LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

Madrid adjudica otro contrato a una empresa de Miguel Ángel Ramírez, cuyo convenio 'low cost' fue denunciado por Trabajo

El historial poco ejemplar del empresario a quien investigaba la juez Victoria Rosell

La veintena de vigilantes jurados que guardan las fincas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) se encontraron la víspera de Reyes con un recorte del 36% en la nómina. El sueldo base había pasado de 902 euros a sólo 580. Su trabajo no había cambiado, pero sí su empleador. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid subcontrata los servicios de vigilancia de los cuatro complejos agropecuarios con que cuenta el Imidra en Colmenar Viejo, Aranjuez, Arganda del Rey y Alcalá de Henares. Y el pasado 1 de diciembre la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad sucedió a Sasegur tras ganar el correspondiente concurso público.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad es, junto a Marsegur Seguridad Privada, una de las sociedades low cost o marcas blancas de Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Ramírez. Este empresario canario, donante del PP y con buenas relaciones con el ministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Tribunal Supremo lo condenara a tres años de cárcel por un delito urbanístico.

Además, Ramírez es el empresario a quien investigó por fraude fiscal y a la Seguridad Social la exjueza Victoria Rosell, en excedencia desde el pasado octubre para presentarse a diputada en las listas de Podemos. El creador del grupo Ralons, del que forma parte Seguridad Integral Canaria pero ni Sinergias ni Marsegur, firmó un contrato de 300.000 euros con el marido de la jueza, Carlos Sosa, para alquilar una frecuencia de radio de Clan de Medios, empresa propiedad de este periodista. Con ella pretendía que siguiera en el aire UD Radio, la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas, que preside desde 2005. La Fiscalía debe dilucidar ahora si Victoria Rosell debió abstenerse de instruir la causa contra Miguel Ángel Ramírez porque su esposo estaba negociando un contrato con el empresario mientras ella le investigaba.

El pasado diciembre, el empresario depositó 35 millones de euros de fianza en el Juzgado número ocho de Las Palmas. El juez investiga si el empresario canario paga a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evita tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social por las primeras. Las segundas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones.

Ramírez también está imputado por cohecho en el caso Kpanda, y por estafa y apropiación indebida por falsear las facturas que expedía a AENA a cambio de encargarse de la seguridad del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha anulado una rebaja salarial que el empresario pactó con un comité ilegal constituido por un sindicato independiente que integraban sólo jefes y mandos intermedios. Esa condena obliga a Ramírez a pagar al menos seis millones de euros a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria por los salarios indebidamente recortados. La misma suerte puede correr el convenio colectivo de la empresa, que también fue negociado con una comisión a la carta y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Pues bien, los convenios de sus marcas blancas, Sinergias de Vigilancia y Marsegur, fueron negociados siguiendo el mismo método y han sido denunciados por USO y CCOO en los juzgados. En el caso de Sinergias de Vigilancia, además, la Inspección de Trabajo ha presentado una denuncia de oficio por la forma irregular en que ha sido negociado el convenio colectivo, según explica el secretario de Organización de la Federación de Seguridad Privada de USO en Las Palmas, Basilio Alberto Febles.

Salarios un 40% por debajo del convenio sectorial

Pese a esta suma de conflictos laborales y judiciales, las empresas de Miguel Ángel Ramírez siguen consiguiendo contratos de las administraciones públicas. Tanto del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid como de organismos estatales repartidos por toda España. El último, el pasado día 7, se lo ha adjudicado a Marsegur el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para sus edificios de Tenerife y Las Palmas, a cambio de 296.500 euros. Y el penúltimo, el ya citado del Imidra a Sinergias de Vigilancia. Aplicando los sueldos de los convenios colectivos firmados en cada una de estas dos empresas low cost Ramírez presenta las ofertas más bajas y gana los concursos, denuncian los sindicatos y el resto de las empresas del sector. 

