En España, los últimos vestigios de la red de beneficencia se integraron en el Sistema Nacional de Salud con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986.
Por qué entonces hablar de beneficencia 40 años después. Sencillamente porque de manera sutil va tomando forma en el día a día de nuestro sistema de salud. La razón no es otra que el deterioro que este viene sufriendo, especialmente por su progresiva privatización.
Uno de los elementos principales en que se apoya esta dinámica privatizadora es el deterioro de la Atención Primaria, completamente abandonada a su suerte desde hace años, mientras que las inversiones se han centrado en los hospitales. Aumentos exponenciales de plantillas hospitalarias curiosamente han ido ligados a listas de espera cada vez más largas, tanto para consultas como para muchas de las pruebas diagnósticas, así como para cirugía.
Los pacientes tienen que tomar decisiones, si pueden permitírselo económicamente, y muchos optan por acudir a la privada para hacerse esas pruebas que se demoran. Un diagnóstico de una cierta gravedad pondrá en marcha vías preferentes que les permitirán adelantar a quienes no han tenido la posibilidad de pagarse sus pruebas. Se ha acabado la equidad en el sistema. Lo mismo sucede con las consultas de especialistas hospitalarios, muchos de los cuales trabajan también en el sector privado: si las citas se demoran, está la opción de acudir a estos profesionales en la privada para adelantar la asistencia en la pública.
Los pacientes tienen que tomar decisiones, si pueden permitírselo económicamente, y muchos optan por acudir a la privada para hacerse esas pruebas que se demoran
De manera que hemos llegado a una situación en la que aquellos que se lo pueden permitir se pagan el acceso a pruebas o a consultas privadas, mientras quienes no pueden pagarlo tienen que esperar a que pase el tiempo, a veces años. Entre tanto solo tienen a su disposición los servicios de Atención Primaria (en los lugares en que sigue siendo accesible, porque algunas comunidades autónomas llevan mucha ventaja en su desmantelamiento). Así pues quedan bien definidas dos líneas asistenciales: la de los que ya están en la privada, de hecho, y la de quienes no pueden permitírselo y que en la práctica disponen de los limitados medios de la Atención Primaria, en lo que viene siendo un trasunto de la beneficencia pública.
Hay una tercera vía: acudir a las puertas de urgencias de los hospitales. La medicina privada es la principal interesada en que esa opción siga estando disponible para poder cargar a la sanidad pública los casos complejos y menos rentables económicamente.
La batalla por el negocio de la atención sanitaria está llegando probablemente a sus últimas escaramuzas. De hecho, en el pulso que el colegio y el sindicato médico mantienen en estos momentos con el Ministerio de Sanidad subyacen muchos de estos intereses.
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Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre.
En España, los últimos vestigios de la red de beneficencia se integraron en el Sistema Nacional de Salud con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986.