Contra la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, por el derecho a la información
“La democracia muere en la oscuridad": este eslogan, con su llamamiento a la vigilancia, adoptado por The Washington Post en 2017 durante la presidencia de Donald Trump, debería estar resonando en los oídos de Joe Biden estos días. Especialmente desde la muerte en Rusia de Alekséi Navalny, el conocido opositor político a Vladimir Putin, en una remota colonia penitenciaria del Ártico, donde cumplía una condena de 19 años.
Este martes 20 y mañana miércoles 21 de febrero se examina el último recurso de Julian Assange ante la justicia británica, para evitar su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una pena de hasta 175 años de cárcel, debemos seguir recordando que el calvario del fundador de WikiLeaks, encerrado desde hace doce años, es también el de un doble principio: el derecho a informar y el derecho a ser informado.
Este calvario se debe a la duración del proceso judicial, a la gravedad de los cargos que se le imputan y a las duras condiciones de reclusión a las que está sometido. A Julian Assange le montaron una encerrona cuatro años después de la creación en 2006 de WikiLeaks, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro cuya misión era hacer públicos, de forma anónima y segura para sus fuentes, documentos de interés general que en un principio no se pretendían revelar.
La publicación en 2010 de un vídeo y casi 400.000 informes militares que documentaban los abusos de Estados Unidos en Irak y Afganistán causó un gran estruendo. A ello se sumó la divulgación de 251.000 despachos diplomáticos enviados al Departamento de Estado en los que se detallaban cincuenta años de relaciones diplomáticas estadounidenses en todo el mundo.
La Casa Blanca entró en cólera: estas filtraciones masivas no sólo revelan los fallos tecnológicos de la primera potencia mundial, incapaz de proteger sus datos sensibles, sino que también arrojan luz sobre sus mentiras, sus componendas y sus violaciones del derecho internacional. Las autoridades americanas, furiosas por verse así expuestas, abrieron inmediatamente una investigación por "espionaje" contra WikiLeaks y buscaron activamente a su fundador, designado enemigo público número uno.
La audiencia de la última oportunidad
Comienza la caza del hombre. Tras ser puesto en libertad condicional durante dos años en el Reino Unido, en junio de 2012 Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió siete años en un espacio confinado, para luego ser encarcelado en abril de 2019 de forma preventiva en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de la capital británica.
Desde entonces, permanece incomunicado en esa prisión diseñada para terroristas y miembros de grupos vinculados al crimen organizado. En mayo de ese mismo año, habiendo sido elegido Donald Trump como Presidente, la justicia estadounidense se lanza a por él: es acusado de "espionaje" por Estados Unidos, donde corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua.
A continuación se interponen una serie de recursos para evitar su extradición, desestimados uno tras otro. Este último recurso ante el Tribunal Supremo británico es, en otras palabras, la última oportunidad para un hombre que ha hecho más que nadie por poner de relieve el potencial democrático de la revolución digital.
Al final de estos dos días, hay dos resultados posibles: o los jueces estiman formalmente este recurso, y la batalla legal continúa, o se lo deniegan, y le cae encima la espada de Damocles.
Según su esposa Stella Assange, no habría ningún obstáculo para su extradición inmediata. En efecto, tendría la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero como éste no tendría efecto suspensivo, no impediría su entrega a Estados Unidos. Sin embargo, como señala Nicolas Hervieu, abogado especializado en libertades y profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de París, es probable que el TEDH responda rápidamente, al menos para pedir explicaciones y suspender la ejecución de la deportación.
Un ataque al derecho a saber
Mediapart, a través de sus compromisos editoriales, es particularmente sensible a la lucha de Julian Assange y recientemente tomó la iniciativa de un llamamiento, en forma de reclamación a Joe Biden, firmado también por nuestros colegas de Der Spiegel (Alemania), Il Fatto Quotidiano (Italia) e InfoLibre (España).
