el gobierno de los jueces
Italia tiene ya el CGPJ que quiere la derecha judicial pero tramita una reforma constitucional para cambiarlo

Que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sin intervención del Parlamento. Es lo que defiende la inmensa mayoría de la judicatura española y las tres asociaciones más conservadoras y corporativas del cuerpo. También el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, que el próximo 6 de febrero tendrá que entregar al Gobierno y a las Cortes un informe con una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de extracción judicial —12 de los 20 con que cuenta la institución–. En Italia, ese sistema existe desde hace más de 65 años y se ha modificado en varias ocasiones para limitar, sin éxito, el poder de los colectivos profesionales, que han multiplicado el corporativismo, el clientelismo y el amiguismo en los nombramientos. La primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha presentado una reforma constitucional para que los jueces dejen de elegir a los vocales y se nombren por sorteo.
Los 20 miembros del CGPJ español son elegidos por el Parlamento, también los 12 de procedencia judicial, que se sacan de una lista de candidatos presentada por el órgano de gobierno de los jueces. En Italia, el Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) está formado por 30 miembros, de los cuales, 20 son elegidos directamente por la magistratura y los 10 restantes son expertos juristas catedráticos de universidad elegidos por las dos Cámaras legislativas. De él forman también parte tres miembros natos: el presidente de la República, el de la Corte de Casación y el Fiscal General del Estado, y no solo decide sobre los jueces, también sobre los fiscales. El resultado es un órgano en manos de las cuatro corrientes principales de la única asociación de magistrados que existe en el país, la Associazione Nazionale di Magistrati: Area di centrosinistra (izquierda), Autonomia e Indipendenza (próximo al Movimiento 5 Estrellas), Unicost (centro) y Magistratura Indipendente (de derechas).
Es lo que en Italia se llama il correntismo. Una práctica por la que los principales nombramientos se sacan adelante por acuerdo de los líderes de cada uno de esos grupos y en proporción a su representatividad en el órgano, una práctica calificada despectivamente como lottizzazione. Los constitucionalistas llevan décadas criticando el sistema que solo permite el acceso a los altos cargos, los ascensos y los mejores destinos a través de esas corrientes y genera prácticas, no solo corporativas, sino también clientelares. El mérito y la capacidad o el prestigio de los diferentes candidatos a los puestos de cobertura discrecional queda en un segundo plano, lo que ha generado una importante desafección entre la Justicia y la Sociedad.
El sistema, además, debido a su falta de transparencia ha dado lugar a sonados casos de corrupción en el reparto de cargos. Uno de los consejeros fue expulsado de la judicatura en 2020 por pactar nombramientos con políticos y empresarios a través de su corriente después de que se airearan en la prensa sus conversaciones y otros dos fueron suspendidos temporalmente de funciones por el mismo motivo. El corporativismo judicial en el CSM también es motivo de queja respecto al régimen disciplinario por la escasez de sanciones. Perro no come perro.
Desde los años 70, el Gobierno italiano ha impulsado al menos cinco reformas para acabar con estas disfunciones, la última en 2020, pero sin lograrlo. Los sucesivos cambios legales del sistema electoral con el que los jueces eligen a sus 20 vocales no han conseguido acabar con los pactos opacos de las distintas corrientes. Cada cierto tiempo saltan soluciones, como invertir la procedencia de los consejeros para que los elegidos por el Parlamento sean mayoría. O una elección de éstos por tercios -el primero por los jueces, el segundo por el Parlamento y el tercero por el presidente de la República-. Como en España, el órgano de gobierno de los jueces italianos es objeto de constante polémica, aunque no por su politización, sino por el poder de los colectivos profesionales, que solo responden a los intereses de sus afiliados sin que los ciudadanos puedan apenas intervenir o fiscalizar su actuación de manera eficaz.
La última propuesta de cambio es la apoyada por el Gobierno de Meloni. La modificación constitucional que ha puesto en marcha consiste, primeramente, en crear dos Consejos, uno para jueces y otro para fiscales. Los candidatos para formar parte de ellos serán elegidos por sorteo, al igual que los vocales de cada uno de los órganos que debe elegir el Parlamento: los partidos solo podrán proponer una nómina de catedráticos y juristas para cubrir la cuota del Legislativo, que también se echará a suertes. La iniciativa ha provocado una importante tormenta política en la que los grupos opositores y gran parte de la judicatura señala a la jefa de Gobierno por intentar socavar la independencia judicial con el objetivo de alcanzar una magistratura dócil para los intereses y procesos que afectan a su Ejecutivo.
En España, algunas figuras políticas como el expresidente del Gobierno Felipe González, y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha María Luz Martínez Alarcón, también han propuesto la instauración de este sistema, pero solo para obligar a los partidos a ponerse de acuerdo transcurrido un plazo y tras constatar la falta de voluntad de estos para alcanzarlo, como en el bloqueo de cinco años del anterior CGPJ provocado por el PP.
En una jornada sobre el sistema de elección de vocales organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el pasado lunes, los representantes de las tres asociaciones conservadoras y más corporativas (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) propusieron superar la "partitocracia" que, a su juicio, domina el Consejo y, con varios vocales del Poder Judicial presentes, uno de sus representantes no dudó en llamarlos "comisarios políticos". Para lograrlo volvieron a proponer que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros del órgano. La pregunta incómoda la lanzó el catedrático de Constitucional de la Universidad Complutense y miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa Rafael Bustos. "¿Y qué garantías tenemos de que esa partitocracia no se convierta en una asociaciocracia?" Italia es un buen ejemplo.