La tarde llega a su fin el miércoles 18 de marzo, cuando se bajan los primeros asientos plegables del antiguo cine Teatro Italia de Ancona. La sala se llena, hasta la mitad, de un público de cierta edad. Desde el escenario, acotado por gruesas cortinas de terciopelo rojo, el presidente del tribunal de Palermo, Piergiorgio Morosini, marca la pauta: “Esta reforma es la más incisiva propuesta desde el nacimiento de la Constitución en 1948, ya que prevé la modificación de siete artículos.”
De pie, con el micrófono en la mano, Morosini sale de la reserva que suele caracterizar a los magistrados. “Esta campaña ha estado marcada por ataques y afrentas”, dice indignado ante un público cuya extrema atención contrasta con el continuo alboroto de declaraciones extravagantes que han saturado los medios de comunicación italianos los últimos días. A cuatro días del referéndum sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de extrema derecha, los partidarios de ambos bandos libran sus últimas batallas en una Italia extremadamente dividida.
Esta reforma prevé la separación estricta de las carreras entre la fiscalía y la magistratura. Actualmente, jueces y fiscales pertenecen a un único y mismo cuerpo, independiente del Ministerio de Justicia, y pueden pasar de una función a otra una vez a lo largo de su carrera. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se encarga de garantizar su autonomía e independencia. Un tercio de sus miembros es elegido por el Parlamento, los otros dos por los magistrados.
La reforma prevé dividir el Consejo en dos: uno para los fiscales y otro para los jueces, con dos itinerarios de formación distintos. Los miembros de ambos consejos se elegirían entonces por sorteo: dos tercios entre todos los magistrados y magistradas, y un tercio entre juristas elegidos por el Parlamento. El CSM también se vería despojado de su competencia disciplinaria, que se confiaría a un tribunal disciplinario superior independiente.
A primera vista, no se aprecia una relación inmediata con el fin de la independencia del poder judicial, tal y como denuncian los partidarios del “no”. Leyendo entre líneas, los jueces y magistrados temen sobre todo un debilitamiento progresivo de su autonomía (en particular por la elección en el Parlamento de los miembros de los consejos que se sortearán) y un aislamiento de la fiscalía que la haría más vulnerable a las presiones políticas. Una especie de primer paso para meter en vereda a la magistratura.
La separación de poderes en juego
Ante el carácter técnico y la complejidad de este proyecto de ley constitucional, numerosos magistrados, abogados o profesores de Derecho se han sumado a las filas de los comités ciudadanos para explicarlo a los votantes.
“Hacemos todo lo posible para que los ciudadanos se impliquen en estas iniciativas”, asegura Stefano Staffolani, presidente del Comité de la sociedad civil por el “no” en Ancona. Confiesa que, como profesor de economía política, no disponía de todas las herramientas para comprender las sutilezas del texto: “Así que, como buen economista, busqué las cifras.” Con sus notas en mano, nos cuenta sus hallazgos.
“Los artífices de la reforma dicen que los jueces están bajo la tutela de la fiscalía, ¡supuestamente porque van a jugar al tenis juntos! Pero en Italia, aproximadamente la mitad de las peticiones de la fiscalía no son atendidas por los jueces, mientras que la media europea es del 34%”, constató.
“Las sanciones contra los magistrados también serían demasiado leves y escasas”, prosigue. “Pero en Italia, casi ocho jueces de cada mil son objeto de una sanción, frente a uno de cada mil en Alemania o cuatro de cada mil en España, y esas sanciones emanan más a menudo del Consejo Superior de la Magistratura que del Ministerio de Justicia, que también tiene competencia al respecto.”
Quieren borrar años de conquistas cuyo único objetivo era tener magistrados libres
En el escenario, el presidente del tribunal de Palermo, repasando los orígenes de la Constitución, menciona la historia y el asesinato por parte de Mussolini del diputado antifascista Giacomo Matteotti. “Los padres fundadores habían vivido en carne propia la concentración de poderes en manos del ejecutivo, y eso es precisamente lo que querían evitar al dotar de autonomía al poder judicial”, explica quien se ha comprometido con el comité. “Es justo decir no.”
“Esta votación no es a favor o en contra de la magistratura o del Gobierno, sino sobre el mantenimiento o el abandono del principio fundamental de la separación del poder judicial del Estado”, prosigue. Sus palabras son recibidas con fuertes aplausos. “Quieren borrar años de conquistas cuyo único objetivo era tener magistrados libres”, opina Ruggiero Dicuonzo, antes juez y hoy fiscal adjunto del tribunal de Ancona.
