El retorno a la red pública de los hospitales privatizados en Madrid no comenzará, al menos, hasta 2036

La vuelta a lo público de los hospitales privatizados madrileños no será una realidad en el corto plazo. Ni siquiera aunque se aprobase la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma, cuya tramitación se espera complicada, prohíbe la gestión indirecta de centros médicos bajo el modelo PPP (partenariado público-privado), en el cual una empresa construye la infraestructura y presta el servicio clínico a parte de la población, por el cual la Administración paga un canon. Ahora bien, lo hace a futuro. La ley no puede aplicarse de forma retroactiva a los centros ya existentes bajo el modelo Alzira. En estos casos, habrá que esperar hasta la finalización de los respectivos contratos para que dichos hospitales vuelvan a la gestión directa. Y eso, en la Comunidad de Madrid, no sucederá hasta, al menos, 2036.

La fórmula a la que ahora se quiere poner coto desde el Gobierno irrumpió con fuerza a finales de los noventa con la aprobación de la Ley 15/1997. Primero, en la Comunitat Valenciana. Y, de ahí, se expandió a otras regiones. Principalmente, a la Comunidad de Madrid, que el Gobierno de Esperanza Aguirre convirtió en una suerte de paraíso de la privatización sanitaria. La puerta de entrada del modelo Alzira en la región fue el Hospital Infanta Elena, en la localidad de Valdemoro. Y de ahí se extendió al Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos y al Hospital General de Villalba. "No le quepa duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública", defendía la baronesa cada vez que tenía oportunidad.

El Ejecutivo pretende ahora poner coto a una privatización sanitaria que se ha disparado en la última década. La norma puesta sobre la mesa no cierra por completo la puerta a la gestión indirecta, pero sí la limita a casos excepcionales y bajo ciertas condiciones. Ahora bien, sí impide continuar recurriendo al modelo PPP. Una prohibición, eso sí, a futuro, sin posible aplicación retroactiva. Algo que deja bien claro en su disposición transitoria: "La presente ley no será de aplicación a los expedientes de conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de colaboración para la prestación de servicios sanitarios que tengan por objeto la gestión y administración de las estructuras y servicios que integran el Sistema Nacional de Salud que se hubieran iniciado con anterioridad a su entrada en vigor".

Es decir, hasta que no concluyan los contratos de concesión vigentes no hay posibilidad, en principio, de que los hospitales privatizados vuelvan a manos públicas. Y para eso, en la Comunidad de Madrid falta, como poco, una década. En la región, todos los acuerdos de este tipo fueron suscritos con una duración de treinta años. En el caso del Hospital Infanta Elena, el contrato finaliza en 2036. El del Hospital de Torrejón, en 2039. Y en 2040 concluyen los del Hospital Rey Juan Carlos –en Móstoles–y el Hospital General de Villalba. El primero y los dos últimos centros están en manos del Grupo Quirón. Y el segundo, que irrumpió en los medios a raíz de unos audios en los que se hablaba de aumentar listas de espera para incrementar beneficios, lo gestiona Ribera Salud.

Cinco años más el de Vinalopó

Eso, siempre y cuando no se prorroguen, porque los mismos contratos recogen también esa posibilidad "por acuerdo expreso de las partes", sin que la duración total de la concesión, incluyendo las extensiones, supere los plazos máximos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. En el momento de la redacción de dichas concesiones, se aludía a la norma de contratación vigente en 2007, que fijaba un límite máximo de cincuenta años para los contratos que comprendiesen "la ejecución de obras y la explotación del servicio público". Una duración que, sin embargo, la ley actual de contratos rebaja en su artículo 29 hasta los cuarenta años.

El departamento que dirige Mónica García apuesta, por tanto, por una reversión similar a la que se ha experimentado en la Comunitat Valenciana, donde el Gobierno de Ximo Puig, más en concreto la exconsellera Carmen Montón, decidió ir asumiendo la gestión directa de los centros a medida que iban finalizando las concesiones. Así se hizo con el hospital de Alzira –pionero en el país de este modelo de gestión, de ahí su nombre–, Dénia, Torrevieja y Manises. Aún queda funcionando bajo esta fórmula, sin embargo, el de Vinalopó. El contrato concluía en 2025, pero el nuevo Ejecutivo valenciano, ahora en manos conservadoras, decidió prorrogar la concesión por otros cinco años más, hasta 2030. Y lo hizo con el precio per cápita (lo que paga la Administración por cada uno de los posibles usuarios de ese servicio sanitario), hinchado.

La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales la ley de gestión pública de la sanidad si es aprobada

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"Los informes de la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS) de febrero de 2025 sobre las últimas liquidaciones del período Covid-19 señalan un posible enriquecimiento injusto a favor del contratista por el efecto de la pandemia en la cápita. No obstante, el 22 mayo de 2025, la Conselleria ha concedido una prórroga del contrato por cinco años, con inicio el 1 de junio de 2025, en los mismos términos que el contrato inicial, lo que previsiblemente dará lugar a liquidaciones a favor de la concesionaria. El efecto del Covid-19 sobre la cápita se consolida, por lo tanto, en la prórroga suscrita", recogía la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en uno de sus informes de fiscalización.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ve el anteproyecto puesto sobre la mesa como un ataque frontal a Madrid. "Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución", decía airosa la presidenta regional el martes. No obstante, cree que la ley no va a llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE). "No va a salir nunca, la debilidad parlamentaria es manifiesta", dicen desde el Gobierno autonómico, que ya ha anunciado que dará la batalla en los tribunales al entender que la norma supondría una "invasión de competencias exclusivas".

Tras la aprobación del anteproyecto, el texto deberá ser revisado por los distintos ministerios antes de su aprobación como proyecto y su remisión a las Cortes para el inicio de una tramitación parlamentaria que todo parece indicar que no será sencilla, con Junts como gran obstáculo. Y todo ello, contrarreloj, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.