Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia: las autonomías con el mayor suspenso en servicios sociales

Los servicios sociales en España están estancados. Aunque su evolución ha sido positiva desde los grandes recortes que se iniciaron en el año 2012 a consecuencia de la crisis económica, todavía están lejos de alcanzar los niveles que tenían antes de la recesión. De hecho, para volver a ese estado haría falta una inversión de 1.300 millones de euros al año. Así lo certificó el Índice DEC 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales [cuyos resultados se pueden consultar en este enlace]. "Los servicios sociales siguen en un proceso de estancamiento en España y todavía no se ha recuperado el nivel de inversión social previo a la crisis. Faltaría recuperar 1.300 millones de euros, fundamentalmente porque no se han recuperado los recortes inmisericordes que produjo el Gobierno de España en 2012 y que suponen especialmente en el Sistema de Atención a la Dependencia un recorte de más de 4.500 millones de euros", subrayó el presidente de la organización, José Manuel Ramírez, en la rueda de prensa del pasado lunes en la que se presentaron los datos. El informe es claro: la evolución positiva se ha registrado en la mayoría de comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que partían de una peor situación. Pero aun así, todavía hay muchas autonomías que suspenden. En concreto, siete, el 41,2%. Son Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. 

Es Madrid, a juicio de los autores del estudio, la que muestra el "mayor deterioro". Por eso, la nota global que se otorga en el informe a sus servicios sociales es la más baja de toda España: un 3,2. Pero no está sola. La Comunitat Valenciana, con un 3,3, y la Región de Murcia, con un 3,35, le siguen de cerca. Y aunque estas autonomías se llevan los mayores suspensos, no son las únicas que no llegan al 5: Canarias (3,75), Galicia (4,7), Extremadura (4,75) y Andalucía (4,8) completan la lista de comunidades con grandes deficiencias en sus servicios sociales. 

En el extremo contrario, por su parte, se sitúa Castilla y León, que ocupa el primer puesto en el ránking elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con un 7,45. Ninguna autonomía la supera. Sólo el País Vasco (7,2) y Navarra (7,15) se sitúan cerca. El resto, en cambio, presentan aprobados raspados. Así, Asturias se sitúa cerca del notable con un 6,35; La Rioja obtiene un 5,95; Castilla-La Mancha, un 5,85; Cataluña, un 5,3; Baleares, 5,25; Cantabria, 5,2; y Aragón, 5,15. 

El índice mide y evalúa el desarrollo de las políticas, estructuras y presupuestos del sistema en tres bloques (derechos, economía y cobertura), asignando una puntuación de 0 a 10 tras cruzar datos oficiales de indicadores varios, como el alcance de determinados servicios o el gasto por habitante en cada comunidad. infoLibre ha analizado los suspensos de las siete comunidades y, para ello, ha escogido algunos de esos indicadores desglosados en el estudio. Se trata del gasto en servicios sociales, de la situación de la dependencia, de la existencia de rentas mínimas de inserción y de la atención a mujeres víctimas de violencia machista. 

  Comunidad de Madrid: 3,2

Es, sin duda alguna, la autonomía peor parada. Su sistema público de servicios sociales no avanza desde hace cuatro años. Pero lo que más preocupa no es eso, sino que, en algunos aspectos, la evolución es incluso un retroceso. "Madrid es ya una de las pocas comunidades que no dispone de un marco legislativo que reconozca derechos subjetivos en materia de servicios sociales, lo que priva de fundamento jurídico la oferta de servicios y prestaciones del sistema", lamenta el informe. 

En este sentido, el estudio evidencia que el gasto consolidado en materia de servicios sociales, aunque ha mejorado, se sitúa aún lejos de la media nacional. Así, el Gobierno autonómico y las entidades locales gastaron, en el año 2018, 338,28 euros. La media nacional, en cambio, se situó en los 381,25 euros. Además, si se analiza el gasto en servicios sociales respecto al Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, Madrid tampoco sale demasiado bien parada. Gastó, en 2018, el 1%, mientras que España, en su conjunto, destinó a estos servicios el 1,5%. Y lo sorprendente es que, según el estudio, estos dos valores mejoraron notablemente en comparación con los registrados en el año 2011, cuando la crisis comenzó a hacer estragos en las dotaciones presupuestarias. 

