Un año después de la gran explosión, los libaneses piden justicia en las calles

“No hay nada que pueda devolverme a mi hermano, pero al menos quiero que la verdad salga a la luz”, dice Chadi Dougham. Su hermano Mohamad trabajaba en la terminal de contenedores y es una de las 218 víctimas de la terrible explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que causó más de 6.500 heridos y arrasó parte de la ciudad.

Como Chadi, decenas de miles de libaneses portando fotos de familiares desparecidos, rosas blancas en signo de duelo o pancartas con eslóganes contra los responsables políticos acusados de entorpecer la investigación, desfilaron el pasado miércoles, un año después de la catástrofe, para reclamar justicia. A principios de la tarde se reunieron en el puerto varias marchas para mantener un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Pero el recogimiento pronto se convirtió en cólera cuando los manifestantes se dirigieron hacia el centro de Beirut y el Parlamento. Hubo choques entre manifestantes y fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua a las piedras de los primeros. Según la Cruz Roja libanesa, los enfrentamientos provocaron ocho heridos graves, llevados al hospital, y cuarenta y cinco leves que fueron atendidos sobre la marcha.

Nadim El Khoury, dentista de 28 años herido en la explosión, comparte la rabia de los manifestantes: “Cada día que pasa sin que se haga justicia es como matar a las víctimas de nuevo”. La investigación, que se abrió el 13 de agosto de 2020, tras la catástrofe provocada por la explosión de una parte del stock de 2.750 toneladas de nitrato de amonio presente en el puerto de Beirut desde 2014, está estancada. Hasta ahora no ha habido resolución alguna.

En la actualidad solo se están ocupando del caso un juez de instrucción y cuatro jueces en prácticas, según un informe de Human Rights Watch (HWR) publicado el 3 de agosto. Por falta de recursos, la investigación se está enfocando solo en una de las tres partes del drama, la de la responsabilidad derivada del almacenamiento durante seis años de esta sustancia altamente explosiva en un hangar con fallas de seguridad y en mitad de una zona densamente poblada.

Las otras dos partes de la investigación, relegadas a un segundo plano, son las circunstancias de la llegada del nitrato de amonio al puerto, a bordo de un barco con bandera moldava, el Rhosus, y por qué se produjo la explosión.

Responsables intocables

A pesar de lo reducido del campo de investigación, hasta ahora no se ha llegado a ninguna conclusión. El primer juez de instrucción del caso, Fadi Sawan, provocó una sorpresa en diciembre de 2020 al anunciar la imputación por negligencia de tres ex ministros, el de Finanzas, el de Transportes y el de Obras Públicas, así como la del primer ministro interino Hassan Diab. Todos habían sido informados a través de diferentes informes de la presencia de nitrato de amonio en el puerto y ninguno de ellos tomó las medidas necesarias para proteger la población.

Pero las acusaciones provocaron un blindaje general. Dos de las personalidades imputadas son actualmente miembros del Parlamento y el juez Fadi Sawan ha sido acusado de no respetar la inmunidad parlamentaria de los diputados. Por su parte, el ex primer ministro solo podría ser juzgado por un Consejo Supremo, un paso, algo inédito en la historia del país, que necesita la aprobación de dos tercios del Parlamento. Un argumento contestado por la asociación de jueces y el colegio de abogados de Beirut.

Los cuatro responsables, apoyados por un buen número de políticos, se han negado a ser interrogados. El Tribunal de Casación, al que han recurrido dos diputados, dio razón a los parlamentarios en febrero. El alto órgano jurisdiccional también ha puesto en entredicho la neutralidad del juez porque su vivienda es uno los 300.000 alojamientos afectados por la explosión. La primera partida la ganan por ahora los responsables políticos: Fadi Sawan fue separado del caso en febrero de 2021.

El nuevo juez instructor, Tarek Bitar, nombrado rápidamente para sustituir a Sawan, se está encontrando con las mismas dificultades y ha ido incluso más lejos que su predecesor al implicar el pasado mes de julio al poderoso director de seguridad general, Abbas Ibrahim, que se añade a las personalidades imputadas anteriormente. El jefe del servicio de inteligencia libanés ya había escrito en 2014 a diferentes responsables para advertirles de la presencia de una “substancia extremadamente peligrosa” embarcada en el Rhosus. Ahora bien, afirma que no se enteró hasta 2020 de que la mercancía había sido descargada en el hangar. Así todo, la solicitud del juez se ha encontrado ya con dos rechazos, el del ministro del Interior y luego, en vía de recurso, el del Tribunal de Casación.

Por su parte, el parlamentario y ex ministro del interior Nouhad Machnouk ha sido imputado por “supuesto intento de homicidio” y por “neglicencia”, lo mismo que los demás ministros encausados. El juez Tarek Bitar está ahora esperando la respuesta del Parlamento a su petición de levantamiento de inmunidad de los diputados involucrados. Es una petición ampliamente respaldada por la masa de manifestantes del 4 de agosto: “No hay inmunidad frente a la sangre derramada. Nadie está por encima de la ley. Si fuéramos un país normal, habrían dimitido todos, pero estamos en un país sin honor, dirigido por criminales y corruptos”, exclama Chadi Dougham.

Para HRW, la responsabilidad de las autoridades libanesas en la gestión de carga del barco es incontestable. De ella se deriva, según la ley, como mínimo una “negligencia criminal” y como máximo un “homicidio con intención de homicidio involuntario”, como puede leerse en el informe citado.

Pero, ante los obstáculos a que se enfrenta el juez instructor y en un país donde el sistema judicial tiene la reputación de estar sometido al poder político, muchos libaneses y ONG internacionales de defensa de derechos humanos reclaman la creación de una comisión de investigación internacional independiente dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El presidente de la República Libanesa, Michel Aoun, ya se mostró en contra en agosto de 2020.

Por su parte, Chadi Dougham se muestra escéptico: “Las investigaciones internacionales no funcionan; ya lo hemos visto en el Tribunal Especial para el Líbano (TSL), encargado de juzgar a los responsables del asesinato del primer ministro libanés Rafic Hariri. La investigación duró más de diez años y sólo fue condenada una persona”. Él prefiere por el momento depositar su confianza en la persona de Tarek Bitar: “Cuando me vio me dijo que la sangre de mi hermano era como la de su propio hijo”.

Traducción: Miguel López

Leer el texto en francés: