JUSTICIA PODEMOS
La Audiencia Nacional ordena investigar presuntas maniobras policiales contra Miguel Urbán
La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que investigue si hubo maniobras policiales cuando gobernaba el PP contra el exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán que le relacionaron con un supuesto caso de tráfico de drogas para acceder a sus cuentas bancarias y a información personal y de su entorno.
La sección tercera de lo Penal ha estimado un recurso de Urbán y ha instado al juez a tenerle como acusación particular en la causa judicial donde investiga la supuesta puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido, según el auto adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE.
En un principio, el juez Pedraz rechazó dar a Urbán la condición de acusación al considerar que el antiguo cargo de Podemos "fue objeto de investigación por un presunto delito de tráfico de drogas" en unas diligencias de la Fiscalía Antidroga que, según el magistrado, no tenían "vínculo alguno" con la causa que dirige.
Un argumento que fue combatido por el abogado de Urbán, que alegó que su denuncia tiene "una evidente conexidad" con lo que investiga el juez, pues se trata de "una actuación policial desarrollada por el mismo grupo de policías, dependiente del director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino", número dos de la Policía entre 2012 y 2016, cuando gobernaba el PP.
Urbán menciona en su recurso -ahora estimado- la denominada operación Cardenal, un "auténtico montaje policial" a través de supuestos confidentes que le implicaba en el presunto tráfico de 40 kilos de cocaína para, "con ello, posibilitar el acceso a las cuentas corrientes y otra información personal" suya y de su entorno, y justificar la consulta en bases de datos del entonces líder del partido, Pablo Iglesias, y del entonces senador Josetxo Arrieta.
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En su auto, la Sala subraya que en la época de los hechos descritos por Urbán, este ejercía "funciones públicas en el Parlamento Europeo, en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo, sin perjuicio además de otras personas que ejercían o ejercer en la actualidad funciones de carácter político".
Los magistrados dejan a criterio del juez si abre una pieza separada para investigar estos hechos.
Entre los investigados figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.