Distinto resultado se obtiene si se analiza la dependencia en la Comunidad de Madrid. Al contrario que ocurría con el anterior indicador, los resultados de este son mejores si se comparan con los registrados en la media de España. Así, el porcentaje de beneficiarios del sistema de atención a la dependencia sobre el total de la población totalmente dependiente (mayores de 65 o personas entre 6 y 64 con alguna discapacidad) se situó en el 10,55%. La media estatal, en cambio, se situó en el 10,07%. Además, la autonomía tiene una menor lista de espera que la registrada de media en España: sobre el total de personas con derecho a dependencia en Madrid, la comunidad tiene a un 12,2% en lista de espera para obtener la prestación; España, de media, tiene un 19,2%. 

También mejora la media estatal la cobertura de rentas mínimas de inserción de la Comunidad de Madrid. Según los datos de 2017 (los últimos disponibles para los autores del informe), el 11% de personas bajo el umbral de la pobreza recibía una prestación de este tipo (en España la media se sitúa en el 8%). Destaca, además, el porcentaje de plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. De cada 100 mujeres que en 2018 tenían una orden judicial de protección, hubo 2,84 plazas de acogida, una cifra muy por debajo de la media estatal (que se sitúa en 9,91%). Se trata de un dato negativo que, además, se ensombrece todavía más si se compara con el de 2015: hace cuatro años, había 16,2 plazas por cada centenar de mujeres. 

  Comunitat Valenciana: 3,3

La evolución de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana es más peculiar. Es, según el Índice presentado el pasado lunes, la autonomía que ha registrado un desarrollo más positivo desde el año 2015 pero, sin embargo, su calificación sigue siendo de las más negativas de toda España. Aun así, la Asociación no es demasiado crítica. Y es que, según explica, es justo en el año 2015 cuando comienza el desarrollo del sistema público de servicios sociales en la comunidad. "Hasta esa fecha, el deterioro, la nula relevancia y la ausencia de evolución o mejora, eran las constantes registradas año tras año", apunta el informe. "Por eso hay que destacar este esfuerzo sostenido en la legislatura que acaba de finalizar en esa comunidad", añade. 

En este sentido, el gasto consolidado en materia de servicios sociales, si bien se mantiene alejado de la media nacional (303,85 euros frente a 381,25 euros), ha aumentado significativamente desde el año 2013, cuando el presupuesto se situó en 196,14 euros. Pero es que, además, si se analiza este mismo dato en base al PIB de la autonomía, se observa que la Comunitat Valenciana ha hecho un esfuerzo por situarse en niveles cercanos a la media nacional. De este modo, en el año 2018 el gasto en servicios sociales fue del 1,3% del PIB (la media se situó en 1,5%). 

La cobertura en dependencia ha seguido, más o menos, el mismo esquema. La mejora en el sistema ha sido notable, pero no se encuentra a la par de la media nacional. Y es que en 2018 el porcentaje de beneficiarios por las prestaciones de dependencia era del 6,49% sobre el total de potenciales dependientes (la media española, en cambio, estaba entonces en el 10,07%). Son cifras, de cualquier modo, que han evolucionado positivamente de forma constante desde 2016 (cuando la cobertura sólo afectaba al 3,6%). En paralelo a esta mejora, el limbo de personas dependientes ha bajado, aunque no tanto como la media nacional. En 2018 había un 12,6% de personas dependientes a la espera de las ayudas (y un 19,2% de media en España). Un año antes ese porcentaje era del 19,9%. 

Muy distinta ha sido la evolución de las rentas mínimas de inserción concedidas por la comunidad. En 2017 tan sólo el 4,3% de personas por debajo del umbral de la pobreza percibía su prestación, mientras que en España, de media, lo hacía el 8%. Un dato, además, que empeoró desde 2016, cuando un 4,5% tuvo acceso a la ayuda. 

Pero la ayuda que mejor evolución ha tenido ha sido, sin duda, la de la prestación destinada a mujeres víctimas de violencia machista que tienen derecho a ayudas públicas. En 2018 hubo 7,1 plazas de acogida por cada 100 mujeres con una orden de protección. Tres años antes, en cambio, tan sólo había 3,4 plazas para cada 100. Si bien la mejora es sustancial, todavía queda trabajo por hacer. Y es que en España, de media, hay 9,91 plazas por cada centenar de mujeres. 

  Murcia: 3,35

La situación de la Región Murcia es muy distinta a la registrada en la Comunitat Valenciana. Y es que la situación de los servicios sociales en la comunidad no sólo es mala sino que, además, lleva años estancada. Desde el año 2015, la nota con que la Asociación ha calificado a la comunidad ha variado tan sólo en cuestión de décimas. Es más, de 2017 a 2018 los servicios sociales han perdido 0,05 puntos. Un dato que resulta llamativo si tenemos en cuenta que el gasto en servicios sociales ha aumentado, de forma constante, desde 2013. Entonces, la comunidad gastaba 220,71 euros anuales por cada habitante. En 2018, la cifra se situó en los 297,12 euros. El porcentaje respecto al PIB registró una evolución similar: si en 2013 se destinaba a los servicios sociales el 1,23%, en 2018 fue el 1,44%. Cifras que mejoran, pero que se mantienen lejos de la media estatal (el gasto medio es de 381,25 euros y del 1,525% sobre el PIB). "Para alcanzar la media de gasto en servicios sociales en el conjunto del Estado, las administraciones púbicas tendrían que incrementar sus presupuestos casi un 30%, lo que supondría 124 millones de euros anuales más que, con su actual dibujo competencial y de cargas presupuestarias, se deberían traducir en 22 millones más desde las entidades locales y 102 millones más desde el Gobierno de Murcia", dice el informe. 

Un incremento que, continúa el estudio, debería destinarse a incrementar la cobertura en los servicios más deficitarios como, por ejemplo, las rentas mínimas de inserción que perciben los murcianos. La cobertura es "casi residual", pues en 2017 sólo alcanzó al 3,6% de la población bajo el umbral de la pobreza. Un porcentaje muy lejano de la media estatal del 8%. Pero no sólo podría destinarse a este servicio. Las prestaciones que perciben las mujeres víctimas de violencia machista no sólo están muy alejadas de la media nacional sino que, además, han disminuido. De este modo, en el año 2018 tan sólo hubo 6,6 plazas en centros de acogida para cada 100 mujeres con una orden judicial de protección. Un año antes, en 2017, para cada centenar había 10,5 plazas. 

La situación en dependencia, sin embargo, es muy diferente. La evolución de este servicio en la región ha sido mucho más positivo que en el resto de España. Desde 2016, la cobertura mejoró y, por ende, la lista de espera disminuyó. Tanto, que en 2018 el porcentaje de beneficiarios por este tipo de ayudas fue del 12,3% (frente al 10,07% estatal) y las personas que estaban a la espera de recibir la ayuda fue del 11,2% de todas las que tenían derecho a ella. 

  Canarias: 3,75

La evolución de los servicios sociales en Canarias es similar a la de las prestaciones otorgadas en la Comunitat Valenciana. Su suspenso es claro y, de hecho, es el cuarto más grande de toda España. No obstante, su situación ha mejorado. "Registra una clara mejoría en los últimos años, con un incremento de 1,35 puntos desde 2015 y de 0,45 solo desde la anterior aplicación del Índice", dice el informe. Y es que el gasto destinado a los servicios públicos ha mejorado notablemente. Tanto, que se queda rozando la media estatal. Así, Canarias gastó 372,48 euros por habitante en el año 2018. España, de media, gastó 281,25. Esta mejoría, además, también es palpable si se analiza cómo ha evolucionado el gasto respecto al PIB autonómico. En 2018, Canarias gastó el 1,8% de su riqueza en servicios sociales, un porcentaje ligeramente superior al de la media europea (1,5%). 

