La sanidad universal y otros ocho ejemplos de que la justicia social no es una aberración como dice Milei

La justicia social es "aberrante", la redistribución de la riqueza se basa en la “envidia”, los impuestos son "un robo” o "el control del capital es inmoral”. Son afirmaciones con las que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha nutrido sus polémicas intervenciones públicas en su primera visita a España dentro del traje presidencial. Pero la justicia social no es un invento de los rojos peligrosos, "ese espíritu está recogido en la Constitución, que es el pilar de nuestro Estado del bienestar, como la protección de los derechos sociales de la ciudadanía”, apuntan fuentes del ámbito del derecho. “Una democracia sin justicia social es una falsa democracia. Y la ONU, que la vincula a la igualdad de oportunidades y a los derechos humanos, defiende que permite que las sociedades y las economías funcionen de forma más cohesionada”, completan las mismas voces.

Hay, de hecho, varios artículos constitucionales en los que se reflejan esos fundamentos. Para arrancar, el primero dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Junto a este, en el artículo 40 se asevera que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”. Y, “de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. En la misma línea, en el punto 128 del articulado de la carta magma, se establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y se añade: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

En resumen, España se ha constituido como un "estado social y democrático de derecho" con obligación constitucional de redistribuir la riqueza. La población en nuestro país alcanzaba los 48.692.804 habitantes el día 1 de abril de 2024, la mayor cifra de la historia, según información del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un grueso de personas que se beneficia de uno de los pilares del Estado del bienestar español y promotor de la mencionada justicia social: la sanidad universal, a la que esos millones de habitantes recurrirán en algún momento de sus vidas. 

Y hay otros ejemplos de medidas que están ligadas a estos conceptos constitucionales. Durante la pandemia, fueron prueba de ello los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se acogieron hasta 3,6 millones de personas trabajadoras, que lograron resistir el envite del covid-19 gracias a una medida excepcional que impidió el cierre de empresas. Sin abandonar la esfera laboral, fueron casi un millón de personas las que en 2021 ingresaron algún tipo de subsidio por desempleo, en concreto, 969.412, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El número se redujo a 882.585 en 2022 y fueron 714.461 los que pudieron subsistir en 2023 gracias a ellos. 

Otro colectivo que sabe de los efectos de la justicia social es el integrado por quienes cobran pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (PNC). En este caso, según datos accesibles en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el pasado abril hubo 280.034 beneficiarios, la pensión media fue de 516,92 euros y a ello se destinaron más de 144 millones. 

Junto a lo expuesto, existe también el llamado complemento a mínimos, que es una cantidad adicional que se suma al importe de la pensión contributiva, cuando la cifra que corresponde por años cotizados y bases de cotización no alcanza el mínimo fijado por ley. Su razón de ser es garantizar que nadie tenga una pensión por debajo de ese límite, cuando ésta es su principal medio de subsistencia. La cuantía garantizada varía según el tipo de jubilación y a fecha del 1 de mayo de 2024, 2.141.772 pensiones estaban complementadas a mínimos, de acuerdo a la información que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cabe señalarse que el 67,3% de las pensiones complementadas son de mujeres y la cantidad media del complemento a mínimos es de 263,5 euros al mes. En la órbita de ese ministerio hay otra muestra evidente de justicia social: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En el pasado mes de abril 589.948 familias fueron beneficiarias de esta ayuda, con un total de 1.771.480 personas. La cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria fue de 164 euros, y de 492,4 por hogar.

En el campo de la educación, alrededor de 845.000 estudiantes fueron los solicitantes agraciados en las convocatorias general y de apoyo educativo de becas, según datos del Gobierno relativos al curso 2022-2023. El presupuesto destinado a ellas se incrementó en un 47% desde 2018. En el curso anterior, 2021-2022, hubo un total de 810 convocatorias de becas y ayudas al estudio destinadas sólo a estudiantes universitarios de Grado y Máster, que tuvieron 514.375 adjudicatarios, que recibieron 1.226,2 millones de euros, a la luz de información del Sistema Integrado de Formación Universitaria. Hay consenso científico sobre la importancia del acceso a estudios superiores a la hora de escalar de clase social y poder salir de las franjas con menores ingresos, terreno en el que aún hay margen de mejora. 