Ofensiva contra los jueces
La campaña del referéndum, inaugurada oficialmente a mediados de noviembre, se ha recrudecido en las últimas semanas. La última provocación hasta la fecha (“una señal clara de que no es posible el diálogo”, comenta con flema Piergiorgio Morosini) lleva la firma de Francesco Zaffini, senador y miembro de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Giorgia Meloni, quien comparó a la magistratura con “un cáncer”.
Poco antes, Giusi Bartolozzi, viceministra de Justicia, invitaba a los italianos a “deshacerse de la magistratura”, que actuaría como un “pelotón de fusilamiento”. En cuanto al ministro de Justicia, Carlo Nordio, coautor junto con Giorgia Meloni del texto de la reforma, considera que el Consejo Superior de la Magistratura es un “mecanismo mafioso”.
Para justificar esas diatribas, por las redes sociales de los partidarios del “sí” circulan casos concretos que denuncian sentencias demasiado laxas, en particular cuando conciernen a extranjeros. Ante esos ataques, y de forma inédita desde el inicio de su mandato hace once años, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presidió una reunión del CSM, recordando su “valor constitucional” y exhortando “al respeto mutuo” de las instituciones. Por lo general, nunca participa en el CSM, que preside en su calidad de jefe de Estado.
La extrema derecha italiana está acostumbrada a los enfrentamientos con los magistrados. Matteo Salvini, líder de La Liga y socio menor de la coalición en el poder, ha hecho uso y abuso de ello desde sus primeros pasos en el Gobierno, en 2018. Pero el Gobierno de derechas y extrema derecha de Giorgia Meloni ha ido un paso más allá, al convertir a la magistratura en su principal oponente político, especialmente en materia de seguridad e inmigración.
Esta reforma no tendrá ningún impacto en la eficacia de nuestra justicia
Los magistrados y magistradas, señalados por el Gobierno como culpables del fiasco de los centros de internamiento para migrantes en Albania o, más recientemente, de la colocación considerada abusiva de los niños de la "familia del bosque", son acusados de ser partidistas, de ser de izquierdas, e incluso de sufrir “degeneraciones ideológicas”, según las propias palabras de Giorgia Meloni.
Este discurso político de una magistratura partidista no ha dejado de calar en la opinión pública desde los años noventa, alimentado sobre todo por Silvio Berlusconi y Forza Italia, para quienes esta reforma es una vieja quimera. Sus defensores prometen que permitirá a la magistratura volver a ser neutral e imparcial y recuperar la confianza de los italianos, cuando, es cierto, es poco querida y mal vista.
Pero la promesa no se cumple, según Chiara Gabrielli, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Urbino y miembro del Comitato dei 15 per il NO (Comité de los 15 por el No): “Esta reforma no tendrá ningún impacto en la eficacia de nuestra justicia. No introduce ninguna otra forma de responsabilidad para los magistrados, ninguna nueva herramienta para hacer frente a los errores judiciales; todo ello depende de la calidad y la cantidad de los recursos a disposición de la justicia, pero en este punto, el proyecto de ley de presupuestos prevé, según la Asociación Nacional de la Magistratura, una financiación insuficiente”.
En el panorama político, las posiciones están bastante claras: la coalición gubernamental apoya el “sí”, mientras que el Partido Demócrata, el Partido Comunista, la Alianza de los Verdes y la Izquierda y el Movimiento 5 Estrellas apoyan el “no”.
Aunque intenta evitarlo a toda costa, este referéndum tiene para Giorgia Meloni algo de prueba electoral antes de las elecciones del año que viene. Es una de las tres principales reformas prometidas por el Gobierno a los italianos, y no se requiere quórum de participación para que se tenga en cuenta el resultado de la votación. En 2016, el último referéndum constitucional propuesto por el presidente del Consejo, Matteo Renzi, terminó con su dimisión tras el rechazo de los votantes.
Italia tiene ya el CGPJ que quiere la derecha judicial pero tramita una reforma constitucional para cambiarlo
Traducción de Miguel López
La tarde llega a su fin el miércoles 18 de marzo, cuando se bajan los primeros asientos plegables del antiguo cine Teatro Italia de Ancona. La sala se llena, hasta la mitad, de un público de cierta edad. Desde el escenario, acotado por gruesas cortinas de terciopelo rojo, el presidente del tribunal de Palermo, Piergiorgio Morosini, marca la pauta: “Esta reforma es la más incisiva propuesta desde el nacimiento de la Constitución en 1948, ya que prevé la modificación de siete artículos.”