Las cárceles de Ecuador se han convertido en base de operaciones del narco
Guayaquil (Ecuador). La indignación no cesa. En la carretera de Daule, frente a la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil, conocida como "la Peni", se han reunido unos cincuenta familiares de presos para manifestar su descontento.
"Queremos información", corea la pequeña multitud frente a militares y policías impasibles. Al parecer, han sido asesinadas tres personas en los últimos días, sin que nadie tenga información sobre la identidad de las víctimas. “No hay justicia para los pobres, sólo para los millonarios", grita Mónica, de 36 años. “Detuvieron a mi hijo injustamente y me pidieron que pagara 3.000 dólares para sacarlo. Trabajo en una camaronera [una embarcación pesquera], ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? No puedo pagar la extorsión".
Su hijo, de sólo 19 años, que está acusado de consumo y tráfico de drogas, lleva dos años pudriéndose en una de las celdas de la prisión. Ella afirma que fue un error, que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Las familias están preocupadas por la diferencia de trato entre las personas privadas de libertad. “Tengo que pagar 100 dólares más si quiero que mi hijo tenga un colchón en su celda", dice Mónica, sollozando. “Los miembros de las bandas extorsionan a otros presos, ¡pero la policía también! Nos hacen pagar por todo". Señala a los representantes de las fuerzas del orden y los maldice.
Se han suspendido las visitas. Junto a Mónica, Mary nos muestra imágenes de un vídeo de jóvenes magullados: "Somos mujeres, madres, esposas, hermanas, seres humanos, no pedimos nada, sólo justicia. Queremos que den comida y agua a los presos, y que podamos verlos. No sé nada de mi hijo. ¿Está vivo? ¿Está muerto? Necesito saber qué es de él.”
Su hijo, de 20 años, cumple una condena de trece años, también por consumo y tráfico de drogas. En las celdas superpobladas, cada persona que ingresa en prisión parece ser un contribuyente más para los grupos criminales. Un plato de comida puede costar hasta 15 dólares, según Mary, lo que representa un sacrificio económico para las familias, que se ven obligadas a pagar.
Durante todo el mes de enero, las cárceles del país han sido escenario de motines y secuestros, desde que el líder de los Choneros (cártel ecuatoriano de la droga con sede en la ciudad de Chone), Adolfo Macías alias Fito, se fugó del pabellón número 8 de la prisión regional de Guayaquil. Estallaron motines en al menos cuatro prisiones, y fueron tomados como rehenes más de 201 guardias, luego liberados tras una gran operación militar en varios establecimientos.
Pocos días después, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de "conflicto interno" y dotó de medios letales a los 25.000 soldados desplegados. En su búsqueda de Fito, también se les ha encomendado librar una guerra contra las 22 bandas que ahora, tras la firma del Decreto Presidencial 111, son consideradas organizaciones terroristas.
Una ola de violencia
Desde entonces, se celebran manifestaciones pacíficas de familiares de presos cada quince días. Mónica, Mary y las demás mujeres presentes temen que sus hijos o maridos formen parte de las víctimas colaterales del estallido de violencia en las cárceles. Provistas de globos blancos y carteles, intentan bloquear la carretera. Los soldados no tardan en rodearlas e incluso les lanzan gases lacrimógenos.
Nuestros hijos entran en la cárcel como ladrones y salen como sicarios.
Miembros del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Padres por la Justicia Penitenciaria estuvieron presentes y filmaron toda la escena. Entre ellos, Ana Morales, portavoz de este último: "Nuestros familiares no tienen ningún vínculo con organizaciones criminales. Son extorsionados y torturados por bandas organizadas. Ya hemos visto cómo mataban a algunos de nuestros hijos en 2021, así que sabemos cómo actúan. Estamos luchando para que se respeten los derechos humanos y el derecho a la reinserción social y a la rehabilitación".
El año 2021 al que se refiere Ana Morales fue el más mortífero de la historia penitenciaria de Ecuador. Fueron asesinadas más de 300 personas durante motines de una brutalidad inusitada, de un total de más de 500 desde 2019.
El más sangriento tuvo lugar el 28 de septiembre, cuando murieron al menos 119 reclusos, entre ellos seis decapitados, en un enfrentamiento entre bandas rivales armadas con granadas y fusiles. El hijo de Ana Morales fue una de las víctimas. Tenía 23 años. "Me devolvieron su cuerpo en buen estado, estaba entero. No es el caso de todos", dice con la voz quebrada, antes de comenzar a contar su historia.
Los presos más pobres, carne de cañón para las bandas
Tras la pandemia de Covid-19, su familia se encontraba en una situación económica desesperada. Una encuesta de la Universidad Central de Ecuador reveló que, durante ese periodo, el 30% de los hogares había visto cómo un miembro de la familia se quedaba sin trabajo.
