El cierre de mercados de proximidad ahoga a pequeños productores: "El de los sábados supone el 60% de mis ingresos"

Mientras todas las miradas se han situado sobre los estragos en la construcción y el sector servicios, la crisis del coronavirus también ha empezado a asfixiar a pequeños agricultores y ganaderos. Pueden trabajar sus tierras. Pueden alimentar a sus animales. Pero el cierre de los mercados no sedentarios de proximidad en determinadas localidades les está impidiendo colocar sus productos al consumidor. Y eso impacta directamente sobre unos bolsillos ya de por sí precarios.

Algunos de los sindicatos y organizaciones del sector llevan días alertando de la cantidad de productores que “orienta sus ventas hacia este tipo de espacios”. Por eso, reclaman al Gobierno central que se dicten las “instrucciones pertinentes” para que estas actividades puedan desarrollarse con normalidad dentro, por supuesto, de unas estrictas “medidas de seguridad”. Mientras eso ocurre, algunos de estos trabajadores del campo tratan de cubrir el agujero que les deja la imposibilidad de colocar su puesto con los repartos, una actividad que, aseguran, se está duplicando en tiempos de confinamiento y soledad. Algunos logran salvar así los muebles. Otros, sin embargo, no.

Mikel se dedica a la producción y venta de fruta y verdura ecológica. Con un terreno de 1,5 hectáreas en la finca La Barraqueta, en la provincia de Tarragona, y una superficie de cultivo de unos 9.000 metros cuadrados, este agricultor coloca sus productos tanto a tiendas como al cliente de forma directa a través de mercados semanales de proximidad. Por el momento, puede continuar poniendo su puesto en el de los miércoles de La Selva del Camp. Sin embargo, se le ha caído el de los sábados en Valls, un municipio con más de 24.000 habitantes. “Es el más importante y lo han cerrado. Supone alrededor de un 60% de mis ingresos”, explica por teléfono a infoLibre mientras atiende a los compradores.

De momento, está intentando solventar el problema a través de los pedidos que le llegan por Whatsapp. Un reparto que, explica, no hace “casa por casa”. “Quedo con los clientes en un sitio y se lo llevo”, afirma. Pero esto no es suficiente, apunta, para poder tapar el agujero que le está dejando la clausura de su principal mercado. Por eso, la única solución que ve este agricultor es poder volver a colocar sus puestos en estos espacios.

En la misma situación se encuentra Darío. Este delineante del sector de la construcción de Guadalajara al que engulló la anterior crisis económica lleva ocho años trabajando la tierra en Asturias. “Nos lanzamos aquí muy precariamente”, señala en conversación con este diario. Ahora, con un terreno que no llega a la hectárea, dedica todos sus esfuerzos a la agricultura ecológica. Antes de que estallara la pandemia, los principales canales por los que daba salida a sus productos eran los puestos que instalaba en Grao y Avilés y el reparto. “Ahora se me han caído los dos primeros”, sostiene Darío, de La Huerta Joyana, que señala que nunca ha vendido sus frutas o verduras ni a tiendas ni a restaurantes.

“Nuestro modelo, el del pequeño productor ecológico, tiende a no tener intermediarios y a recurrir a la venta directa”, asevera. Sin embargo, este agricultor sí que está consiguiendo “salvar los muebles” a través de los repartos. Teniendo poco que ofrecer por la temporada, dice, está “vendiendo como nunca”. “Quizá el doble que hace un año por estas fechas”, apunta. Una tendencia que también ha apreciado Mikel: “Hago como el triple de repartos”, dice.

En los últimos años, la producción ecológica ha experimentado un importante repunte en nuestro país. Según el último balance del Ministerio de Agricultura, correspondiente al año 2018, el número de operadores en este sector se situó en los 44.282, un incremento del 88% respecto a la década anterior. De ellos, 39.505 eran productores. De igual modo, la superficie estuvo a punto de duplicarse en ese mismo periodo: de 1,3 millones a 2,2 millones de hectáreas. Con estos mimbres, el sector, como otros tantos, trata de mantenerse a flote durante la crisis.

