España, paraíso del narco: oleada de excarcelaciones a la vista
Hemos contado en diversas ocasiones la debilidad del sistema judicial en España, que acaba por beneficiar a los narcotraficantes. Incluso lo hemos relatado en un libro, Paraíso: por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial (Plaza & Janés, 2026). Absoluciones como la de Jonas Falk, alias El Pablo Escobar sueco; puestas en libertad con posterior fuga de altísimos dirigentes de la Mocro Mafia; la reciente liberación del Comandante Willy, jefe de Los Tiguerones de Ecuador... Por si esto fuera poco, una sentencia del Tribunal Constitucional fechada el 23 de febrero ha conseguido echar por tierra, literalmente, investigaciones de meses, incluso de años.
Fue el diario El País el que adelantó en su edición de este lunes la excarcelación de 24 investigados en el marco de la operación Sombra Negra, un amplísimo trabajo policial iniciado con la detección de un pecio fantasma en Lanzarote que servía de gasolinera para los narcos y que acabó con decenas de detenciones, la mayor parte de ellas en el Campo de Gibraltar, en relación con la introducción en España de miles de kilos de cocaína mediante toda clase de medios de transporte, incluidos narcosubmarinos y hexacópteros.
Para adoptar tal determinación, el Constitucional entiende que en muchos de los casos, incluidos los que están aún bajo secreto de las actuaciones, no se ha informado debidamente a los investigados acerca de los hechos que se les atribuyen. El marco legal señala que se les deben aportar unos mínimos datos. Sin embargo, el Alto Tribunal entiende que tales datos son casi siempre insuficientes, por lo que se vulnera el derecho de defensa de los detenidos. Ello hace que ordene a la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los narcotraficantes.
Esta medida no solo va a afectar a los investigados en la citada operación, sino a la práctica totalidad de las macrocausas contra las grandes redes del crimen organizado que se asientan en España y que han sido desmanteladas en los últimos meses. Por ejemplo, el cártel del Puerto de Valencia o la red presuntamente liderada por El Marqués de Sanlúcar, hijo, que, con apoyo de un guardia civil apodado Kobe Bryant, gestionaba, según la Policía, la llegada de grandes cargamentos de cocaína.
En esa causa, además, existen investigados en el exterior. Gran parte de la droga iba a parar a manos del cártel de Los Balcanes, que, además, disponía de varios comandos armados que también se dedicaban a asaltar mercantes en la ruta entre Vigo y Málaga, a la altura de Portugal, para rescatar alijos en altamar. Y en ella se produjeron arrestos en Belgrado. En esta y en muchas otras, las ramificaciones internacionales están presentes, y la nueva doctrina puede hacerlas venirse abajo como un castillo de naipes.
Esto será así porque, además de la excarcelación, la autoridad judicial instructora tendrá que facilitar mucha más información sobre las investigaciones a los sospechosos, tal y como ordena el Constitucional —que, por otra parte, se ampara en la legislación europea—. De ese modo, unos narcos podrán advertir a otros antes de que sean capturados, lo que dificultará al extremo el avance de las pesquisas.
Además, hay un factor añadido que, a partir de ahora, se convertirá en el enésimo obstáculo para quienes luchan contra el crimen organizado en España. Los tribunales instructores de las macrocausas –tanto la Audiencia Nacional como, en su caso, distintos tribunales de instancia regionales– tendrán que elaborar autos mucho más precisos cada vez que dicten un ingreso en prisión. Si ya disponen de poco tiempo, pocos medios y pocos recursos para su día a día, esta doctrina contribuirá aún más al colapso.
Una vez más, Narcodiario insiste en la urgente necesidad de la creación de juzgados especializados en crimen organizado en determinados puntos de España, siguiendo el modelo francés, para poder investigar con eficacia al tiempo que proteger los derechos constitucionales de los sospechosos de forma inequívoca desde el primer momento.
