Los altos cargos de la Administración General del Estado han cumplido escrupulosamente con las obligaciones reguladas por la ley 3/2015 de Ejercicio de Altos Cargos y por la ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Función Pública y Buen Gobierno, al menos durante 2023 y 2024.
Así se desprende de los informes enviados al Congreso de los Diputados por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) en los años citados. En los cuatro informes correspondientes, dos por año, se destaca que no se ha incoado ni resuelto ningún procedimiento sancionador por incumplimientos de las obligaciones de las leyes antes citadas.
Contrasta esta rotundidad con lo informado por la organización Civio respecto a la petición de información sobre asesores de libre designación. De los 948 asesores que se calcula que existían en 2024, Civio sólo ha recibido datos de 520, sin que se haya justificado la negativa de Moncloa y varios ministerios. Alguien no ha cumplido con los deberes de transparencia regulados en la ley 19/2013.
Los informes de la OCI consisten en un listado personalizado de los altos cargos existentes a la fecha del cada informe, entre 799 y 778 según las fechas. Constan, además, otros listados como el que se refiere a los altos cargos que han formalizado su declaración de bienes en el periodo.
Los listados más interesantes son los que figuran con el título de Declaración de Actividades al cese, y Comunicación de Cambios de Actividad. Ambos listados son elevados, 384 casos para el primero y 93 para el segundo. Son interesantes porque permiten saber adónde van los altos cargos cesados. No todos, porque algunos reingresan en su puesto anterior o se jubilan u optan por la pensión compensatoria. En otros casos no hay información. El listado de Comunicación de Cambio de Actividad indica, en mi opinión, el cese voluntario del cargo para pasar a otra actividad, normalmente a la empresa privada.
Combinando ambos listados se ha elaborado la información que se adjunta –no para todos los casos–, en la que se detalla el puesto de la administración ocupado y la empresa a la que se ha accedido, todo ello referido a los años 2023 y 2024.No se adjunta el nombre y apellido de los titulares aunque todos los datos pueden consultarse en el portal de la Oficina de Conflictos de Intereses, apartado Informes sobre cumplimientos de los altos cargos. El listado se agrupa por sectores comenzando por Defensa.
DEFENSA:
Segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire:Airbus
Idem anterior: Acento (consultora fundada por José Blanco y Alfonso Alonso), Ela Aviatio, Spanish Missile Systems
Director del Centro de Estudios de la Defensa (Cesedem): Oesia Networks; General de Alquiler; Engineering International.
Jefe del Estado Mayor de la Defensa: Escribano Mechanical Engineering
Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra: Indra
Jefe del Mando Aéreo de Combate: Telespazio; Integración Técnica Empresarial.
PRESIDENCIA Y GABINETES:
Director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia de Gobierno: Sun Tzu Consulting; Redondo y Asociados; Llorente-Cuenca; Oesia; Iberdrola.
Directora del Departamento de Análisis y Estudios: 40dB
Director del Departamento de Información Autonómica: Associated Press
Jefe del Gabinete del Ministerio de Justicia: Soluciones de Tecnología, Información, Comunicación y Seguridad (STICS. S.L).
Jefe de Secretaria de Su Majestad la Reina: Fundación San Pablo CEU
Jefe de la Casa del Rey: Iberdrola
Director del Gabinete de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Philip Morris; Redeia.
Director del Gabinete del Ministerio de Sanidad: Mahou San Miguel
COMISIONADOS Y ALTOS REPRESENTANTES:
Comisionado especial para la nueva economía de la Lengua: Grupo Criteria; ONG Global Women Leaders.
Director de la Fundación para Iberoamérica y Administración de Políticas Públicas: : Senior Fellow en Migration Policy, Instituto MPI, Estados Unidos.
Secretario general Para la Unión Europea: Acento
Comisionado para el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica Aeroespacial: Express Launch Ltd; Ceiia; Open Cosmos.
AREA ECONOMICA:
Secretario General Técnico de Asuntos Económicos y Transformación Digital: Price Waterhouse.
Presidente de Cofides: Aesc Battery Spain; Capital Riesgo Nazca
Director Adjunto de la CNMV: Helios Health Spain (Quirón)
Secretario de Estado de Transformación, Movilidad y Agenda Urbana: Revenga Ingenieros; Club Ciber Security; FTI Consulting; Air Europa.
Director General de Correos Express: Logistic Systems Spain
Director de Efectivos y Sucursales del Banco de España: Currency News; Cashessentials.
Director de la EOI: Taldig; Asociación española de economía digital.
Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial: Bogo Equity Partners.
Director General de Deportes: Instituto Universitario Amerke; Escuela Salut Sport; Dolmi 2000.
Presidente del Ente Publico Empresarial Renfe Operadora: Consultor externo de Acento.
Presidente del Consejo Superior de Deportes: Seat
MINISTROS
Ministerio de Consumo: Acento (con posterior renuncia); Alanis; elDiario.es
Ministerio de Igualdad: Vodevil Entertainment.
PENADOS Y CONDENADOS
En enero de 2025 cumplían penas por corrupción con sentencia firme 82 personas en España, según datos de la página de transparencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el repositorio de datos sobre procesos de corrupción.
La mayoría de ellos condenados por malversación (29) y cohecho (24).
Son una pequeña proporción del total de condenados desde el año 2000 a 2024 por delitos relacionados con la corrupción, según se puede calcular a partir de los datos facilitados por el mismo repositorio.
En el periodo citado fueron un total de 985 personas las condenadas por estos delitos. Casi la mitad de ellos por prevaricación, 410 personas, el 41 por ciento del total, que no lleva aparejada pena de prisión sino de inhabilitación.
La malversación ocupa el segundo lugar en el número de personas condenadas con un total de 316, seguida de las condenadas por cohecho (pasivo 65, e impropio 17), seguido por el tráfico de influencias con un total de 35 condenados.
OTRAS FUENTES
Para las personas interesadas en datos sobre la situación en la contratación pública son interesantes los informes publicados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRescon) y en particular los Informes anuales de Supervisión.
La malversación ocupa el segundo lugar en el número de personas condenadas con un total de 316, seguida de las condenadas por cohecho (pasivo 65, e impropio 17), seguido por el tráfico de influencias con un total de 35 condenados
El informe correspondiente a 2024 señala que en 2023 se presentaron ante las distintas Agencias Antifraudes existentes (en el Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) un total de 221 denuncias; 90 de ellas dieron lugar a la apertura de un expediente de investigación, pero ninguna fue enviada a la fiscalía para su investigación.
En el mismo año se dictaron 499 resoluciones ante denuncias sobre falta de transparencia.
El informe ha detectado que el 96,2 de los órganos de contratación incumplen la obligación de publicar el programa de actividades de contratación en el perfil del contratante; detecta que existe escasa información en la fase de ejecución y casi nula en lo referente a la subcontratación.
Las leyes, informes y datos sobre corrupción y contratación pública en nuestro país son abundantes. Falta sin duda una voluntad política firme para terminar con la lacra ahora revelada como sistémica.
Habrá que comentar también el proyecto no nacido de la ley de transparencia en integridad de los grupos de interés, clave en esta materia y en los asuntos que se han tratado en este comentario.
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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.
Los altos cargos de la Administración General del Estado han cumplido escrupulosamente con las obligaciones reguladas por la ley 3/2015 de Ejercicio de Altos Cargos y por la ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Función Pública y Buen Gobierno, al menos durante 2023 y 2024.