'Minority Report' en el fútbol francés

El campeonato de fútbol en Francia ha terminado, no así los ataques a la libertad de los ultras. “Desgraciadamente, es más fácil ir a Siria que animaros en Mónaco”, podía leerse en 2015 en una pancarta de los Green Angels, grupo de ultras del Saint-Étienne, a raíz de la prohibición que les impedía viajar al Principado. Esta medida, que recoge la ley francesa LOPPSI 2 de 2011, aprobada por decreto, prohíbe el acceso al estadio a los hinchas de un equipo deteminado. Desde entonces, las medidas de este tipo proliferan.

Barba poblada, gorra y bermudas, Tom es uno de los responsables de los Green Angels. Y cuenta: “Hace poco nos prohibieron la entrada al estadio en Estrasburgo, Nantes, Lyon, Niza y Marsella. Es desalentador”. A su lado, un amigo añade: “Somos ciudadanos de segunda. El viernes viajamos hasta Montpellier. Sólo podemos desplazarnos 350 aficionados; tuvimos que ir en autobús y esperar durante horas en un área de servicio de la autopista para que la Policía nos escoltase hasta el estadio”.

Mahamadou Diarra, director del gabinete del prefecto de Hérault [sureste de Francia], organiza los desplazamientos de los hinchas en la zona. “En Montpellier, estudiamos el calendario de la Liga 1 para identificar los partidos de riesgo. Nos reunimos tres semanas antes de cada encuentro para determinar las condiciones de los desplazamientos”, detalla. A esas reuniones acuden el responsable de seguridad del club, agentes encargados del seguimiento de los ultras y el departamento nacional de lucha contra el hooliganismo. Hace unos años, que la prohibición administrativa de acceso al estadio (IAS, por sus siglas en francés) se ha añadido a las diferentes restricciones que pesan sobre los aficionados al fútbol, que animan desde las gradas, defendiendo cierto fervor frente al negocio del fútbol y las entradas a precios inasequibles en tribunas a veces sombrías.

Dichas IAS, previstas en la ley antiterrorista de 2006, otorgan al prefecto la potestad de impedir el acceso al campo a cualquier persona, aunque ésta no haya cometido infracción alguna, pero cuyo comportamiento lleva a pensar que existe riesgo de alterar en el orden público. Esta medida venía a completar el arsenal represivo antiultra organizado en torno a la orden judicial que impide acceder al estadio, contemplada en el Código Penal de 1993 como medida complementaria a una condena tras la comisión de una infracción en un recinto deportivo.

“En julio de 2017, recibí una prohibición (IAS) que me impedía acceder al estadio durante seis meses”, dice Tom. Tres meses antes estaba entre los 250 aficionados que se saltaron la decisión de la Liga de Fútbol Profesional, para ocupar las gradas del estadio Geoffroy-Guichard, en un partido frente al Rennes. Normalmente, las prohibiciones administrativas de acceder al estadio tienen su origen en el “uso o posesión de artefactos pirotécnicos o de violencia”, explica Antoine Mordacq, jefe de la división nacional que combate a los ultras.

En sus orígenes, estas prohibiciones IAS no podían superar los tres meses, pero con la ley LOPPSI-2 y posteriormente la ley Larrivé de 2016, su duración máxima ha pasado a ser de 24 meses y de 36, en caso de reincidencia. A comienzos de abril, en Francia había vigentes 296 prohibiciones de acceso a los estadios; de ellas, 166 eran sanciones administrativas y 130, judiciales. Antoine Mordacq matiza: “Estas cifras cambian. Todas las prohibiciones de acceder al estadio no son de 24 meses, sino que generalmente son de tres o de seis”.

Como recoge el Código francés del deporte, la prohibición IAS sanciona un comportamiento de conjunto o la comisión de un acto grave. Antes de su aplicación debe ir acompañada de varios elementos. “A menudo, existe un informe policial, el testimonio de alguien del estadio, una denuncia del club o de las cámaras de videovigilancia”, explica el abogado Pierre Barthélemy.

