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REFORMA LABORAL

CCOO denuncia un “fraude masivo” para bajar el salario a las plantillas de 100 farmacias andaluzas

CCOO denuncia un “fraude masivo y orquestado” para bajar el salario a las plantillas de 100 farmacias andaluzas

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, vendió el pasado octubre en el Senado la especie de que los descuelgues –la empresa deja de aplicar el convenio colectivo en materia de salarios, jornada u horario por causas económicas, técnicas o de producción– han salvado los empleos de 250.000 trabajadores desde marzo de 2012, cuando la reforma laboral los autorizó. Soslayando el hecho de que difícilmente ese cuarto de millón de asalariados fueran a ser despedidos si su empresa no se descolgaba del convenio, lo que Báñez omitió son las distorsiones que esa nueva figura laboral está produciendo en algunos sectores.

El pasado mes de marzo CCOO denunció en la Inspección de Trabajo y en la Dirección General de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía lo que tacha de “fraude masivo y orquestado”. Ahora va a presentar una demanda en el juzgado de lo Social. El sindicato contabilizó un total de 106 descuelgues del convenio estatal del sector de farmacias, solicitados por otras tantas boticas, sólo en Andalucía –más de 60 en la provincia de Sevilla– entre el 12 de diciembre de 2012 y febrero de 2014. En el resto de España se produjeron únicamente cuatro peticiones de descuelgue en ese mismo periodo de tiempo.

Además, las solicitudes estaban “calcadas” unas de otras. “Era un documento tipo”, asegura el responsable de Política Social de la Federacion de Sanidad de CCOO Andalucía, Jesús Cabrera. Sus autores, añade, la oficina de un graduado social de Sevilla que ofreció a las oficinas de farmacia una especie de “descuelgue automático”. El argumento para dejar de aplicar el convenio se limitaba a una referencia genérica a la mala situación económica. A continuación, se pedía el descuelgue del salario, la eliminación de las pagas extraordinarias o el aumento de la jornada anual de los trabajadores. Teniendo en cuenta que cada oficina de farmacia tiene unos tres empleados, CCOO calcula que unos 300 trabajadores han sufrido recortes salariales que pueden llegar al 30% –si al abandonar la referencia del convenio se les aplica el Salario Mínimo (SMI)– gracias a la exitosa práctica profesional de esa asesoría.

La Inspección de Trabajo emitió un informe el pasado 1 de agosto en el que se constata la existencia de una actuación irregular. “Las mesas negociadoras” de los descuelgues estaban presididas y las partes asesoradas por una misma persona”, señala el documento. También revela que las oficinas de farmacia pedían descolgarse de materias de las que el Estatuto de Trabajadores no permite descolgarse. La Inspección se comprometió en el informe a investigar y sancionar las inaplicaciones del convenio que pudieran haber seguido realizándose a partir de la entrada en vigor del nuevo convenio del sector, el pasado 1 de enero. Porque, además, la avalancha de descuelgues se produjo mientras las negociaciones del convenio sufrieron un bloqueo tan denso que sólo pudo solucionarlo un laudo arbitral en marzo.

Para CCOO, lo ocurrido en Andalucía es producto de la falta de control sobre los descuelgues, cuyo registro en el Ministerio de Empleo no es obligatorio. Y de un sector “atomizado”, compuesto de un gran número de centros de trabajo con muy pocos empleados y escasa presencia sindical. Con la demanda ante los tribunales pretenden ahora no sólo que se sancione a las empresas, sino también que se anulen los descuelgues y los trabajadores recuperen sus antiguas condiciones laborales.

Nada que ver con la patronal

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La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), por su parte, se desvincula de los asesores laborales que utilizan sus asociados. “No tienen ninguna vinculación con la patronal”, recalca Luis de Palacio, su secretario general. Aunque reconoce que es una práctica habitual que las oficinas de farmacia compartan asesores. En cualquier caso, asegura que a la comisión paritaria –integrada por sindicatos y patronal y encargada de interpretar y vigilar el cumplimiento del convenio– no han llegado más que una veintena de solicitudes de descuelgue, procedentes de toda España, desde el pasado mes de mayo. De Palacio dice desconocer la existencia del centenar de inaplicaciones denunciadas por CCOO en Andalucía: en el periodo en que se produjeron, la comisión paritaria se encontraba disuelta tras decaer el convenio y quedar bloqueada su renovación. Pero también admite que pueden no haber sido comunicadas. El nuevo convenio ya ha convertido en un trámite obligatorio informar de los descuelgues a la comisión paritaria, apunta.

“Somos muy escrupulosos con la legalidad”, proclama el responsable de FEFE, que como cualquier patronal asesora a las farmacias cuando le consultan, entre otros asuntos laborales, sobre los descuelgues salariales: “Por supuesto les decimos cuándo los están haciendo mal, las reglas del juego son muy claras”.

Luis de Palacio explica que los descuelgues tienen que contar con el acuerdo previo de los trabajadores, lo que no debe de ser difícil en farmacias con sólo un par de empleados. “La mayoría pactan la congelación salarial”, asegura, tras descartar grandes bajadas de sueldos. Según las tablas salariales del convenio estatal, un auxiliar de farmacia tiene un sueldo base de 1.024,91 euros al mes, y un técnico de farmacia, de 1.127,06 euros. El secretario general de FEFE destaca que, pese a sufrir una caída de la facturación del 20% –“la mayor de un sector en España”– las farmacias han mantenido el empleo durante la crisis. “La carga de trabajo no ha disminuido”, señala, “y como nos han bajado los precios, que están regulados, hacemos más operaciones pero por menos valor; es decir, estamos aguantando a pérdida a la espera de que pase el chaparrón”.

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