejor colocado para la sucesión. Pero, en una comparecencia que desató la euforia en el seno del PP gallego, renunció a concurrir a la elección interna porque, según sus propias palabras, aún faltaba más de media legislatura en Galicia y “fallar a los gallegos” sería tanto como fallarse a sí mismo.

Nunca en la historia de la autonomía el PP tuvo una jornada de resultados electorales tan mala como la que vivió en 2019 y cuyos efectos aún se mantienen en buena parte de las instituciones. En las elecciones generales de abril los populares perdieron por primera vez unos comicios en el global de Galicia y se vieron superados por el PSdeG. En la repetición de las generales de noviembre volvieron a ser la fuerza más votada, pero empataron a escaños con los socialistas y perdieron de nuevo ampliamente frente a la suma de fuerzas de izquierdas.

De por medio, en mayo, tras años de sucesivos cambios impulsados personalmente por el propio Feijóo en las candidaturas municipales de las principales ciudades, las últimas elecciones locales celebradas hasta el momento, hicieron de Arteixo (poco más de 30.000 habitantes) el ayuntamiento gallego de mayor tamaño con alcalde o alcaldesa del PP. Los populares vieron cómo no sólo no podían gobernar ninguna de las siete ciudades gallegas sino que Baltar cedía la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome, líder de una formación antisistema y a quién Feijóo había calificado como “letal” para la ciudad, a cambio de conservar la presidencia de la Diputación provincial, la única de las cuatro aún en manos del PP. Solo la cuarta mayoría absoluta de Feijóo en las elecciones gallegas celebradas un año más tarde logró mudar la tendencia, pero constató el debilitamiento de los populares especialmente en la provincia de Pontevedra.

Cuando el Servicio Galego de Saúde confirmó el primer caso de la covid en Galicia, a principios de marzo de 2020, hacía apenas un mes que Alberto Núñez Feijóo había confirmado la convocatoria de las elecciones gallegas para el 5 de abril, el mismo día en el que el lehendakari Urkullu había llamado a las urnas en Euskadi. Aquella convocatoria electoral quedó sin efecto mediante un inédito proceso de desconvocatoria tras el cual llegaría una nueva llamada a las urnas, finalmente para el 12 de julio.

Este contexto preelectoral es imprescindible para entender buena parte de los movimientos de Feijóo y de su Ejecutivo en las primeras semanas de la pandemia, marcadas por los rifirrafes con el Gobierno de España. Desde los reproches por la falta de material sanitario como mascarillas y batas de protección hasta las discusiones por la duración del estado de alarma, pasando por la afirmación de que el gabinete de Pedro Sánchez “había fracasado” en la lucha contra la pandemia cuando había pasado menos de un mes de su inicio o ligar a la gestión de la Xunta la menor incidencia del virus en Galicia en aquella primera ola.

Una vez pasadas las elecciones —con otra mayoría absoluta para el PP—, los enfrentamientos continuarían a cuenta de, por ejemplo, los criterios de reparto de las vacunas, aunque los datos acreditaran que Galicia recibió las que le correspondían en cada fase del proceso, o la aplicación y retirada de las diversas restricciones para intentar contener los contagios. Esa pugna pre y postelectoral se transformó en una especie de ruido de fondo, tanto mientras el virus causaba entre la población gallega un impacto relativamente menor al de otros puntos de España en términos de mortalidad como cuando Galicia destacó positivamente en todos los indicadores de vacunación.

Desde 2009 hasta hoy, Galicia ha perdido más de 33.000 empleos industriales y sufre una debacle en el sector que no se detiene. El lento desmantelamiento de la industria eólica y de todo lo vinculado con los molinos de viento ahondó especialmente la crisis que padece el norte gallego. El cierre de Vestas y Gamesa se sumó al de muchas otras empresas en los últimos años. 

No sólo en en lo eólico, obviamente. Las amenazas y cierres parciales y definitivos que pesan sobre gigantes como Alcoa —en A Coruña y en A Mariña—, la crisis del naval, el anunciado desmantelamiento de la central térmica de As Pontes —ahora reactivada temporalmente por la crisis energética— y otras muchas empresas importantes en crisis certifican la ausencia de políticas y modelos industriales alternativos ante los cambios que exigen, desde hace tiempo, la lucha contra el cambio climático y los nuevos horizontes económicos.

La captación de fondos europeos para novedosos y sostenibles proyectos, liderada por una sociedad de mayoría privada que encabeza Abanca, es ahora mismo la esperanza para una reactivación plasmada en la polémica ley del mismo nombre, con la que Feijóo pretende desregular permisos ambientales y subvenciones a empresas y empleo público. Con ella la Xunta permitirá, por ejemplo, que sean empresas privadas las que evalúen las alegaciones de los ciudadanos contra proyectos con impacto ambiental.

La repercusión de estos trece hitos de Feijóo en Galicia fue dispar en el debate político y social gallego. En parte por un sistema de medios de comunicación condicionado en el sector privado por la publicidad y el reparto discrecional de dinero de la Xunta y en el sector público por el control político de la CRTVG que desde hace cuatro años tiene su principal foco de crítica en el movimiento Defende A Galega. Son las dos vertientes de la política de comunicación de un ejecutivo que ha prestado una especial atención a su proyección pública por encima de otras consideraciones.

Con este equipaje Feijóo pone rumbo a Madrid y deja una Galicia que es hoy más pequeña que cuando empezó a presidirla en 2009, si se atiende a lo que solo en los últimos años viene siendo identificado por el presidente como el principal problema de su tierra, el demográfico. Si hace 13 años había 2.767.000 personas viviendo en Galicia, según la última cifra oficial equivalente ahora son 2.695.000, unas 70.000 gallegas y gallegos menos.

Sin embargo, hasta hace dos años la Xunta no decidió dar al problema el máximo rango político e impulsar una ley específica para combatirlo. Su resultado aún está por ver. Pero no serán las políticas demográficas de Feijóo una carga para quien lo suceda ahora o en los próximos años. “Por responsabilidad”, dijo él mismo, su ley demográfica, lo que él considera el gran hito de sus últimos años al frente de la Xunta, no concreta medidas porque no quería “hipotecar” a los gobiernos que le sucedan cuando inicie su carrera en Madrid.

La campaña de primarias de Alberto Núñez Feijóo, reconvertida en gira de presentación ante sus compañeros de partido, a la vista del acuerdo suscrito por todos las barones para dejarle expedito el camino hacia la Presidencia del PP, se cerró el domingo cuando iba por el mitin número catorce. Le han faltado tres, los de País Vasco, Navarra y La Rioja, que celebrará en los próximos días a pesar de que la votación ya tuvo lugar. 

En sus intervenciones, Feijóo ha combinado críticas muy duras contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas con explicaciones acerca del rumbo que piensa dar a su partido a partir de ahora. Por el medio, no faltaron las mentiras, las medidas verdades y las pifias propias de quien se ve obligado a repetir discursos. Estas son algunas de ellas.

“Somos un partido que nació para redactar la Constitución”. En su entusiasmo por identificar al PP con la Carta Magna, Feijóo olvidó que durante la transición, cuando se llamaba Alianza Popular —fue fundado por jerarcas del franquismo, incluidos siete ministros de gobiernos de la dictadura—, se dividió en la votación de la ponencia constitucional en el Congreso. El 31 de octubre de 1978, el dictamen fue aprobado por 325 votos a favor, 14 abstenciones y seis votos en contra, cinco de ellos de su partido. Alianza Popular se partió en tres aquel día: de sus 16 diputados, ocho votaron a favor, cinco en contra y tres se abstuvieron. El líder de entonces, Manuel Fraga, no ocultaba sus reservas: “La referencia a la palabra ‘nacionalidades’ no la entendemos compatible con el principio de unidad de la Nación”, aseguraba. Como tampoco le gustaban algunas competencias de las comunidades autónomas.

A Feijóo le da igual. El suyo, afirmó en varios de sus mitines, es “un partido que se hizo para redactar la Constitución, para ejecutar y extender el Estado de las Autonomías”. 

Feijóo está mostrando tanto empeño como su antecesor, Pablo Casado, en defender una rebaja generalizada de impuestos como único instrumento de política económica. Para combatir el alza de los precios de la energía, pero también como política general de su partido. En toda circunstancia. En su afán por desacreditar los impuestos, con los que se financian la políticas públicas, llegó a decir que “el Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y el incremento de la gasolina” porque “el 50% del precio de la luz y de los carburantes son impuestos”.

Lo que no dijo es que ese dinero no lo ingresa el Gobierno sino el Estado. Y se utiliza para financiar, entre otras cosas, la sanidad, la educación y las infraestructuras, tres políticas públicas que él todavía gestiona como presidente de la Xunta y que dependen de ese dinero.

El todavía presidente de la Xunta aprovechó sus intervenciones para reivindicarse como un político con gran experiencia de gestión al que nadie, y menos el Gobierno, le puede dar lecciones sobre la España rural y cómo combatir la despoblación. “Para mí es un honor presidir la comunidad que aprobó la primera ley de fomento de la natalidad”. “En Galicia en el rural no se pagan impuestos”, aseguró.

Más allá de que en las áreas rurales de Galicia se siguen pagando impuestos, lo cierto es que las políticas de Feijóo durante los últimos trece años han sido incapaces de frenar la involución demográfica de su comunidad. La emigración de los jóvenes hacia otros territorios de España y Europa en busca de oportunidades que no encuentran en su tierra y el retroceso de la población de la práctica totalidad de los ayuntamientos gallegos siguen muy presentes, pese al cambio de tendencia provocado temporalmente por la pandemia. 

Galicia ha perdido más de 100.000 habitantes desde el año 2010, 50.000 jóvenes dejaron la comunidad en la última década y y tiene índices de envejecimiento récord.

Feijóo ha repetido en sus mítines que lo que España necesita es “un Gobierno que se construya desde la centralidad, no desde el radicalismo ni desde el populismo”. Un proyecto en el que el presidente puede “nombrar y destituir” a sus ministros. Un Gobierno “unido que hable con una sola voz”. “No creo en la política de ‘o me das lo que te pido o hay elecciones anticipadas”, llegó a decir en una de sus intervenciones.

