El rey y su declaración de bienes

En la mañana del 1 de mayo me he despertado, como es mi costumbre, escuchando el programa de Javier del Pino, en la cadena Ser. En la sección en la que interviene, como todos los domingos, el escritor Juan José Millás, abordaron una de las noticias de la semana, la decisión del Rey Felipe VI de hacer públicos sus bienes y su patrimonio. Periodista y escritor revistieron la noticia con mordaz ironía crítica (como no podía ser de otra manera) y enfocaron el tema como una desvergüenza que se produce 40 años tarde desde la Casa Real.

Especial incidencia se hizo sobre las patéticas declaraciones sobre el evento del ministro Félix Bolaños y del recién estrenado jefe de la oposición (sin asiento parlamentario), Alberto Núñez Feijoó. El primero dio muestras de “sumisión” a los designios reales y el segundo (mentiras incluidas) colocando a la corona española como ejemplo a seguir por el resto de casas reales del mundo (¡!).

La pregunta es ¿quién incumple la Constitución, los que se sientan en la Zarzuela o los que se sientan en el Parlamento? y otra más pedestre, ¿los españoles pagarían impuestos si no hubiera una ley que les obliga?

El tercer elemento que flotó en el ambiente radiofónico (destacado por Juanjo Millás) fue la “normalidad” con la que este tipo de noticias es aceptado y asumido por los ciudadanos, es decir en términos democráticos, por el cuerpo electoral. Es más, los ciudadanos han elevado el gesto del monarca a categoría de valor que engrandece a la Casa Real. Poca crítica ha desencadenado la noticia, exceptuando a Podemos y nacionalistas. 

En ningún momento del programa y, por extensión en las críticas vertidas por los partidos a la izquierda del PSOE, se ha hecho referencia al origen de la desfachatez con la que se sigue actuando desde la Casa Real. La pregunta es ¿quién incumple la Constitución, los que se sientan en la Zarzuela o los que se sientan en el Parlamento?  y otra más pedestre, ¿los españoles pagarían impuestos si no hubiera una ley que les obliga?

Guardando las respectivas distancias, exigibles a cualquier comparación, sin las cuales caeríamos en aquello de que “las comparaciones terminan siendo odiosas”, Felipe VI está buscando su “legitimación social” y la salida de su padre de España fue una de ellas. Ya no hay golpe de Estado que parar, pero el recurso de presentarse al pueblo español con la bandera de la anticorrupción es muy tentador. Empezó despojando a su hermana y cuñado corrupto de los títulos de Duques de Palma, luego renunciando a la herencia de su padre (herencia envenenada), retirándole posteriormente la asignación anual de la que disfrutaba (200.000 euros) y, finalmente, acordando con él su salida del país. Todo en un marco “familiar”. Ese es el error y la gran diferencia con las monarquías europeas.

Lo que ocurre es que todo esto se ha hecho (y se está haciendo) de espaldas a las Cortes Generales, única institución democrática con legitimidad para resolver los problemas de la corona. “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por ley orgánica” (art. 57.5 de la Constitución Española). Ley orgánica que nunca se ha promulgado por sus señorías, dando con ello muestras de una irresponsabilidad histórica impresentable, generando con ello “atajos” de dudosa constitucionalidad que se arrastran desde la abdicación de Juan Carlos I, marginando al Parlamento de sus obligaciones constitucionales. Conviene recordar lo más elemental en una monarquía parlamentaria, la Corona de España no es de la familia Borbón, es propiedad de la Nación española desde la promulgación de la Carta Magna, que optó como forma de Estado por la monarquía parlamentaria. 

Por ello, Juan Carlos I actuó como actuó y Felipe VI da pasos que parecen “actos dadivosos” hacia la plebe. El Real Decreto aprobado sobre determinados aspectos que afectan a la “transparencia” de la Casa Real no deja de ser una chapuza más, un parche que no resuelve nada. “Chapa y pintura”, que diría el castizo. 

¿Quién incumple la Constitución?

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre