Hasta aquí hemos llegado

La capacidad del sistema para fagocitar cualquier escándalo político-económico y difuminar sus efectos tiende a ser infinita, de modo que conviene de cuando en cuando poner las cosas en orden, negro sobre blanco, no vaya a ser que la detención de Rato deje en anecdótico el caso Bárcenas, y que la “repera patatera” de la lista de los 715 tape las golferías de Rato, o que las golferías de Rato pasen a tercer plano tras la aparición en escena del dúo sobrecogedor que forman Trillo y Martínez Pujalte… Y que nos quedemos todos como alelados escuchando memeces: “se ha cumplido la legalidad”, “la justicia no distingue amigos o enemigos”… y tal y tal.

Por no irnos más atrás en el tiempo, lo ocurrido en España en los últimos diez días se habría llevado por delante a cualquier gobierno democrático del mundo occidental. O al menos a algunos de sus máximos responsables. De hecho esta semana se han escuchado (en privado) voces dentro del Partido Popular que repetían el título de la última novela de Petros Márkaris: “Hasta aquí hemos llegado”.

La preocupación se mastica en círculos políticos y económicos mientras fuera de los mismos se dispara la indignación. Si ya estaba asumido que, después de 35 años de bipartidismo, hay un “cambio de ciclo” hacia una fragmentación a la italiana, y cada cual movía ficha para sujetar sus intereses, lo ocurrido estos diez días ha instalado el temor a que se produzca una Tangentópolis en toda regla, una especie de Big-Bang de la corrupción que haga saltar por los aires cualquier equilibrio de poderes pasado o presente.

“¿Qué más nos puede pasar?”, se preguntaba Mariano Rajoy en un mitin el último fin de semana tras la rocambolesca detención de Rato. La respuesta sería: cualquier cosa, y de hecho poco está pasando si observamos las reacciones del Gobierno, del PP y de los principales protagonistas de la cosa. Desde el último al primero.

Federico Trillo y Martínez Pujalte

Hemos sabido por El País que el actual embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el todavía diputado Vicente Martínez-Pujalte cobraron 354.000 y 75.000 euros, respectivamente, de una empresa beneficiada por las adjudicaciones de parques eólicos al tiempo que ejercían como parlamentarios. Que ambos personajes tiren del manual del PP para reaccionar ante situaciones tan bochornosas no puede sorprender, teniendo en cuenta que Trillo (el ministro que manipuló la investigación del accidente del Yakovlev) es el inventor de la estrategia de defensa del partido sobre la Gürtel, consistente en negar que es de día a las dos de la tarde y denunciar una “campaña orquestada” por la oposición, jueces, fiscales, periodistas o inspectores de Hacienda. Uno empieza manipulando autopsias y termina hablando mal. O viceversa. “¡Manda huevos!”

Hemos sabido por infoLibre que Martínez Pujalte creó su consultora, de nombre Sirga XXI, en octubre de 2008, justo unos días antes de empezar a cobrar 5.000 euros mensuales de la constructora Collosa, la misma que hasta aquella fecha pagaba 9.000 al mes al bufete de Trillo. Hasta el más tonto de la clase concluirá dos cosas: que Pujalte heredó de Trillo el chollo de cobrar un sueldo estupendo por tomar dos cafés al mes, y que para poder cobrarlo montó una consultora.

El inefable dúo Trillo-Pujalte sostiene que todo es legal, porque declararon en el Congreso la existencia de sus respectivos despachos de asesoría como exige la normativa sobre incompatibilidades. Lo que también exige esa misma ley es que un parlamentario no puede tener ningún otro ingreso público o privado, salvo autorización expresa y tasada. De modo que lo normal, en una democracia “normal”, sería que tanto el PP como el Congreso abrieran una investigación a Pujalte que acabaría muy probablemente con su carrera política. Y en cuanto a Trillo, que ocupa uno de los más relevantes puestos diplomáticos por decisión política de Rajoy, convendría que lo abandonara cuanto antes, porque ya ha demostrado que es capaz de ir a la guerra en Gibraltar o en Perejil con tal de tapar sus vergüenzas.

Rafael Hernando

El portavoz del PP en el Congreso tiene un perfil discursivo y gestual curiosamente similar al de Pujalte, Montoro, Trillo… Son contundentes, dicharacheros y ríen a menudo sus propias gracias. Pero esta semana Hernando se puso serio tras conocerse la pifia de Trillo y Pujalte, y entonces nos hizo pensar que iba a darles un disgusto. ¡No! Lo que proclamó Rafael Hernando es que hay que cambiar la Ley de Incompatibilidades de los diputados pero en sentido contrario, es decir “para flexibilizarla, para aumentar las compatibilidades”. Es lo malo de Hernando, que cuando él se ríe nos entran ganas de llorar y cuando se pone serio hay que reírse. ¿Que lo que han hecho Trillo y Pujalte no cabe en la estrechez de la ley? Pues ensanchemos la ley.