El nuevo líder del PP se estaba refiriendo al Gobierno de España pero sus palabras describen muy bien el nuevo Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, que él mismo avaló. Allí el PP se vio obligado a dar entrada a la ultraderecha populista en la Junta para evitar elecciones anticipadas y su presidente no tendrá más remedio que nombrar consejeros a quienes decida Vox. Tampoco parece que ese Gobierno vaya a tener una sola voz: los líderes ultras ya están dejando claro que van a tratar de derogar normas contra la violencia machista y en defensa de la memoria democrática, así como a intentar otorgar a los padres la posibilidad de controlar la enseñanza de sus hijos siguiendo criterios ideológicos.

El nuevo líder del PP reivindica el principio de que gobierne el partido más votado aunque no tenga mayoría parlamentaria. Se queja de que su partido deba “estar en la oposición aun ganando” porque otras formaciones llegan a acuerdos y consolidan mayorías suficientes para gobernar. “Creo en las mayorías que salen de las urnas, creo en las listas más votadas. Creo que el Pacto del Tinell destruyó el principio intocable de que en España gobernaba el que ganaba“ y “empezó a destruir el legado de la transición”. 

Pone incluso como ejemplo a Felipe González porque en 1996 “sumaba con PNV y CiU pero entendió perfectamente que debía dar paso a Aznar, que había ganado las elecciones. Así se construye la democracia”. “Creo en esa España y en esa limpieza democrática”, subrayó dando a entender que la formación de mayorías parlamentarias entre varios partidos le parece, por oposición, algo sucio.

En realidad el Pacto del Tinell que dio lugar a un gobierno tripartito en Cataluña en 2003 ante la incapacidad de Convergència i Unió, la formación más votada, de formar una mayoría en el Parlament, no es el primer ejemplo de acuerdos políticos que privan del ejecutivo a la lista que queda en primer lugar. Ese no sólo es el modelo que se deriva de la Constitución (España no es un régimen presidencialista) sino que es exactamente lo que ha hecho el PP cuando ha tenido oportunidad: ocurrió en Murcia, Madrid (también en el ayuntamiento), Andalucía y Castilla y León, donde la lista más votada en 2018 y 2019 fue la del PSOE.

Feijóo también se presenta como alguien con “experiencia en ganar al socialismo, le hemos ganado siempre en Galicia”, asegura. No es cierto. En 2019 el PSOE ganó por primera vez las elecciones generales en la comunidad gallega.

“Los que más tienen” lo son porque “han trabajado más”, sostiene Feijóo. Los datos de Eurostat sobre riesgo de pobreza según el nivel educativo de los padres dicen lo contrario, desmienten el ideal meritocrático y constatan la avería del ascensor social. En el periodo 2011-2019, la tasa de pobreza subió para los hijos de padres con estudios básicos y medios, mientras bajaba para los hijos de padres con estudios superiores. La brecha pasa de 8,5 a 11 puntos y España es el país de los 35 estudiados con mayor riesgo de pobreza entre los hijos de padres con estudios medios. Los estudios que se basan en la renta llegan a la misma conclusión.

Se ha convertido en una frase hecha que repiten los dirigentes del PP. Pablo Casado la decía a menudo, en referencia a Europa, y a Feijóo le encanta: “Cómo no voy a creer en España, si es la nación más antigua del mundo”. Una afirmación que a veces matiza diciendo que se trata de un título que comparte con Francia. Pero no lo es, en opinión de la mayoría de los historiadores. Si por nación se entiende un Estado, los reinos de Francia e Inglaterra se remontan a los siglos X o XI, algo que en España no puede argumentarse, como mínimo, hasta el siglo XV, que es la fecha a la que se refiere Feijóo, aunque en ese momento todavía existían varios reinos en la península. Aunque si se habla de Estado nación, en el caso español no puede identificarse hasta 1812. La afirmación del presidente de la Xunta se complica aún más si se extiende, como hace él, a todo el planeta. Como civilización, China existe desde el siglo V.

Una de las cosas en las que más ha insistido Feijóo durante su gira por toda España es en su valía como gestor, ya desde la época en la que, durante el primer mandato de José María Aznar, se ocupaba de la sanidad pública, entonces todavía sin traspasar a la mayoría de las Comunidades Autónomas. En sus mítines ha repetido una y otra vez lo importante que es gastar bien el dinero público y no dejar nada a deber: “Cuando un político inaugura un hospital, la pregunta que hay que hacer es: ‘¿Este hospital lo deja usted a deber o está pagado?’ Porque si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”.

El ejemplo que utiliza no puede ser más paradójico. El Gobierno gallego que él preside todavía debe 500 millones de euros por la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, la ciudad más populosa de Galicia. Cada año la Xunta paga una suma millonaria —los presupuestos de 2022 incluyen para este fin casi 40 millones de euros—, una partida a la que hay que sumar en torno a 33 millones destinados a pagar a la concesionaria privada del centro hospitalario los servicios no sanitarios que presta.

España ya era “el país con más déficit y más deuda de la Unión Europea antes de la guerra”, ha repetido incansable durante sus mítines por las comunidades autónomas españolas. No es verdad. El país con más déficit de la UE era entonces Malta y al menos otros tres Estados miembros tenían una deuda más abultada: Grecia, Italia y Portugal.

Durante el mitin que protagonizó en Barcelona, Feijóo se puso a sí mismo como modelo a seguir para una convivencia armónica entre lenguas oficiales, a diferencia de lo que, según él, sucede en Cataluña. Para subrayar sus propias virtudes llegó a presumir de que, gracias a su modelo educativo, Galicia es la comunidad que más utiliza su lengua propia. 

Lo que no explicó al público asistente es que ya lo era mucho antes de que él se hiciese con la jefatura del Gobierno gallego y que desde que es presidente el uso de la lengua gallega no ha dejado de retroceder. 

Feijóo también ha tratado de ridiculizar la apuesta del Gobierno de España —que es también la de Europa— por completar una transición energética hacia una menor dependencia de energías contaminantes que además en su mayor parte obligan a consumir materias primas que hay que importar de otros países. “La transición energética se ha convertido en uno de los fracasos más absolutos de este gobierno”. Y llegó a decir que la causa del elevado precio del recibo de la luz está en la decisión del Ejecutivo de cerrar las centrales térmicas. En realidad es el gas el que está provocando el alza de la factura por culpa del mecanismo de fijación de precios del mercado energético.

Durante su recorrido por España, el presidente de la Xunta ha coleccionado algunos errores y meteduras de pata que no ha tenido más remedio que tratar de rectificar. Al menos en parte. 

Empezó con buen pie en València: era su primer mitin y se sintió obligado a decir que para él era “un honor empezar en la Costa Dorada” un “itinerario que no va a ser fácil”. En realidad, la Costa Dorada está en Tarragona. 

En Santiago puso en duda que asesinar a los hijos de una mujer pueda ser considerado “violencia machista” y defendió que sea calificado como “violencia intrafamiliar”, la expresión con la que la ultraderecha trata de negar la existencia de una violencia dirigida específicamente contra las mujeres por el hecho de serlo. El presidente de la Xunta trató después de matizar sus declaraciones cuando le hicieron ver que sus palabras contradicen no sólo la legislación española y los pactos que el PP ha suscrito contra la violencia de género sino incluso la ley que él mismo impulsó en 2021 en Galicia para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. “Cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio”, eso es violencia intrafamiliar, intentó enmendarse a sí mismo. “Que nadie dude de que lucharemos contra todas las violencias y que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista”.

En Madrid, en presencia de Isabel Díaz Ayuso, proclamó su amor por la capital. “Madrid ama la libertad, por eso quiero volver a vivir en Madrid. Ya me siento como en casa”, alegó contradiciendo su apego a Galicia, a la que en el pasado ha definido como esposa y como madre. Apenas dos días después, de nuevo en Santiago, se olvidó de la capital y afirmó que seguirá siendo militante del PP de Galicia. “Galicia es nuestra casa, el principio, el comienzo y el fin“, remarcó entre lágrimas.

La última pifia la cometió hace apenas unos días. En un acto en A Coruña descalificó al Gobierno de Pedro Sánchez llamándolo “autista”. Autismo España le respondió inmediatamente: “Desafortunadas palabras de Feijóo, utilizando ‘autista’ de manera peyorativa. Las personas con autismo luchan cada día por el respeto a su dignidad como ciudadanos de pleno derecho, y los representantes públicos tienen especial responsabilidad en su tratamiento adecuado”. El presidente gallego no tuvo más remedio que llamar al director de la entidad para disculparse. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya no pide abiertamente expulsar del PP a los que, como Pablo Casado o Teodoro García Egea, pusieron en duda la legalidad de los contratos públicos de los que se benefició su hermano con el argumento de que no cree “en las heridas cerradas en falso”. 

Pero eso no significa que haya dado por zanjada la disputa que la enfrentó con la dirección del partido y acabó sirviendo de disculpa a los barones para precipitar la caída del presidente del PP. “Vamos a ver cómo salimos del congreso [extraordinario de Sevilla] y qué equipo hace” Alberto Núñez Feijóo, advirtió la presidenta madrileña en una entrevista en EsRadio. “Lo que yo creo no es tanto ya cortar cabezas como prescindir” de las personas que dentro del partido cuestionaron la legalidad de sus actuaciones durante la primera ola de la pandemia.

“Lo único que le pido a la casa”, así se refirió repetidamente a su partido, “que es lo que yo haré si tengo la oportunidad después de tanto tiempo de presidir el PP de Madrid, es demostrarle a los ciudadanos que las formas importan mucho, que las mafias no se tienen que tolerar bajo ningún concepto”. "Los votantes tienen que saber que cuando cojan la papeleta del PP de Madrid están votando una organización que no tolera prácticas a mi juicio irregulares”. 

