Apenas dos semanas. Eso es lo que han tardado en volver al mercado casi la mitad de las viviendas turísticas que Booking había retirado de su plataforma después de que el Ministerio de Consumo constatase irregularidades en sus anuncios. De los 4.093 inmuebles que se retiraron el 26 de junio, 1.600 vuelven a ofertarse para veranear, según informó la compañía este martes. La plataforma explica que la reincorporación se ha producido “tras completar el proceso de regularización e incluir el número de licencia turística exigido por la normativa local”. La premura tiene sentido, y más tratándose del verano, que es la temporada alta de este tipo de negocios. “Más allá de cuantificarlos, habría que forzar a que haya menos y tratar de limitarlos, porque de lo contrario, se llevarán por delante el derecho a la vivienda de muchas personas”, explica Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona.
La mayor parte de los alojamientos que Consumo pidió retirar se encontraban, además, en Canarias, una de las regiones de España más tensionadas en materia de vivienda. En el segundo trimestre de este año el precio de las casas en el archipiélago aumentó un 9,4%, siendo Santa Cruz de Tenerife una de las provincias que más encarece los precios, un 14,2%, solo por detrás de Madrid y Baleares, de acuerdo con la consultora Tinsa.
Los beneficios que da la vivienda dedicada al alquiler vacacional son un reclamo y, según datos de Fotocasa, las viviendas de costa llegaron a ofrecer una rentabilidad por alquiler superior al 7%. Además, según el Banco de España, el alquiler turístico devora el 50% de la oferta de vivienda en Baleares y Canarias. En otras zonas de costa, como Málaga, la pérdida ronda el 40% y en Alicante, el 35%. “Los pisos turísticos tienen dos efectos principales en la crisis de vivienda: secuestran oferta —sacando casas del alquiler habitual— y empujan los precios”, explica la portavoz del sindicato, que insiste en que sin una regulación más restrictiva los pisos turísticos seguirán ganando terreno.
La reclamación del ministerio se produjo tras detectar que en muchos anuncios faltaba el número de licencia, era erróneo o la identidad sobre el propietario resultaba confusa. En este último punto, Consumo advertía que, de acuerdo con la ley, el usuario tiene derecho a saber si el casero es particular o profesional para ver las garantías que puede tener. Así, en apenas dos semanas, 1.600 inmuebles subsanaron errores que habían permanecido en la web durante largo tiempo hasta que Consumo dio el aviso y ya vuelven a estar disponibles en la plataforma.
Más allá del caso de Booking, el ministerio que preside Pablo Bustinduy mantiene otro frente abierto con Airbnb por el mismo motivo. En mayo, Consumo impuso a la plataforma el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos y la compañía decidió recurrir a los tribunales y pedir medidas cautelares. Sin embargo, en junio, un primer fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al ministerio y pidió la retirada de 5.800 anuncios. Bustinduy señaló en ese momento que su intención era terminar con el “descontrol y la ilegalidad generalizada” que se daba en este ámbito.
Poner cifras al mercado vacacional
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Las viviendas de uso turístico están en el foco de las medidas del Gobierno por el efecto que tienen sobre los precios del mercado inmobiliario. De hecho, un estudio del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo, en el que participan las universidades de Granada, Málaga y Sevilla, concluyó que el precio de la vivienda aumenta un 33% de media en las ciudades turísticas cuando las residencias de uso turístico alcanzan el 10%, lo que supone un incremento de 3,29 euros por metro cuadrado.
Uno de los principales problemas a la hora de implementar medias ha sido cuantificar las viviendas de uso turístico, ya que no existía un registro oficial. Por el momento el Ministerio de Vivienda puso en marcha la Ventanilla Única en la que se deben registrar todos los alquileres de corta duración, pero para los sindicatos de inquilinas esto es insuficiente y deja espacio para hacer negocio con la vivienda. “En Barcelona hay una regulación del alquiler turístico. Ahora hay alrededor de 10.000 pisos turísticos que van a desaparecer en 2028, pero la situación tampoco está del todo resulta porque lo que vemos es que las modalidades de temporada y los colivings, más allá del turismo tradicional, están teniendo el mismo efecto”, concluye Arcarazo.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid defienden que estas actuaciones solo “ponen parches”, ya que "no se aplica ningún régimen sancionador que persiga los fraudes de ley" en esta materia. Por el momento, la Ventanilla que ha puesto en marcha el Ejecutivo registró 215.438 solicitudes, de la cuales 169.908 (un 78% del total) corresponden a viviendas de uso vacacional, un dorado inmobiliario que sigue abriéndose paso a pesar de los intentos de regulación.
Apenas dos semanas. Eso es lo que han tardado en volver al mercado casi la mitad de las viviendas turísticas que Booking había retirado de su plataforma después de que el Ministerio de Consumo constatase irregularidades en sus anuncios. De los 4.093 inmuebles que se retiraron el 26 de junio, 1.600 vuelven a ofertarse para veranear, según informó la compañía este martes. La plataforma explica que la reincorporación se ha producido “tras completar el proceso de regularización e incluir el número de licencia turística exigido por la normativa local”. La premura tiene sentido, y más tratándose del verano, que es la temporada alta de este tipo de negocios. “Más allá de cuantificarlos, habría que forzar a que haya menos y tratar de limitarlos, porque de lo contrario, se llevarán por delante el derecho a la vivienda de muchas personas”, explica Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona.