Fracaso y ruptura: gobierno y autonomías en la conferencia sectorial de vivienda
El reciente estallido político en la Conferencia Sectorial de Vivienda ha marcado un punto de no retorno en la política habitacional española. Lejos de impulsar el esperado Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas terminó en ruptura total. La gran ausente del debate: la Vivienda Protegida en Propiedad (VPT), históricamente una de las pocas herramientas eficaces para garantizar el acceso justo y estable a la vivienda. Su exclusión demuestra la falta de estrategia real frente a una crisis que no cesa de agravarse.
El contexto es crítico: precios del alquiler en máximos históricos, aumento de desahucios –incluyendo este mes en Alicante PMV y Madrid, TGSS iniciados por entes públicos– y un acceso a la compra cada vez más restringido. La vivienda en España ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Mientras tanto, el 82 % de la ciudadanía, según el CIS, sigue deseando acceder a una vivienda en propiedad.
Ya no son los fondos buitre los principales actores del mercado, sino miles de pequeños inversores particulares
Desde la reforma de 2013 impulsada por el PP, que desmanteló el modelo mixto de acceso a la vivienda, el Estado ha centrado su política exclusivamente en el alquiler. Esta orientación ha generado un nuevo fenómeno: ya no son los fondos buitre los principales actores del mercado, sino miles de pequeños inversores particulares.
Muchos de ellos, formados en cursos exprés online, han adquirido decenas de pisos, convertidos en nuevos arrendadores del siglo XXI. Un modelo especulativo donde los propios inquilinos pagan las hipotecas de sus arrendadores. Y, peor aún, sin alternativa para salir de ese ciclo.
Algunos de estos arrendadores incluso imponen condiciones abusivas o discriminatorias, reforzando una estructura profundamente injusta. Mientras tanto, la política pública sigue ausente. La falta de un parque público suficiente y la eliminación de programas de acceso a la propiedad han abierto la puerta a este modelo especulativo.
La VPT representa exactamente lo contrario: permite a familias con ingresos estables, pero sin ahorros, acceder a una vivienda digna con garantías, avales y precios protegidos. Expertos como Julio Rodríguez, exdirector del Banco Hipotecario, o el profesor José García Montalvo, de la Universidad Pompeu Fabra, han advertido de los efectos negativos de eliminar la vivienda social en propiedad. Solo reintroduciendo un parque amplio y estable de VPT podrá relajarse la presión sobre el alquiler.
Nuestra propuesta, basada en más de 50 años de experiencia en el sector, incluye: avales públicos, financiación al 100 %, reducción del ITP e IVA al 1 % para primera vivienda protegida, hipotecas con cuotas blindadas y exenciones fiscales para la rehabilitación de viviendas. Todo ello en colaboración con entidades públicas como el ICO y banca semipública como CaixaBank, que cuenta con importante participación del Estado.
A este modelo, razonable y eficiente, una parte de la izquierda institucional sigue oponiéndose por motivos ideológicos, defendiendo exclusivamente el alquiler como opción “anticapitalista”. Sin embargo, muchos de sus líderes —como Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra— han accedido a propiedades de alto valor con condiciones hipotecarias ventajosas. Esta contradicción explica, en parte, la desafección creciente hacia discursos que predican alquiler perpetuo para todos, mientras disfrutan de la propiedad privada.
El II Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, recogió recientemente estas preocupaciones. Profesores como Paloma Taltavull y Jorge Olcina (UA) y profesionales del sector coincidieron en que el tejido promotor sigue debilitado desde la crisis de 2008. Se necesita reactivar el ciclo de construcción, rehabilitar solares y edificios vacíos y movilizar suelo público con criterios sociales. La seguridad jurídica para los desarrollos y la agilidad administrativa también son claves.
Además de recuperar la VPT, urge una batería de reformas estructurales que el actual Plan Estatal ni siquiera menciona:
- Reforma de la Ley de Vivienda, para convertir el derecho a la vivienda en un derecho efectivo y subjetivo.
- Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ampliando la duración de los contratos, congelando rentas en contextos de emergencia y blindando al inquilino.
- Reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario, con nuevas modalidades hipotecarias protegidas y estables (como las hipotecas blindadas o con cuota final).
- Reforma fiscal, premiando a quienes construyan, alquilen o rehabiliten con objetivos sociales. Esto incluye reducir el ITP y el IVA al 1 % para vivienda protegida.
Asimismo, se propone la creación de una banca pública territorial a través de la Caja Postal, con apoyo de Caixabank con importante capitalización publica procedente de Bankia, como ocurre en Francia o Alemania. Esta banca financiaría el 100 % de la vivienda protegida, tanto en propiedad como en régimen de alquiler con opción a compra.
Este modelo permitiría que muchos inquilinos solventes accedieran a una vivienda en propiedad, liberando parte del stock de alquiler y ayudando así a enfriar la burbuja de precios. Además de estabilizar el mercado, generaría empleo, incentivaría la inversión pública y privada, y contribuiría al crecimiento económico sostenible.
La VPT no es un recuerdo del pasado: es el camino más justo, razonable y eficaz para garantizar que todos los ciudadanos, no solo unos pocos, puedan tener una vivienda estable, asequible y digna.
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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.