Ayuso espera que Casado, Egea y sus respectivos equipos desparezcan del nuevo comité ejecutivo del PP y de la sede de Génova. Pero no sólo eso. Según la presidenta de Madrid, el nuevo líder del partido no sólo “entiende que el proceso de pacificación dentro de la casa era imprescindible” sino que está convencido de que debe extenderse a Vox y “a todos aquellos partidos con los que en el futuro nos vamos a entender”.

“El paso es de gigantes”, declaró satisfecha en referencia a la sustitución de Casado por Feijóo. El ya presidente in péctore del PP “tiene que aspirar a cosechar las más amplias mayorías en torno a nuestro proyecto, porque cuanto más fuerte” sea “todo va a ir mejor”. Y porque, según ella, tanto Vox como Ciudadanos han sido escisiones del PP motivadas por “extremos errores”. ¿Cómo debe hacer eso Feijóo?´, se preguntó. “¿Dentro o fuera de la organización?” “Pues no lo sé”, se respondió a sí misma, distanciándose de la estrategia del todavía presidente de la Xunta. “Pero éramos una mayoría de más 11 millones de votos porque todas las sensibilidades se veían representadas en un mismo liderazgo”, añadió señalando a Feijóo la necesidad de atraer a los votantes de la extrema derecha.

La presidenta madrileña dejó también clara, en la misma entrevista, la mala opinión que tiene del Ejecutivo de Pedro Sánchez —“Es un Gobierno que sólo gestiona a base de mando y de autoritarismo como no se ha visto desde nuestra dictadura”, aseguró— y cuál debe ser el plan para acabar con él: “Los partidos que tenemos claro cuál es el adversario de España tenemos que unirnos”.

Ayuso no es la única lideresa del PP que quiere ver reflejadas sus posiciones en la nueva dirección del partido, la que saldrá el día 2 de abril del congreso extraordinario que los conservadores celebrarán en Sevilla. De hecho, sin que el relevo se haya consumado, confirmó en la misma entrevista que Feijóo autorizará rápidamente la celebración del congreso del PP de Madrid, tantas veces aplazado por Casado y en el que planea hacerse con el control de la organización en su comunidad.

Ese es, por otra parte, el pacto al que han llegado los principales barones del partido con Feijóo. A cambio de respaldar su elección y contribuir a la caída de Casado, todos ellos tendrán libertad para decidir a sus anchas en sus respectivas comunidades tanto sus propuestas electorales como sus estrategias, candidaturas y pactos, algo que ya ha sucedido en Castilla y León con el acuerdo alcanzado con Vox y que por primera vez dará entrada a un gobierno a representantes de la extrema derecha a pesar de las reticencias del PP europeo. La idea de Casado de un partido unido con una sola voz tendrá que esperar.

Entre los que esperan obtener mayor presencia en la nueva dirección del PP están los dirigentes que más compromisarios aportan al congreso extraordinario de Sevilla o que tienen más peso institucional en sus respectivos territorios. Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Galicia y Madrid representan por sí solos la mitad de la militancia del PP.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya ha dejado claro que quiere tener peso específico en Génova. Especialmente ahora que se acercan sus elecciones autonómicas. Ha elogiado a Feijóo porque representa a la España “periférica”, que es la que reivindican los barones en contraposición a los intentos —fallidos— de la dirección de Casado de hacerse con el control de la organización en todo el país.

“Es evidente que [Andalucía] tiene que tener peso en términos cuantitativos y cualitativos, por muchas razones, la principal es porque somos la estructura territorial con mas afiliados de España y ese peso de afiliados, demográfico, tiene que quedar reflejado y estoy convencido de que quedará reflejado”, declaró hace unos días. Algo que esperan conseguir también Ayuso, Mañueco y el presidente tránsfuga de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Y que todo el mundo da por descontado que tendrá el PP de Galicia, quien todavía hoy es el de Feijóo y que sigue a la espera de un heredero.

La revuelta de los barones que derrocó al presidente del PP, Pablo Casado, casi cuatro años después de su elección como sucesor de Mariano Rajoy, para sustituirle por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibió este lunes el aval de la mayoría de los militantes del partido. 

Al filo de las 22.36 horas, el comité organizador del congreso extraordinario convocado para consumar el cambio de presidente hizo público que la candidatura de Feijóo, el único aspirante que se presentó después de que los barones impidiesen a Casado optar a la reelección y de que Isabel Díaz Ayuso renunciase a competir por el puesto, presionada por la investigación de los contratos públicos que favorecieron a su hermano en plena pandemia, mereció el apoyo de 36.781 militantes. Es el 99,63% de los que se inscribieron para votar. Votó el 88,05% de los inscritos para participar en el proceso, según los datos facilitados por el partido.

Feijóo, que ya era de hecho el presidente virtual del partido, ya sólo necesita superar un nuevo trámite, la votación de los más de 3.000 compromisarios convocados a participar en el Congreso de Sevilla los días 1 y 2 de abril. Será entonces cuando renuncie al liderazgo del PP de Galicia. Para verle dejar la Presidencia de la Xunta habrá que esperar aún algunas semanas, según sus propias palabras.

Feijóo será a partir de ese momento, ya con todas las formalidades cubiertas, el jefe de filas del principal partido de la oposición. Un puesto por el que se resistió a competir hace cuatro años cuando proliferaban los aspirantes a hacerse con el legado de Mariano Rajoy y que ahora ha aceptado después de que sus pares, los demás barones territoriales que participaron en la defenestración de Casado, le garantizasen que no iba a tener competencia.

Del congreso quedan por despejar varias incógnitas importantes, la más destacada la composición de su equipo, la lista de personas que le acompañarán en el comité directivo del PP en la sede de Génova 13. En especial el nombre del elegido para la secretaría general, una responsabilidad en la que la mayoría de los dirigentes del partido dan por hecho que estará el eurodiputado Esteban González Pons, presidente del comité organizador del congreso. En ese comité los barones más influyentes, entre ellos el andaluz Juanma Moreno, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco y el valenciano Carlos Mazón, esperan contar con representación propia. 

Pero el PP no sólo está pendiente de la lista de miembros de su equipo sino del nombre de las personas que Feijóo elegirá para ser sus portavoces en esta nueva etapa en el grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado. El presidente de la Xunta no podrá debatir con Sánchez en el Congreso, porque no tiene escaño allí y no lo obtendrá hasta que haya nuevas elecciones. Eso deja el camino expedito a Santiago Abascal, el presidente de Vox, para tratar de asumir el liderazgo de la oposición en la Cámara Baja. 

En cuanto abandone su puesto como presidente de la Xunta tendrá que decidir si hace dimitir a uno de los dos senadores gallegos de representación autónoma que su partido tiene en la Cámara Alta y ocupa su lugar. Esa decisión le permitiría, al menos, ejercer ocasionalmente funciones de control del Gobierno y debatir con el presidente Sánchez. Podría también, en calidad de senador, asistir a plenos del Congreso, pero no pondrá intervenir desde su tribuna, lo que le privará de la posibilidad de representar al PP en el debate sobre el estado de la nación.

Más allá de los nombramientos que tiene pendientes. Feijóo hereda un proyecto político diseñado por Casado, cuya puesta de largo tuvo lugar en octubre en la convención nacional de València. El nuevo presidente tiene que anunciar si asume en todo o en parte estas propuestas y si convoca una nueva convención para lanzar su propio discurso de cara a la preparación del programa con el que el PP tratará de disputar las elecciones al PSOE de Pedro Sánchez.

A sus 60 años, Feijóo ya es en la práctica el tercer presidente gallego de la historia del PP. Eso sí, a una edad mucho más avanzada que la de sus inmediatos predecesores: José María Aznar tenía 36 años cuando se hizo con la presidencia del PP; Mariano Rajoy estaba en los 49 y Pablo Casado había cumplido 37. 

La mitad de su vida la ha dedicado a la política, los últimos trece años como presidente de la Xunta después de ganar las elecciones autonómicas por mayoría absoluta en cuatro ocasiones consecutivas.

Pasar página lo antes posible, como si en el PP no hubiese tenido lugar una revuelta interna sin precedentes en la política española que ha puesto de patitas en la calle a quien hasta hace un mes era supuestamente su líder indiscutible, se ha convertido en la principal prioridad del primer partido de la oposición. 

La operación relevo, que el entorno de Pablo Casado considera el resultado de una conspiración planificada y premeditada, culminará formalmente en Sevilla dentro de dos semanas en el segundo congreso extraordinario consecutivo que el PP se ve obligado a organizar desde que fue desalojado del poder en 2018. 

Pero el entusiasmo con el que el gobierno provisional del partido y los barones autonómicos intentan presentar la consagración de Alberto Nuñez Feijóo como nuevo líder apenas puede disimular las heridas que deja la extraordinaria situación que atraviesa el PP.

La última pista de que no todo va bien la dio este viernes el comité organizador del congreso al revelar que apenas 41.681 afiliados se han inscrito para participar en las primarias del Partido Popular celebrará el próximo lunes. Una votación que el responsable de la mecánica del congreso, el eurodiputado Esteban González Pons, preferiría no celebrar, porque sólo hay un candidato y existe un riesgo real de que la participación en la votación interna no sea todo lo abultada que les gustaría.

Pons, al que muchos consideran el principal candidato a ocupar la Secretaría General del PP, el puesto que hasta ahora ocupaba Teodoro García Egea en Génova 13 y que, a todos los efectos, convierte a su titular en el número dos del partido, asegura que los estatutos le otorgaban margen suficiente para saltarse la votación de los militantes y adulterar así el proceso de primarias. La presión de Feijóo —en una insólita intervención que pone al descubierto la supuesta independencia de criterio de la organización— es lo que ha motivado la decisión de mantener la votación del próximo lunes.

Lo cierto es que la ausencia de competidores —la organización anuló la candidatura de la única aspirante que pretendía presentarse a las elecciones internas para elegir al nuevo presidente del PP— y lo abultado de los avales recogidos por Feijóo —más de 55.000— contaminaron desde el primer momento todo el proceso. 

