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GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Empleo entrega a las grandes ETT el negocio de colocar a los parados de larga duración

Empleo entrega a las grandes ETT la búsqueda de empleo para los parados del Plan Prepara

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, ha dado un vuelco al concurso que debía seleccionar a seis agencias privadas de colocación para atender a los parados inscritos en el plan Prepara. Tras constatar el sorprendente resultado de la aplicación rigurosa de los requisitos que el propio SEPE había diseñado, la mesa de contratación ha dispuesto una segunda lista de la que ha excluido a todos los ganadores de la primera. Y que concede los seis contratos previstos, cada uno correspondiente a una zona geográfica distinta, a grandes empresas y gigantes de los recursos humanos. Manpower, Adecco y Eulen, entre estos últimos, junto a la filial de formación de Telefónica, Telefónica Learning Services; FSC Inserta, de la Fundación Once, y la Asociación Salesiana son los seleccionados.

El pasado 2 de septiembre se abrieron los sobres con las ofertas que habían presentado las 39 agencias privadas preseleccionadas por el Servicio SEPE para participar en la licitación. Una misma empresa, la consultora de formación Femxa, obtuvo la máxima puntuación en cuatro de los seis lotes. En el segundo lugar aparecía otra firma de formación, Consultoría San Román. Las otras cuatro mejor situadas eran uniones temporales de empresas (UTE) constituidas expresamente para el concurso.

La primera, Femxa, decía contar con una extensa red de 1.200 oficinas; la segunda, otro millar, según las fuentes consultadas por infoLibre. Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaran las candidatas, ambas se colocaron a la cabeza. En cambio, ninguna de las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT) entraba en la liza. Ninguna de ellas cuenta siquiera con un centenar de oficinas en toda España.

Así que el SEPE reclamó a las candidatas que justificaran documentalmente las cifras aportadas en sus declaraciones responsables. Fruto de esa revisión, se han caído de los puestos de cabeza todas las empresas que, en un principio, habían conseguido la máxima puntuación. El golpe ha sido contundente: la Asociación Salesiana ha pasado del puesto número 11 en su lote al número 1. Otro tanto han subido Eulen y Telefónica, desde los puestos 9 y 10 de sus respectivas zonas geográficas, según las fuentes.

Recursos

Muchas de estas consultoras de formación hincharon su red de oficinas enviando correos electrónicos a multitud de empresas tangencialmente relacionadas con, pero también ajenas a, la intermediación laboral. Según las fuentes consultadas, además, en algún caso se recurrió a operadores telefónicos para captar colaboradores. Desde academias de idiomas hasta asociaciones de ganaderos.

En esos correos se les ofrecía “la oportunidad” de trabajar junto a los Servicios Públicos de Empleo en la inserción de desempleados “generando ingresos por cada colocación que realizase”. Para ello se les facilitaba un enlace para descargar dos documentos en los que el interesado debía mostrar su “predisposición” a colaborar con la consultora.

Estos acuerdos “apalabrados”, explicó uno de los responsables de esta empresa a infoLibre, son los que ahora el SEPE ha considerado insuficientemente justificados. Según destacan los ahora excluidos, los pliegos del concurso no exigían que el contrato con las futuras oficinas estuviera firmado antes de haber ganado el concurso. De hecho, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, el decreto ómnibus, sustituyó la autorización administrativa previa que se exigía a las agencias de colocación para funcionar por una mera declaración responsable.

Los empresarios con los que ha hablado este periódico han anunciado ya la presentación de recursos contra esta última decisión del SEPE. Y todos los implicados, desde las grandes ETT hasta las pequeñas pasando por las consultoras de formación perjudicadas coinciden en culpar a la pésima redacción de los pliegos del concurso de los problemas que sufre el procedimiento. El baremo privilegiaba el número de locales que aportaba cada candidato por encima de cualquier otro requisito: la capacidad de inserción de estas empresas –medida según el número de personas que colocaron en 2012 y 2013– sólo otorgaba un 15% de la nota. Y el 15% restante correspondía al precio por inserción laboral que cada participante ofreciera al SEPE. “Eso es lo que ha dado lugar al pirateo”, resume una fuente conocedora del concurso.

