CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno recorta 5.000 millones en pensiones

El Gobierno recortará 5.000 millones retrasando la edad de jubilación

El Gobierno propone ahora el “envejecimiento activo” como fórmula para ahorrar costes, asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y evitar, según dice, que las carreras profesionales más largas de unos paguen las jubilaciones anticipadas de otros. El decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros restringe el acceso a las jubilaciones anticipadas y parciales, permite en algunos casos compatibilizar la pensión con un trabajo y reduce los subsidios que cobran los mayores de 55 años.

Según el Ministerio de Empleo, las limitaciones que ha impuesto al retiro anticipado y parcial le permitirán recortar más de 5.000 millones de euros hasta 2027, cuando se haya completado la reforma de las pensiones aprobada en 2011 y que entró en vigor el pasado 1 de enero. A excepción, precisamente, de las normas sobre estos tipos de jubilación, suspendidas tres meses a la búsqueda de un consenso con los partidos políticos –en la comisión del Pacto de Toledo–, la patronal y los sindicatos que el Ejecutivo finalmente no ha conseguido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, cifró en 10.0000 millones de euros el coste anual de las jubilaciones anticipadas y parciales para el erario público. Aseguró que las primeras son un 16% más caras que la media y las segundas, un 35%. También que casi la mitad de las jubilaciones se producen antes de la edad legal, que este año se sitúa en 65 años y un mes. Y que el objetivo del Gobierno es acercarla a la edad real de retiro, 63,9 años, curiosamente de las más altas de la Unión Europea.

Retrasos y más cotización

A partir de ahora, pues, nadie podrá jubilarse voluntariamente de forma anticipada si no ha cumplido dos años menos de la edad legal de retiro. Como ésta va a ir aumentando gradualmente hasta alcanzar los 67 años en 2027, en 2013 el límite a la jubilación voluntaria se sitúa en los 63 años y un mes e irá creciendo paulatinamente hasta llegar a 65 años en 2027. El trabajador, además, deberá haber cotizado un mínimo de 35 años, y se le aplicarán hasta cuatro coeficientes reductores, según sus años de cotización, hasta un máximo del 8% si éstos no llegan a 38 años y seis meses.

En el caso de las jubilaciones anticipadas forzosas, derivadas de un despido, la cotización mínima deberá ser de 33 años y podrán acogerse a ella quienes tengan cuatro años menos de la edad legal de retiro. Es decir, este año, 61 años y un mes; 63 años en 2027.

Para las parciales, habrá que esperar hasta alcanzar dos años menos de la edad legal de jubilación, haber cotizado 33 años y tener seis años de antigüedad en la empresa. La jornada del jubilado se podrá reducir hasta el 75% si el trabajador contratado para suplirle esas horas firma un contrato indefinido a tiempo completo.

"Pensionista activo"

El decreto también permitirá a partir de ahora compaginar el cobro de una pensión con un trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena o con cualquier tipo de jornada. Pero para ello el trabajador –“pensionista activo”, según el decreto– deberá haber cumplido ya la edad legal de jubilación.

No se les permite esta figura ni a los funcionarios ni a quienes disfruten de un retiro anticipado o bonificado por trabajo penoso, tóxico o peligroso. Cobrará la mitad de su pensión mientras la compagine con el trabajo y el 100% cuando se jubile definitivamente. Tanto la empresa como el trabajador cotizarán sólo por la incapacidad temporal y por las contingencias profesionales, pero pagarán una “cuota de solidaridad” del 8%.

Menos subsidio

En su afán por retrasar la edad de jubilación, el Gobierno también ha reducido la cuantía del subsidio de paro que perciben los mayores de 55 años. Al igual que hizo con las ayudas de 426 euros del Plan Prepara, para calcular esta ayuda se considerarán no sólo los ingresos individuales del trabajador, sino también los del resto de su familia, con lo que será más fácil que la suma supere el mínimo exigido.

Su intención declarada es, precisamente, desincentivar el acceso a la prestación. A cambio, dice Empleo, de convertir a estos desempleados en “colectivo prioritario de las políticas activas de empleo”.

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