En el verano de 2019, BNP Paribas anunció su decisión de romper relaciones con un sector muy criticado en Estados Unidos: las empresas de gestión de prisiones privadas. El periódico belga De Standaard reveló entonces que varios bancos habían prestado 600 millones de dólares al grupo Geo, encargado por la Casa Blanca de la detención de migrantes sin papeles. BNP aportó 43 millones de dólares.
En aquel momento, el presidente Trump acababa de aplicar una cruel política de separación de familias, conocida como “de tolerancia cero”, que había generado un amplio movimiento de boicot, en el que se instaba a los grandes bancos a distanciarse de las prisiones del ICE (la policía federal de inmigración) y, por tanto, de los grupos Geo y Corecivic, acusados de mantener a los migrantes en condiciones de detención inhumanas.
En un comunicado, el mayor banco francés prometía, ya desde el primer mandato de Trump, “no comprometerse en nuevas líneas de financiación en este sector”.
Sin embargo, según la investigación de Mediapart, el BNP no mantuvo mucho tiempo esas buenas intenciones. Tras la elección de Trump, el mayor banco francés y otros inversores galos intentaron obtener beneficios en bolsa apostando masivamente por los resultados de Geo en 2025. Entre esos inversores se encontraba Capital Fund Management (CFM), uno de los principales fondos de inversión franceses. Entre BNP y CFM apostaron varios millones de dólares.
Estos inversores no son los únicos que han apostado por el 'efecto Trump'. En Wall Street, el valor de las acciones del grupo Geo se disparó más de un 40 % a finales de 2024, tras su reelección. Era de esperar: el candidato republicano había convertido la inmigración en el eje central de su última campaña presidencial. Pero, al final, las plusvalías no se materializaron en la medida esperada.
Por otra parte, según los datos presentados en Estados Unidos por el BNP y otros inversores franceses ante el “guardián” de la Bolsa, la Securities and Exchange Commission (SEC), el BNP también desempeñó en 2025 un papel de facilitador ante un importante acreedor del grupo Geo. El banco también prestó, de forma ocasional, dinero a Geo a través de bonos gestionados por una de sus filiales de gestión de activos.
Al ser consultados, ni BNP Paribas ni Capital Fund Management han querido comentar sus operaciones, aunque plantean interrogantes: BNP Paribas afirmaba públicamente en 2019 que quería “garantizar” una “concordancia” entre sus políticas internas y las “prácticas” de sus clientes.
Una oportunidad de oro
Volvamos a finales de 2024. Para el grupo Geo, la llegada de Trump es una oportunidad de oro. Stephen Miller, influyente asesor de la Casa Blanca y artífice de la política anti inmigración del Gobierno, no lo oculta: pretende expulsar, a largo plazo, a un millón de extranjeros cada año. Necesita camas. George Zoley, director general de Geo, se felicita con cada nuevo contrato firmado: “Es una oportunidad sin precedentes para ayudar al Gobierno federal a alcanzar sus prioridades”.
Los primeros contratos no tardan en llegar. En febrero de 2025, apenas unos días después de la toma de posesión de Trump en Washington, Geo anuncia la reapertura del Delaney Hall (1.000 camas). Este centro de detención de Newark (Nueva Jersey) pretende ser un engranaje estratégico en la maquinaria del Gobierno: se supone que acogerá a los migrantes detenidos por el ICE en la región de Nueva York. De los 500.000 inmigrantes detenidos por el ICE en 2025, casi todos acabaron en un centro propiedad de Geo o de su principal competidor, Corecivic.
A pesar de las quejas recurrentes, Geo (que gestiona diecinueve centros de detención para el ICE) y Corecivic (que gestiona al menos una decena) registrarán una facturación colosal en 2025. Casi 5 mil millones de dólares (4,3 mil millones de euros) en total.
En la bolsa, los inversores no han pasado por alto estas apetecibles perspectivas financieras. BNP Paribas, por ejemplo. Justo tras la reelección de Trump, a finales de 2024, el banco francés compró un gran volumen de acciones de Geo (alrededor de cien mil). “La idea es comprar las acciones a un precio bajo y revenderlas a un precio alto”, resume Bianca Tylek, una exbanquera que ahora investiga sobre la industria penitenciaria estadounidense.
Para BNP y el resto de inversores, estos títulos pueden, en efecto, generar beneficios gracias a las plusvalías. También pueden dar lugar al pago de dividendos. Estas compras de títulos también podrían haber beneficiado a Geo, al aumentar su capitalización bursátil. Pero, finalmente, la cotización de la acción no dejará de bajar en 2025.
Si a principios de año rondaba los 30 dólares, a finales del tercer trimestre había caído a 20 dólares. BNP y CFM, el fondo francés, parecen, por tanto, tener prisa por vender. De las 350.000 acciones que poseía en el primer trimestre, el banco ya solo tenía 223.000 en el segundo, y luego ninguna en el tercero.