Como también lo adulteró el hecho de que los barones, en la ya célebre reunión de la madrugada del 24 de febrero en la sede de Génova —exactamente 41 años después de la intentona golpista del 23F—, forzasen a Casado a renunciar por escrito a presentarse a la reelección en el congreso, lo que en la práctica hubiese dejado en manos de los afiliados la decisión de legalizar o no el golpe interno impulsado por Feijóo.

El presidente de la Xunta quería desde el primer momento el camino despejado. De ahí que la organización, en un gesto que también acaba en la práctica con el modelo de primarias del PP y disipa cualquier fantasía de imparcialidad, se volcase en la recogida de avales a la candidatura de Feijóo en las 17 comunidades autónomas. 

El esfuerzo fue tan intenso que, paradójicamente, hay más militantes del PP que han apoyado la candidatura del aspirante gallego —exactamente 55.580— que afiliados dispuestos a participar en la votación —41.681—. Una cifra que, en cualquier caso, revela una rebaja sustancial de la movilización interna: representa casi un 40% menos que la de las primarias del año 2018. En aquel entonces, con varios candidatos en liza —entre ellos Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la más votada por los militantes, y Pablo Casado, que fue el elegido por los compromisarios en el congreso—, se inscribieron para votar 66.384 afiliados.

Es cierto que la motivación era entonces mayor, porque había varios aspirantes y ahora todo el mundo sabe quién va a ser elegido. Pero también lo es que la cifra resulta sustancialmente inferior a la de hace casi cuatro años a pesar de que todos los barones pusieron sus respectivas maquinarias internas al servicio del nuevo líder para mostrar un partido movilizado y comprometido en torno al elegido para sustituir de Casado.

Los organizadores del congreso y el gobierno provisional del partido ni siquiera se han molestado en disimular que todo es un mero trámite y que Feijóo salió ya elegido presidente del PP, por decisión de sus pares autonómicos, de aquella reunión con Casado en la calle Génova. Durante los últimos diez días ha sido el propio partido el que ha convocado a los militantes a los mítines que el todavía presidente de la Xunta ha ofrecido por casi toda España y que culminará este fin de semana en Castilla y León y Extremadura. Con episodios tan reveladores, por insólitos, como la singular decisión de retrasar los actos de tres comunidades —País Vasco, Navarra y La Rioja— hasta después de la votación.

No es este el único elemento de distorsión del congreso. Uno de los más llamativos es que la defensa de la gestión del equipo de Casado la llevará a cabo una de las personas que pasó de defenderle a acusarle. La elegida es la actual coordinadora general, Cuca Gamarra, que en su día se unió a los dirigentes que pedían la dimisión del presidente del partido después de que Isabel Díaz Ayuso pusiese en marcha una ofensiva contra él por haberse atrevido a cuestionar la legalidad de un contrato público del que se había beneficiado su hermano.

En realidad, hasta el propio Feijóo confesó, al inicio de todo el proceso, su escasa fe un procedimiento que se propone cambiar. No será ahora, porque el formato elegido para celebrar el congreso extraordinario no incluye la modificación de los estatutos. Habrá que esperar a un congreso ordinario para cambiar el sistema actual —primero votan los militantes y después los compromisarios pueden cambiar esa decisión— que no gusta ni al nuevo PP ni a Feijóo. “Las primarias asamblearias necesitan ajustes. Hay que darle una vuelta al sistema de que cualquiera vote a cualquiera que se presente con 100 avales, y entonces nos presentamos todos, y hacemos 20 campañas electorales, y después volvemos a votar, y no tiene por qué coincidir el que sale con más votos al principio del que sale con más votos al final”, declaró el 6 de marzo al diario El Mundo.

Lo que él quiere es, sencillamente suprimirlas, pero conservando el nombre. “Creo en las primarias a través de compromisarios, no en las primarias asamblearias. Los militantes eligen a los compromisarios, y estos tienen la responsabilidad de elegir entre los candidatos”, explicó en la misma entrevista.

En esto también sigue al expresidente Mariano Rajoy. En su último libro, Política para adultos (Plaza & Janés), dedica un capítulo entero a explicar por qué no le gusta este modelo que, sin embargo, incorporó el PP en 2017, cuando él todavía era su máximo líder.

Poco a poco, día a día, declaración a declaración, Alberto Núñez Feijóo va borrando la línea divisoria que hasta hace pocas semanas separaba al Partido Popular de Vox. El último charco lo cruzó este jueves cuando puso en duda que asesinar a los hijos de una mujer pueda ser considerado “violencia machista” y deba calificarse de “violencia intrafamiliar”, la expresión con la que la ultraderecha trata de negar la existencia de una violencia dirigida específicamente contra las mujeres por el hecho de serlo.

El presidente de la Xunta trató después de matizar sus declaraciones a través de Twitter, a la vista del incendio desatado y de que sus palabras contradicen no sólo la legislación española y los pactos que el PP ha suscrito contra la violencia de género sino incluso la ley que él mismo impulsó en 2021 en Galicia para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. 

“Cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio”, eso es violencia intrafamiliar, inrentó enmendarse a sí mismo. “Que nadie dude de que lucharemos contra todas las violencias y que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista”.

Pero ya era tarde. Su primera versión ya había disculpado las declaraciones en las que el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aseguró preferir hablar de “violencia intrafamiliar” antes que de violencia de género. 

Desde que confirmó su candidatura a la Presidencia del PP, que obtendrá formalmente dentro de dos semanas en Sevilla sin nadie que le dispute el puesto, Feijóo está borrando la línea divisoria entre su partido y Vox. 

Primero avaló el pacto suscrito con la extrema derecha en Castilla y León por el barón local, Alfonso Fernández Mañueco, que por primera vez dará acceso a Vox a tareas ejecutivas en un gobierno. 

Después, haciendo suyo el discurso trumpista de Isabel Díaz Ayuso que tanto gusta a los votantes ultras, cuando se confesó “impactado” por la “entereza y solvencia” de la presidenta madrileña y confesó estar deseando “volver a vivir en Madrid” porque es una ciudad que “ama la libertad”.

Y ahora asumiendo el léxico que utiliza Vox para negar la violencia contra las mujeres, en línea con el acuerdo suscrito en Castilla y León que, además de afirmar la existencia de “adoctrinamiento” en las escuelas de la comunidad, que el PP gobierna desde hace casi cuatro décadas, oficializa la decisión de este partido de dejar de distinguir cualquier especificidad en los asesinatos machistas.

La distancia con Vox, decretada por el todavía presidente del PP, Pablo Casado, durante la moción de censura que Santiago Abascal presentó en 2020 contra el presidente Pedro Sánchez, ha desparecido. La formación ultra ya ni disimula su satisfacción con el cambio en el liderazgo del PP y la política de no agresión con la que Feijóo se está presentando ante sus militantes y con la que se dispone a dirigir Génova 13. 

Abascal y los suyos, conscientes de que con el nuevo PP no habrá cordones sanitarios y se les abrirán las puertas a los gobiernos autonómicos y municipales e incluso la Moncloa si en 2023 sus escaños son decisivos para una investidura, extreman estos días el cuidado en las formas y evitan cuidadosamente las críticas que tan a menudo dirigían contra el PP mientras Casado era su líder.

El presidente de la Xunta suma ya diez días de mítines por toda España en los que, además de atizar el malestar de los ciudadanos contra el Gobierno por el alza de los precios, especialmente de la energía, que sigue desvinculando de la tensión internacional derivada de la política de Vladímir Putin, extiende cada vez más las contradicciones de su discurso y trata de presentarse como un líder que aspira a gobernar en solitario.

Este jueves en Oviedo, la descripción que hizo de cómo entiende él un gobierno, con la que intentaba desacreditar a Pedro Sánchez, sonó inevitablemente a enmienda a la totalidad a Mañueco. Porque Feijóo cree en “un gobierno sin cuotas, imposiciones ni vetos. Cuando un presidente no puede nombrar a sus ministros, cuando tiene que asumir a personas que no conoce, cuando tiene que aceptar imposiciones y vetos, no puede liderar el gobierno”, remarcó pasando por alto que será Vox quien decidirá a quién tendrá que nombrar Mañueco como vicepresidente de Castilla y León y para ocuparse de tres de sus consejerías. “Yo a mis conselleiros los nombro y los ceso yo”, proclamó enfáticamente entre aplausos de los asistentes.

En su diatriba diaria contra el Gobierno, Feijóo ridiculizó su apuesta —que es también la de Europa— por completar una transición energética que haga a España menos dependiente de energías contaminantes que además en su mayor parte dependen de materias primas que hay que importar de otros países. “La transición energética se ha convertido en uno de los fracasos más absolutos de este gobierno”. 

La decisión del Ejecutivo de cerrar las centrales térmicas de carbón es lo que ha provocado la subida del recibo de la luz, aseguró aprovechando que estaba en Asturias y pasando por alto que es el gas el que está provocando, por culpa del mecanismo de fijación de precios del mercado energético, el alza de los precios de la factura.

El gobierno no toma decisiones, repitió como lleva haciendo estos días, antes de detallar algunas de las medidas que acaba de tomar el Gobierno de la Xunta para ayudar a las familias más vulnerables a la subida del IPC y tratar de paliar con anticipos y rebajas en el cobro de algunas tasas las consecuencias que la crisis derivada de la guerra de Putin está teniendo en sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca.

La visión de Feijóo es que durante la pandemia Sánchez “se escondió detrás de las Comunidades Autónomas y ahora lo hace detrás de la Unión Europea”. El Gobierno ha incumplido, según él, el acuerdo al que llegó con los presidentes autonómicos en la isla de La Palma para rebajar impuestos —algo que Feijóo reivindica como un compromiso que “le arrancó” personalmente a Sánchez— y advirtió, en referencia al apoyo que el Ejecutivo está buscando en el Congreso para poner en marcha su plan de medidas para paliar las consecuencias de la guerra: “No vamos a firmar papeles en blanco a nadie”.

