Los investigadores no dan con el origen de la filtración de datos personales de políticos y periodistas

Los investigadores de la filtración de datos personales de políticos y periodistas registrada el pasado verano no son capaces de llegar al origen de la brecha. Así consta en un escrito reciente del Ministerio Público. El informe, fechado a finales de enero y al que ha tenido acceso infoLibre, deja claro que "se sigue desconociendo" más de medio año después "de dónde" han "podido obtener" dichos "datos" los autores de hasta tres publicaciones en redes sociales y foros con información de todo tipo sobre miembros del Gobierno –entre ellos el propio presidente–, diputados o reconocidos comunicadores.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio. El día 19, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaban difundiendo datos sensibles que afectaban al entorno de intimidad y a la seguridad de diferentes autoridades gubernamentales. La primera publicación se produjo en el canal de Telegram @gov.eth, donde se colgó el enlace a un conocido foro que contenía desde números de DNI y teléfonos hasta direcciones de domicilio y correos de miembros del Ejecutivo y de las Cortes Generales, pudiendo constatarse la veracidad de una parte relevante de dichos datos.

La Policía volvió a notificar al día siguiente a la autoridad judicial la existencia de una nueva publicación en el citado foro, idéntica a la anterior. En este caso, se titulaba "Políticos Spain Resubido" y la fIrmaba un tal Akkaspace. El mismo usuario que el 21 de junio colgaba una nueva filtración –"Políticos V2"– encabezada con la siguiente frase: "dox by @akkaspace and @Pakito". En este caso, no solo se difundían datos personales de ministros o diputados, sino que también se exponían, por ejemplo, los de varios investigados en el caso Koldo-Ábalos-Cerdán. Además, ponía a la venta por un puñado de euros la herramienta de la que decía servirse para obtener dichos datos.

Eso fue, precisamente, lo que hizo caer a Akkaspace. Un agente encubierto se puso en contacto con ellos para adquirir el supuesto bot. Y el 1 de julio, en localidad grancanaria de Agüimes, miembros de la Comisaría General de Información arrestaron a dos jóvenes en relación con estos hechos. Uno de ellos, Yoel, era quien se escondía tras el alias Akkaspace. Y el otro, Cristian, ejercía como su "mula bancaria". "Prestaba sus cuentas en diversas plataformas para recibir, transferir y custodiar fondos que procedían de las actividades delictivas llevadas a cabo por Yoel, actuando como su intermediario en operaciones de blanqueo o lavado de dinero", recoge un reciente oficio policial, fechado el pasado mes de febrero.

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Pakito, por su parte, fue identificado finalmente por la Guardia Civil, si bien la investigación contra él, a diferencia de lo que sucede con Akkaspace, no se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional, sino en un juzgado de León. A quien no se ha podido poner nombre y apellidos, según expone en su informe la Fiscalía, ha sido a quien se escondía tras el usuario @gov.eth, quien ha protagonizado filtraciones similares de políticos en Argentina y quien ha mostrado abiertamente su admiración por la figura de Adolfo Hitler. En una entrevista antes de su detención, Yoel reconoció que @gov.eth era una persona a la que le había facilitado la información, pero negó que dicha persona hubiera intervenido en los ataques.

Más de medio año después de la filtración, los investigadores siguen sin localizar la brecha por la que fluyeron los datos. "Se desconocía entonces y se sigue desconociendo ahora de dónde han podido obtener dichos datos los autores de las publicaciones", señala el Ministerio Público en su informe, en el que asegura que "pese a todas las diligencias de investigación" no ha podido acreditarse "que los datos personales publicados" hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de Gobierno o algún Tribunal Superior de Justicia autonómico.

En dicho escrito la fiscal interesa que la Audiencia Nacional envíe el caso para su continuación a los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hace al entender que los hechos no son constitutivos de los delitos de terrorismo sobre los que ha girado la causa desde un primer momento. Como mucho, señala, estaríamos ante un delito de descubrimiento y revelación de datos personales. Una petición a la que se oponen algunos de los afectados.