Dime dónde vives y te diré si te facilitan pedir la ayuda: el mapa desigual de la dependencia en España

Los números de la dependencia no conviene tratarlos a modo de inventario porque, en muchas ocasiones, esconden complicadas historias detrás. Pero hay algunos que resultan significativos. De acuerdo a las estadísticas del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), la población potencialmente dependiente en España se cifra en 6.326.950 personas y se han calculado también las solicitudes de ayudas a la dependencia en relación a ese universo, de forma genérica y por territorios. El porcentaje de peticiones registradas sobre la población dependiente en potencia para el país es de 32,72%. Y llama la atención que haya regiones como Galicia que están muy alejadas de ese porcentaje, con el 17,68%. Junto a ella, a Cantabria, Canarias y Asturias, se asocian un 23,74%, 25,27% y 25,49%, respectivamente.

Del otro lado, comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Baleares anotan 40,82%, 38,89%, 38,56% y 35,76%, de nuevo de forma respectiva, a la luz de la información consultada por infoLibre. No llegan a la media global tampoco Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid o Navarra. Y se sitúan por encima del 32,72%, junto a las cuatro mencionadas, La Rioja, Castilla la Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia, al borde, con un 32,99%.

¿A qué se debe que haya zonas dónde se demandan en bastante menor medida que en otras estas ayudas? Para el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y presidente, asimismo, del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, es reseñable “la desigualdad territorial que hay entre la población potencialmente dependiente y las solicitudes por comunidades autónomas”. “Es inexplicable que haya alguna en las que el porcentaje sea casi la mitad de lo que piden en otras regiones”, asevera, aunque lo vincula con la actuación “de algunos gobiernos autonómicos”.

Argumenta: “Cuanto menos importancia le dan a la ley de dependencia, cuanto peor la gestionan y, por tanto, peor funciona, como es el caso no sólo de Galicia, de Asturias, de Canarias, de Cantabria, o de Madrid -su porcentaje no alcanza al nacional, al ser del 30,52%-; hay menos solicitudes en relación con la población potencialmente dependiente”, sintetiza. Si se pone la lupa sobre la región que presenta un peor dato, Galicia, Ramírez relaciona el origen de que en ésta “sólo soliciten las ayudas el 17%, cuando la media es del 32%", con que "probablemente el Gobierno gallego, durante los 17 años de desarrollo de la ley ha tenido desidia e impericia en su gestión y la gente no la pide. Y lo mismo podría decirse de Canarias”, apostilla.

Por lo que respecta a Asturias y a Cantabria, el presidente del Observatorio de la Dependencia apunta a otra causa: “Fundamentalmente se debe a la centralización que hacen esos gobiernos a la hora de la gestión de la ley de dependencia, por la estructura organizativa que han planteado desde el inicio, por la centralidad”. Mantiene que esas administraciones “no cuentan con las entidades locales y, al no hacerlo, el acceso a la ley no tiene el componente de la proximidad, de ahí que haya menos personas solicitantes”. A su entender, “nadie conoce mejor la realidad de las personas potencialmente dependientes que los trabajadores de los servicios sociales municipales. En Cantabria o en Asturias lo hacen directamente desde Oviedo y desde Santander y claro, mucha gente no se entera”, advierte.

Para Ramírez, sólo hay una comunidad, Navarra, cuyo bajo porcentaje, 27,06, “puede tener una explicación más o menos lógica”. “Está por debajo de la media total porque tiene unos servicios sociales muy potentes y los hay que no necesariamente tienen que darse desde el sistema central de la dependencia, los proporcionan desde allí, como alguna ayuda a domicilio, etc”.

Preguntado por si los motivos por los que los ciudadanos no se interesan más por los incentivos para la dependencia podrían estar vinculados a la falta de conocimiento o a las trabas burocráticas, como los expertos han detectado en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España contesta que “no tiene parangón, porque el IMV es un ingreso nuevo, que lleva sólo algunos años” al alcance de sus beneficiarios, mientras “la ley de dependencia tiene 17 y el procedimiento para pedirla es para todo el mundo igual”, resume. E insiste: “Es inexplicable la gran demanda en puntos como Andalucía y Castilla y León y que en otros territorios sea tan poca”.

Y no quiere dejar de colocar el foco en “un caso palmario y que es de vergüenza: por qué en el territorio Imserso -Instituto de Mayores y Servicios Sociales dependiente del Gobierno-, de Ceuta y Melilla, la demanda es menor que la media -26,53%-”, lanza. Ramírez apuesta por “seguir mejorando el sistema para que se beneficie más gente, porque hay quienes siguen sufriendo mucho y se trata de una política de respeto a la dignidad humana”, remata.

Se necesitan más recursos

Desde la Federación Empresarial de Dependencia reclaman a cada poco más presupuesto para un sistema que libera la presión de familias con miembros en situación de dependencia y para el que han exigido más dinero. El anterior Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsó en 2021 un Plan de Choque a través de la mesa de diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales, que inyectó 600 millones al sistema. De hecho, según lo plasmado en el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, en los tres últimos años, 2021, 2022 y 2023, han aumentado en 287.636 las personas atendidas, y el conjunto de quienes tienen derecho a la prestación se ha elevado a 1.567.107 a finales del pasado ejercicio.

Con todo, los 4.000 millones extra de financiación estatal que se han insuflado en los tres mencionados años, no se ven reflejados en una mejora substancial de la atención a la dependencia, de acuerdo a lo recogido en el dictamen, donde se refleja, además que, al ritmo de 2023, se tardarían más de 8 años en lograr la plena cobertura de quienes la necesitan. Se da la circunstancia, además, de que el pasado año, hubo nueves comunidades que redujeron su aportación en esta materia: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15 millones), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4 millones) y Murcia (-1). En 2023, 40.447 personas fallecieron esperando ser valoradas o atendidas gracias al despliegue de una ley que no impactó a tiempo para ellas.