Y hay otras dos muestras de materialización de lo que en España se entiende por justicia social que alcanzan incluso a Argentina: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 3,6 millones de euros a programas de ayudas para personas mayores y dependientes y de españoles en el exterior. Y a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, el Ejecutivo dedicará este año más de ocho millones para garantizar una correcta atención sanitaria a las personas de nacionalidad española residentes en el exterior, vía convenios con los sistemas públicos de salud de esos estados o con sociedades o aseguradoras privadas. Existen 19 convenios de esa naturaleza con los que se da cobertura a los españoles y españolas en el exterior en 14 países, entre ellos el que preside Milei. En 2023, un global de 6.307 ayudas fueron a parar a españoles y españolas que viven en terceros países. Supusieron un desembolso de casi 6,5 millones, con detalle: 6.409.344.

"Su discurso está trufado de mentiras"

Rodolfo Rieznik, doctor en Economía y miembro de Economistas sin Fronteras, es muy consciente del revuelo que han provocado las palabras del presidente argentino en varios sentidos. "Es un personaje de novela al que la derecha mundial ha erigido en una especie de líder a mostrar, pero, al mismo tiempo, temen que su fracaso, que no puede ser muy lejano por lo que está haciendo en Argentina, pueda hundir todas las esperanzas que están depositando en él", traslada a infoLibre. 

Sostiene que "el capitalismo surge como una gran potencia colonial explotadora" y que "las alabanzas" que Milei hace de éste y de "Occidente" son "mentira, sin más". "Es un debate casi saldado desde el punto de vista histórico –enlaza– y lo hace para tratar de defender una política de barbarie, que es lo que está pasando en Argentina, donde ha llevado a la mayoría social hacia una situación de miseria, pobreza y explotación. Ha revalorizado leyes en términos laborales indiscriminadas en favor del empresario y del capitalismo”. Pero, avisa: “Su discurso está trufado de mentiras, pero de mentiras de colegio primario. Cualquiera que haya estudiado historia, lo que fue el nacimiento del capitalismo, sabe de la explotación de los niños en la Inglaterra donde nació la Revolución Industrial, por ejemplo. No es un dato a debatir, pasó”.

Rieznik confirma que el máximo mandatario ahora en el ojo del huracán "no está redistribuyendo nada, en efecto" en su país. Desde que desembarcó en la Presidencia, "la pobreza ha pasado a estar cerca del 50% y subiendo. Los salarios son de miseria, la gente no puede comer. Y hay periodistas que lo elogian y que hacen comparaciones del tipo: así como uno tiene que a veces ajustarse y no puede cambiar el coche, habrá familias que tendrán que ajustarse y comer un plato de sopa por la noche. Y a los niños les encanta la sopa. Es un discurso brutal y es lo que él entiende por justicia social”, lamenta.

El economista piensa que "gran parte del triunfo electoral" de Milei tiene que ver "con la desilusión de la gente por gobiernos que se reclamaban populares. Hay un voto de castigo a lo que pasaba, del que se ha beneficiado", mantiene. Augura que será "volátil" y que muchos de esos sufragios se esfumarán "cuando la mayoría social a la que está machacando se dé cuenta de que no tiene ninguna esperanza de cambiar su situación ", sintetiza. Y engarza: "Se reclama continuador de un Gobierno de Menem -Carlos- que dolarizó la economía y terminó en una especia de sublevación social con muertos en las calles porque la gente no soportó la situación. Para él ese Gobierno es líder y eso es justicia social".

Un "insolente" aceptado por el establishment mundial

Al margen de lo expuesto, tilda a Milei de ser "un insolente en términos formales, no sólo por lo que ha dicho hablando de la mujer de un presidente anfitrión", afirma, en alusión a que ha calificado de "corrupta" a la mujer del presidente Pedro Sánchez, "sino en general, él habla e insulta", lanza. "La pregunta es -une- cómo acepta el establishment mundial, que teóricamente es formal, a un personaje de este tipo". A su juicio, "tener que apoyarse políticamente en él, en realidad no indica fortaleza de las políticas liberales, al contrario, indica debilidad".

Por último, pone el foco en que mientras "él decía barbaridades en España, su canciller estaba firmando con el Departamento de Estado un acuerdo estratégico militar para darle mayor control a los EEUU en el Atlántico sur. ¿Por qué tan rápido?", se pregunta. Tiene una posible respuesta: "Creo que piensan que no va a durar mucho y tienen prisa por amarrar pactos que después va a costar desarmar", cierra.

Otras fuentes anotan que la expresión justicia social fue acuñada en 1840 por el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli, quien "quería orientar la doctrina del derecho natural de Tomás de Aquino hacia la nueva cuestión social". De vuelta a la actualidad, el papa Francisco, quien recibió en el Vaticano al presidente argentino, pese a que éste se había referido a él antes como “representante del maligno en la tierra” y lo había acusado de ser afín a “comunistas asesinos”, ha manifestado recientemente que "el Estado, hoy más que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”.