Los trabajadores jóvenes se reducen un 30% desde 2008 y ya son sólo la mitad de quienes superan los 50 años

La caída de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida le han dado la vuelta a la famosa pirámide demográfica, lo mismo en España que en el resto de los países desarrollados. La población menor de 39 años se ha reducido en casi un 16% desde 2008, mientras que los mayores de 40 han crecido un 22,2%. En consecuencia, son muchos más quienes sobrepasan la cuarentena, 27,3 millones de personas, que quienes no llegan a esa edad, 19,7 millones, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y la tendencia es imparable: con menos de 18 años hay nueve millones de personas en España, pero los mayores de 50 son más del doble, 19,6 millones.

Ese cambio tiene su traducción inmediata en el mercado laboral. Cada vez se incorporan menos jóvenes al trabajo, por lo que su número no cubre las jubilaciones. Las plantillas envejecen y la oferta de mano de obra se achica con cada nueva generación. De modo que se puede dar la paradoja de que el país campeón del paro en Europa, con una tasa de desempleo del 12,5% –la media del euro es del 6,5%, su mínimo histórico– sufra al mismo tiempo un problema de falta de personal. Ya está ocurriendo, al menos en algunos perfiles profesionales.

La población activa ha crecido desde 2008, tras superar el bache de la crisis financiera e inmobiliaria, aunque no mucho, un 1,1%. Pero mientras los activos de más de 39 años han aumentado un 36,3% desde el cuarto trimestre de 2008 hasta el tercero de este año –un 31,45% hasta el cuarto de 2019, antes de la pandemia–, el segmento más joven del mercado ha menguado un 29% en los últimos 14 años.

Si el foco de atención se coloca sobre los recién incorporados al mercado laboral, la EPA cuenta sólo 3,8 millones de activos –en disposición de trabajar– con menos de 29 años. En cambio, los que se encaminan hacia el final de sus carreras profesionales, entre 50 y 65 años, son el doble, 7,5 millones.

Esta brecha no tuvo siempre este dibujo. En 2008, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, la relación era la inversa: había más trabajadores jóvenes, 12,54 millones de activos por debajo de los 39 años, que maduros, 10,72 millones por encima de esa edad. Lo mismo ocurría con quienes tenían entre 16 y 29 años, que sumaban más que los mayores de 50: había casi 1,2 jóvenes por cada veterano. Es decir, se han perdido 1,63 millones de trabajadores jóvenes, los de ingreso laboral más reciente: casi un 30% de los 5,48 millones que había hace 14 años.

El vuelco lo dio la curva en 2011. A partir de ese año y hasta ahora el número de las nuevas incorporaciones se ha reducido al mismo tiempo que no deja de crecer el de quienes se acercan a la jubilación. Y el de quienes, de hecho, se jubilan. Si en 2008 las altas de nuevas pensiones sumaron 269.772, según las estadísticas de la Seguridad Social, en 2021 alcanzaron las 316.156. Un aumento del 17,2%.

En consecuencia, si antes de la crisis del ladrillo la edad media de los ocupados españoles era de 39,7 años, ahora es de casi 45. “Y si no hay un cambio radical, en poco tiempo superará los 50 años”, advierte Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de un informe sobre envejecimiento demográfico para la empresa de recursos humanos Manpower que ya en 2018 alertó ante la pérdida de trabajadores potenciales, la caída del número de jóvenes nativos, la necesidad de cubrir ese déficit con inmigrantes y el creciente desplazamiento de los activos hacia quienes superan los 50 años.

El 46% de los empleados públicos supera los 55 años

Una buena muestra del declive demográfico y laboral está en las administraciones públicas. En España, el 46% de los empleados públicos supera los 55 años. Sólo Italia tiene funcionarios más envejecidos. La media de la OCDE es sólo del 26%. Desde 2015, además, el porcentaje de empleados públicos mayores ha crecido en España un 11%, impulsado por la política de no reposición de vacantes impuesta por los recortes de gasto público que siguieron a la crisis financiera. La edad media de los empleados de la Administración General del Estado es de 51,32 años. De hecho, el 64% de su plantilla tiene más de 50 años. En la Seguridad Social aún es peor: el 80,9% de sus trabajadores supera esa edad. Y el futuro no parece demasiado alentador. El último Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado prevé que en 2032 se habrá jubilado el 58,6% de la plantilla actual, unos 97.000 empleados públicos.

Estas cifras exceden con mucho las del sector privado –los asalariados mayores de 50 años son un 30,3%, menos de la mitad que en el sector público–, pero no por ello es menos grave el fenómeno. Sobre todo porque no es un desarrollo coyuntural. La Estrategia España 2050, que ha elaborado la Oficina Nacional de Prospectiva del Gobierno, cifra en un 12% la pérdida de población en edad de trabajar que puede ocasionar hasta mediados del siglo el envejecimiento demográfico, unos 3,7 millones menos de trabajadores potenciales, e incluso prevé que habrá 2,5 millones menos de ocupados, si se mantienen las tasas de empleo anteriores a 2019, que fueron de un 2% en promedio.

