El Pacto Verde europeo vuelve a recibir una estocada, pequeña, ligera, pero que se suma a las recientes y sucesivas que están cayendo en Bruselas desde la Comisión y el Parlamento Europeo para rebajar la ambición con la que la UE emprendió hace un lustro su lucha contra el cambio climático.
Los ministros de Medio Ambiente de los 27, reunidos durante casi 24 horas y con negociaciones que se adentraron en la madrugada, finalmente pactaron mantener el objetivo del 90% en la reducción de las emisiones de CO₂ para 2040, pero introduciendo medidas de flexibilidad y revisiones temporales que aguarán esa cifra, y con una meta intermedia variable en 2035, en una horquilla de entre el 66,25% y el 72,5 %. El acuerdo tendrá que ser aprobado también por la Comisión y la Eurocámara, lo que en principio no parece difícil.
La decisión del Consejo de Medio Ambiente se suma a otras más recientes como los diferentes paquetes legislativos Omnibus planteados por el Ejecutivo comunitario que, bajo la pátina de simplificación normativa y reducción burocrática, están rebajando las exigencias a cumplir por las grandes empresas en materia medioambiental. O al debate abierto sobre levantar la prohibición de vender nuevos coches con motores de combustión en 2035, una medida por la que empujan con fuerza Alemania e Italia, defendiendo los intereses de sus importantes industrias automovilísticas, y que sólo en la última reunión ministerial países como España consiguieron frenar.
El encuentro de hace dos semanas ya marcó la deriva de menor ambición climática que gana terreno en la Unión Europea desde hace meses, no sólo protagonizada por Hungría, Eslovaquia o Polonia. Roma y Berlín habían enviado una carta a la Comisión exigiendo literalmente “un cambio de rumbo para el sector de la automoción, inmediatamente” que pasaría por levantar la prohibición futura a los motores de gasolina y diésel.
París y Madrid hicieron frente común al órdago italo-germano. Una fuente diplomática explicó a infoLibre que “España está inmersa en un proceso de sustitución de sus fuentes energéticas por energía renovable y por la electrificación de la demanda” y que “no es partidaria de rebajar la ambición de la descarbonización del sector del transporte, una pieza clave para el cumplimiento de los objetivos climáticos”. Aunque no iba en la agenda oficial, el debate sobre los coches estuvo presente y España y Francia lanzaron su contraofensiva con un documento privado de discusión, visto por este medio, en el que exigían “no poner en cuestión” el objetivo de cero emisiones en los nuevos coches y furgonetas vendidas a partir de 2035 porque “el futuro de la industria automovilística europea será eléctrico”.
El sector del motor representa un 15% de las emisiones de CO₂ de la Unión, así que rebajar sus exigencias impediría cumplir con el 90% de reducción de esos gases para 2040. La victoria temporal es española y francesa, pero la semilla del cuestionamiento climático desde postulados de competitividad industrial quedó plantada por la primera y la tercera potencia de la UE como se ha visto en la reunión ministerial de Medio Ambiente de esta semana. Ya no sólo son el húngaro Viktor Orbán y sus aliados.
Menor ambición para acabar con el CO₂ en la atmósfera
Este miércoles los ministros de Medio Ambiente aprobaron por mayoría, no por unanimidad ya que Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia votaron en contra y hubo otras dos abstenciones, enmiendas a la ley climática europea que fijaba ese 90% de reducción de gases de CO₂ para 2040 con flexibilidad y medidas transitorias. El objetivo sigue siendo, dicen en el Consejo Europeo, “alcanzar la neutralidad climática en 2050”, con una meta intermedia para 2035 de entre el 66,25% y el 72,5 % de las emisiones respecto a 1990.
Los países de la Unión podrán rebajarse un 5% el objetivo de una menor expulsión de gases contaminantes a la atmósfera comprando con fondos europeos derechos de emisión de CO₂ de terceros Estados. Así que, al final, un Estado miembro podrá aplicar una reducción real en el objetivo de sus emisiones. Fue Italia quien presionó en favor de esa compensación internacional, operaciones de compra que podrán empezar la próxima década.
En Bruselas el malestar ya se hace notar en la Eurocámara. El grupo parlamentario de Los Verdes denuncia “el giro en la protección climática e inversiones cercanas a 100.000 millones de euros a países fuera de la UE, lo que significará que faltará dinero para inversiones dentro de la UE”. Así lo critica Lena Schilling, ponente en el Comité de Medio Ambiente, quien tras la reunión del Consejo asegura que “finalmente la tragedia ha terminado” y “falta ambición, claridad y compromiso en la protección climática”. Austria, país de origen de la eurodiputada, es otro de los Estados Miembros cuyo gobierno presionó en favor de la flexibilidad.
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Críticas no compartidas por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien califica de “ambición y gran avance” lo pactado en Bruselas. “El objetivo del 90% es vinculante y queda claramente definido”, insiste Aagesen, quien justifica que las clausulas de revisión introducidas “no son negativas” y que “en pro de la competitividad todo puede ser sujeto a revisión, pero también para más ambición”.
Es otra de las flexibilidades acordadas por los 27: los objetivos finales de 2040 se revisarán periódicamente. Y se pospone hasta 2028, un ejercicio más tarde, por exigencia de Polonia, la entrada en vigor del sistema de intercambio de permisión de emisión, ETS, para la construcción y el transporte en carretera, lo que encarecería la contaminación emitida de esos sectores. “Algunos ajustes”, explican desde el Consejo, "para reflejar las preocupaciones sobre la competitividad de la UE y la necesidad de una transición justa y socialmente equilibrada”.
La puerta para que varios gobiernos presionen en un futuro en favor de más rebajas a la ambición ecológica está abierta. Es lo que está sucediendo en la Unión Europea y en Bruselas desde hace meses. A Polonia, Hungría o la República Checa ya se les suman Italia, Alemania, Austria y la misma Francia con el argumento de no penalizar a sus industrias, agricultores y ganaderos y que sus ciudadanos no paguen la factura de la lucha contra el cambio climático.
El Pacto Verde europeo vuelve a recibir una estocada, pequeña, ligera, pero que se suma a las recientes y sucesivas que están cayendo en Bruselas desde la Comisión y el Parlamento Europeo para rebajar la ambición con la que la UE emprendió hace un lustro su lucha contra el cambio climático.