Allí, en medio de la euforia con la que esta días le arropan los militantes y cargos del partido, el presidente de la Xunta escuchó la primera crítica, aunque apenas unos segundos porque inmediatamente fue acallada por gritos, pitos y abucheos. “La actitud que está teniendo viniendo aquí a dar este discurso es lo peor que podía hacer, después de todo lo que ha hecho Pablo Casado por este partido”, le reprochó un asistente al acto.

Feijóo ni siquiera respondió. Eso sí, a pesar de que dice ser un político serio que desprecia los tuits, una hora más tarde publicó uno diciendo lo siguiente:

El tono fue más reposado que el de costumbre, pero no el fondo. El estreno de Cuca Gamarra como antagonista del presidente Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso no incluyó esta vez referencias a ETA ni a la ilegitimidad del Gobierno. Pero sí una petición expresa para que eche del Ejecutivo a los ministros de Unidas Podemos, en la misma línea que había venido defendiendo Pablo Casado desde el inicio de la legislatura, y una acusación de grueso calibre, la de que está tratando de utilizar la guerra para ocultar su responsabilidad en la situación económica, que pareció molestar especialmente a Sánchez.

En el PP no saben muy bien cómo gestionar la figura de Casado durante estas semanas de transición. El presidente del partido no aclara su futuro y sigue formalmente en primera línea. Así que Gamarra no tuvo más remedio que asumir su primer cara a cara con Sánchez desde su escaño de número dos del grupo y en presencia elocuente del escaño vacío de quien hasta hace dos semanas era su líder.

La estrategia del PP en este primer pleno de control sin Casado en su asiento quedó clara desde el primer momento: acusar al presidente de ocultar su supuesta mala gestión económica detrás de la pandemia de la covid-19, primero, y tras la invasión rusa de Ucrania, después. Un enfoque en el que coincidió también el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, empeñado, gráfico en mano, en tratar de demostrar que este es el peor gobierno desde la Guerra Civil, incluyendo todos los de la dictadura franquista.

“Ya le conocemos, usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy vemos que está dispuesto a utilizar la guerra”, remarcó Gamarra al jefe del Ejecutivo”. Según la coordinadora general del PP, la elevadísima inflación, el alza de los precios de los combustibles, del gas y de la luz no son consecuencia de la invasión rusa de Ucrania ni de la tensión política y económica de los meses precedentes sino de “los errores” de este gobierno, “el peor posible en el peor momento”, remató.

El respaldo al Ejecutivo a la hora de afrontar la invasión de común acuerdo con la Unión Europea y con la OTAN, que la semana pasada llegó al extremo de respaldar, antes incluso de que se haya planteado, la posibilidad de enviar soldados españoles a la zona de conflicto, brilló esta vez por su ausencia. Gamarra y sus diputados prefirieron concentrarse en la denuncia de la supuesta complicidad de Unidas Podemos y de dos de sus ministras, Ione Belarra e Irene Montero, con el presidente ruso, Vladímir Putin, al que el parlamentario del PP Mario Garcés llegó a llamar presidente “comunista” en su pregunta a la vicepresidenta Yolanda Díaz. 

Los españoles “no merecen” que sigan como ministros los que apoyan a Putin y “desestabilizan a España”. Por su culpa, la credibilidad del presidente del Gobierno está “por los suelos”, subrayó Gamarra. Un discurso que siguió casi al pie de la letra el argumentario de Casado, incluidas sus propuestas de solución: “bajar impuestos” y hacer “política útil” en vez de “seguir obsesionado en recaudar”.

El todavía presidente del PP se limita estos días a acudir al Congreso a votar, igual que su ex número dos, Teodoro García Egea, pero mantiene parte de su agenda como máximo representante del primer partido de la oposición como si nada hubiera pasado.

En esa línea tiene previsto asistir este jueves a la cumbre del PP europeo que se celebra en París y que previsiblemente será su última oportunidad de conversar con los líderes de la derecha europea. Haber sido desahuciado de su puesto como jefe de filas del PP no le impedirá participar en la preparación de la reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea.

No obstante, aunque las elecciones primarias y el congreso extraordinario para sustituirle todavía no han tenido lugar, Casado ya reconoce implícitamente el liderazgo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con quien se mantiene en permanente comunicación.

Feijóo ya está en campaña. Y en el mismo acto de formalización de su candidatura, este miércoles en la sede de Génova 13, ha demostrado que todo va a ser un mero trámite. Los 50.000 avales con los que ha acompañado su presentación como aspirante representan aproximadamente un 75% de los militantes con derecho a voto en las primarias del partido. Semejante volumen de apoyo garantiza al todavía jefe del Gobierno de la Xunta salir elegido presidente del PP sin necesidad de esperar al congreso extraordinario de abril. El respaldo masivo convertirá la votación de compromisarios de Sevilla en un acto formal en el que materializar el sueño de Feijóo: hacerse por aclamación con las riendas del partido.

En la rueda de prensa posterior a la presentación de su candidatura y antes de iniciar una gira que le llevará a visitar todas las Comunidades Autónomas, Feijóo actuó ya como presidente electo. Y como tal se atrevió a decir que el PP debe reclamar el derecho a presidir las Cortes de Castilla y León en la sesión constitutiva que tendrá lugar este jueves en Valladolid. Algo que, en el caso de que el PSOE llegue a un acuerdo con Unidas Podemos y otros grupos minoritarios, el PP no podrá conseguir sin un pacto previo con Vox, que reclama para sí ese puesto, el mismo que los conservadores cedieron a Ciudadanos en 2019.

No descartó expresamente la posibilidad de un gobierno de coalición PP-Vox, como exige la ultraderecha, pero sí se mostró genéricamente en contra de compartir el ejecutivo con otra fuerza política. “No creo en ese tipo de política de pactos”, afirmó, la que da lugar a coaliciones “y que no permite nombrar y cesar” discrecionalmente a miembros del gobierno. 

Por eso defiende gobiernos en solitario del partido más votado, en este caso el PP. Y pide al PSOE que facilite la investidura de Mañueco. Exactamente lo contrario que su partido hizo en 2018 y 2019 cuando, habiendo perdido las elecciones en Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, llegó a acuerdos con otros partidos para impedir que gobernase el PSOE.

Desde que fue elegido presidente del Partido Popular en julio de 2018, Pablo Casado siempre ha presumido de tener la legitimidad interna que no tuvieron otros líderes como Manuel Fraga, José María Aznar o Mariano Rajoy, nombrados a dedo y aupados sin ratificación de la militancia o de otros cargos del partido. Casado lo recordó también el martes en su despedida ante la Junta Directiva nacional. "Hace casi cuatro años me elegisteis presidente nacional en las primeras elecciones primarias de nuestra historia”, dijo nada más comenzar su intervención.

Una afirmación que Cristina Monge, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Zaragoza y experta en calidad democrática, matiza. "Lo del PP no fueron primarias", asegura. Se trata de un sistema de doble vuelta asimétrico, ya que en la primera vuelta pueden votar todos los afiliados y en la segunda sólo los compromisarios. "Los militantes no eligieron a Casado, pero como Cospedal se retiró para evitar que ganara Soraya Sáenz de Santamaría, sus compromisarios apoyaron a Pablo Casado", razona Monge en declaraciones a infoLibre.

Aquellos que auparon a Casado entonces son también los que han certificado su final, capitaneados por el gallego Alberto Núñez Feijóo y con la imprescindible colaboración de su antigua aliada, Isabel Díaz Ayuso, a la que el propio Casado eligió como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid —sin pasar por primarias, como sucede con todos los cargos autonómicos y municipales— hace tres años. Parece claro que será Feijóo el que sustituya a Casado al frente del PP. Pero antes de dar el paso, el presidente de la Xunta se aseguró bien de no tener rivales de peso de cara al Congreso Extraordinario de abril.

Las primarias son un mecanismo de democratización de los partidos políticos, pero lo que esgrimen los dirigentes del PP es que el Congreso de 2018 sólo sirvió para “dividir más” al partido y que lo que se necesita ahora es “unidad” en torno a Feijóo. “Lo último que necesitamos es otra disputa interna por la presidencia del partido”, señala una voz de peso del PP a infoLibre. “Es más conveniente que sólo se presente Feijóo”, concede una segunda persona. “Aunque arrasaría igual si tuviera algún rival”, pronostica. La idea que flota en el PP es que las primarias no sirven porque son las urnas las que legitiman a los candidatos, no los congresos internos. 

“Probablemente un congreso divisivo es lo que les faltaba”, concede Javier Lorente,  profesor de ciencias políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. “Al final un partido político tiene que tener un fundamento democrático, pero no deja de ser una organización privada”, expone Javier Lorente. “A menudo frivolizamos con los procesos democráticos internos pero en ocasiones no sirven. Y puede ser el caso de una organización de máxima tensión o de máxima crisis, como lo que le está pasando al PP”. 

Este razonamiento va en la línea de lo que apuntó el antecesor de Casado, Mariano Rajoy, en su libro Política para adultos. "Tuve la feliz y demagógica idea de apuntarme al llamado sistema de elecciones primarias para elegir a sus líderes, siguiendo la estela de todos los demás partidos”, señala. Y añade: “Era la quintaesencia de la democracia. Lo que sucede es que todos los que mandan en los partidos mandan más que los anteriores, se someten a menos controles, deciden sobre todas las organizaciones territoriales de los partidos y algunos incluso nombran sucesores después de fallecidos, en el sentido figurado de la palabra”.

La Constitución Española otorga a los partidos un papel básico en el sistema democrático. El artículo 1 establece entre los “valores superiores” del Estado el “pluralismo político”. Y el 6 fija: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político [...]. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Pero, ¿lo son?

Los expertos consultados creen que aún falta mucho para que las formaciones políticas sean democráticas y transparentes. Monge lo explica así: “Si lo único que pides a tus militantes o afiliados es que voten por un candidato u otro, pero no les llamas en ningún momento para participar en otros procesos, no contribuyes en nada a la democratización de los partidos”, asegura. “En su lugar, puedes generar división del partido y dar lugar a liderazgos cesaristas o hiperliderazgos”.