Aunque Estados Unidos se niega a reconocerle como periodista, recordamos al Presidente norteamericano que le consideramos uno de los nuestros, en la medida en que hemos publicado en nuestras respectivas cabeceras investigaciones que él había firmado en su nombre. "Más allá del trato injusto dispensado al fundador de WikiLeaks, este procedimiento convierte el periodismo en un crimen y pone en peligro a todos aquellos que hacen de él su profesión, en cualquier parte del mundo", escribíamos.
Porque, sí, Julian Assange ha sido periodista al hacer públicos crímenes de guerra, corrupción, escándalos diplomáticos y operaciones de espionaje que las autoridades americanas hubieran preferido mantener en secreto. Nuestro trabajo como periodistas consiste precisamente en revelar lo que se niega o se oculta, empezando por los poderosos de este mundo.
Nuestra misión democrática consiste fundamentalmente en hacer que los gobiernos asuman sus responsabilidades y en devolver a los ciudadanos lo que les pertenece: una información de interés público que les permita ejercer su derecho de control sobre las decisiones que se toman en su nombre y actuar en consecuencia.
En un texto publicado ya en 2006, titulado Conspiracy as Governance, Julian Assange no decía otra cosa cuando afirmaba que "sólo se puede responder a la injusticia cuando se revela, porque para que el hombre actúe con inteligencia, necesita saber lo que realmente está pasando". En Menace sur nos libertés - Comment Internet nous espionne, comment résister (Amenaza a nuestras libertades. Cómo nos espía Internet, cómo resistir), también dijo: "Sé el cambio que deseas ver en el mundo" (frase de Gandhi), pero sé también el aguafiestas que deseas ver en el mundo.
Hablar de libertad sólo tiene sentido si se trata de la libertad de decir a los demás lo que no quieren oír.
La verdad puede ser molesta, quizá incluso reconocible por ello. Y hacemos nuestra la cita del escritor George Orwell, quien, en su prefacio de 1945 a Rebelión en la granja, escribió: "Hablar de libertad sólo tiene sentido si es la libertad de decir a los demás lo que no quieren oír".
Una cita de este autor abría el vídeo publicado por WikiLeaks en 2010, visto por cuatro millones de personas en YouTube en tres días, que mostraba a soldados americanos en Bagdad asesinando a periodistas tras confundir una cámara con un arma de guerra.
Un fragmento de Politics and the English Language decía: "El lenguaje político está diseñado para hacer creíbles las mentiras y respetables los asesinatos, y para dar a lo que no es más que aire una apariencia de coherencia". A los periodistas nos corresponde leer entre líneas, distinguir la verdad de la propaganda y poner las cartas boca arriba, por brillantes que sean.
A fuerza de revelaciones, el ejercicio del periodismo puede provocar fuertes marejadas. Porque, sí, algunas de nuestras informaciones cuestionan el orden establecido y contribuyen a deshacer posiciones infundadas heredadas del pasado.
Este estado de cosas quedó consagrado en el Derecho europeo en 1976, en la sentencia Handyside, con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró que la libertad de expresión "se aplica no sólo a las informaciones o ideas favorablemente recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a las que hieren, ofenden o molestan al Estado o a cualquier sector de la población". El CEDH concluye que "así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no puede existir una sociedad democrática".
En este sentido, la situación de Julian Assange refleja un desafío democrático central. Frente a la tentación de los poderes de reducir su legitimidad únicamente a las elecciones, urge recordar que la vitalidad de un sistema democrático depende de su respeto por los controles y equilibrios y de su capacidad para escuchar las protestas y la disidencia.
A la inversa, los ataques a la libertad de prensa son siempre un síntoma de una asfixia de los principios fundamentales, la primera etapa de un giro autoritario.
Joe Biden y la Primera Enmienda
El presidente Biden es ahora la persona que tiene en sus manos el destino de Julian Assange. Como garante de la Primera Enmienda de la Constitución de su país, que sitúa la libertad de expresión en el frontispicio del edificio estadounidense, debería sacar las conclusiones necesarias y protegerla en lugar de participar en su persecución. Si denuncia con vehemencia la "detención arbitraria" por "espionaje" del periodista americano Evan Gershkovich en Rusia, debería ser coherente con los valores que tanto defiende.