Según sus estimaciones, la reducción de la población activa se traduciría en un descenso de la ocupación del 0,5% anual. “Lo que tendría consecuencias profundas para la economía y los ingresos públicos, y supondría una fuente de tensión par la sostenibilidad del estado de bienestar”, advierte la Oficina. Para llegar a esa conclusión se basa, a su vez, en proyecciones de Eurostat para la zona euro que calculan en 11 puntos porcentuales la caída de la ratio de población en edad de trabajar en la UE: del 65% en 2020 al 54% en 2050.

Desajuste de perfiles profesionales

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas –el centro de estudios de las cajas de ahorro– y miembro del Consejo Económico y Social (CES), cree que el impacto del encogimiento del mercado laboral dependerá de los perfiles de quienes ingresen en el mercado de trabajo: jóvenes y también emigrantes. De si su cualificación profesional se corresponde a la que demandan las empresas. Por el momento, la ocupación contradice los vaticinios de España 2050 y no sólo no se ha resentido, sino que sigue creciendo por encima de lo que está avanzando la economía, aunque cada vez de forma más titubeante por culpa de la crisis energética y la inflación desbocada. El paro continúa descendiendo, al tiempo que las vacantes que ofertan las empresas no se cubren. Torres explica que el mercado laboral no funciona “de forma mecánica”: no se puede esperar que, a menos trabajadores demandando empleos, haya menos parados; o que, con menos jóvenes entrando en el mercado de trabajo, haya automáticamente menos paro juvenil.

También Josep Oliver pone el foco en el desajuste entre los perfiles de la mano de obra y los perfiles que demandan las empresas. Se está produciendo, en efecto, un “vaciamiento de generaciones jóvenes”, asegura, ocasionado por la caída de la tasa de natalidad, pero los que comienzan a trabajar están “incorrectamente formados”, lo que los aboca al desempleo. A las elevadas cifras de abandono escolar se une que más de un tercio de los ocupados por debajo de 35 años están sobrecualificados. “A partir de los 25 años cae la tasa de paro porque se produce un ajuste de expectativas”, explica, “cuando, por ejemplo, muchos licenciados terminan aceptando empleos por debajo de su cualificación”. En España, al igual que en el resto de los países del sur de Europa, faltan ocupados con formación profesional, mientras que la cifra de quienes tienen sólo una cualificación baja o superior es muy elevada comparada con Alemania o los países nórdicos, continúa Oliver.

En 1995 entraban anualmente en la estadística laboral unos 750.000 mayores de 16 años, destaca el catedrático, pero 10 años después se quedaron en sólo 450.000. El déficit se cubrió con la llegada de inmigrantes.

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“Según las últimas proyecciones del INE, si no llegan siete u ocho millones de inmigrantes, la población española bajará hasta los 44 millones de habitantes en 2050 [ahora es de 47 millones]”, anticipa el catedrático catalán. El INE calcula que haría falta un saldo migratorio anual de unos 300.000 inmigrantes para sostener la población española hasta mediados de siglo. El de este año lo cifra en 484.137 personas y prevé que se mantenga por encima de los 300.000 hasta por lo menos 2031. Si el saldo migratorio fuera cero, en 2072 España tendría sólo 31,8 millones de habitantes.

Productividad y PIB en peligro

La pérdida de músculo, y de juventud, del mercado laboral causa serios perjuicios. Hace más difícil la transición tecnológica y agrava el ya de por sí grave déficit español de productividad, advierte Josep Oliver. A su juicio, la solución, además de por los inmigrantes, puede pasar por estimular la “movilidad” de los trabajadores. Es decir, trasladar el exceso de oferta de mano de obra de las provincias con más paro a otras con escasez de personal, o formar a trabajadores con un nivel educativo escaso o poco demandado para que adquieran competencias más solicitadas por las empresas.

En España, el 70% de los trabajadores entre 20 y 64 años están ocupados, recuerda Raymond Torres, pero en Alemania y los países nórdicos la tasa de ocupación asciende hasta el 80%. Aumentar la tasa española hasta esos niveles, asegura, permitiría compensar el impacto del envejecimiento demográfico. En Italia, compara el economista, el problema es el elevado número de inactivos, que son más difíciles de incorporar al mercado laboral que los parados y necesitan de “mecanismos muy específicos” para familias monoparentales, excluidos sociales, enfermos mentales o prejubilados. La propuesta de la Estrategia España 2050 para evitar el achicamiento del mercado de trabajo es, además de incorporar inmigrantes y reducir el paro juvenil, elevar la tasa de empleo de las mujeres en 20 puntos –ahora es del 57%–, lo que equivaldría a contar con casi dos millones de trabajadoras más en 2050. Porque, de lo contrario, la merma de la fuerza laboral estancará el crecimiento del PIB entre el 0,3% y 1,1% –cuando de 2014 a 2019 mejoró a un ritmo del 2,5%– hasta mediados de siglo.