EL PARO DE LOS JÓVENES

La Comisión Europea critica la ineficacia del plan español para dar trabajo a los 'ni-nis'

España recibirá un tercio del fondo europeo contra el paro juvenil

La Comisión Europea asegura en su última evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil español que este programa “debe demostrar aún su eficacia para estimular el empleo de los jóvenes”, toda vez que sólo un “número limitado” de las personas a las que va dirigido “se han registrado en el sistema”. El pasado miércoles el Ministerio de Empleo publicitó que son 85.000 los inscritos. Es decir, apenas el 6,9% de los 1,21 millones de jóvenes menores de 29 años que llevan al menos un mes sin trabajar, a quienes en teoría va dirigido el plan. España es el país con mayor tasa de paro juvenil de Europa. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), casi 1,4 millones de menores de 25 años carecen de trabajo, el 49,2%.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que el Gobierno aprobó en diciembre de 2013 y cuyo objetivo es proporcionar a los jóvenes, en un plazo de cuatro meses, “una buena oferta de empleo” o bien de educación, aprendizaje o prácticas. En un principio esa garantía estaba destinada a los menores de 25 años, pero desde el pasado julio se ha ampliado en España a los menores de 30. La condición es que no hayan trabajado el mes anterior a su inscripción, ni hayan recibido formación los tres meses anteriores. En resumen, el sistema está pensado para dar empleo a los ni-nis, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan: porque han abandonado prematuramente los estudios, se han quedado en el paro y carecen de formación para volver al mercado, o porque aun teniendo estudios, incluso superiores, no consiguen trabajo.

La página web donde los jóvenes pueden registrarse se puso en marcha hace un año, en julio de 2014. Pero, como reprocha la Comisión Europea y denuncian los sindicatos CCOO y UGT, los parados registrados son muy pocos. Lo reconoce también el Ministerio de Empleo: “Crecen de forma lenta y su número es escaso”, concede un portavoz del departamento, quien al tiempo destaca el alza en 50.000 personas que ha experimentado el sistema desde marzo.

Silvia Sazatornil, responsable de Juventud de UGT, critica que se excluya del sistema a cualquiera que no sea un ni-ni. Y Javier Pueyo, de CCOO, destaca los problemas para registrarse en la página web. Para hacerlo, además de contar con DNI o certificado electrónico, se ofrece la posibilidad de conseguir un nombre de usuario y una contraseña de acceso entregando en persona en cualquier oficina de registro de la Administración central o de las comunidades autónomas un formulario en papel donde hay que consignar el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono… y el correo electrónico. También se puede acceder a través de las cámaras de comercio. Javier Pueyo asegura que el Ministerio de Empleo les ha solicitado su colaboración para dar a conocer la iniciativa entre los jóvenes.

Sin datos sobre cuántos contratos y cuántos cursos

El caso es que no sólo su éxito es parco todavía, sino que, aparte del número de jóvenes inscritos, nada más se sabe sobre la Garantía Juvenil. El Ministerio de Empleo no facilita información sobre cuántos de los registrados han recibido una “buena oferta de empleo” y cuántos un curso de formación. Y de qué tipo son unos y otros. O si, en efecto, se cumple la garantía de hacerlo en menos de cuatro meses –en la página web ni siquiera se menciona ese plazo–. El motivo: son las comunidades autónomas las que deben poner en marcha los programas para activar a los jóvenes.

Los sindicatos, en cualquier caso, aseguran que el ministerio les ha reconocido que los cuatro meses son una mera recomendación “orientativa” de la Unión Europea que en España no se está cumpliendo. Tampoco ha creado el departamento que dirige Fátima Báñez un comité de seguimiento para vigilar cómo funciona el sistema, protestan UGT y CCOO. Y, según un informe del Tribunal de Cuentas de la UE, España es uno de los nueve países comunitarios que no han proporcionado información alguna ni a la Comisión ni al propio tribunal sobre sus sistemas de Garantía Juvenil.

De acuerdo con la letra del plan aprobado por el Gobierno, las ofertas de empleo deben ser de, al menos, seis meses de duración o del 50% de la jornada si el trabajo es a tiempo parcial. Y los cursos de formación deben tener un mínimo de 150 horas. También se pueden ofrecer contratos de prácticas o dar apoyo al autoempleo.

Los resultados de los proyectos piloto

La única pista sobre lo que puede estar ocurriendo son los seis proyectos piloto que España presentó en septiembre de 2014 ante la Comisión Europea. Se desarrollaron en Aragón, Avilés y Gijón (Asturias), Cartagena, Galicia y Valencia. De los 65 participantes en el de Cartagena, 14 recibieron una oferta académica o de formación profesional y cinco, una laboral, según informó en su día la Comisión Europea, que no da más detalles sobre el tipo de curso o de contrato. De los 50 jóvenes del programa gallego, 22 optaron por el autoempleo y 22 hicieron prácticas en empresas. De ellos, sólo tres fueron contratados. En Valencia participaron 35 personas. Cinco recibieron formación, 18 optaron por ser aprendices en empresas y 22 prefirieron el autoempleo. Del resto de los proyectos piloto no se facilita dato numérico alguno.