La experta no cree que la respuesta sea "eliminar las primarias" sino "añadir otros mecanismos como la deliberación interna" como, por ejemplo, "dinamizar las agrupaciones, abrir procesos de consulta sobre debates en el seno del partido o estar en contacto con los territorios". Lorente hace hincapié en ese último punto: "El hecho de que haya contrapuntos en un partido o controles territoriales es positivo y ayuda a que el líder no acumule todo el poder", señala.

Lo cierto es que los principales partidos presentan tendencias de concentración de poder. No se trata de una vulneración de las reglas del juego. Los líderes de las formaciones en España lo son legítimamente. Se trata de cambios orgánicos que refuerzan al líder y a su entorno más próximo, casi siempre a través de una legitimidad reforzada con primarias. Le pasó a Pedro Sánchez tras su contundente victoria frente a Susana Díaz. Desde entonces el PSOE se ha hecho más dependiente del líder, que afianza su prevalencia sobre los barones, a quienes puede imponer consultas a la militancia.

En Unidas Podemos las primarias existen desde su nacimiento, pero eso no impidió al anterior líder de la formación, Pablo Iglesias, señalar a su sucesora, Yolanda Díaz, sin procesos democráticos de por medio. Durante su trayectoria el exvicepresidente del Gobierno fue el líder que más recurrió a las primarias, fuente de legitimación directa pero también obstáculo para la transacción entre posiciones, incluso para dirimir la polémica interna por su chalé. Esa consulta suscitó más movilización que, por ejemplo, la decisión sobre si entrar o no en un gobierno de coalición con los socialistas.

En la derecha las primarias son vistas como un mero trámite. Santiago Abascal renovó en marzo su liderazgo hasta 2024 sin oposición. El único que pretendía dar la batalla era el canario Carmelo González, que denunció irregularidades y no llegó ni siquiera a las 200 firmas, frente a las 4.941 que eran necesarias para presentarse. La opacidad fue la nota dominante de la última asamblea de un partido híper centralizado, en línea con su visión del Estado. Por su parte, en Ciudadanos todavía escuecen las primarias de Castilla y León, cuando en marzo de 2019 tuvo que anular la victoria de Silvia Clemente, apadrinada por la dirección del partido, ante las acusaciones de pucherazo de Francisco Igea.

El origen de las primarias se remonta a los Estados Unidos de principios del siglo XX, aunque al principio el peso de militantes y votantes en la elección era limitado. Todo cambió en 1968 en plena guerra de Vietnam. Sucedió tras la polémica elección de Hubert Humphrey por parte del Partido Demócrata. Humprey era el candidato predilecto del establishment y del aparato frente a la candidatura de Robert Kennedy, hermano del anterior presidente, asesinado en 1963.

El primero era favorable a la contienda bélica y fue el vencedor del proceso tras la muerte de Robert Kennedy dos meses antes de la elección. Las protestas de activistas pacifistas frente al centro de convenciones de Chicago donde se estaba oficializando la candidatura de Humprey, forzaron a los demócratas a cambiar su proceso de elección. El director Aaron Soorkin llevó al cine en el año 2020 la historia de esos activistas, bajo el nombre de Los siete de Chicago, acusados de conspiración, incitación a los disturbios y otros cargos.

En clave europea, España, y más concretamente el PSOE, fue uno de los países pioneros, cuando se retomó una vieja práctica de la II República que da voz y voto a los militantes. Sucedió en 1997, en el 34 Congreso Federal, cuando Joaquín Almunia relevó a Felipe González como líder del partido. Los socialistas apostaron por la elección del aspirante a presidente del Gobierno por parte de todos los militantes para dar más legitimidad a su nombramiento. En el siguiente Congreso fue José Luis Rodríguez Zapatero el que se enfrentó a José Bono, pero en ese caso fue por la secretaría general. El primero ganó por sólo nueve votos. Años más tarde, en 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general sin pasar por una contienda interna tras la renuncia de Carme Chacón.

Pero si alguien en el PSOE sabe lo que son las primarias es el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Un militante, un voto", fue la fórmula con la que Pedro Sánchez se presentó a la secretaría general en el año 2014  y se impuso frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Dos años después su propio partido le dio la espalda en el Comité Federal y Sánchez acabó dimitiendo y dejando su acta de diputado en el Congreso.

Tres meses después de su salida de Ferraz, Sánchez anunció que se presentaba de nuevo a las primarias y que cogía un coche para recorrer España de punta a punta y recabar el apoyo de la militancia socialista.Y lo logró. Ocurrió el 21 de mayo de 2017. Sánchez fue aupado por una militancia enfadada con la vieja guardia socialista, representada en la candidatura de Susana Díaz.

La politóloga Irene Sánchez Vítores, explica el caso de Sánchez con la Ley de May, también conocida como ley de disparidad ideológica curvilínea. Esta teoría expone que la militancia de un partido siempre es más esencialista o extremista que la cúpula. En los años 90 los autores Mónica Méndez y Julián Santamaría hicieron un estudio tomando como ejemplo el caso del PSOE. "Ellos lo que encontraron es que al estudiar la ubicación ideológica de los líderes del PSOE, sus bases estaban más cerca de los dirigentes de Izquierda Unida que de sus cuadros medios".

Poco a poco, declaración a declaración, el más que probable sucesor de Pablo Casado en la presidencia del PP dibuja por dónde va a llevar al principal partido e la oposición. Las pistas que va dejando Alberto Núñez Feijóo, todavía presidente de la Xunta, apuntan a un partido indistinguible del que hasta ahora dirigía Casado pero muy diferente en su funcionamiento interno.

En una entrevista concedida a la cadena COPE, propiedad de la Iglesia católica y muy influyente entre los votantes de la derecha, Feijóo trazó un retrato demoledor del PP de Casado al describir los motivos por lo que él y el resto de los barones del partido decidieron forzar su caída.

Los errores cometidos por Casado —Feijóo no le mencionó por su nombre, pero dejó claro que se refería a su etapa— tienen que ver con la falta de unidad. “Cuando en un partido no se preserva la unidad, o cuando se actúa de forma poco ortodoxa y precipitada, automáticamente tiene una serie de efectos”. 

No se refiere el presidente de la Xunta a lo ocurrido en las últimas semanas, al pulso entre la dirección nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino a la forma de gestionar el partido durante la etapa de Casado y, en particular, a su falta de respeto a las decisiones de los barones. En el partido “tenemos una estructura como la de España, autonómica”, y “el PP debe aceptarla, no menoscabarla”, subrayó.

En vez de eso, la dirección actual tomó “una serie de decisiones en los últimos años de interferencias y de desconsideraciones hacia muchos líderes del PP”.  Decisiones que, “sumadas a las últimas en relación con la Comunidad de Madrid, han producido una tensión y una implosión que nos ha llevado a esta situación de desconfianza y de falta de unidad”. Y cuando en un partido “germina la desconfianza y la falta de unidad, eso hay que atajarlo”, sentenció justificando la operación de derribo puesta en marcha por los barones para acabar con Casado y darle a él las llaves de Génova 13.

“Las últimos semanas han sido francamente muy decepcionantes”, señaló, porque demuestran que el PP no supo entender la situación del “partido en el mes de diciembre, en el mes de noviembre”, cuando se desencadenó el pulso con Ayuso. “Y anteriormente hubo también hechos en otras comunidades, en otras provincias, que nos sorprendieron a todos”, añadió en referencia a los esfuerzos del ya ex secretario general, Teodoro García Egea, por imponer personas de su confianza en los órganos del partido en provincias y comunidades autónomas y que ha acabado por desatar la crisis actual del PP.

En la entrevista, Feijóo dejó claro que si Casado y su equipo se convirtieron en algo incómodo para los barones no fue por sus propuestas políticas sino por su manera de gestionar el partido. Prueba de ello es que el más que probable nuevo líder del PP defiende exactamente las mismas ideas, las mismas propuestas y hasta la misma estrategia para ganar las próximas elecciones generales.

Igual que Casado, Feijóo cree que España vive una “situación de enorme urgencia social y económica”. Echa en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que “la recuperación económica no se ha producido“ porque “hoy tenemos menos PIB que en el año 2019” y ridiculiza los mensajes del Ejecutivo cuando afirma que España está saliendo de la crisis porque “los españoles son más pobres que en 2019 y probablemente no consigamos la misma riqueza hasta el 2024”. “Somos el país de Europa con la peor economía“, sentenció, y un “Gobierno distraído, con gravísimos problemas ideológicos internos”, sometido a “partidos independentistas” que le impiden situar los asuntos de Estado entre sus prioridades.

Durante su mandato en Galicia, aseguró, ha “intentando que el nacionalismo gallego no pudiese gobernar porque” sabe “perfectamente que el PSOE está dispuesto a gobernar con cualquier partido, sea nacionalista, independentista, regionalista o provincialista”.

Como el derrocado presidente del PP, Feijóo también quiere acuerdos de Estado con el Gobierno, pero no con sus socios. “Lo que pretendemos en este año y medio [que queda hasta las elecciones] es poner los asuntos de Estado por encima de cualquier otra prioridad”. Pero siempre y cuando sean para “proteger principios constitucionales, europeístas y atlantistas”. En ese caso, explicó, “es evidente que tengo la obligación de escuchar, reflexionar y responder”. 

Aunque, hasta donde él sabe, “no hemos tenido estas propuestas nunca”. Seguramente, aventuró, “porque dentro de la coalición de gobierno hacer esos pactos no es fácil”. Pero si el PSOE “es capaz de pactar en su Gobierno y ofrecer estos pactos a la oposición, evidentemente el PP será el último en levantarse para intentar pactar algunas cosas que son muy importantes para nuestro país” y que no precisó. 

En línea también con Casado, el presidente de la Xunta marcó las diferencias con Vox en el Estado Autonómico, la Unión Europea y “el populismo que cuestiona las instituciones de nuestro país y de la UE”. Y ratificó la misma estrategia: a Vox se le combate, explicó, “explicando a la gente nuestro proyecto político, explicando que es necesario unirse y tener unas grandes mayorías. Hemos de conseguir captar en su mayoría a los votantes de Vox para que” la ultraderecha “no sea una amenaza para un partido de gobierno de centroderecha que es el PP”. “Cuanto más dividamos el voto”, remató repitiendo los argumentos de Casado, “más PSOE y más populismo e independentismo habrá en España”.

