La mujer que denunció al ya exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, no ha encontrado el alivio esperado tras verbalizar la agresión sexual de la que fue víctima. Más bien al contrario. Su abogado sostiene que "está destrozada", asegura que su identidad ha sido revelada y que ha corrido como la pólvora por distintos chats internos de agentes policiales. El impacto mediático de los hechos tampoco ha ayudado a la reparación: algunos medios revelaron este miércoles datos de la querella que daban pistas sobre la víctima y otros cruzaron todas las líneas rojas al desvelar detalles que permitían identificar perfectamente su identidad.
La víctima cuenta ya con protección oficial, una petición que realizó por temor a que se difundieran datos relativos a su domicilio o el de su familia, según expresó su abogado. "Teme que se filtre su domicilio. No está aportado su domicilio real, sino el despacho profesional por motivos de seguridad. Pero este señor tiene muchos tentáculos de poder e igual que ha difundido su identidad puede difundir su domicilio", añadió.
Lo sucedido es en realidad la constatación de un sistema que no está diseñado para blindar la protección de las víctimas una vez dan el paso de denunciar. La falta de garantías tiene además un efecto disuasorio para las mujeres que han sufrido violencia, quienes precisamente tienden a valorar por encima de todo el anonimato y la protección de su identidad.
En su libro No publiques mi nombre. Testimonios contra la violencia sexual, la escritora feminista Cristina Fallarás señala que "la inmensa mayoría" de los relatos que llegaron a sus redes sociales en los últimos años venían con una petición: "Por favor, no publiques mi nombre". A partir de ese momento, la periodista se hizo eco de las denuncias siempre de forma anónima. Pronto las mujeres "dieron por sentado que los testimonios se colgaban en mi cuenta eliminando sus identidades", escribe. "Creo que esa es precisamente la razón por la que he recibido y sigo recibiendo una cantidad casi insoportable de relatos sobre agresiones sexuales".
Pero una vez la violencia contra las mujeres adquiere una dimensión pública, la protección de la víctima –empezando por su privacidad e intimidad– deja de estar garantizada.
Falta de protección: de La Manada a Dani Alves
En el año 2018, un error en la publicación de una de las sentencias contra los agresores sexuales de La Manada de Sanfermines permitió acceder a los datos personales de la víctima. La defensa denunció la filtración y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación. Pero el daño ya estaba hecho: en internet se difundieron sin censura datos e imágenes de la joven, muchas con la evidente intención de desacreditarla.
Aquel mismo año, uno de los responsables de difundir información privada de la víctima no dudó a la hora de publicar su nombre, apellidos, domicilio, centro donde cursaba sus estudios universitarios, fotografías de la mujer e incluso su documento nacional de identidad. Lo hacía bajo el rótulo de Yo no te creo. Cinco años después, el autor fue condenado a tres años de prisión y tres mil euros de multa por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Diciembre de 2023. La joven que denunció al futbolista Dani Alves –finalmente absuelto por la justicia– por un episodio de violencia sexual alerta de que su privacidad corre peligro. El entorno del jugador, incluida su madre, había publicado un vídeo cuestionando el relato de la denunciante y mostrando información personal que permitía identificarla.
La defensa de la joven anunció acciones legales "contra todas aquellas personas o medios" que difundieran las imágenes de la joven o facilitaran "cualquier información, directa o indirecta, que permitiera su identificación", mientras que la Fiscalía Provincial de Barcelona señaló a la progenitora del acusado por un posible delito de revelación de secretos, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia.
Se trata en ambos casos de episodios mediáticos, por la especial entidad de los hechos judicializados o por la relevancia de la autoría, pero la difusión de la identidad de las víctimas de violencia sexual es uno de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres cuando toman la decisión de denunciar.
Hace dos años, un juzgado de Valencia condenó a una mujer como autora de un delito contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos por difundir en redes sociales el vídeo de una agresión sexual grupal. Las víctimas eran menores de edad y el caso se dio a conocer como el de La Manada de Burjassot.
Filtraciones durante el proceso penal
Pero la odisea de las víctimas va mucho más allá. Incluso en aquellos casos en los que su identidad es conocida, tienen que soportar el escrutinio público, el descrédito y, en muchos casos, la publicación de parte de los procesos judiciales por los que transitan.
Fue el caso de Jennifer Hermoso, víctima de una agresión sexual por parte de Luis Rubiales. Su equipo legal comunicó en octubre de 2023 su intención de emprender acciones legales con el objetivo de proteger y garantizar la intimidad de la futbolista después de que trascendiera a la opinión pública el vídeo de su declaración ante la Fiscalía, cuando formalizó la denuncia contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Cuando el denunciado es quien debe proteger: el caso que erosiona la confianza de las víctimas en el sistema
"Queremos recordar que todo procedimiento penal debe desarrollarse con garantías para preservar el derecho a la intimidad de las víctimas", indicaba entonces su equipo de abogados. Y añadían: "Las continuas filtraciones y la falta de dichas garantías impiden que la jugadora pueda llevar el proceso con normalidad". En aquel momento, fue la propia víctima quien aseguró que su salud estaba en juego como consecuencia de las filtraciones, que no se sentía segura y que tenía dudas sobre si volvería a declarar ante el juez.
No mucho después fue otro gran proceso judicial el que pasó a ocupar titulares: el de la actriz Elisa Mouliaá contra el expolítico Íñigo Errejón. Concretamente, fueron filtrados vídeos del interrogatorio del juez Adolfo Carretero durante la instrucción. En aquel momento, la entonces presidenta del Observatorio del CGPJ, Esther Erice, rechazó públicamente la filtración de los vídeos y enfatizó en que la intimidad de las víctimas debe estar garantizada en este tipo de procedimientos. En la misma línea se manifestó la asociación Jueces y Juezas para la Democracia: su portavoz aseguró que la distribución de las imágenes revictimizaba a la denunciante.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe la "divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual", tal y como introdujo la ley del sólo sí es sí. La legislación también prohíbe la difusión de datos que puedan "facilitar su identificación de forma directa o indirecta".
La mujer que denunció al ya exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, no ha encontrado el alivio esperado tras verbalizar la agresión sexual de la que fue víctima. Más bien al contrario. Su abogado sostiene que "está destrozada", asegura que su identidad ha sido revelada y que ha corrido como la pólvora por distintos chats internos de agentes policiales. El impacto mediático de los hechos tampoco ha ayudado a la reparación: algunos medios revelaron este miércoles datos de la querella que daban pistas sobre la víctima y otros cruzaron todas las líneas rojas al desvelar detalles que permitían identificar perfectamente su identidad.