Pero el mensaje de fondo no es baladí. Se trata una vez más de pulsar el ventilador. De trasladar a la opinión pública que lo que hacen Trillo y Pujalte lo hace el 80% de los representantes en el Congreso. Que es una exageración que los diputados no puedan percibir ningún otro ingreso por actividades privadas. Y de ese modo intentan confundirlo todo. Como si fuera lo mismo dar una conferencia en una universidad, escribir un artículo o asistir a un debate televisivo que cobrar un sueldazo al mes ¿por qué exactamente? Ahí está la almendra del asunto. ¿Acaso las empresas que contratan con las administraciones públicas sobre cualquier materia pagan a un parlamentario por tomar café? Lo de "asesoría verbal" es "como el agua seca o el fuego húmedo", en palabras de Gaspar Llamazares. Y Hernando intenta disfrazar lo que evidencia como mínimo un funcionamiento lobístico (sin excluir sospechas mayores que tendrían que ver con el tráfico de influencias o los presuntos sobornos) de la obviedad de que los parlamentarios deben poder entrar y salir de la política dignamente.

Soraya Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno, a quien Rajoy sitúa siempre al frente de todas las comisiones temáticas y de emergencia, ha intentado pasar de puntillas sobre el caso Rato y sobre los cobros de Trillo y Pujalte. ¿Cómo? En la sesión de control del miércoles en el Congreso, consiguió acaparar todos los titulares por emplear el término “amnistía fiscal” al referirse a lo que desde 2012 ha sido en boca de todo el Gobierno una “regularización extraordinaria de activos no declarados”. Dicho esto, y dejando a Cristóbal Montoro con cara de pocas bromas, se largó a bailar a la Feria de Sevilla. (En otros tiempos, si el presidente del Gobierno asiste a una Cumbre Europea y la presidenta en funciones se va a bailar sevillanas, ¡la que se hubiera liado!)

Pero Sáenz de Santamaría estuvo el viernes en su puesto como portavoz tras el Consejo de Ministros. Para arropar desde La Moncloa a Rafael Hernando en ese discurso de que hay que facilitar que los diputados “tengan experiencia” profesional y privada. Y para no aclarar ninguna de las sombras que permanecen sobre el caso Rato. ¿Sabía o no sabía Rajoy que Rato iba a ser detenido? Como quien oye llover. Pese a que en diez días el propio Gobierno ha dado tres versiones distintas que demuestran que alguien miente a la ciudadanía.

Santiago Menéndez

En una democracia “normal”, tras la detención y el laberinto judicial de un exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI acusado de fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, se consideraría “normal” que el presidente del Gobierno, o su vicepresidenta si él estuviera muy ocupado, o su ministro de Hacienda si sus superiores hubieran sufrido una intoxicación alimentaria, acudieran al Parlamento a explicar lo sucedido. Aquí no. Aquí se cumple escrupulosamente la jerarquía para lo que el jerarca Rajoy estima oportuno. Así que las únicas ¿explicaciones? sobre el escándalo Rato son las del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. Que no explica nada, entre otras razones porque legalmente está obligado a no decir nada que afecte a un particular investigado por Hacienda.

De modo que Santiago Menéndez acude al Congreso para contar que no puede contar nada sobre lo de Rato ni sobre las otras 714 Personalidades Expuestas Políticamente (PEC) que están siendo investigadas por presunto blanqueo de capitales. Y en eso dice la verdad. Lo surrealista es que la existencia de una posible Tangentópolis a la española fue desvelada precisamente por el propio Menéndez en otra comparecencia parlamentaria el pasado 17 de febrero. Y lo que raya en el delirio o en la estulticia pura y dura es que Menéndez proclame que esa lista es “la repera patatera”. Escuchando a Menéndez, habría que redefinir lo que significa “alarma social”. Un responsable de la administración fiscal de un país debería estar destituido un cuarto de hora después de haber soltado semejante dislate.

Cristóbal Montoro

Si Santiago Menéndez no ha sido (aún) sacrificado es porque su ministro e inmediato superior lo ha enviado a pelear con molinos de viento sin más escudo que la protección de “la legalidad”. Hace tiempo que resulta ofensiva esta insistencia en tomar a los ciudadanos por indigentes mentales. Ya sabemos que la normativa nacional vigente, y también la legislación internacional, impiden hoy hacer pública la lista de esos 715 (o muchos más) defraudadores fiscales. Pero también sabemos que el Gobierno presume de transparencia aprobando una reforma de la Ley General Tributaria para publicar los nombres de los morosos con Hacienda. Y por tanto sería coherente que planteara a la vez (aunque sólo fuera para responder a la alarma social creada) los cambios legales oportunos para que conociéramos los nombres de quienes han evadido impuestos y han intentado blanquear el origen de ingresos no declarados.

A ver si nos aclaramos: nadie plantea (al menos quien esto firma) violar la intimidad de un contribuyente. A eso suenan, por cierto, los reiterados avisos amenazantes del ministro a artistas, músicos, periodistas… o la referencia de Menéndez a que en la lista de los 715 hay “de todo, de todo, de todo”. Pero es especialmente grave el hecho de que la propia Agencia Tributaria haya concretado que hay 715 (o más) personalidades que han vivido o viven del presupuesto público y han escondido parte de sus bienes a Hacienda. Porque entonces la pregunta tiene relación directa con la que procede hacer a Trillo, Pujalte, Rato y compañía: ¿de dónde sale el dinero? Si un magistrado del Supremo ha ocultado cobros, tenemos derecho a saber de dónde salen, para despejar cualquier duda respecto a las sentencias que ha firmado. Y eso mismo vale para el diputado que cobra de una constructora y vota leyes sobre energía eólica o para el diplomático que posee un palacio inasequible en uno de sus destinos profesionales. Hay una diferencia elemental entre quienes defraudan al fisco desde el ámbito privado y quienes lo hacen aprovechando además recursos públicos.

Rodrigo Rato

A la vista de lo sucedido estos diez días, podría Rato concluir que toda tormenta termina por escampar. La orden de detención solicitada por la Fiscalía de Madrid se transformó en pocas horas en una petición de puesta en libertad sin esperar al resultado de los registros. Y el “toma tú dame a mí” entre la Audiencia Nacional y los juzgados de Madrid puede acabar diluyendo el motivo de fondo de todo el escándalo: ¿cómo es posible que un señor dedicado desde el año 1976 a la política tenga hoy 78 cuentas en trece bancos y más de cuarenta empresas?

Este mismo viernes, la Audiencia Nacional ha rebajado de 133 millones a 5,6 la fianza que Rato debe depositar por su responsabilidad en el fiasco de la salida a bolsa de Bankia. Y lo ha hecho aplicando su interpretación de la legalidad y aceptando los argumentos de los acusados. Ya se verá cómo termina justificando Rato el hecho de haber cobrado 6 millones de Lazard (de su socio y amigo Jaime Castellanos) al mismo tiempo que lo contrataba desde la presidencia de Bankia como asesor para la salida a Bolsa. Mientras tanto, Rato gana tiempo y la constelación de empresas, sociedades y cuentas familiares se va difuminando en el amplio espectro de la legalidad española e internacional.

Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno contó a grandes empresarios del Ibex-35 (la mitad más uno colocados por Rato en sus actuales empresas) que se había enterado “por la prensa” de la detención del ex vicepresidente, y que se sentía consternado. Después el Ministerio de Justicia informó, según ABC,  de que Rajoy había sido advertido previamente. Y más tarde Soraya Sáenz de Santamaría se hizo la sorda para no aclarar qué miembro de su Gobierno había mentido.

Hay quien habla de que ha surgido una “lucha generacional” en el PP. Hay quien se limita a sumar y restar los datos aportados, para llegar a la conclusión de que no se trata tanto de diferencias generacionales como de esa duda entre el fin de ciclo y la Tangentópolis. O si hay forma de gestionar el uno sin la otra.

Cuando Pepa Bueno preguntó en la Ser a Martínez Pujalte si consideraba “ética” su actuación, el ínclito diputado-economista-asesor de eólicas respondió: “Es legal”. O dicho de otra forma: me importa un bledo la ética.

Y esa es la cuestión clave. Desde Rajoy a Pujalte, de Rato a Trillo, se aferran a “la legalidad” obviando que el cumplimiento de la ley se da por descontado. Es simplemente su obligación. Precisamente la actitud ética es un peldaño superior exigible a quien dice dedicarse al servicio público.

“Hasta aquí hemos llegado. Volved atrás y empezad de nuevo, pero esta vez hacedlo bien”. Esa es la reclamación que en la novela de Márkaris hace una organización autodenominada Los Griegos de los Años Cincuenta, que reivindica crímenes relacionados con la corrupción generalizada y con el injusto reparto de los sacrificios de la crisis en Grecia.

No hay novela negra capaz de superar nuestra propia realidad. Es “la repera patatera”.

P.D. La clave andaluza tampoco es ajena al nerviosismo político general. Tras la dimisión de José Antonio Griñán y el anuncio de abandono de Manuel Chaves (ambos asumiendo así responsabilidades políticas por el fraude de los ERE), Susana Díaz va allanando el terreno en su diálogo con Podemos o Ciudadanos para alcanzar la investidura como presidenta. Pero este mismo sábado, el diario El País –defensor a ultranza de la "estabilidad del bipartidismo" y de su propio negocio– enviaba un claro recado en forma de editorial, advirtiendo al PP que no facilitar la investidura de Díaz "equivaldría a disparar contra sus propios intereses, puesto que llegará el tiempo en que el PP necesite en muchas instancias de la ayuda de otros si quiere mantener parte del poder institucional..." A buenos entendedores...