Javier Pueyo lamenta que la mayor parte de la oferta se reduzca a “prácticas no laborales sin contraprestación económica”. “Son becas”, resume, y recuerda que el informe del Tribunal de Cuentas de la UE también criticaba la ausencia en el plan europeo de un criterio sobre lo que es un empleo de calidad, así como de un sistema de supervisión y evaluación de los resultados.

Retrasos en las comunidades autónomas y en formación

La falta de penetración del sistema entre su público objetivo no es la única falla que la Comisión Europea encuentra en la Garantía Juvenil española. También advierte sobre los “retrasos” en la aplicación de las medidas necesarias por parte de las comunidades autónomas. Otro tanto ocurre con la aún pendiente “modernización” de los servicios públicos de empleo que, además, tienen problemas para ofrecer apoyo individualizado a los jóvenes parados debido a los recortes de plantilla sufridos en los últimos cuatro años, apunta la Comisión. También lleva un retraso considerable la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación, que deberían colaborar con los servicios públicos a la hora de encontrar empleo a los jóvenes. Y la misma crítica desliza la Comisión Europea sobre la necesaria “mejora de la cooperación entre los centros de enseñanza superior y las empresas”. O sobre la Formación Profesional dual, que Bruselas considera fundamental para reducir el desajuste entre educación y mercado laboral.

En consecuencia, la Comisión Europea advierte de que “los beneficios de la incipiente recuperación del empleo [en España] sólo han alcanzado de forma marginal a los grupos más desfavorecidos, como los jóvenes y las mujeres”. Según el Ministerio de Empleo, 432.000 menores de 30 años se han beneficiado hasta ahora de los incentivos que ofrece a las empresas para que contraten a jóvenes: tarifas planas de cotizaciones sociales, bonificaciones y reducciones. El Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes, que elabora el mismo departamento, cifra en 184.800 personas el descenso del paro en 2014 entre los menores de 30 años, después de que la tasa de paro de este grupo de edad se disparara en 25,43 puntos porcentuales en la última década. Así, en 2005, 25 de cada 100 afiliados a la Seguridad Social tenían menos de 30 años; en 2014 eran sólo 14 de cada 100. “Los efectos de la crisis económica han sido más nocivos con los jóvenes que con el resto de los trabajadores”, concluye el documento.

Precariedad joven

El problema es que la mejoría del último año es precaria, como ocurre en el resto de los grupos de edad. El 93% de los contratos que firman los jóvenes son temporales, y de éstos, el 42% duran menos de un mes. No es de extrañar, por tanto, que 2,15 millones de jóvenes firmaran 5,56 millones de contratos en 2014. Lo que se traduce en un índice de rotación de 2,62. En 2009 era de 2,23. El año pasado hubo 36.356 jóvenes que suscribieron más de 15 contratos. Otros 172.650 firmaron entre cinco y 10.

Además, son más los menores de 30 años que trabajan a tiempo parcial que a jornada completa: el 52,33%. Y ese porcentaje ha aumentado un 5% en 2014, mientras cae un 4% el de quienes tienen un empleo de ocho horas. En 2010, el 45,81% de los jóvenes trabajaba a tiempo parcial, seis puntos porcentuales y medio menos. Es más, la proporción de los jóvenes que trabajan por horas supera a la de los mayores de 30 años en casi ocho puntos.

Curiosamente, el trabajo autónomo ha decepcionado a los jóvenes, según se desprende de los datos de 2014. Ese año sólo ha habido un 3,94% de nuevas altas en ese régimen de la Seguridad Social, cinco veces menos que en 2013, cuando creció un 20,70% el número de quienes se subieron al carro del autoempleo. Finalmente, el informe revela que casi el 20% de los parados jóvenes lleva más de un año sin trabajar: 160.000 menores de 29 años son parados de larga duración.

Para revertir este panorama la Unión Europea concederá a España 1.887 millones de euros, la mayor partida económica de todos los países comunitarios. Financiados por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil a partes iguales, España deberá aportar otros 500 millones. Para los dos primeros años, 2014 y 2015, Bruselas ya le ha adelantado a España el 30%, 283 millones de euros. Esas cantidades son las que están sirviendo para subvencionar los contratos que firman los jóvenes en paro –la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven; según el ministerio, “un éxito espectacular”– y el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, donde reina una “confusión monumental”, recalca CCOO.

Sólo el 29,6% de los inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil consiguió un empleo en 2016

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