Por su parte, Capital Fund Management compró o gestionó 400.000 acciones de Geo al inicio de la presidencia de Trump, en un momento en que empezaban a dispararse las detenciones de inmigrantes (con o sin papeles). Tres meses más tarde, se produce de nuevo una reducción drástica: CFM vende prácticamente la mitad. A día de hoy ya no le queda ninguna.
En la actualidad, la participación de BNP Paribas en el capital de Geo se estima en algo menos de un millón de dólares (es decir, menos de 35.000 acciones). Los demás bancos franceses, Natixis y Crédit Agricole, poseen o gestionan relativamente pocas acciones en el sector, pero Crédit Agricole ha invertido más de 2 millones de dólares en la deuda del grupo Caci, un proveedor de servicios al que el ICE ha adjudicado recientemente contratos por valor de más de 69 millones de dólares para suministrarle sistemas de comunicación.
El Crédit Agricole precisa a Mediapart que no posee acciones de prisiones privadas “por cuenta propia”. “Amundi, filial del grupo”, añade, “ha excluido esos valores del universo de inversión de sus fondos de gestión activa y de sus ETF ESG [fondos cotizados de inversión socialmente responsable – ndr].”
Corredor de bolsa
BNP Paribas también ayudó a Geo a obtener financiación, tanto directa como indirectamente. De hecho, en 2025 recibió algo más de 266.000 dólares en comisiones por actuar como corredor de bolsa, es decir, por facilitar las transacciones de un fondo de inversión colectiva, el Lord Abbett Bond Debenture Fund, que posee —entre otros— 50 millones de dólares en bonos emitidos por Geo y Corecivic.
Para Lord Abbett, una gran sociedad de gestión de activos, esos 50 millones no son más que una gota de agua en una cartera diversificada de inversiones, pero para Geo y Corecivic, esos bonos (títulos representativos de una deuda) son esenciales: emitir deuda “permite obtener capital a un tipo de interés más bajo”, recuerda a Mediapart el profesor de finanzas Matthew Ross, de la Western Michigan University.
Además, al adquirir la gestora de activos AXA Investment Manager, el propio BNP Paribas ha adquirido deuda emitida por Geo. Las cantidades en cuestión, algo menos de 100.000 dólares, son insignificantes en comparación con los millones que se mueven en el sector. Pero también en este caso ponen en duda los compromisos reales de BNP Paribas. Sobre todo porque los datos de acceso público no permiten cuantificar el conjunto de las inversiones realizadas en Geo o Corecivic.
A medida que se acercan las elecciones de medio mandato, la Administración Trump parece haber cambiado de estrategia. Los representantes conservadores deben ahora evitar la expresión ‘expulsión masiva’
El grupo Geo indica, a través de un portavoz, que está “orgulloso del papel que ha desempeñado durante cuarenta años para apoyar la misión del ICE. […] Nuestros servicios de apoyo son supervisados por el ICE, incluido el personal de la agencia presente in situ”.
“Los servicios de apoyo [a los migrantes] prestados por Geo”, añade el portavoz, “incluyen acceso a atención médica veinticuatro horas, visitas […], acceso a bibliotecas generales y jurídicas, servicios de traducción, comidas supervisadas por un dietista (respetando las dietas religiosas y específicas), así como instalaciones de ocio y la posibilidad de practicar [su] religión.”
Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, Stephen Miller y la Administración Trump parecen haber cambiado de estrategia. Los políticos conservadores en campaña deben ahora evitar la expresión “expulsión masiva”. La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis ha marcado profundamente a la opinión pública.
La Administración persigue ahora a los migrantes de forma discreta, cortándoles el acceso a todo tipo de servicios federales: la asistencia sanitaria a través de clínicas públicas, el acceso a la vivienda, a los permisos de trabajo, etc. Por su parte, Geo y Corecivic están presionando al Congreso para que los bancos dejen de excluirlos. De hecho, algunos, como Wells Fargo, están volviendo a trabajar con ellos.
La hoja de ruta de la ultraderecha para edificar un ICE europeo
A principios de junio de 2026, en las celdas del Delaney Hall, varias decenas de migrantes detenidos realizaban una huelga de hambre para denunciar sus condiciones de detención. Era “horrible, horrible”, cuenta una ex inmigrante sin papeles que estuvo en una prisión gestionada por el grupo Geo.
También se acaba de nombrar a un nuevo director financiero en Geo. El agraciado, un tal Shayn March, recibió su ascenso en abril. Algunos lo conocen bien en París: Shayn March fue empleado de BNP Paribas.
Traducción de Miguel López
En el verano de 2019, BNP Paribas anunció su decisión de romper relaciones con un sector muy criticado en Estados Unidos: las empresas de gestión de prisiones privadas. El periódico belga De Standaard reveló entonces que varios bancos habían prestado 600 millones de dólares al grupo Geo, encargado por la Casa Blanca de la detención de migrantes sin papeles. BNP aportó 43 millones de dólares.