La estrategia con la que aspira a triunfar, y con la que Casado había fallado hasta ahora, es reunificar todo el voto a la derecha del PSOE bajo las siglas del PP, como ocurría antes de la irrupción de Ciudadanos y el partido de Santiago Abascal. “Tengo una inmenso respeto a los votantes de Vox porque la inmensa mayoría votaba al PP. Se nos han ido, pero no comparto el discurso de Vox: el PP y Vox no son lo mismo, el PP nunca ha sido un partido antiautonomista, euroescéptico y populista. Cuantos más votos tenga Vox, más posibilidades tendremos de que el PSOE se mantenga en el Gobierno”, insistió repitiendo casi las mismas palabras que hasta ahora utilizaba Casado.

“Creo en los partidos que sean capaces de aglutinar mayorías. Y las mayorías no son lineales, no leen el mismo catecismo, no tienen las mismas sensibilidades, las mismas prioridades”, explicó. Lo que el PP necesita es “conectar con una base común y sustentar sobre esa base común esas mayorías. Y si no tenemos partidos con mayorías naturales como pretendemos que vuelva a ser el PP, es cuando empiezan los pactos, las discusiones, las coaliciones de intereses y cuando empezamos a tener problemas de prioridades”. 

La política española es “mucho más compleja, tiene más aristas y más puntos de vista que la gallega”, admitió. Consciente de que la fama le precede y de que “hay gente que dice” que tiene “una ideología confusa, que no se sabe muy bien” lo que piensa y “por tanto que hay riesgos” en sus “decisiones”, les responde afirmando que se ha impuesto el reto de “saber interpretar cada mañana lo que opina la mayoría de los españoles”. 

Igual que Casado, Feijóo dejará la decisión de pactar con Vox en Castilla y León y de darle entrada por primera vez en un gobierno en manos del barón local, Alfonso Fernández Mañueco. Pero el todavía presidente de la Xunta no aclaró si mantendrá el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial decretado por su antecesor y que amenaza con colapsar el trabajo del Tribunal Supremo. Tampoco explicó si el PP combatirá, en todas partes, la ofensiva ultra contra las leyes que tratan de proteger a las comunidades LGTBi o de luchar contra la violencia machista. Ni si, igual que Casado y que Vox, considera ilegítimo el Gobierno con el argumento de que el PSOE se presentó a las elecciones diciendo que no llegaría a acuerdos con Unidas Podemos, con Bildu o con el independentismo catalán. O si modificará la posición del PP contra las leyes reguladoras de la eutanasia o el aborto.

Entretanto, Casado ya trabaja en la búsqueda de diputados y senadores de su confianza para dirigir los grupos parlamentarios del PP en lo que queda de legislatura. Y en la fórmula que elegirá para tener presencia institucional, que con toda probabilidad será hacerse con una de las plazas de representación autonómica que ocupa el PP por Galicia en la Cámara Alta. 

Entre sus prioridades está “reorganizar el grupo” en el Congreso, explicó este jueves, para lo que ya “ha pedido información” con el fin de “analizarlo en detalle”. “Entiendo que entre los que han trabajado con mayor celeridad y compromiso hay currículums lo suficientemente claros”, apuntó sin dar nombres.

A lo que no está dispuesto es a seguir dando pábulo al interés de Ayuso en que el PP sancione a quienes dudaron de ella, entre los que están Casado y García Egea. “No tenemos derecho a seguir distrayéndonos con las cuestiones internas del partido”, zanjó. 

Donde dije digo, digo diego. Este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pudo evitar tratar de explicar por qué ahora dice ‘sí’ cuando hace menos de cuatro años dijo ‘no’ a la posibilidad de presidir el PP nacional.

Entonces, según él, “la situación de España era muy diferente: crecía, creaba empleo, acababa de aprobar los Presupuestos Generales del Estado”. Exactamente igual que hoy, porque hay unos presupuestos en vigor, la economía crece y el desempleo baja. Pero aún así, en su opinión, “estaba mucho mejor. Hoy, apenas cuatro años después, España padece el peor gobierno de su historia reciente y además en un momento muy difícil”, alegó.

Un Gobierno que, alegó tratando de establecer otra diferencia, se apoya “en todos los que no creen en nuestro país, en las instituciones europeas y en la OTAN”. Los mismos que entonces acababan de respaldar la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez presentó contra Rajoy y que, también hace tres años y medio, merecieron sus reproches y sus advertencias.

“En 2018 entendí que la mejor manera de servir a mi país era tomar la decisión que comuniqué entonces”, añadió este miércoles para justificarse. Pero hoy se siente “en la obligación” de ponerse “a disposición” del PP y de su país “para garantizar el Gobierno que necesita España”. “En 2018 dije que fallarle a Galicia sería como fallarme a mí mismo. Y hoy”, añadió dando la vuelta a sus palabras de hace cuatro años, “siento que fallarle al Partido Popular es fallar a Galicia y al resto de España y por eso me presento”.

La memoria de Feijóo es frágil. Basta con repasar los motivos que alegó en 2018 para negarse a dejar Galicia para comprobar que todos siguen vigentes. Algunos más que nunca. Y que lo que han cambiado son sus prioridades.

El primero de ellos era que había pedido “a los gallegos su confianza para cuatro años más”. Se había comprometido “con ellos hasta el año 2020” transmitiéndoles su “ilusión y confianza” por lo que aún tenía que hacer, a lo que los ciudadanos habían respondido dándole “una mayoría excepcional”. 

“Sin haber completado mi compromiso no puedo fallar a los gallegos porque sería también además fallarme a mí mismo”. Era, dijo entonces, una cuestión de “coherencia”: “No sería un buen mensaje que el nuevo presidente del PP estrenase esta etapa siendo incoherente y faltando a su palabra a los miles de ciudadanos”. “En el PP, por encima del curriculum de una persona concreta está el compromiso con un pueblo, están las personas a las que nos debemos, el equipo, el proyecto que prometimos servir”, añadió.

Lo cierto es que su situación política hoy es exactamente la misma. Se comprometió con los ciudadanos gallegos en las elecciones de 2020 y le dieron una nueva mayoría absoluta, la cuarta de su carrera política. Con un mandato también de cuatro años, que no concluye hasta 2024. La única diferencia es que ahora no se siente obligado por la “coherencia”. De hecho esa palabra ha desaparecido de su discurso.

En 2020, cuando anunció su decisión de presentarse de nuevo a las elecciones gallegas, puso otros motivos encima de la mesa que tienen que ver con el clima enrarecido de la política nacional. “Hoy vuelvo a decir Galicia. Si mi partido está dispuesto, yo estoy a disposición de Galicia. Si mi partido quiere, yo quiero ser el candidato a la Presidencia de la Xunta. Si los gallegos quieren, yo seré el presidente de todos los gallegos sin excepción. Yo soy Alberto Núñez Feijóo y los gallegos saben lo que pueden esperar de mí”, entre otras cosas porque, “cada vez” creía “menos en la política de España, del instante, donde no preocupa nada; esa política que remarca siempre la división y en la que la experiencia y la gestión son irrelevantes”.

Entonces, defendía, “ante cualquier elección o cuestión, siempre digo Galicia”. Y afirmaba sentirse libre para servir sólo a Galicia. Un presidente libre para cumplir con sus compromisos, para ser coherente. “Libre para sólo deberme a las gallegas y a los gallegos, a nada y a nadie más”, remarcaba hace apenas dos años.

Si se presentaba por cuarta vez, decía entonces, era para dar estabilidad, para representar el entendimiento de la gran mayoría y para gobernar para todos. “Soy un servidor de los gallegos”, recalcó expresando que no era ni sería rehén de ningún partido, ni tan siquiera del suyo.

La gran diferencia entre 2018 y 2022 no la mencionó en su intervención de este miércoles en Santiago. Entonces, presentarse significaba arriesgar el Gobierno de la Xunta en una batalla orgánica de incierto desenlace en la que debía enfrentarse a varios y poderosos candidatos, entre ellos la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el que finalmente resultó ganador, Pablo Casado.

Ahora, en cambio, el partido le ha puesto una alfombra roja, que es exactamente lo que él esperaba hace cuatro años y no pudo tener. Los barones del PP trabajan todos a una para enterrar definitivamente la etapa del casadismo en un congreso extraordinario que elija presidente a Feijóo. Si puede ser, sin candidaturas alternativas y por aclamación. 

Un congreso en el que la única rival con respaldo suficiente como para desafiarle, Isabel Díaz Ayuso, desactivada momentáneamente por las dudas que plantean los contratos de los que se benefició su hermano, se ha comprometido a apoyarle.

No hubo sorpresa. Al final, esta vez sí. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este miércoles ante su junta directiva, la del PP gallego, cuyas riendas tomó en 2006 y llevó a la mayoría absoluta en cuatro elecciones sucesivas, que lo deja. Y que va a presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular en el congreso extraordinario que tendrá lugar los días 1 y 2 de abril en Sevilla. 

Entre lágrimas, igual que cuando declinó hacer lo mismo hace cuatro años, Feijóo presentó su decisión como un mandato del PP gallego. Y una obligación para con el PP nacional de alguien que no es “un político comentarista, sino de hechos”, con una “trazabilidad” que incluye “errores y medios aciertos”.

Sobre la crisis provocada por la revuelta de los barones para derrocar a Pablo Casado y abrirle la puerta de Genova 13, ninguna explicación más allá de mostrar su “pesar” y pedir “disculpas por todo lo ocurrido en estos días porque el PP no ha salido estar a la altura de las circunstancias”. 

Nada sobre las insinuaciones de corrupción que el todavía presidente Casado dirigió contra Isabel Díaz Ayuso. Nada acerca de la respuesta furibunda de la presidenta de la Comunidad de Madrid .Y nada sobre la operación organizada por los barones del partido, entre ellos él mismo, para acabar con Casado. 

