La segunda condena a la CRTVG por represaliar a personal crítico: “Supone un antes y un después”

Con la dictada la pasada semana son ya dos las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenan a la CRTVG (ahora CSAG) por represaliar a trabajadores críticos con la dirección de los medios públicos y movilizados con Defende A Galega en los Venres Negros.

La primera vez, en un dictamen que se volvió firme en 2022, el tribunal confirmó la condena a la CRTVG por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Carlos Jiménez —uno de los rostros más visibles e implicados en la protesta contra la manipulación— y vinculaba la sanción que había recibido de la compañía a su movilización en los Venres Negros.

Ahora, el TSXG condena a la corporación de los medios públicos gallegos por represaliar a una trabajadora que había reivindicado derechos laborales y denunciado que su traslado de forma repentina a la Radio Galega desde la TVG, después de 25 años en la televisión, había sido en realidad una respuesta a sus críticas a la dirección y a su participación en Defende a Galega.

El tribunal afirma que la dirección de los medios públicos “no aporta una justificación objetiva y razonable que desvincule el cese de los indicios de represalia”, anula su traslado y ordena su indemnización con 7.501 euros por “vulneración de los derechos fundamentales”.

El cambio de puesto de esta trabajadora había sido uno de los numerosos “traslados forzosos” que denunció el comité intercentros de la compañía, que entendió que aquel traslado y el de otros tres compañeros se debía a represalias por sus críticas a la gestión de la CRTVG.

Aunque el juzgado de lo Social de Santiago no había vinculado el cambio a la actividad crítica y a la movilización de la redactora, el TSXG sí considera relacionados ambos hechos en una sentencia que abre la posibilidad a condenas similares en otros casos todavía judicializados y que marca “un antes y un después” en la batalla que desde hace años libra buena parte del personal de los medios públicos con la dirección.

Así lo cree Raquel Lema, delegada de la CUT –Central Unitaria de Traballadoras– y presidenta del comité intercentros de la CSAG –Corporación de Servizos Audiovisuales de Galicia–, que considera el dictamen “importantísimo” porque “deja probadas las represalias que el personal llevamos denunciando tantos años”. “Subraya que la empresa vulneró la garantía de indemnidad que protege al personal frente a represalias por ejercer actividades sindicales o reivindicativas. Por lo tanto, el tribunal considera que esta garantía también se vulnera cuando se ejercen acciones fuera de la esfera jurídica o administrativa, como en el caso de la participación en Defende a Galega”, explica.

La sentencia, según Lema, tiene “un altísimo valor en el contexto de padecimiento” en el que afirma que está inmersa buena parte del personal de los medios públicos gallegos. “Limita la posibilidad de la compañía de realizar cambios injustificados con la excusa de que no son una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que era el argumento que utilizaba para represaliar a quien era crítico; ahora tendrá que justificar cualquier cambio o traslado que consideremos de entidad y justificar por qué escoge a quien tenga una actitud reivindicativa”, comenta.

“Esta sentencia limita el poder absoluto que la CSAG creía que tenía; están contra las cuerdas porque ya no podrán justificarse en que estos cambios de puesto o traslados son menores... Al menos cuando afecten a quien es crítico, tendrán que justificarlos”, añade Lema, que reconoce que el dictamen del TSXG es “aire fresco”. “Supone coger fuerzas para seguir denunciando, sabiendo que enfrentarse a la dirección supone ser represaliado”, explica quien reconoce también el “gran desánimo” que lleva acumulado tanto personal.

Ahora, la CSAG decide recurrir al Tribunal Supremo, como suele hacer, llevando el conflicto judicial a la última instancia. “Juegan a desgastar, a pagar con el dinero de todos y todas estos recursos, lo que nos obliga a armarnos de valor porque las represalias pasan una factura psicológica muy grande”, cuenta quien destaca que, a raíz de esta sentencia, muchos trabajadores y trabajadoras sienten que “merece la pena luchar”.

Por otra parte, la agrupación de periodistas de CCOO considera que el pronunciamiento del TSXG “refuerza la protección de las personas profesionales de la información cuando denuncian presiones o malas prácticas dentro de los medios”. “También evidencia que la participación en movilizaciones en defensa de un periodismo independiente forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, afirma la federación estatal del sindicato, que advierte del “problema estructural” que sufren los medios públicos gallegos.

“La decisión judicial amplía la protección de derechos más allá de los conflictos estrictamente laborales, incluyendo protestas contra la manipulación informativa”, añade CCOO, mientras que el colectivo Defende A Galega destacó que la nueva condena a la Corporación “por vulnerar los derechos fundamentales del personal” supone condenar “las represalias contra una trabajadora por defender unos medios públicos que lo sean”. “Por Defender A Galega. La tuya. La de todas”, concluyen.

“La pena es que nadie asume responsabilidades. Y pagar indemnizaciones con el dinero de todos es muy cómodo. Mientras no haya condenas con nombres y apellidos seguirá habiendo compañeros y compañeras castigadas por defender lo que es de todos y todas”, reaccionó a la sentencia Ana Pérez, periodista histórica de la TVG que también denunció haber sido represaliada y castigada por sus críticas a la dirección de la Corporación. “Si levantas la voz, te castigan”, expresó en una reciente entrevista con Praza.gal.

Ana Pérez: "En la TVG queremos hacer nuestro trabajo, pero no nos dejan. Si levantas la voz, te castigan"

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Pérez había dejado de presentar informativos tras 23 años a raíz de una decisión que consideró una “represalia”. Fue uno de los primeros movimientos o traslados que desde Defende a Galega o el comité intercentros siempre consideraron castigos por la actitud crítica de los trabajadores.

Varias sentencias condenatorias

Porque antes de cumplirse diez semanas de los Venres Negros, hace ya más de siete años, en la CRTVG llegó la dimisión de los presentadores del Telexornal Tati Moyano y Alfonso Hermida en protesta por el control informativo. Estos periodistas encabezaron una lista de profesionales que fueron desapareciendo de la pantalla, o alejados de los micrófonos, a medida que avanzaba su participación con las camisetas negras, de las que nunca se informó desde los propios medios públicos, ni siquiera cuando Defende a Galega ganó el Premio José Couso de Libertad de Prensa en 2019, otorgado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación de la Prensa de Ferrol.

La respuesta interna no cesó. En 2022 quedó avalada la sentencia que condenaba al ente público por represalias contra un trabajador movilizado y visible dentro del colectivo Defende a Galega. Otras demandas no corrieron la misma suerte, pero las sentencias condenatorias siguieron llegando, como sucedió en una de las últimas huelgas o cuando se obligó a la corporación a rectificar una información falsa. Hace solo unos días, el Tribunal Supremo condenaba a la CRTVG por restringir permisos al personal para acudir al médico.