El exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona (Cataluña), por haber creado “una red de influencias” para beneficiar, presuntamente, a empresas fabricantes de gases industriales mientras ocupaba el cargo de ministro. La investigación se acaba de conocer, pero los hechos se llevan investigando, bajo secreto de sumario, desde 2008. En algunos de los correos interceptados, las empresas daban a entender que la forma de conseguir lo que querían pasaba por Equipo Económico (EE): “La vía más directa, como siempre, es pagar a EE”.
Entre las 28 personas imputadas hay empresarios, abogados y antiguos altos cargos de las cúpulas de Hacienda que trabajaron en las dos etapas del ministro: la primera entre 2000 y 2004, con José María Aznar como presidente del Gobierno, y la segunda entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy al frente.
En el auto —al que ha tenido acceso infoLibre— se detalla que empresas integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), habrían conseguido presuntas rebajas fiscales “a medida”, gracias a la intercesión del despacho de abogados Equipo Económico, antes llamado Montoro Asociados. El documento señala la existencia de “una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración”. El objetivo de esta trama, que gira sobre el mencionado despacho de abogados, era lograr reformas fiscales “con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes”, concluye el documento.
De Montoro Asociados a Equipo Económico
La historia viene de lejos. En 2006, entre sus dos mandatos como ministro, fundó Montoro y Asociados, un despacho de asesoría fiscal del que sale en 2008. En ese momento cambia de nombre y pasa a denominarse como Equipo Económico. Al frente queda Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Montoro en el Gobierno de Aznar y aparece en el auto, junto con otros tres nombres investigados. Se les acusa de, “a cambio de precio”, utilizar su influencia en el Ministerio de Hacienda “a fin de obtener modificaciones legales favorables a sus clientes”. Los otros tres son Manuel de Vicente Tutor (ocupó cargos en la Agencia Tributaria), Salvador Mariano Ruiz Gallud (fue director general de la AEAT), Francisco de Asís Piedras Camacho(fue director del gabinete del ministro). Todos ellos formaron parte en algún momento del despacho.
Las sospechas saltan en 2013, cuando la Fiscalía Anticorrupción encuentra por casualidad unos correos electrónicos mientras registra la empresa Messer Ibérica de Gases por un delito contra la ordenación del territorio. A esto se suma una denuncia anónima y la investigación se pone en marcha bajo secreto de sumario. Este hilo conduce a los investigadores a pedir información al Ministerio de Hacienda en 2021 y 2022 sobre este asunto, aunque sin recibir respuesta. En 2023, fuentes policiales explicaban a El País, que en el curso de aquella causa también se analizaban prácticas similares en sectores como el juego online o las renovables. De aquella investigación —señala el auto— y del “hallazgo casual” de aquel correo, sale la imputación actual.
Además de las cúpulas de Hacienda, y de los miembros del bufete Equipo Económico —cuyo nombre actual es Global Afteli—, también se investiga a empresas y personas vinculadas con AFGIM. En concreto, a las compañías Air Liquide, Abello Linde SA, Messer Ibérica, Praxair España SL, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la propia AFGIM. Se las acusa de actuar como un lobby para intentar forzar un cambio legislativo que les beneficiase en el pago de dos impuestos.
"Acceso al Ministerio de Hacienda"
El exministro Cristóbal Montoro fue socio fundador del bufete Equipo Económico, creado en 2006 y muchos de sus socios habían desempeñado, además, altos cargos en la Administración. Como se ha explicado anteriorimente, algunos de los imputados eran socios del bufete y a la vez habían pasado por el Gobierno.
Las investigaciones señalan que “hasta en dos ocasiones” las gasísticas englobadas en la AFGIM, habrían contratado a este despacho para conseguir reformas legislativas a medida por parte del Gobierno. Esas dos ocasiones hacen referencia a la modificación de dos tributos: el Impuesto Especial sobre la Electricidad en 2013 y la rebaja fiscal en 2018 el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
En el primer caso —y después de que las empresas intentaran la modificación tributaria sin éxito— deciden contratar a los abogados de Equipo Económico. Durante las pesquisas, los investigadores encuentran varios correos electrónicos de AFGIM. En uno de ellos se afirma abiertamente que este gabinete tiene “acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva”. En otro de los extractos dejan claro el papel central del bufete: “La vía más directa, como siempre, es pagar a EE”. Y efectivamente, la reforma sale adelante: “se acude a EE, que, en poco tiempo y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen”. De hecho, la investigación judicial llega a sostener que AFGIM es quien redacta los textos legales a través de EE, “todo ello, mediante el pago de importantes desembolsos” destinados a “permitir el acceso al Ministerio de Hacienda”, que encabezaba Cristóbal Montoro.
Todo ello apunta a que el pago realizado a Equipo Económico no obedecería a una prestación real, sino que encubría una comisión para el ejercicio de su influencia
En el segundo caso, las gasísticas buscaban una menor tributación en el Impuesto de Actividades Económicas. Un hecho por el cual habían llegado a acudir a la justicia, sin que se les reconociese el derecho a pagar menos en 2003 y en 2014. En 2015 AFGIM crea un grupo de trabajo para volver sobre este tema y contacta con la Dirección General de Tributos, aunque de nuevo encuentran una negativa. En febrero de 2017 entra en escena Equipo Económico y, de nuevo, los pareceres cambian: “Solo con la intervención de EE, mediante pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas, mediante la modificación del IAE”, recoge el auto. En este punto, el escrito aventura que “todo ello apunta a que el pago realizado a EE no obedecería a una prestación real, sino que encubría una comisión para el ejercicio de su influencia”.
¿De qué se acusa a Montoro?
El auto recoge que el exministro podría haber hecho un uso ilícito de las atribuciones del Ministerio. “El uso de tales potestades, habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, concluye el juez.
Un juez investiga al exministro Montoro por favorecer presuntamente a empresas gasistas
El documento también sostiene que Montoro habría nombrado entre sus altos cargos a personas que estaban “estrechamente vinculadas al despacho EE”. El juez apunta que con estas maniobras se aseguraría de que la elaboración y la tramitación de los textos legales se realizase “a demanda” de las empresas investigadas “tras aceptar aquellas pagar” por la mediación.
“Los nombramientos efectuados por Cristóbal Montoro permiten que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas quedase vinculado al despacho [Equipo Económico]”, concluye el texto.
Finalmente, entre los delitos que se barajan en el auto, está el cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad de documentos.
El exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona (Cataluña), por haber creado “una red de influencias” para beneficiar, presuntamente, a empresas fabricantes de gases industriales mientras ocupaba el cargo de ministro. La investigación se acaba de conocer, pero los hechos se llevan investigando, bajo secreto de sumario, desde 2008. En algunos de los correos interceptados, las empresas daban a entender que la forma de conseguir lo que querían pasaba por Equipo Económico (EE): “La vía más directa, como siempre, es pagar a EE”.