Su nuera estaba a punto de dar a luz. El hijo de Ana Morales no tenía dinero para pagar los gastos de hospital, así que intentó robar un teléfono móvil. “No tenía experiencia en robos", suspira, agotada. “Le cayeron tres años porque supuestamente llevaba un arma, lo que empeora la situación. Estoy segura de que fue el policía quien la puso ahí". Una de sus principales reivindicaciones se refiere a la separación de los presos. "Nuestros hijos entran en prisión como ladrones y salen como sicarios", afirma.
Estos comentarios son confirmados por Glaeldys González, analista para la región andina del think-tank Crisis Group: "Llegan por delitos menores, no relacionados con drogas, y les meten en celdas donde los grupos ya están bien establecidos. Se ven obligados a aceptar esa dominación para sobrevivir. Y cuando finalmente salen, la relación con el grupo continúa. Estos expresos son utilizados como carne de cañón". Las celdas son una importante cantera de reclutamiento para los grupos, que consolidan aún más su poder.
Las cárceles ecuatorianas se han convertido poco a poco en centros de operaciones de los narcotraficantes. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció "niveles de violencia y corrupción sin precedentes, en respuesta al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado".
Sin embargo, unos años antes, Rafael Correa, el popular presidente populista de izquierdas entre 2007 y 2017, había celebrado el descenso de la violencia, gracias a una serie de reformas: la creación de un Ministerio de Justicia, el desarrollo de la policía de proximidad y la duplicación del presupuesto para seguridad ciudadana y prevención del delito.
Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos, ve 2014 como un punto de inflexión: "Hubo una especie de campaña dedicada a fortalecer y modernizar el sistema penitenciario, respondiendo a un enfoque punitivo que se estaba extendiendo por toda América Latina, influenciado por Estados Unidos. La idea era crear grandes cárceles para mejorar la seguridad, aumentar las penas y eliminar a las organizaciones de derechos humanos que iban allí a impartir talleres de rehabilitación".
El complejo carcelario de Guayaquil, que fue demolido y reconstruido en 2015, forma parte de este programa, y se cree que es el más grande del país. Posteriormente, la policía aprovechó para realizar labores de inteligencia para el Estado. "Los choneros jugaron un papel clave en esto, ya que trabajaron junto con la policía para denunciar a otras bandas, al mismo tiempo que se aseguraban un grado de protección para ellos mismos", continúa Fernando Bastias.
Al mismo tiempo, se ha disparado el número de presos debido al espectacular crecimiento del narcotráfico. La población reclusa ha pasado de 11.000 personas en 2009 a casi 40.000 en 2021 y 31.300 en 2023. Al menos 11.000 reclusos pertenecen a una organización criminal.
Fragmentación del mundo criminal
"Desde 2019, el gobierno de Lenín Moreno reconoció que había una crisis y movilizó al Ejército para desarticular los grupos dentro de las cárceles. Trasladaron a los líderes, pero solo se consiguió el efecto contrario. Las bandas simplemente extendieron su dominio y presencia a otras prisiones. Eso aumentó la violencia porque persistía el hacinamiento, lo que llevó a una mayor fragmentación del mundo criminal", observa Glaeldys González.
Si bien la Peni de Guayaquil parece ser uno de los lugares de privación de libertad mejor organizados, donde cada banda tiene su espacio definido, no necesariamente es así en otros lugares. La mayoría de los asesinatos ocurridos desde el 2019 están vinculados a conflictos por el control del territorio carcelario.
Los guardias de prisiones corruptos permiten la circulación de armas y drogas. Andrés (no quiere dar su apellido) trabaja para el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (Snai). “Cuando se permite que las bandas criminales ejerzan hegemonía en espacios donde el Estado debería tener el control", explica, "ya hay un problema de seguridad. Cuando les permites apoderarse de más terreno hasta el punto de que pueden tener un impacto fuera de la prisión, tienes una escalada de violencia como la que conocemos hoy en día".
En los últimos años ha habido numerosos casos de contrabando de armas en los que se han visto implicadas las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Ya en 2015, la Fiscalía General del país publicó un informe en el que estimaba que las armas robadas de los arsenales oficiales eran una de las principales fuentes de este tráfico en Ecuador.
"Se han convertido en centros de operaciones criminales porque es ahí donde se coordinan los ataques y las extorsiones, y todos cuentan con armas que son posibles gracias a prácticas de corrupción pocas veces alcanzadas. Las bandas están tan organizadas y gozan de tanto poder que son capaces de frenar decisiones relativas a la seguridad del Estado", continúa Andrés, refiriéndose a la fuga de Fito.
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En su opinión, el hombre más buscado del país se esfumó para evitar su traslado a una celda de máxima seguridad. Sin duda, con la complicidad de sus guardias.
Traducción de Miguel López
