la crisis del coronavirus

Cómo usar los 140.000 millones de la UE para reconvertir la hipertrofia del turismo y la construcción en un negocio verde y digital

Turistas extranjeros bañándose en la playa de La Teresita, en Santa Cruz de Tenerife, este mes de septiembre.

España será el segundo país de Europa, tras Italia, que más dinero recibirá del plan de recuperación aprobado por la UE para sacar a la economía comunitaria de la crisis en que la ha sumido el covid-19. Un total de 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones vendrán en forma de ayudas a fondo perdido. Pero los fondos deberán tener un destino muy preciso. Se trata de recuperar la actividad que tan dañada ha resultado tras dos meses de coma inducido, sí, pero también de espolear el cambio de modelo productivo. Y en una dirección bien definida: hacia una economía sostenible y digital. El Gobierno debe presentar ahora sus planes de inversión y reformas, pero sólo serán aprobados los proyectos que impulsen la transición ecológica y la digitalización. “El futuro de Europa radica en la inversión en los sectores y las tecnologías clave, desde el 5G hasta la inteligencia artificial, pasando por el hidrógeno limpio y la energía renovable marina”, proclamó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando presentó el plan de recuperación.

El final del camino suena a futuro prodigioso y parece claro, pero en el punto de partida España tiene un modelo productivo con actividades de mucho peso donde dominan lo analógico, lo contaminante y lo precario. Pese a lo mucho que se ha hablado durante tantos años sobre la necesidad de cambiarlo, y de aprovechar las crisis para hacer la transformación, la economía nacional sigue anclada en un patrón del que cada vez son más patentes las fisuras. Se vio tras la recesión que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria y vuelve a sangrar la herida con el golpe del coronavirus.

El 18% del PIB español descansa sobre dos sectores fundamentales: el turismo y la construcción. Entre ambos aportan casi el 21,5% del empleo. De la dependencia de la economía nacional del turismo ha dado buena cuenta este verano inaudito sin visitantes extranjeros. El 12,3% del PIB procede de esta actividad, cuya contribución además ha crecido 1,3 puntos desde 2015, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El turismo es el responsable de 2,6 millones de puestos de trabajo, el 12,7% del empleo. La construcción aporta mucho menos, un 5,6% del PIB en 2018, pero el 8,8% de los afiliados a la Seguridad Social. Cierto también que la crisis del ladrillo ha encogido a la mitad el sector, que en 2009 alcanzaba el 10,1% del PIB, de acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el INE. Modernizar ambos pilares de la economía es una tarea necesaria, a la vista de los daños que infligió en la construcción la crisis de 2008 y los que ahora amenaza con dejar en precario estado de salud al turismo la crisis del covid-19en precario estado de salud al turismo la crisis del covid-19.

Los empresarios de uno y otro sector se han apresurado a reclamar parte del suculento pastel de fondos que va a venir de la UE. Millones que van a llover sobre dos ramas de actividad caracterizadas por la atomización en pequeñas empresas, el uso intensivo de mano de obra poco cualificada, la baja productividad, una cultura de innovación no muy propensa a los cambios tecnológicos y con problemas de sostenibilidad. Cómo empujar al turismo y la construcción hacia la economía verde y digital es la cuestión.

“No existe una varita mágica que diga 'hágase' y transforme el chiringuito de playa en una instalación sostenible y tecnológica”, advierte Antonia Díaz, profesora de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. A su juicio, el método adecuado es combinar “palo y zanahoria”; es decir, que las administraciones den incentivos que para que las empresas orienten su actividad hacia la dirección deseada, mientras desalientan los proyectos que van en dirección contraria. Por ejemplo, subvenciones a la construcción de hoteles ecológicos, pero recargos en el IBI a quien lleve a cabo obras de rehabilitación de edificios que no respeten los criterios de sostenibilidad. “No existen milagros ni cosas tremendamente sofisticadas”, aclara, “únicamente que las administraciones piensen de forma global”, al tiempo que explican que los resultados “no van a ser inmediatos y llevará tiempo verlos”. “Además, el dinero de la UE es para ese tipo de proyectos y para nada más... Es una inversión que hay que hacer y que no tiene coste de corto plazo”, recalca.

Rehabilitación de edificios y trenes de mercancías

Como ejemplos concretos, Díaz cita la rehabilitación de edificios para ganar eficiencia energética, donde advierte la existencia de un amplio margen de mejora: en España sólo el 5% de los inmuebles cuenta con certificación energética C o superior –la A es la más alta, con un gasto casi nulo de energía externa, y la G más baja, unos 2.120 euros al año, entre calefacción, agua y refrigeración–. La más habitual en España es la E, con un gasto anual de unos 1.000 euros, según los cálculos del portal Fotocasa. Los edificios nuevos suelen estar por encima de la C, pero sólo representan el 2% del parque de viviendas actual.

Según explica la profesora de la Carlos III, incentivar este tipo de proyectos tiene beneficios obvios si se tiene en cuenta que el sector residencial es el responsable del 30% de las emisiones de COy dos terceras partes de esas emisiones proceden de la calefacción y el aire acondicionado. Pero, además, son unos grandes creadores de empleo y permiten elevar la cualificación de la mano de obra que se emplee en ellos. Finalmente, harían de la construcción un sector menos dependiente de la obra nueva y del ciclo económico, asegura Díaz. Como también ha explicado en sus artículos, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, en España la construcción de edificios está “hipertrofiada en número de empresas y empleo”, pero es también el subsector que menos valor añadido genera por trabajador. Proporciona el 53,7% de las empresas y el 42,6% de los puestos de trabajo, pero el valor añadido por trabajador de la ingeniería civil multiplica por 24 el suyo.