El optimismo que dan estos datos, no obstante, se diluye si se analizan algunos servicios básicos. Por ejemplo, la dependencia. El porcentaje de beneficiarios por este tipo de prestaciones es muy inferior a la media estatal aunque, no obstante, ha experimentado una mejoría constante desde 2016. Según los datos ofrecidos por el Índice, tan sólo el 5,34% de los dependientes obtuvieron esta prestación en el año 2018 (en España la obtuvo el 10,07%). Pero es que, además, el denominado limbo de la dependencia es muy elevado. En 2018 había un 29,3% de personas que, habiendo sido evaluadas y teniendo derecho a la ayuda, todavía no la percibían, un dato 10 puntos porcentuales superior a la media estatal. Lo mismo ocurre con las rentas mínimas de inserción. En el año 2017, tan sólo el 4,6% de las personas por debajo del umbral de la pobreza las percibía, mientras que en España el porcentaje se situaba en el 8%. 

El Índice no tiene datos de las prestaciones destinadas a mujeres víctimas de violencia machista en 2018. De este modo, tan sólo se puede analizar el dato de 2017, bastante positivo si se compara con el nacional. Ese año hubo 26,4 plazas por cada 100 mujeres con una orden judicial de protección. En España hubo, en cambio, 14,7 plazas por cada centenar de mujeres en esta situación. 

  Galicia: 4,7

Galicia roza el aprobado. Se encuentra, de este modo, cerca de la nota que la organización le otorgaba en 2012, antes de los grandes recortes que llegaron con la crisis económica. Y es que la evolución de los servicios sociales de la comunidad ha sido positiva desde el año 2015, cuando su nota se situó en el 2,6. La inversión que realizan las administraciones públicas gallegas registró una recuperación importante en el año 2018, aunque los indicadores todavía se encuentran por debajo de la media estatal. Así, mientras que el gasto medio español en los servicios sociales se situó en 381,25 euros por habitante, el gasto gallego no pasó de los 332,78 euros. No obstante, el gasto fue del 1,4% respecto al PIB regional, una cifra cercana a la media estatal, situada en el 1,5%. 

En atención a la dependencia, con una cobertura del 7,75% de su población potencialmente dependiente en 2018, todavía está lejos de la media estatal que es 10,07%. Sin embargo, el porcentaje de desatención se redujo de manera importante en los dos últimos años, de manera que con un 11,9% se sitúa muy por debajo de la media estatal, que es 19,2%. La evolución, aunque distante de la media, se produjo en paralelo a la misma, mostrando una mejoría de estos dos indicadores desde el año 2016. 

Las rentas mínimas de inserción, por su parte, también mostraron una mejoría. De este modo, el 6,8% de la población que se situaba por debajo del umbral de la pobreza en 2017 percibía la ayuda correspondiente, un porcentaje muy cercano a la media estatal situada en el 8%. Mejorar este dato debería ser, a juicio de la Asociación, una de las prioridades de la autonomía, que "parece estar en un momento crucial en el que la reciente ordenación del sistema y el ejercicio efectivo de derechos reconocidos han de ir razonablemente acompañados de los esfuerzos presupuestarios precisos que permitan un incremento proporcional de las coberturas reales", apunta el estudio. 

Pero Galicia también debe mejorar, según se desprenden de los datos, las ayudas que perciben las mujeres víctimas de violencia machista. Y es que en 2018 tan sólo hubo 7,89 plazas de acogida para cada centenar de mujeres con una orden judicial de protección. El número de plazas que hubo de media en España ese mismo año fue de 9,91. 

