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Pelea por el negocio nuclear

El Gobierno cubre tres años de ilegalidad en las nucleares con un decreto y sin sanción

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El Gobierno ha decidido cubrir el incumplimiento por las eléctricas de la Ley de 2011 que obligaba a nombrar un titular y responsable civil único para cada central nuclear. Para ello ha dado cobertura legal a que las Asociaciones de Interés Económico que constituyeron las compañías eléctricas para explotar las centrales de Almaraz, Trillo y Vandellós sean titulares de las explotaciones. 

El Ejecutivo lo ha hecho por decreto y sin imponer sanción alguna a pesar de que la situación de ilegalidad -incumplimiento de la Ley 12/2011 de 27 de mayo- se ha prolongado durante casi tres ejercicios y pese a que el periodo de adaptación previsto era de seis meses.

La norma incumplida, de 2011, obliga a las empresas que comparten la propiedad de centrales nucleares a ponerse de acuerdo para elegir un titular único de la explotación. Las peleas en el sector entre las grandes empresas, especialmente Iberdrola, y las más pequeñas -Gas Natural Fenosa y EDP-Hidrocantábrico- han hecho imposible el acuerdo y el Gobierno ha decidido aceptar el statu quo en un sector que cubre el 21% de la demanda de electricidad.demanda de electricidad.

Propiedad compartida

La medida del Gobierno afecta a las nucleares que tienen la propiedad compartida entre varias eléctricas: Almaraz I y II (Iberdrola, Endesa y Gas Natural), Ascó II (Endesa e Iberdrola), Vandellós II (Endesa e Iberdrola) y Trillo I (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Endesa). Endesa e Iberdrola tienen firmada la paz en el sector, con lo que las tensiones afectan a las empresas más pequeñas. En Garoña (cuyo titular es Nuclenor, sociedad de Endesa e Iberdrola), AscóI (Endesa) y Cofrentes (Iberdrola),tampoco hay tensiones porque está claro quién manda.

Las fuentes consultadas tanto en Endesa como en Iberdrola han quitado trascendencia a la decisión del Gobierno. Todas las partes admiten, eso sí, que las compañías mantienen diferencias en cuanto al reparto de responsabilidad en la gestión que han hecho imposible el acuerdo que impulsaba la Ley de 2011.

La clave del arco, asegura un alto cargo en Industria durante la Administración socialista, es la central de Trillo, en la que Gas Natural quiere jugar un papel protagonista frente a sus socios. La Ley de 2011, olímpicamente ignorada durante tres años, trataba de aclarar el batiburrillo societario y de gestión en un sector especialmente sensible.

Un único titular

La idea inicial era que el titular de la autorización de explotación de una central  debe ser una única persona jurídica, no un conjunto de socios. De esta forma, el régimen de responsabilidades técnicas, económicas y legales en la explotación de la central estará definido y será indelegable.

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Con la responsabilidad de gestión aclarada, el titular de cada explotación nuclear debería llevar, recoge la norma, una contabilidad separada de los ingresos y gastos imputables a cada central. También debería informar sobre las inversiones y recursos humanos disponibles, así como las previsiones futuras para ambas cosas, empleados e inversión.

Tras el cambio de marco legal está el recuerdo de lo sucedido en 2007 en la central nuclear de Ascó, cuando se registró uno de los incidentes más graves de la industria nuclear española. Ascó emitió partículas radiactivas al exterior durante semanas en noviembre de 2007, pero no lo comunicó hasta abril del año siguiente. Los propietarios, Endesa e Iberdrola, trataron de esquivar responsabilidades, aunque finalmente tuvieron que hacer frente a la multa más alta impuesta en el sector en España: 15,4 millones de euros.

La norma que ha arropado la pelea empresarial de tres años en el sector se introdujo en el decreto que ha paralizado la actividad del almacén de gas Castor. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó la decisión sobre las nucleares como "un cambio menor, que no afecta a las instalaciones".

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