“Lo tengo muy claro”, aseguró en referencia a su decisión de presentar la candidatura, “pero he dudado”, afirmó. Y en esa duda sintetizó lo que no quiere ver en el PP cuando se convierta en presidente: la “política de revanchismo, de trinchera de odio en la que no creo”. Una referencia en la que algunos han creído ver una velada referencia a Ayuso, que este martes pedía la cabeza de quienes como Casado y Teodoro García Egea la había acusado de irregularidades en un contrato del que se benefició su hermano.

Para ganar en 2023, pidió “un partido unido, integrador, sólido” y “solvente”. Que sea “claro”. “Que diga no cuando ha de decir que no y que diga sí cuando toque decir que sí, con toda firmeza y con toda honestidad”. Un partido que se convierta, añadió en lo que sonó a una critica a la etapa de Casado, en “una alternativa madura, responsable, fiable y con sentido de Estado. Voy a ser muy claro”, añadió entre los aplausos de todos los dirigentes del PP gallego reunidos en sesión extraordinaria en Santiago: “No vengo a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez”.

“Creo que es posible ganar si todos somos conscientes y vamos a una”, enfatizó. “Si este congreso no va de vencernos los unos a los otros sino de que el partido salga recuperado o fortalecido. Sólo puede haber un derrotado: el multipartito socialista y comunista”.

Feijóo tiene ahora hasta las 20.00 horas del día 9 de marzo para formalizar su candidatura con el apoyo de 100 militantes. Si hay varios candidatos, tendrá lugar una campaña electoral interna centre el 11 y el 20 de marzo y los militantes decidirán a quién prefieren en una votación al día siguiente.

La elección como presidente del PP conllevará automáticamente la designación de Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales.

La ausencia de competidores y el aval de todos los barones del partido hacen del congreso extraordinario un mero trámite, lo que facilita al todavía presidente de la Xunta tratar desde ahora mismo de trasladar a los afiliados del PP su “absoluta y total convicción” de que el suyo “es un partido ganador que puede gobernar España”, aunque, admitió, “hoy tampoco está en su mejor momento”.

En su discurso, Feijóo prometió contar con Pablo Casado, igual que con José María Aznar con Mariano Rajoy. “Hay situaciones que no se buscan ni se escogen. Y hay que abordarlas con determinación. Uno no puede elegir el momento en el que le toca gobernar”. Y siempre “nos ha tocado en los momentos más difíciles”, señaló. “Les pasó a Aznar y a Rajoy”, le pasó a él mismo, dijo, en 2009, y “nos volverá a pasar en España, que vive tiempos convulsos”.

Aún así, remarcó, “si hay algo de lo que no he dudado es de que el PP tiene un gran futuro por delante. Haremos lo que debemos, remontaremos y seremos el PP en el que España confió, el que necesita y por el que España está esperando”.

La alianza entre los barones del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid para derribar a Pablo Casado de la presidencia del partido y forzar la celebración de un congreso extraordinario tiene, de momento, apariencia de solidez. Otra cosa es que los mensajes de fondo sean compatibles a medio plazo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que este mismo miércoles iniciará en Santiago el procedimiento para formalizar su candidatura reuniendo a la dirección del PP de Galicia, defendió sin reservas la honorabilidad de Ayuso, que Casado puso en cuestión hace apenas dos semanas. “Es un activo incuestionable y una persona honorable que vamos a defender porque no nos presenta dudas su honorabilidad”, subrayó. 

Lo mismo que Esteban González Pons, el presidente del comité organizador del congreso, que en una declaración idéntica a la de Feijóo afirmó que nunca existió el expediente informativo contra la presidenta madrileña que en su día anunció el ex secretario general Teodoro García Egea. El PP no tiene la más mínima duda sobre la honorabilidad de Ayuso, subrayó. La “confianza es total en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso. Cuando se confía absolutamente en la honorabilidad de alguien no hace falta que se den explicaciones”, añadió remarcando hasta en dos ocasiones que lo decía en nombre del partido y poniendo en entredicho, de paso, la decisión de Casado de pedir a la presidenta madrileña que aclarase el dinero cobrado por su hermano gracias a un contrato con la Comunidad de Madrid.

La entrega de Feijóo —y de Pons, su más que probable secretario general cuando el presidente gallego se haga cargo del PP— a la hora de defender el honor de Ayuso deja claro que el acuerdo suscrito con ella para derribar a Casado incluye no sólo que no se va a presentar a la presidencia en el congreso extraordinario y que tiene vía libre para hacerse con el control del partido en Madrid sino que la nueva Génova se propone darle cobertura total en el caso que afecta a su hermano. 

Algo que es particularmente relevante después de que la presidenta madrileña reclamase este martes, dentro y fuera de la Junta Directiva Nacional, que el PP tome medidas, investigue y expulse a las personas que dentro del partido han puesto en cuestión su comportamiento. Han sucedido “hechos gravísimos” por los que habría que “investigar y expulsar a sus autores” porque no cree “en las heridas cerradas en falso”, avisó.

Una demanda dirigida a Feijóo, que será quien tendrá que tomar una decisión que apunta a Pablo Casado y a Teodoro García Egea, aunque Ayuso no quisiese este martes dar nombres. Y sobre la que el presidente gallego no se ha pronunciado, igual que Pons, que ahí sí pasó la pelota al presidente elegido en el congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla en los primeros días de abril.

Más allá de la aprobación del calendario congresual, la Junta Directiva Nacional sirvió también este martes para visualizar el debate que se avecina dentro del PP. 

En primer lugar, la coalición de barones en torno a Feijóo, en la que destaca especialmente el presidente andaluz, Juanma Moreno, y a la que se sumarán en los próximos días destacados representantes del marianismo que habían sido apartados o se habían retirado voluntariamente de la política activa con la llegada a Génova de Pablo Casado. Y, en segundo, lugar, la corriente más radical, cargada de mensajes trumpistas y partidaria de extremar la estrategia del PP. Es el partido de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de la exportavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, precisamente dos de las cinco voces que tomaron la palabra durante la reunión de la Junta Directiva.

Ayuso lo hizo para exigir responsabilidades por las dudas difundidas contra ella por la dirección de Casado pero también para reivindicar otro modelo de partido. Uno que sea “la alternativa real al sanchismo” y que consiga “llegar pronto a la Moncloa”, porque si no sólo quedará el camino de “destruirnos como organización”, enfatizó. “Caer en la irrelevancia como les ha pasado a otros partidos”. 

“Yo creo en lo primero”, subrayó, pero para conseguirlo, además de “ser reflexivos” y “tomar nota de lo que ha sucedido”, hay que “dar una lucha sin cuartel por las ideas” dentro de “un partido reconocible, donde sepamos con quién pactamos, con quién estamos” y “qué es lo que queremos para España”. No lo que representaba Casado hasta ahora, le faltó decir.

En la misma línea está Álvarez de Toledo. La exportavoz, partidaria de que Ayuso fuese la candidata y no Feijóo, tomó la palabra para pedir que el PP aprovechase la celebración de un congreso extraordinario con el objetivo de revisar quién es y qué defiende como partido. Álvarez de Toledo quería que se debatiese una ponencia política para definir la posición “estratégica e ideológica” porque es necesario, según ella, librar la “batalla cultural” frente a “la alianza reaccionaria del nacionalismo y la izquierda”.

Su propuesta no salió adelante —el congreso se limitará a elegir al nuevo presidente y refrendar su nuevo equipo, como es habitual en los de carácter extraordinario, en los que no da tiempo a preparar, debatir y enmendar ponencias— pero es muy reveladora de lo limitada que el PP más radical considera la solución de sustituir a Casado por Feijóo.

Según ella, el partido padece un problema de “desorientación ideológica” que pone en peligro la “propia existencia del PP como fuerza hegemónica en el centro-derecha y alternativa al socialismo“. El PP no puede ser “una coalición de partidos regionales en la que cada territorio tenga un discurso propio”, “un Frankenstein territorial”, advirtió.

A medio plazo, todo apunta a que en el partido se enfrentarán dos visiones muy distantes. La de Ayuso y Álvarez de Toledo, supuestamente minoritaria dentro del PP, y la aparentemente mayoritaria que representan los barones. Los líderes territoriales, todos menos Ayuso, quieren más de lo mismo pero sin García Egea y con Feijóo como figura capaz de enlazar el partido con la etapa de Mariano Rajoy. Un modelo en el que los presidentes autonómicos del PP quieren blindar su autonomía y evitar las interferencias de Génova, sobre todo ahora que vienen elecciones en Andalucía y otras doce Comunidades Autónomas y hay que decidir estrategias, discursos y candidaturas que prefieren hacer sin la supervisión de la dirección nacional.

Lo que quieren los barones del PP es unidad en torno a Feijóo, para que dirija el partido de aquí a las elecciones generales desde la moderación, al menos en las formas, a cambio de que cada uno pueda desarrollar sus propia hoja de ruta para ganar o conservar el poder. Exactamente todo lo contrario de lo que defienden Álvarez de Toledo y Ayuso, partidarias de un PP fuerte, que defienda lo mismo en todos los territorios y que no dé tregua al Gobierno de Pedro Sánchez.

Será Feijóo, desde la presidencia del PP, el que tendrá que esforzarse en conciliar ambas visiones. Y elegir entre la deriva populista que tanto gusta a la presidenta de Madrid y a sus seguidores, muy en línea con lo que representa Vox y contra lo que Casado volvió a advertir en su discurso —“no debemos caer en la tentación de competir en el terreno de juego de nuestros adversarios, porque dejaríamos huérfana a una mayoría social mientras perdemos la fortaleza política y moral de apelar a ella”, aseguró—, y la visión de sus pares en las Comunidades Autónomas.

Esteban González Pons resumió este martes perfectamente lo que esperan los barones: no se trata de “refundar” el PP sino de “reiniciarlo”. De “reemprender” el proyecto que ya estaba en marcha y que “ha de ser ganador en las próximas elecciones generales”.