  Extremadura: 4,75

Extremadura, del mismo modo que Galicia, se queda a unas pocas décimas del aprobado raspado que tenía en 2017. "En 2018 en Extremadura se quiebra una tendencia positiva de los últimos tres años, que se refleja en una caída de 4 décimas en su calificación global respecto al año anterior", lamenta el estudio. La culpa, principalmente, es de las rentas mínimas de inserción, muy inferiores a las percibidas de media en el resto de España. "Extremadura sigue siendo una de las Comunidades con menor cobertura, ya que [según los últimos datos disponibles de 2017] benefician solo a un 4,7% de su población por debajo del umbral de la pobreza (media estatal: 8,0%), mostrando una evolución muy irregular de este indicador, ya que tras dos años de crecimiento espectacular (2014 y 2015), los dos siguientes han sido de un retroceso casi tan acusado (2016 y 2017)", dice el informe. 

En cuanto al gasto en servicios sociales, Extremadura se encuentra muy por encima de la media estatal. Tanto si se analiza el gasto absoluto como si se observa el gasto relativo en función del PIB de la comunidad. Así, en el año 2018 las administraciones públicas extremeñas gastaron 456,53 euros por habitante, mientras que la media estatal se situó en los 381,25 euros. Ese año se gastó, de este modo, un 2,6% sobre el PIB autonómico (España, de media, hastó el 1,5% del PIB). 

Lo mismo ocurre con la dependencia. "Extremadura ha logrado en los últimos años una evolución muy positiva de su sistema de atención a la dependencia, de manera que se encuentra por encima de la media", indica el estudio. Y lo hace tanto en el nivel de cobertura como en el nivel de atención. De este modo, un 11,19% de los potenciales dependendientes percibió la ayuda correspondiente en el año 2018 (frente al 10,07% de media estatal). Además, de todas las personas que tenían derecho a este tipo de prestación, tan sólo el 12,5% estaba a la espera de obtenerla (un porcentaje muy por debajo del 19,2% de media estatal). 

El informe no ha podido aportar datos sobre las ayudas que perciben las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que, en el caso de Extremadura, no es posible realizar la valoración. 

  Andalucía: 4,8

El caso andaluz es similar al extremeño. Con un 4,8 de nota pierde el aprobado que tuvo en 2017, cuando obtuvo un 5,25 de valoración por parte de la asociación. Y una de las causas, sin duda, se encuentra en la atención a la dependencia. No en la cobertura (que, con un 12,22% de atención supera a la media estatal de 10,07%), sino en la desatención: en 2018 hubo un 26% de personas con derecho a la prestación en el denominado limbo de la dependencia, es decir, en espera de la ayuda limbo de la dependencia. Se trata de un porcentaje muy por encima de la media española, que se situó en el 19,2%. 

Los servicios sociales de 20 municipios no salen de la "pobreza"

Ver más

Pero es que la autonomía tampoco sale bien parada si se analiza la prestación de las rentas mínimas de inversión. En 2017, según los datos proporcionados en el estudio, sólo alcanzaron al 4,5% del total de la población en riesgo de pobreza (frente al 8% de atención que hubo de media en España). El dato, además, constituye un empeoramiento considerable con respecto a 2015, el año que, en general, supuso la recuperación de los servicios sociales en España. 

La atención a las mujeres víctimas de violencia machista tampoco ofrece un buen dato. En el año 2018, los servicios sociales de Andalucía sólo ofrecían 7 plazas por cada 100 mujeres. En España hubo, en cambio, 9,9 plazas para cada centenar.

La cercanía al aprobado, no obstante, se obtiene gracias al gasto público en servicios sociales, que se encuentra muy cercano a la media estatal: en 2018 las administraciones públicas andaluzas gastaron 344,14 euros por habitante (la media española se situó en 381,25 euros). Sobre el PIB, el gasto fue muy superior al registrado de media en el Estado. En este sentido, Andalucía destinó el 1,8% de su riqueza a servicios sociales (España destinó, en cambio, el 1,5%).