En noviembre de 2014, recién desembarcado en la presidencia de la Comisión, Jean Claude Juncker sufrió una moción de censura en el Parlamento Europeo. Ocurrió después de que un consorcio internacional de periodistas destapara los conocidos como LuxLeaks, acuerdos fiscales privilegiados entre la Hacienda luxemburguesa y numerosas multinacionales diseñados por la consultora PwC con los que atraer sedes europeas de empresas potentes como Fiat, Amazon, Starbucks o McDonald's a cambio de reducir considerablemente su factura de impuestos.
Juncker sobrevivió a la moción de censura y al escándalo de los LuxLeaks aunque los acuerdos se habían creado y aprobado siendo el ministro de Finanzas y primer ministro del Gran Ducado. Una década después, su sucesora en la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha superado una moción de censura al inicio de su segundo mandato por el escándalo Pfizergate, los mensajes privados y secretos intercambiados con el jefe de la farmacéutica Pfizer cuando Bruselas negociaba megacontratos para la compra de vacunas contra la Covid-19.
Además del cargo de los protagonistas, hay otro hilo conductor entre las mociones: fueron presentadas por eurodiputados de extrema derecha contra un jefe de la Comisión del Partido Popular Europeo. Una mayoría de eurodiputados democristianos, socialdemócratas, liberales, verdes y de izquierdas tumbó las dos con sus votos, pero a diferencia de Juncker, quien jamás pactó con ultras y euroescépticos, Von der Leyen sí se apoya en ellos para virar y aprobar parte de sus últimas políticas.
Bruselas es testigo durante los últimos meses de cómo el Partido Popular Europeo en la Eurocámara y la Comisión Von der Leyen se saltan el cordón sanitario a la extrema derecha, torpedeando la tradicional alianza europeísta de democristianos, socialdemócratas y liberales, el bloque que acaparado cargos y esferas de poder a lo largo de décadas en las instituciones de la UE.
Von der Leyen vira a la extrema derecha
Regresando a los tiempos de Jean Claude Juncker, lejos quedan los enfrentamientos entre Estados miembros sobre la política migratoria, cuando la crisis de los refugiados que atravesaba Turquía y cruzaba el Mediterráneo obligó a la Comisión a buscar mecanismos de distribución de miles de sirios y afganos, y de decenas de miles personas en busca de asilo. Hoy, en Bruselas, el debate migratorio parece sedado.
El motivo, escribía Eddy Wax en las páginas de Euractiv, es “porque los Estados miembros calladamente han convergido en torno a una posición cada vez más dura”. Una coreografía de “desayunos migratorios previos a las Cumbres Europeas e intercambios de ideas bajo la atenta mirada de Ursula von der Leyen mientras ella toma cuidadosamente notas para futuras propuestas”, describe Wax.
Y así ha sido. En los últimos meses hemos visto la unión de un gobierno socialdemócrata, Dinamarca, junto a otro ultra, Italia, para pedir a la UE una rebaja en los estándares humanitarios a los migrantes, especialmente si han delinquido. O la propuesta oficial de la Comisión sobre centros de deportación fuera de la UE como los puestos en marcha por ese segundo país y cuestionados por su propia justicia. En materia migratoria, Bruselas ha virado desde el centro político hacia la derecha con el PP europeo como eje, que se beneficia de la mayor presencia de los ultras en capitales europeas (Budapest, Bratislava, Austria, Bruselas, La Haya y Roma) y en la Eurocámara.
La Comisión ha asumido esta criminalización de los migrantes o su expulsión fuera de territorio comunitario, propuestas tradicionales de la extrema derecha, igual que su agenda ha terminado por impregnar la reciente propuesta para los próximos presupuestos de la UE, el Marco Financiero Plurianual (MFF) de 2028-2034. Ese MFF recoge suprimir programas como el conservacionista LIFE, que ha financiado durante años la recuperación de especies como el lince ibérico, y aglutinarlos en una renacionalización de los fondos europeos según Planes Nacionales diseñados y gestionados por los gobiernos centrales, al margen de las orientaciones prediseñadas desde las instituciones comunitarias.
Sin duda, el aumento considerable de las inversiones militares propuesto por la Comisión en los próximos presupuestos de la UE es otra victoria de la alianza derecha-extrema derecha. Frente a los principios fundacionales de paz, solidaridad y desarrollo social, el proyecto comunitario vira hacia la remilitarización con un Fondo Europeo de Defensa que se multiplicará considerablemente hasta alcanzar, como mínimo, los 130.000 millones de euros a cambio de reducir ayudas para cohesión territorial, pesca y agricultura o protección medioambiental.