Así, además de una duración ciertamente inusual, 10 años, el convenio de Sinergias establece una congelación salarial de cinco años. El de Marsegur, de tres. El de Sinergias fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Como también son muy inferiores los pluses de peligrosidad, transporte, vestuario, festivos o nocturnidad, la diferencia salarial asciende hasta el 40% entre Sinergias y el convenio sectorial. Por ejemplo, Sinergias sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. Por trabajar en Nochebuena o Nochevieja abona un plus de 12 euros, frente a los 65,94 euros del convenio nacional. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

En el caso de Seguridad Integral Canaria, Ramírez recortó los salarios de cada uno de sus vigilantes en unos 300 euros al mes gracias al descuelgue recién anulado por el Supremo.

Como para pertenecer a Aproser, la principal asociación del sector –junto con la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES)– las empresas deben respetar las condiciones del convenio sectorial, Miguel Ángel Ramírez ha creado incluso su propia patronal,Acosepri. Sus únicos cuatro miembros son sociedades del empresario canario: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. 

No envían las nóminas

Al ver su primera nómina, los vigilantes del Imidra se han organizado y, a través del Sindicato Libre de Seguridad, también han denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo. Su secretario general, Rafael Saldaña, asegura que a estos trabajadores se les ha aplicado una modificación sustancial de sus condiciones laborales sin seguir ninguno de los protocolos exigidos por la ley. “Es un atraco”, recalca.

Además, Sinergias carece casi por completo de infraestructura en Madrid: sólo cuenta con un delegado, una inspectora y una administrativa, explica Saldaña, pese a que suma casi 200 vigilantes con los concursos que ha ganado en los últimos meses. De forma que ni siquiera envían las nóminas a los guardias, diseminados por toda la provincia. Tienen que ir ellos a buscarlas a la oficina de Sinergias.

Dos de las cuatro empresas del concurso eran de Ramírez

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente defiende la legalidad de la adjudicación, puesto que la empresa respeta “el convenio”,tal y como le exige el contrato. El problema es que los pliegos del concurso no especifican si debe ser el convenio del sector o de la empresa. Sobre los salarios, la consejería debe llevar a cabo un seguimiento de las nóminas que “aún es pronto para hacer”, explica un portavoz, al haber cobrado la primera hace sólo unos días.

Al concurso, licitado por importe de 285.819 euros, se presentaron cuatro empresas: la anterior adjudicataria, Sasegur, Tres Punto Uno Compañía de Seguridad, y las dos marcas blancas de Miguel Ángel Ramírez, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur. La ley establece que, si acuden a un concurso empresas vinculadas –aquellas que comparten administradores, consejeros o socios, como es el caso de las citadas–, deben presentar una declaración responsable donde se detalle esa relación. El portavoz de Medio Ambiente asegura que esa declaración no se presentó porque Marsegur y Sinergias de Vigilancia tienen cada una “personalidad jurídica propia”. Sin embargo, aunque ambas empresas no pertenecen al mismo grupo, en Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre de Miguel Ángel Ramírez, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, a su vez apoderada de Marsegur. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Sinergias de Vigilancia ganó el concurso con una oferta de 259.282 euros. El único criterio de adjudicación, explica Medio Ambiente, es el precio. “Y no ha habido baja temeraria”, apunta el portavoz de la consejería.

Ramillete de adjudicaciones

La Comunidad de Madrid también ha adjudicado a Sinergias de Vigilancia la seguridad de los centros de menores. Licitado por 2,38 millones de euros, la empresa de Miguel Ángel Ramírez se llevó el contrato ofertando 1,99 millones.

Más contratos. El Ayuntamiento de Madrid le cedió en noviembre la vigilancia de los edificios municipales en el distrito de San Blas-Canillejas. Los consiguió por 218.757 euros, con una rebaja de casi el 26% sobre el precio de licitación. Por su parte, Marsegur ha conseguido la protección del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, dependiente de la Comunidad de Madrid, y de los edificios del Área de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, por importe de 1,8 millones de euros.

Los vigilantes de los centros de Madrid Salud, dependientes del Ayuntamiento, son también de Marsegur –954.048,28 euros–, al igual que los que guardan las dependencias del distrito de Moncloa-Aravaca, la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid y la sede de los Servicios de Urgencias (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid. Todos estos contratos son de 2014.

El juez deja en libertad provisional sin fianza al presidente de la UD Las Palmas

El juez deja en libertad provisional sin fianza al presidente de la UD Las Palmas

stats