Crisis económica

El Gobierno pone un parche a un Fogasa colapsado

UGT denuncia que el Gobierno quiere privatizar la gestión del Fogasa

Al atasco que sufre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con 153.000 expedientes bloqueados y una media de un año de retraso en el pago a los trabajadores, sólo se le va a poner como solución un parche. El único refuerzo que recibirá la plantilla del organismo será el que proporcionen de forma puntual letrados de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o la Agencia Tributaria, que asistirán a los procedimientos legales a los que no puedan acudir los 190 abogados del Fogasa.

Según una respuesta del Gobierno a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, el Ministerio de Empleo no va a aumentar la plantilla del organismo, sino que se va a limitar a que estos funcionarios, en tanto que letrados del Estado y, por tanto, “con capacidad, conocimientos y experiencia adecuados para actuar en nombre y defensa del Fogasa en sede judicial”, cubran los juicios a los que es citado.

Y no serán pocos, puesto que, con el actual volumen de trabajo, los abogados del Fogasa no pueden asistir más que al 31% de los 90.000 procedimientos laborales o mercantiles a los que es convocado, explica Miguel Sánchez, de la Secretaría de Acción Sindical de CCOO.

Citado a un número "mucho mayor de actos procesales”

Tanto Comisiones como UGT llevan meses denunciando el bloqueo del Fogasa y el deterioro de las condiciones laborales de su plantilla, unos 400 trabajadores en toda España. Por un lado, la crisis económica ha multiplicado el número de empresas en situación de insolvencia o en concurso de acreedores –el Fogasa se encarga de pagar sueldos debidos e indemnizaciones a los asalariados de empresas quebradas y las indemnizaciones por despido objetivo en empresas de menos de 25 empleados–. Por otro, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social impone desde octubre de 2011 la obligación de notificar al Fogasa todas las actuaciones judiciales. Es decir, “se le cita a un número mucho mayor de actos procesales”, reconoce el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

Sin embargo, el Ejecutivo intenta minimizar las consecuencias de la actual “inactividad procesal del Fogasa” asegurando que su ausencia en algunos de estos procedimientos no causa “perjuicios” al organismo, pues no siempre se reconocen en ellos derechos en favor de los trabajadores o no todas las empresas implicadas son insolventes.

En cualquier caso, sí ha considerado necesario que abogados adscritos a otros departamentos acudan a donde los letrados del Fogasa no llegan. Por ejemplo, destaca Miguel Sánchez, en Canarias el organismo sólo cuenta con dos abogados, uno en Las Palmas y otro en Tenerife. Que deben atender juicios en los 16 juzgados de lo Social y cuatro mercantiles que se reparten en las siete islas del archipiélago. Los sindicatos cifran en 670 al año el número de juicios que debe cubrir cada letrado del Fogasa con el actual volumen de trabajo.

Privatizar la tramitación de expedientes

No obstante, Sánchez considera que el verdadero problema del Fogasa no son los juicios, sino los expedientes atrasados, que Empleo quiere resolver con el llamado Programa Greta: los tramitarán despachos de abogados privados hasta que se disuelva el atasco. Una “externalización” temporal cuyo coste el ministerio no ha facilitado a los sindicatos y cuya legalidad éstos ponen en duda.

Tras proponer CCOO y UGT a Empleo un plan alternativo –la contratación de 240 interinos durante 18 meses, la cobertura de las 80 vacantes del organismo, abrir las oficinas por las tardes y crear un programa de productividad por objetivos para la plantilla–, los secretarios generales de ambos sindicatos enviaron una carta a la ministra, Fátima Báñez, el pasado 14 de mayo. Aún no han recibido una respuesta. En principio, la licitación de los planes Greta y Fono –la privatización de los servicios de atención telefónica del Fogasa– está prevista para el mes de septiembre. Según los cálculos de los sindicatos, el Fogasa debería pagar este año unos 1.400 millones de euros en prestaciones.

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