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REFORMA FISCAL

Las pymes denuncian los 'favores' de Montoro a las grandes empresas

Cristóbal Montoro en la escuela de verano del PP en El Escorial.

El Gobierno ha eximido a las grandes empresas de pagar impuestos por los dividendos y las plusvalías que obtengan de sus filiales. Es la última pero no la única medida para favorecer a las compañías de mayor tamaño que contienen las leyes fiscales. La patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas (Pimec) ya descubrió “una deriva hacia las grandes sociedades” en el informeinforme que redactó la llamada Comisión Lagares sobre la reforma fiscal. Su director institucional, Jacint Soler, asegura que, en general, la normativa está pensada en favor de las mayores empresas. La patronal nacional, Cepyme, recibió la reforma fiscal como “una oportunidad perdida para mejorar la competitividad de las pymes”. Jacint Soler se queja directamente de las “trabas” que la reforma pone a la “creación y la supervivencia” de las pymes, las que componen el 90% del tejido empresarial español.

Según las últimas cifras de la Agencia Tributaria, los grandes grupos sólo pagan impuestos por el 5,3% de sus beneficios. El total de las empresas tributa por un 12,4%. Las familias, por el IRPF, ingresan en Hacienda el 12,73%. La ONG Intermón Oxfam lo cuenta de otra manera: el 90% de la recaudación fiscal corresponde a las familias y el 10% a las empresas. Pero de ese décimo sólo el 2% lo pagan las grandes compañías.

NO HAY REBAJA DE TIPOS PARA LAS PYMES

Con la reforma fiscal no va a cambiar mucho ese reparto. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la rebaja de tipos nominales establecida por el Gobierno beneficia a las grandes empresas: éstas pasan del 30% al 25%, el mismo fijado para las pymes, a las que no se ha concedido el recorte de cinco puntos que pedían. También les favorece la supresión del límite temporal de 18 años para compensar bases imponibles negativas. “Las grandes empresas son las únicas capaces de sobrevivir a tales pérdidas durante tanto tiempo”, destaca el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

EXENCIONES PARA DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS

Otro tanto ocurre con las exenciones que la reforma fiscal concede para evitar la doble imposición. Gestha asegura que las más beneficiadas serán las empresas que facturan más de 180 millones de euros y tienen filiales en el extranjeros, que son también las más que más reducían sus resultados contables por culpa de esa doble imposición: 19.898 millones de euros en total, a razón de una media de 80,88 millones. Las que facturan más de 60 millones se deducían hasta ahora una media superior al medio millón de euros. Y las empresas que cuentan con filiales nacionales, con una facturación superior a los 180 millones anuales, se dedujeron una media de 15,62 millones. Ahora, gracias a la reforma, las compañías que vendan más del 5% de su filial no tributarán por las plusvalías que obtengan. Ni por los dividendos que los proporcione esa participación. Tampoco si su participación es superior a los 20 millones de euros. Antes, la exención beneficiaba sólo a las empresas extranjeras con una participación superior a los 50 millones. Es decir, se deja fuera de la medida de gracia a las pymes.

RESERVA DE NIVELACIÓN INSUFICIENTE

Cierto que la reforma fiscal crea una reserva de nivelación para las pequeñas y medianas empresas, que les permite destinar una parte de sus beneficios a recursos propios. Éstos no tributarán durante cinco años. Para Cepyme, no obstante, la medida es “insuficiente”.

EL IVA DE CAJA NO FUNCIONA BIEN

La Ley de Emprendedores permite que las sociedades que ingresen menos de dos millones de euros paguen el IVA al cobrar la factura y no, como hasta ahora, cuando se emite ésta. Jacint Soler cree que el límite de facturación es demasiado restrictivo y tendría que ampliarse. Para ello, como para cualquier otra norma fiscal, debería utilizarse un criterio único de lo que se considera pyme: o los 10 millones de facturación que emplea la Agencia Tributaria o los 50 millones de la definición europea. “Pedimos un umbral razonable y para todos los ámbitos”, resume.

LOS COSTES DE CUMPLIR CON HACIENDA

Las pymes disponen de menos recursos, materiales y humanos, para hacer frente a sus obligaciones mercantiles, administrativas y tributarias. Pero un sistema fiscal que Pimec critica por “complejo, cambiante e improvisado” les fuerza a asumir unos costes “muy onerosos”, protesta Jacint Soler. Declaraciones mensuales o trimestrales de IVA, del Impuesto de Sociedades, del IRPF, declaración de operaciones vinculadas, resúmenes anuales de retenciones, contabilidad, libros de IVA… “Telefónica tiene una departamento fiscal con cientos de personas, pero un taller, por ejemplo, no puede permitirse desviar recursos a ese fin”, explica el representante de Pimec.

RETENCIONES DE LOS ADMINISTRADORES

Las pymes deben ingresar como retención del IRPF un 36% del sueldo de sus gerentes o administradores. Antes era un 42%, pero a las pymes les sigue pareciendo un porcentaje excesivamente alto. “La medida está pensada para el consejo de administración de Telefónica, no para el dueño de un taller”, insiste Soler. Cepyme cree que, en materia de retenciones, Hacienda debería tratar a los administradores igual que al resto de la plantilla.

PAGOS FRACCIONADOS SIN GARANTÍAS BANCARIAS

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Los problemas que las pymes tienen para conseguir créditos las obligan a solicitar el pago fraccionado de impuestos o su aplazamiento. Pero como tampoco pueden ofrecer las garantías bancarias que se les exigen para ello, se les deniegan sus solicitudes. Entonces tienen que afrontar un recargo de apremio del 20% más un 5% de intereses de demora. Para fraccionar el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades, además, las empresas suelen ingresar cantidades superiores a las que les corresponde abonar. “Eso ocasiona costes tributarios y devoluciones innecesarias, más cargas”, dice Jacint Soler, quien critica que la reforma fiscal haya obviado por completo “los procedimientos fiscales”.

OLEADAS DE INSPECCIONES A TINTORERÍAS

El director institucional de Pimec critica también las dificultades de interpretación de las leyes tributarias y los cambios de criterio de los inspectores de Hacienda. A diferencia de las grandes empresas, las pymes carecen de recursos para hacer frente a procedimientos administrativos o contenciosos que pueden durar más de cuatro o cinco años. Jacint Soler se queja de las “oleadas de inspecciones que a veces sufren algunos microsectores. “Van a las tintorerías, revisan 300 recibos, la mitad no pueden deducirse y levantan acta”, pone como ejemplo. A su juicio, se trata de una tarea “más fácil” que perseguir los intrincados fraudes cometidos por las grandes empresas. Según los cálculos de Gestha, el 72% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas y las grandes fortunas. A las presiones de éstas, por un lado, y a las de la Agencia Tributaria y su afán recaudatorio, por otro, atribuye Soler buena parte de la responsabilidad de una reforma fiscal que no ha pensado en las empresas responsables del 70% del empleo que se genera en España.

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