Radiografía del derecho al aborto: persecución en Alemania, restricción total en EEUU y objeción en Italia

La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon "con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto". La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.

Los viajes al extranjero para poder ejercer el derecho al aborto con garantías, la oposición férrea de grupos antiabortistas y la objeción sistemática de los profesionales son algunas de las principales barreras que constata la organización a nivel global.

El aborto en el Código Penal

En Alemania, el aborto sigue estando tipificado como ilícito. La única vía que tienen las mujeres para esquivar el castigo penal por ejercer su derecho en las primeras 12 semanas es pasar por un asesoramiento obligatorio y un periodo de espera de tres días. En abril de hace ahora dos años, una comisión gubernamental recomendó despenalizarlo y tratar de corregir las brechas detectadas, una posición que se trasladó a un anteproyecto de ley presentado por varios partidos. La iniciativa quedó paralizada por la convocatoria de elecciones y sigue hoy estancada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En agosto del año pasado, el llamado proyecto ELSA sobre embarazos no deseados, financiado por el Ministerio de Sanidad, desveló desigualdad territorial en el acceso al aborto, así como brechas en la información disponible, estigma entre los profesionales que lo practican y barreras para los grupos vulnerables, especialmente las mujeres migrantes.

El Parlamento de Reino Unido aprobó hace casi un año una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de mujeres embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley. El objetivo pasaba por terminar con la criminalización, persecución y castigo de quienes abortaran fuera de los supuestos legales. El proyecto, pendiente todavía de aprobación, no termina completamente con la penalización del aborto en el país: los profesionales que ayuden a las mujeres en estos casos sí seguirán bajo la lupa de las autoridades. 

Y en Andorra, prohibición total. Las mujeres que residen en el país y quieren acceder a la interrupción libre del embarazo tienden a cruzar las fronteras y desplazarse a España para hacerlo. El Gobierno de Andorra se ha comprometido a preparar una propuesta para despenalizar el aborto antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, matiza Amnistía Internacional, "con esta propuesta seguiría sin haber servicios disponibles" en el país, por lo que quienes decidan acceder a la libre interrupción del embarazo tendrán que "seguir viajando al extranjero", advierten los autores del informe.

Estigma en Italia y Portugal

Si bien en Italia el aborto está garantizado sobre el papel, una aproximación a la realidad de los hospitales evidencia que tampoco en el país alpino se libran de las deficiencias en su acceso. El principal problema en Italia, atestigua Amnistía Internacional, tiene que ver con las reticencias expresadas por los profesionales. Las autoridades no garantizan el acceso a los servicios, en un contexto en el que "un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios". 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 57,1% de los ginecólogos es objetor de conciencia. Además, el 38,8% de los hospitales o clínicas autorizadas no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Giorgia Meloni alentó, a través de una norma aprobada hace dos años, a las organizaciones antiabortistas, permitiéndoles participar en centros de asesoramiento dirigidos a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo.

La reticencia mostrada por los profesionales sanitarios es extensiva a muchos otros territorios. Portugal, con un límite legal de diez semanas para abortar, cuenta con una tasa elevadísima de objeción: según otra reciente investigación de Amnistía Internacional, en torno al 70% de los profesionales se niegan a practicar abortos. Entre 2019 y 2023, un total de 2.525 mujeres portuguesas se desplazaron a España para abortar.

Desplazamientos al extranjero

Los desplazamientos son un denominador común en el grueso de los países analizados. En Croacia existe una "negativa generalizada del personal y los centros médicos" a prestar atención a las mujeres que deciden abortar, alegando "motivos de conciencia". Las croatas deben asumir costes económicos altos si quieren interrumpir su embarazo, ya que el seguro médico nacional no sufraga la intervención y la "inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas" constituye uno de los principales obstáculos para las mujeres en riesgo de exclusión. Una vez más, la única salida pasa por viajar al extranjero. 

También han tenido que atravesar sus fronteras muchas de las mujeres residentes en Bélgica. Especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes o personas sin hogar, dado que los servicios de asistencia social siguen "retrasando o negando la atención médica", a pesar de ser un "derecho legalmente reconocido". Varios partidos políticos continúan bloqueando hoy una votación parlamentaria encaminada a mejorar la legislación, alineándola con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las propuestas, se encuentra la de eliminar el periodo de reflexión obligatorio de seis días y la de extender el límite legal de 12 a 18 semanas.

Estados Unidos y Polonia, referentes en la restricción

Pero si hay un lugar que se haya erigido como principal baluarte en la restricción de los derechos reproductivos, ese es Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump "revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos" generando un "contexto jurídico volátil", advierte Amnistía Internacional. Al otro lado del charco se han revocado políticas que habían "contribuido a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva", pero además se ha recortado la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva, provocando el cierre de clínicas, lo que ha afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Algunos estados han ido al límite restringiendo hasta el extremo la atención específica. La Corte Suprema "les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid", el programa que proporciona cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos. En un total de 41 estados está en vigor algún tipo de restricción al aborto: desde la prohibición total –en 13 estados–, hasta la prohibición parcial a partir de la decimoctava semana de gestación –en siete–. 

Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar "tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal".

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Otros países han optado por seguir esta estela. En Polonia, el acceso al aborto está visiblemente limitado y su ejercicio perseguido en los tribunales. La activista por los derechos humanos Justyna Wydrzyńska se enfrenta a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas, mientras que la doctora Gizela Jagielska ha sido objeto de una investigación penal por practicar un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. En diciembre, la Fiscalía desestimó el caso. 

Casi en paralelo, otros tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer que terminó falleciendo después de que le negaran asistencia médica en una situación "en la que un aborto habría podido salvarle la vida". Los médicos han recurrido. También en el terreno judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en noviembre, en base a un caso particular, que el país "había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto". 

Y de este contexto sacan rédito los grupos antiabortistas, especialmente protegidos en suelo polaco. Activistas y organizaciones se concentran con regularidad frente al centro de información y asesoramiento AboTak, gestionado por el colectivo Abortion Dream Team. Los manifestantes han llegado a derramar ácido butírico en las proximidades de la entrada.