Otra actividad con margen potencial es del transporte ferroviario de mercancías, que se encuentra en España en plena fase de liberalización, con la entrada de operadores privados en competencia con Renfe. En la Unión Europea, sólo el 17,4% de los movimientos de mercancías se realizan en tren. En España, la cuota apenas llega al 4%. El transporte por carretera, el 76,4% en la UE, es, de hecho, uno de los sectores más contaminantes. El objetivo de Bruselas para 2030 es sustituir por ferrocarril el 30% del transporte por carretera a distancias superiores a los 300 kilómetros, lo que evitaría la emisión de 290 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Algo parecido ocurre con la movilidad urbana, para lo que hace falta impulsar la demanda de vehículos híbridos o eléctricos, gravando los coches más antiguos, desplegando redes de repostaje eléctrico o de hidrógeno y electrificando el transporte público, por ejemplo.

Imitar a Francia e Italia

Entre 10.000 y 12.000 millones de euros en inversiones públicas ha reclamado ya el vicepresidente de Exceltur, la patronal del turismo, José Luis Zoreda, para su sector. Ese dinero es el que necesita para “la reconversión integral de las grandes fábricas o destinos turísticos de los años 70” y transformarlos en “entornos más protegidos, sostenibles y deseables para turistas y residentes”.

Pedro Díaz Luque, profesor de Estudios Económicos y de Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en turismo, confirma que, una vez recuperado el sector del pozo en que lo está dejando el covid-19, no tiene sentido replicar el modelo antiguo que ya ha mostrado todas sus fisuras. “Competir en precios siempre es malo, y más cuando otros destinos en el norte de África, por ejemplo, pueden ofrecerlos más baratos aún; también por el tipo de público al que atraes”, advierte. Díaz Luque cree que con la alta calidad de los hoteles españoles es posible captar a otro tipo de turista. Sin ir más lejos, a quienes reivindican la flygskam, o vergüenza a volar en sueco. A juicio del profesor de la UOC, debería recuperarse el proyecto del AVE low cost o AVLOlow costAVLO, para eludir el transporte aéreo y seducir a los turistas nórdicos o de otros países europeos que renuncian a los aviones por su poder contaminante. “Ya está pasando, hay turistas muy concienciados que han dejado de venir a Canarias porque tienen que coger un avión”, precisa, “así que tener los sellos de sostenibilidad y de turismo verde ayudaría a cambiar el modelo”. O impedir que proliferen ofertas como las que acaba de anunciar Ryanair: un millón de vuelos a cinco euros el billete.

Ese mismo perfil también estaría interesado en el cicloturismo, asegura Pedro Díaz. Muy desarrollado en Europa, incluso con vías internacionales, en España se encuentra aún en pañales. Y puede formar parte de la “democratización geográfica de la experiencia turística” que aconseja también el experto. Pasar de concentrar la actividad turística en las zonas costeras a aprovechar los recursos del interior y del turismo rural. “Que hasta el último hotel rural tenga un buen wifi, un sistema de reservas y una cadena de comercialización adecuadas”, pide. Díaz Luque pone como ejemplo a Francia e Italia, que ponen en valor sus destinos de interior. “Y nosotros”, recuerda, “estamos tan surtidos de castillos y pueblos con plazas medievales como ellos”.

No se trata de empezar a captar de repente sólo a viajeros “con alto poder adquisitivo y buen comportamiento”, tras desechar a los habituales de Salou o Lloret de Mar –“aunque este verano quizá estemos echándolos de menos”, precisa–, sino de compaginar a los de alta conciencia medioambiental, que prefieren los destinos rurales y el cicloturismo, con los turistas de gran gasto. “Estoy convencido de que se reanudarán las campañas para traer a rusos, chinos y estadounidenses, que contratan estancias más largas y se gastan mucho más dinero que los turistas de proximidad, como los franceses”, defiende.

Preservar los centros urbanos

Pedro Díaz invita también a abandonar la turistificación de los centros urbanosturistificación de los centros urbanos. Por los problemas de convivencia con la población local que ha generado, por la pérdida de autenticidad que ha provocado –y que termina disuadiendo al viajero de visitar zonas hiperturistificadas– y por los efectos que ha hecho patentes la pandemia: centros de las ciudades que han quedado muertos sin turistas extranjeros. “Hay que propiciar un desarrollo del turismo urbano armónico con el desarrollo de la ciudad, hasta ahora ha faltado una mirada a largo plazo”, sostiene.

Por el mismo motivo, Díaz Luque considera que debería desalentarse las tentaciones para precarizar el empleo en un sector ya de por sí castigado por la alta temporalidad y la baja cualificación. Evitar que el exceso de flexibilización destroce las condiciones laborales de las camareras de piso –las kellys– y que el low cost laboral se traduzca en contratos en negro en la restauración y la hostelería.

Además, los mismos incentivos que Antonia Díaz pedía para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas se pueden aplicar a los hoteles. Recuerda el profesor de la UOC que existe toda una tecnología para medir la huella de carbono, el impacto medioambiental de los alojamientos turísticos, cuyo uso puede estimular las administraciones. También menciona Pedro Díaz los smart destinations, los destinos inteligentes, que hacen uso de la tecnología para mejorar la calidad del turismo y la calidad de vida de los residentes: sensores de tráfico y aparcamiento, respeto al entorno, reducción del impacto visual y de la contaminación, máxima eficiencia energética... “Que el turismo deje de ser un sector depredador y se convierta en un ejemplo de actividad sostenible”, resume Antonia Díaz.

 

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