La muleta ultra en la Eurocámara
En el Parlamento Europeo, la creciente colaboración entre el Partido Popular Europeo y la extrema derecha es aún más evidente. Los populares pactaron con ECR, el grupo de Meloni, los ultracatólicos polacos o los derechistas flamencos, el reparto de las ponencias sobre la categoría de seguro para terceros países a los que deportar migrantes. Los primeros se quedaron con una y ECR con la otra, gracias a los votos de los grupos todavía más extremistas PfE, el de Orbán, Vox y Le Pen, y los soberanistas de ESN, liderados por los neonazis alemanes de AfD.
Fabienne Keller, coordinador del grupo liberal Renew, denuncia que “una vez más” el PP Europeo rompió “su principio de no cooperación total con la derecha radical”. “Es particularmente escandaloso”, lamenta el eurodiputado francés, “ver esta cooperación tan evidente en una cuestión tan compleja y sensible como la migración y el asilo”.
A lo largo de este 2025, los populares se apoyaron también en dos de esos tres grandes grupos de la Eurocámara en una materia sensible para España, el bloqueo a la presencia de las asociaciones de víctimas y familiares de afectados por la dana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Primero fue en marzo, cuando los populares españoles consiguieron que sus socios del resto de países se aliaran con legisladores de Giorgia Meloni, Viktor Orbán, los polacos ultracatólicos, el Partido de Libertad neerlandés de Geert Wilders o el derechista FPO austríaco. Mayoría suficiente contra el texto registrado y visto por infoLibre que pedía a la Eurocámara “exigir una investigación exhaustiva y transparente sobre la gestión de la crisis por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana”, “garantizar el cumplimiento de las normativas europeas de protección civil y derechos fundamentales en futuras situaciones de emergencia” e “instar al Gobierno Valenciano a proporcionar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades urgentes de las personas afectadas” por la Dana.
El mismo bloqueo volvió a suceder en junio, cuando las tres asociaciones de las victimas y afectados estaban en Bruselas presentando su situación a diferentes grupos parlamentarios. Mientras se reunían con representantes de Compromís, PSOE, comuns, ERC, BNG, PNV y hasta los jefes de los Verdes europeos, el PP aplicaba el rodillo de su mayoría con los ultras para denegar de nuevo la comparecencia en la Comisión de Peticiones.
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Esteban González Pons, líder del grupo popular español, les tuvo que “pedir disculpas si piensan que no hemos estado a la altura”, pero justificaba el voto de sus filas porque “si el título de la petición señala al culpable, no lo permitiremos”, demandando a las asociaciones de la dana una alternativa en la que “no se prejuzgue el resultado de la investigación” del Parlamento Europeo.
El rodillo derechista afecta también a los derechos de los mujeres. Este verano, los populares españoles no apoyaron en el Pleno las enmiendas en el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UE sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto legal y seguro. El texto salió adelante porque parte de los populares europeos sí lo votaron. Sobre la posición de las filas de Núñez Feijóo, la socialista Leire Pajín critica que están “más a la derecha que sus compañeros de partido en Europa” en “la tentación de unirse a la extrema derecha en el combate en contra de la Agenda 2030”.
Remilitarización, lucha contra las políticas medioambientales, negación de derechos a las mujeres o a los migrantes, bloqueo a plataformas ciudadanas... la agenda de la derecha y extrema derecha se impone en la UE y salta ya a cuestiones éticas básicas. Esta alianza ultra mantiene en el Parlamento Europeo el bloqueo permanente a crear un órgano ético que fije nuevos mínimos de transparencia. Y eso que se trata de una demanda común de las ocho instituciones comunitarias.
En noviembre de 2014, recién desembarcado en la presidencia de la Comisión, Jean Claude Juncker sufrió una moción de censura en el Parlamento Europeo. Ocurrió después de que un consorcio internacional de periodistas destapara los conocidos como LuxLeaks, acuerdos fiscales privilegiados entre la Hacienda luxemburguesa y numerosas multinacionales diseñados por la consultora PwC con los que atraer sedes europeas de empresas potentes como Fiat, Amazon, Starbucks o McDonald's a cambio de reducir considerablemente su factura de impuestos.