Rui Pinto, el 'hacker' de 'Football Leaks', pide ampliar los delitos de los que fue amnistiado gracias al papa
El martes de la semana pasada, a las 16.36 horas, llegó al Tribunal Penal de Lisboa un escrito de 85 páginas. Fue presentado por el equipo jurídico de Rui Pinto, el cerebro detrás de la plataforma Football Leaks. Se trata de un documento esperado con impaciencia: el recurso demuestra que Pinto se está preparando para dar la batalla en los tribunales europeos.
Pinto, el estudiante de Historia que entregó más de 70 millones de documentos a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, fue detenido en Budapest en 2019. Sus datos revelaron un fraude fiscal sistemático en el fútbol de élite, que permitieron abrir investigaciones judiciales en varios países. Pero la Justicia también se interesó por cómo Pinto había obtenido los documentos.
Durante unos tres años, el portugués tuvo que responder por ello en un juicio celebrado en Lisboa. Los cargos incluían 90 infracciones penales. Entre ellas, cargos de intento de extorsión, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia. Pinto no recibió su veredicto hasta el pasado mes de septiembre: fue declarado culpable de nueve cargos, entre ellos el intento de extorsión a un controvertido agente deportivo. El juez fijó la condena de Pinto en cuatro años, con suspensión condicional de la pena.
Ahora el portugués se defiende. En el recurso, al que han tenido acceso Der Spiegel y sus socios internacionales, los abogados de Rui Pinto atacan puntos centrales del proceso judicial. También se refieren a la ley de amnistía promulgada en Portugal este verano con motivo de la visita del papa Francisco en virtud de la cual se liberó a jóvenes delincuentes de ciertos delitos menos graves. Pinto también se benefició de la medida de gracia, ya que en virtud de ella se le retiraron 79 cargos. Con el recurso, sus abogados quieren comprobar ahora si otros delitos por los que Pinto fue condenado también deben quedar cubiertos por la amnistía.
Un segundo elemento del contraataque de Pinto se refiere a la acusación de intento de extorsión a Doyen Sports Investments Limited, un fondo creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, David Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En su recurso, los abogados argumentan que algunas de las pruebas que consideran exculpatorias no fueron suficientemente tenidas en cuenta en la sentencia. Se trata de correos electrónicos que supuestamente demuestran que Pinto desbarató el intento de chantaje por iniciativa propia. Los abogados piden al tribunal que absuelva a Pinto del cargo tras revisar esa prueba. El intento de extorsión constituye por sí solo la mitad de los cuatro años de la pena suspendida.
La defensa de Pinto también pide al tribunal que reconsidere fundamentalmente otros dos aspectos. El primero, que Pinto admitió durante el juicio que había tenido acceso no autorizado a datos personales y buzones de correo de terceros. El segundo, que explicó que muchos de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por otros miembros de la red Football Leaks. Aunque Pinto había recibido de ellos los datos y también había participado en la planificación de los ataques, no se llevó él mismo el material. Sin embargo, Pinto aún no ha revelado la identidad de sus presuntos cómplices.
¿Cómplices?
En su sentencia, el tribunal consideró “inverosímiles” las declaraciones de Pinto, ya que la fiscalía no había encontrado pruebas de la participación de otras personas en el delito. Los abogados de Pinto argumentan ahora, entre otras cosas, que los investigadores no encontraron comunicaciones con periodistas, pero que se ha demostrado que existieron. El análisis técnico de algunos de los soportes de datos encontrados en el apartamento de Pinto también sugiere la implicación de otras personas, explican los abogados.
Además, la orden de detención europea con la que Pinto fue detenido en Budapest en 2019 va a ser reexaminada en el procedimiento de apelación. Los abogados plantean la cuestión de si la orden era suficiente como base para llevar a cabo un proceso judicial tan extenso en Lisboa. La pregunta puede servir de preparación de otros pasos procesales con los que Pinto querría que se aclarara su posición ante los tribunales europeos.
En última instancia, su caso podría dar lugar a sentencias pioneras sobre cómo afrontar la ciberdelincuencia, qué información se considera de interés social y cuál es el ámbito de actuación de los Estados nacionales. Serían fallos importantes que también podrían dar a otros informadores, denunciantes de corrupción y fiscales de Europa un poco más de seguridad jurídica. Pero también sería un largo camino, que plantea una pregunta: ¿puede Pinto permitirse económicamente otra batalla legal que puede durar años?
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El portugués, que tiene 35 años, vive en el programa de protección de testigos desde hace unos tres años y no tiene ingresos significativos. Su equipo legal está formado por Francisco Teixeira da Mota, su hija Luisa y el francés William Bourdon, que también ha defendido a Edward Snowden, el filtrador que hizo público el programa de vigilancia masiva de la CIA y la NSA. Ya se han gastado “miles de dólares” en los renombrados abogados, asegura Delphine Halgand-Mishra, directora ejecutiva de The Signals Foundation, la red estadounidense para la protección de whistleblowers que ha sufragado hasta ahora los gastos de la defensa de Pinto. “Los denunciantes de corrupción y quienes, como Rui Pinto, revelan información de interés público son el freno de emergencia de nuestra sociedad. Garantizan que nuestras democracias sigan prosperando y que los poderosos rindan cuentas. Merecen nuestro apoyo”, explica Halgand-Mishra.
La responsable de The Signals Foundation está buscando más donantes para financiar a los abogados de Pinto y también se ha abierto al público una página de donaciones. Porque, además del recurso, Pinto se enfrenta aún a otra acusación: presentada en julio, la fiscalía le acusa de 377 delitos. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido si habrá juicio: primero debe aclarar cuántos de esos cargos ya han sido perdonados por la reciente ley de amnistía.
Al menos Pinto, sus abogados y Halgand-Mishra ya no tienen que preocuparse por uno de ellos: el miércoles, el portugués se declaró culpable ante un tribunal de París de haber tenido acceso no autorizado a los buzones de correo de los directivos del Paris Saint-Germain entre 2015 y 2019. La información filtrada sirvió para destapar los trucos financieros practicados en el club francés, financiado por Qatar, así como su racista sistema de ojeadores. El tribunal parisino ha condenado a Pinto a seis meses de prisión, que ha dejado en suspenso. También deberá pagar los honorarios del abogado y una indemnización al PSG: un euro. Un pago simbólico.