En un artículo publicado a finales de marzo en el diario El País, el profesor y miembro de la Sociedad Española de Agroecología Franco Llobera avisaba del “juego desigual” que había supuesto el estado de alarma: incremento de las ventas en la gran distribución y supermercados y retroceso de las realizadas a través de los “canales tradicionales” por el cierre de algunos mercados. Sin embargo, arrojaba alguna esperanza: “Muchas pequeñas iniciativas agroecológicas de proximidad, especialmente las que ofrecen servicio a domicilio, han crecido también en un 50%”.

Interpretación “uniforme”“uniforme”

El Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma suspende en su artículo 10 “la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas”. Sin embargo, exceptúa los de “alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad”, aclarando que la permanencia en ellos deberá ser “la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición” de los alimentos. “Los decretos se han interpretado de forma diferente según las administraciones, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es cierto que se habla de puntos de venta, pero no queda claro si en este sentido tienen cabida estos espacios”, afirma Álvaro Areta, técnico de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG). Así, mientras que en algunas regiones como Galicia los mercados al aire libre continúan cerrados, en otras como Baleares están permitidos siempre que cumplan con las condiciones logísticas e higiénicas que se han impuesto desde el Govern –deben celebrarse en espacios cerrados, evitando las aglomeraciones y cada puesto tiene que disponer de agua corriente y un bote de gel desinfectante–.

Desde COAG quieren una interpretación del Gobierno central que sea “uniforme” en este sentido. “Que se permita su funcionamiento bajo una serie de directrices que garanticen, y eso queremos recalcarlo, condiciones de seguridad. Es posible hacerlo. Por ejemplo, fijando perímetros o estableciendo pasillos de un solo sentido”, señala Areta. Por eso, junto con varias decenas de asociaciones y colectivos, enviaron la pasada semana una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que ponían de manifiesto esta problemática. Así, manifestaban que los diversos decretos y decisiones adoptadas durante la crisis habían dado lugar al cierre de la mayor parte de estos espacios y a sanciones tanto a agricultores y ganaderos como a consumidores de circuitos cortos de comercialización, lo que supone a su juicio “una represión y agresión directa a la pequeña producción primaria a pequeña escala” y “una vulneración del derecho de todas las personas a una alimentación y un medio ambiente saludables”. Y, entre otras cosas, pedían priorizar en la compra pública “los productos locales, los de las pequeñas granjas y los agroecológicos”.

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25.000 agricultores o ganaderos en riesgo

El ministerio respondió a través del secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda. En una misiva fechada el pasado viernes, la cartera liderada por Planas aseguraba que “todas y cada una de las piezas que componen el sector agroalimentario” son “fundamentales”. “El ministerio es consciente de la importancia que subsectores como la producción ecológica y otros aspectos que, conjuntamente conforman la agroecología, tienen en la producción de alimentos de calidad y sostenibles, así como del importante papel que en el suministro de alimentos juegan los canales cortos, entre los que se encuentran los mercados no sedentarios”, continuaba la carta, en la que se recordaba que desde el Gobierno se están poniendo en marcha “medidas” para paliar el impacto de la crisis sanitaria en las economías tanto de trabajadores por cuenta ajena como de autónomos y pymes, muy extendidos en el sector agroalimentario. Sin embargo, recordaba que en el actual estado de alarma la autoridad competente delegada es Sanidad. Por eso, este jueves unas 600 organizaciones han puesto estas mismas reclamaciones sobre la mesa del departamento que dirige Salvador Illa.

Para Marta Rivera, directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic, el cierre de estos mercados supone un “freno” porque es “una vía principal para la venta de productos” de muchos de estos agricultores. Pero también de pequeños ganaderos y ganaderas de ovino o caprino cuya principal salida era la hostelería. “Los animales crecen y tienes que colocarlos en algún sitio”, apunta. “Este tipo de producciones pequeñas con una oferta amplia de productos es muy complicado reconducirlas hacia otro canal”, sostiene Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego. “A través de la venta directa se consigue una mayor valorización de los productos y para muchas familias esta es la única posibilidad de salir adelante”, continúa. En total, según los datos que maneja COAG, alrededor de 25.000 agricultores o ganaderos recurren a este tipo de mercados semanales de manera directa o indirecta.