Tres años después

En cualquier caso, el SEPE está comunicando estos días a los candidatos el resultado de su revisión y las empresas contarán con un plazo de 15 días para presentar recurso administrativo. Aun así, las fuentes consultadas se muestran confiadas en que las agencias privadas comiencen a trabajar antes de que acabe el año. Si se cumple esa previsión, el Ministerio de Empleo habrá tardado casi tres años en poner en marcha este sistema de colaboración público-privada. Para este ejercicio se habían presupuestado 30 millones de euros que no se van a gastar. Para 2015, Empleo ha reservado un total de 140 millones de euros.

Las seis agencias seleccionadas se ocuparán de encontrar trabajo a los beneficiarios del Plan Prepara –parados de larga duración que hayan agotado las prestaciones, carezcan de ingresos y se sometan a programas de formación a cambio de una ayuda de 426 euros– y de los desempleados de Ceuta y Melilla. A su vez, los servicios de empleo de las comunidades autónomas deberán encargarse en sus respectivos territorios del resto de los parados, suscribiendo a su vez sus propios convenios con otras agencias privadas de colocación. Cataluña ya ha puesto en marcha su propio sistema, independiente del acuerdo marco suscrito por el Ministerio de Empleo con las comunidades autónomas. También lo harán el País Vasco y Andalucía.

Si la adjudicación provisional se convierte en definitiva, la Fundación Inserta de la ONCE operará en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; Adecco en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Manpower en Aragón y Cataluña; La Asociación Salesiana en Madrid y Castilla-La Mancha; Telefónica Learning Services en Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Canarias; y Eulen en Andalucía, Ceuta y Melilla.

En total, el SEPE exige a estas seis agencias que “atiendan” a un mínimo de 10.927 desempleados, según consta en los pliegos con las condiciones del contrato. Es decir, a un escaso 7% de los aproximadamente 150.000 parados que se benefician cada seis meses del Plan Prepara. En Ceuta deberán asistir a un mínimo de 404 parados y otros tantos en Melilla, el 3% de sus demandantes de empleo.

Competir con un SEPE en precario

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Los sindicatos no han dejado de criticar el recurso a las agencias privadas mientras, al tiempo, el ministerio deja al SEPE en una difícil situación económica y de personal. En 2014 la partida destinada a su “modernización” en los Presupuestos del Estado se quedó en sólo 15 millones de euros, la mitad de los 30 millones que se le habían dedicado en 2012. En 2015 el capítulo se elevará a 100 millones, aunque el grueso se destinará a la compra de aplicaciones informáticas. La plantilla no aumentará. En España, aseguran CCOO y UGT, el SEPE tiene un funcionario para atender a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado de los servicios públicos de empleo se ocupa de no más de 50. Además, desde 2012 Empleo ha despedido a 1.500 orientadores y 1.500 promotores de empleo.

Los sindicatos acusan también al Gobierno de convertir la intermediación laboral en un negocio. Las agencias cobrarán al SEPE por cada parado que coloquen durante, al menos, seis meses a tiempo completo. Según los precios máximos del acuerdo marco, entre 300 y 3.000 euros, dependiendo de la dificultad de inserción del trabajador.

Además, por cada desempleado que el SEPE le remita para ser atendido, le encuentre o no un trabajo, la agencia percibirá una “cuantía de adscripción” del 15% del precio que oferte para hacerse con el contrato. También se le pagará una “cuantía por adscripción conseguida” del 85% de ese precio, a la que se añadirán 500 euros si el parado supera los 45 años y es beneficiario del Plan Prepara. Si el trabajador continúa en su empleo otros seis meses adicionales, la agencia cobrará un “incentivo de mantenimiento” del 50%. Y si la agencia descubre que el desempleado ha cometido alguna irregularidad que implique sanción o pérdida del derecho a la ayuda del Prepara, recibirá otro incentivo más, del 15%. Podrán ofrecer contratos indefinidos, en prácticas, y de formación y aprendizaje.

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