También podría recordar que, en 2010, la administración de la que era vicepresidente junto a Barack Obama se abstuvo de emprender acciones legales contra Julian Assange, a pesar de detestarle, alegando que procesarle habría supuesto procesar a los periodistas de los numerosos medios internacionales que habían difundido la información.
Es cierto que Biden lo calificó públicamente de "terrorista de alta tecnología", pero a pesar de ello la administración suspendió el proceso contra él para no contravenir la Primera Enmienda ni obstaculizar la libertad de prensa.
Fue Donald Trump en efecto quien, tras adular a Julian Assange por la publicación de los emails hackeados del Partido Demócrata que potencialmente le ayudaron a ser elegido en 2016, luego se volvió contra él. Y fue bajo su mandato cuando el fundador de WikiLeaks fue acusado directamente de "espionaje" en mayo de 2019, cuando el Departamento de Justicia decidió recurrir a una ley con más de un siglo de antigüedad, la Espionage Act, aprobada durante la Primera Guerra Mundial.
Hasta entonces, esa ley dirigida contra potenciales espías nunca se había utilizado contra periodistas, medios de comunicación o locutores. "La decisión de acusar a Julian Assange es una escalada sin precedentes de la guerra de Trump contra el periodismo. [...] Por el momento, no puede procesar a periodistas del New York Times o del Washington Post que publiquen documentos clasificados. Eso podría cambiar si Julian Assange es condenado", decía, preocupado, Timm Trevor, presidente de la Freedom of the Press Foundation cuando se anunció este cambio de doctrina.
Si Julian Assange fuera extraditado a Estados Unidos, muchos de nuestros principios más preciados quedarían en entredicho.
En 2022, cinco medios de comunicación internacionales –The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País– también se mostraron alarmados, ya que todos habían publicado información de WikiLeaks en 2010. Señalaban que esta excepcional fuente documental seguía siendo utilizada por periodistas e historiadores doce años después.
En su carta abierta, subrayaban que habían criticado públicamente la publicación en 2011 de una versión completa de los cables diplomáticos que revelaba las identidades y ponía potencialmente en peligro la vida de personas que habían facilitado información a los servicios militares o diplomáticos americanos. También afirmaban que algunos de ellos seguían preocupados por la acusación que figura en el sumario estadounidense de que el propio Julian Assange había colaborado en la intrusión informática en una base de datos clasificada de Defensa, lo que es contrario a la ética periodística.
Todos ellos, sin embargo, declararon su solidaridad "para expresar [su] gran preocupación por los interminables procesos judiciales contra Julian Assange". Hicieron un llamamiento al gobierno americano para que abandone el proceso. "Publicar no es delito", insistieron.
A día de hoy, la defensa de Julian Assange se basa principalmente en el deterioro de su salud para rechazar su extradición. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Alice Jill Edwards, le prestó recientemente su apoyo. “El riesgo de que sea recluido en régimen de aislamiento, por su precario estado mental, y de que reciba una condena potencialmente desproporcionada plantea interrogantes sobre la compatibilidad de la extradición del señor Assange con las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional", afirmó.
La extradición de Julian Assange a Estados Unidos pondría en entredicho muchos de nuestros principios más preciados, reconocidos por todas las declaraciones universales y convenios internacionales, desde el derecho a saber hasta la proporcionalidad de las penas y el respeto de los derechos de los presos.
Además de la suerte del fundador de WikiLeaks, que sufre en sus carnes las cicatrices de una justicia excepcional, convertiría en criminales en potencia a todos los periodistas que investigan al servicio de la verdad.
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Siguiendo los pasos de otros periodistas de investigación y denunciantes, como Chelsea Manning, Edward Snowden, Glenn Greenwald y Rui Pinto, allanaría el camino para un ataque devastador contra el derecho de nuestras democracias a informar y ser informados.
Traducción de Miguel López
