Bruselas romperá un tabú en pocas semanas cuando reciba a una delegación talibán, acabando con el aislamiento diplomático e internacional de ese gobierno desde que en 2021 los integristas islámicos asaltaron el poder en Afganistán y volvieron a aplicar su régimen de apartheid a las mujeres. La Comisión Europea y los ejecutivos de Bélgica y Suecia son los impulsores de un movimiento oculto durante semanas en la capital comunitaria hasta que finalmente ha estallado.
El ejecutivo liderado por Úrsula von der Leyen confirma ahora que los preparativos están en marcha después de un primer encuentro a principios de año en Kabul, que existen “contactos exploratorios” y que se discute la participación de algunos Estados miembros en unas conversaciones para las que todavía no hay formato oficial. Se descarta su celebración en instalaciones de las instituciones europeas.
Los portavoces de la Comisión explican que se “ha enviado una carta a las autoridades de facto de Afganistán para preguntarles sobre su disponibilidad para un encuentro a nivel técnico en Bruselas” y que “la UE tiene el mandato de mantener una relación operacional” con esos gobernantes, aunque la visita “no constituya de ninguna manera un reconocimiento”.
Suecia es uno de los impulsores de este acercamiento al régimen talibán. Pese al secretismo con el que se llevan las negociaciones para el encuentro a varias bandas, el gobierno sueco reconoce su papel en la iniciativa. Dirigido por un primer ministro conservador, “el país se unirá a la Comisión en la invitación a una delegación de Kabul para continuar el diálogo a nivel técnico en Bruselas”. Su ministro de migración está personalmente involucrado en la iniciativa.
Bélgica es el otro socio comunitario que trabaja en este movimiento diplomático. En enero, una delegación técnica de estos países y de funcionarios de la UE visitó la capital afgana y sentó las bases de las negociaciones a principio de junio en Bruselas. El papel de Bélgica es todavía más relevante, ya que ejercerá como país anfitrión del encuentro y debe ofrecer visados o permisos de estancia a la delegación talibán.
Si controvertida es la presencia de los talibán en Bruselas y el que vayan a sentarse en una misma mesa con diplomáticos y funcionarios europeos o de varios países, todavía lo es más el principal asunto que se abordará, facilitar la repatriación de migrantes afganos a su país, una iniciativa sobre la que llevan presionando desde hace meses numerosos gobiernos conservadores y de extrema derecha de la UE.
Deportaciones al régimen de los talibán
“Estamos también convencidos de que los retornos a países políticamente sensibles suponen desafíos que necesitan se afrontados completamente y de una manera coordinada”, reconocen dentro de la Comisión, “así que nos coordinamos con los Estados miembros”.
En el ejecutivo comunitario califican las deportaciones de migrantes en situación irregular como retornos y no entran en la controversia política de entregar eventualmente a miles de personas a un régimen dictatorial basado en la aplicación estricta de la sharia, que cercena los derechos de las mujeres hasta recluirlas en la oscurantismo. Una situación denunciada por el propio Tribunal de Justicia de la UE tras las consultas de cortes nacionales sobre la protección como refugiados que ofrecer a mujeres de ese país.
Desde el ECRE, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, Reshad Jalali denuncia que “es profundamente alarmante celebrar discusiones sobre la deportación de afganos a un Afganistán controlado por los talibán mientras la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra los líderes talibán y millones de afganos, especialmente mujeres y niñas, viven bajo una persecución institucionalizada”.
La alianza de 125 ONGs centradas en la defensa de los derechos humanos y la protección de las minorías, pertenecientes a 40 países europeos, ya había advertido sobre “la clara regresión para los estándares de los derechos fundamentales y el riesgo de erosionar los principios fundamentales de las normas de la UE” que supone la Regulación de Retorno impulsada por la Comisión Europea, recientemente aprobada dentro del Consejo con el voto en contra de España. Son estas nuevas normas migratorias las que legitiman ahora las conversaciones con el régimen talibán para deportar de la UE a miles de afganos.
Los países europeos dirigidos por gobiernos de derecha o extrema derecha llevan meses presionando en favor de este acercamiento a Kabul con fines migratorios. En octubre, veinte de estos gobiernos escribieron a la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, y al comisario de Migración, Magnus Brunner, apremiando en favor de una coordinación conjunta de toda la UE para deportar a criminales y migrantes en situación irregular de Afganistán. Entre sus argumentos, que en 2024 algo más de 22.000 afganos habían recibido órdenes de expulsión y sólo 435 habían vuelto a su país, un porcentaje de apenas el 2%.
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“La organización de retornos voluntarios y forzosos a Afganistán es un desafío común europeo que requiere de una respuesta coherente y colectiva. Es, por lo tanto, esencial que la Unión Europea afronte esta cuestión”, demandaron los veinte países. Tras varios meses de presiones y la visita exprés en enero de funcionarios de la Comisión y belgas, ahora el ejecutivo de Von der Leyen finalmente accede a las demandas de gobiernos populares y ultras, sin prestar atención a las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres y las niñas, que practican los talibán, recogidas incluso por la justicia europea.
El TJUE sentenció ya en octubre de 2024 que las medidas de los integristas islámicos afganos, sistemáticas, discriminatorias y restrictivas contra las mujeres de su país constituyen “actos de persecución”, según las normas de asilo comunitarias, abriendo la posibilidad de que los Estados miembros pudiesen considerar a toda esa población como susceptibles de obtener el estatus de refugiado por los “matrimonios forzados, que son comparables a una forma de esclavitud”, o “la falta de protección ante la violencia de género y la violencia doméstica, que constituyen formas de trato degradante e inhumano”.
Haciendo caso omiso a esta sentencia, países como Alemania, Austria, Suecia o Bélgica llevan ya más de dos años deportando a ciudadanos afganos. Desde 2024, Berlín ha expulsado a más de cien de estas personas bajo la premisa de que están sujetos a cargos criminales, empleando vuelos facilitados por Qatar. Afganistán ocupa, tras Argelia, Marruecos y Turquía, el cuarto país a donde más personas se han deportado durante los dos últimos años en la UE, según los datos de Eurostat.
Bruselas romperá un tabú en pocas semanas cuando reciba a una delegación talibán, acabando con el aislamiento diplomático e internacional de ese gobierno desde que en 2021 los integristas islámicos asaltaron el poder en Afganistán y volvieron a aplicar su régimen de apartheid a las mujeres. La Comisión Europea y los ejecutivos de Bélgica y Suecia son los impulsores de un movimiento oculto durante semanas en la capital comunitaria hasta que finalmente ha estallado.