Terrorismo de Estado
Utilizar la fuerza armada de forma ilegal contra países con fines políticos y económicos es terrorismo. No deja de serlo porque quien lo ordene vista uniforme, ocupe un despacho presidencial o forme parte de un bloque militar como la OTAN. La violencia deliberada contra poblaciones inocentes, con el objetivo de influir políticamente, es criminal, y sin embargo la comunidad internacional asiste con inquietante normalidad a su perpetuación, a menudo ocultando bajo el eufemismo de “operaciones militares” lo que son patrones de violencia sistemática con consecuencias devastadoras.
Los datos hablan por sí mismos. En el conflicto entre Israel y Gaza, las cifras oficiales de muertos y heridos incluyen una proporción abrumadora de población civil: mujeres, niños, personas mayores y profesionales sanitarios atrapados en medio de hostilidades intensas. Los registros de organizaciones internacionales y ONG sitúan a miles de víctimas civiles directas, y testimonios detallados denuncian la destrucción de barrios enteros y la desprotección de la población ante ataques indiscriminados. Israel: ha usado al pueblo palestino con la misma lógica que emplearon los nazis contra los judíos.
En Europa del Este, la guerra iniciada por Rusia en Ucrania ha destruido ciudades enteras y ha provocado decenas de miles de muertes desde 2014, con picos dramáticos desde 2022. Millones de personas han sido desplazadas, muchas de ellas mujeres y niñas, obligadas a abandonar hogares y vidas por el avance de operaciones que no distinguen entre objetivos militares y zonas civiles densamente pobladas.
Estas cifras no son estadísticas frías: son vidas, familias rotas y generaciones marcadas por la violencia. Y pocas veces se escucha vinculándolas con un término que, por definición, debería aplicarse: “Terrorismo de Estado”.
Resulta sorprendente, y profundamente preocupante, que en pleno siglo XXI exista tolerancia no solo social sino diplomática hacia prácticas que constituyen terrorismo de Estado
Las consecuencias no se limitan a la tragedia humana. El impacto económico de los conflictos contemporáneos es colosal y trasciende fronteras. Según estimaciones de institutos de análisis económico y de paz, el coste global de la violencia armada y los conflictos se sitúa en billones de euros al año, representando una parte significativa del PIB mundial. Parte de ese gasto proviene de los enormes presupuestos militares, pero una proporción creciente se destina a reconstrucción, atención a desplazados y estabilización de regiones devastadas.
Las economías locales, desde Gaza hasta Ucrania, se enfrentan a tasas extremas de desempleo, colapsos en sectores productivos clave y caídas abruptas del PIB. En Franja de Gaza, la destrucción de infraestructura esencial, industrias, hospitales y sistemas de agua y saneamiento deja una economía al borde del colapso. En Ucrania, la reconstrucción post-conflicto exigirá décadas de inversión, mientras que las tensiones en los mercados de materias primas y energía repercuten globalmente, encareciendo alimentos y combustibles en economías vulnerables.
Es imposible separar estos costes humanos y económicos de las decisiones políticas que los causan. Ni tampoco ignorar que cuando las potencias globales normalizan estas prácticas, se legitima una forma de violencia que debería ser rechazada con claridad moral y legal.
Resulta sorprendente, y profundamente preocupante, que en pleno siglo XXI exista tolerancia no solo social sino diplomática hacia prácticas que constituyen terrorismo de Estado. Que un Estado miembro de la OTAN, una alianza fundada bajo principios de defensa colectiva y respeto por los derechos humanos, normalice o encubra acciones con impacto devastador para la población civil es una anomalía que debilita la credibilidad de todo el sistema internacional de seguridad y derechos.
La tolerancia política y social ante estos hechos no es mera indiferencia: es complicidad.
Permite que la violencia sistemática se perpetúe sin rendición de cuentas, y socava los valores que, en teoría, deberían guiar la política internacional.
No puede haber dobles estándares. Si definimos terrorismo como el uso de violencia contra civiles con fines políticos, entonces debemos aplicar esa definición de forma coherente, independientemente de la identidad del perpetrador o de su lugar en el orden mundial. La jerarquía de potencias no puede servir de escudo frente a la justicia moral.
Negar esta realidad no protege la estabilidad global, sino que la erosiona. Es hora de que la sociedad civil, los medios y las instituciones internacionales exijan una revisión crítica de cómo se interpreta y aplica el término “Terrorismo”. Defender la coherencia ética no es una postura ideológica: es una exigencia de justicia para las víctimas y una necesidad para la paz sostenible.
Porque el terrorismo no pierde su nombre por venir envuelto en banderas o alianzas. Y cada día que miramos hacia otro lado, esa violencia deja de ser excepción para convertirse en política aceptada.
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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