En el caso de Tom, se recurrió a la videovigilancia del museo del AS Saint-Étienne –por el que entraron los hinchas al recinto para llegar a las tribunas y violar con ello la prohibición–, aunque asegura: “El del vídeo, no soy yo, sino que se trata de un expresidente de los Green Angels”. Otro abogado defensor de varios ultras, Thibault Pozzo di Borgo, afirma que los elementos que acompañan a la prohibición IAS “a menudo no se sostienen”.

Históricamente, las prohibiciones administrativas de acceso a los estadios se imponían para frenar a los ultras, en un contexto en que la violencia se multiplicaba. James, portavoz de la Asociación nacional de ultras (ANS, por sus siglas en francés), considera que los ultras son víctimas colaterales de un dispositivo que los engloba a todos aunque no ejercen la violencia por la violencia. Denuncia la derivas de una medida de prevención convertida en medida de sanción, no basada en una infracción, sino en la identificación de un aficionado “potencialmente” peligroso. “Estamos ante un caso de Minority Report: ¿Qué ha hecho? Nada, pero podría hacer algo”.

La prohibición de acceder al estadio va acompañada de la obligatoriedad de personarse en la comisaría. En el caso de Tom, tenía que hacerlo cada vez que jugaba el Saint-Étienne. “Lo que supone hasta 54 veces en diez meses”, dice. “Hay tipos que viven en pueblos donde la comisaría abre sólo para eso”, lamenta Romain, responsable de la Brigada Loire, grupo ultra del FC Nantes. Para el abogado Pozzo di Borgo, esta prohibición de acceso “supone un atentado a la libre circulación, pero el Consejo de Estado no lo ve así al considerar que no supone un atentado excesivo si se tiene en cuenta el interés protegido”.

Inicialmente, la prohibición de acceder al estadio llegaba mientras se esperaba la decisión judicial. En opinión del abogado Pierre Barthélemy, cada vez más “se aplica con otro fin”. “En algunos casos, esta medida administrativa llega después de que el tribunal absuelva al hincha o después de que la Fiscalía archive el caso”.

Valentin, ultra de Rennes, recibió una sanción  judicial y una prohibición administrativa por los mismos hechos. “Me prohibieron acceder al estadio durante seis meses y me impusieron una multa. Más tarde llegó la prohibición administrativa de acceder durante dos años al campo, con el consiguiente control en la comisaría”, dice. Dado que las prohibiciones no son acumulables, Valentin cumplió la sanción mayor: la prohibición de acceder al estadio durante 24 meses. Y pagó la multa. Una doble sanción problemática: “El prefecto sustituye al juez, pese a que la autoridad judicial debe prevalecer sobre la administración”, dice Thibault Pozzo di Borgo.

Antes de que llegue la prohibición de acceder al estadio, un aficionado recibe una notificación de la prefectura. Tiene de 6 a 10 días para alegar, de forma oral o por escrito. “Se trata del procedimiento contradictorio. Permite al interesado defenderse en una declaración”, dice el policía Antoine Mordacq. El abogado Pozzo di Borgo no es de la misma opinión: “Las personas nunca llegan a ser escuchadas realmente. Cuando el prefecto ha decidido tomar la medida, lo hace”.

Si considera ilegal la prohibición, el hincha puede recurrir a la Justicia administrativa, presentando un no suspensivo; proceso éste que llevará entre uno y dos años. Un informe del Senado de 2016 revelaba que dos tercios de las prohibiciones administrativas recurridas eran anuladas, aspecto que confirman los abogados consultados. Y hay un efecto perverso muy contestado: dichas anulaciones de la sanción llega cuando el hincha ya ha cumplido con la prohibición.

Para suspender de inmediato la prohibición, el hincha tiene otra alternativa: el recurso de suspensión. Para que sea aceptado, debe tener carácter de urgencia y medios serios de impugnación. “Sin embargo, en la mayoría de los casos, el juez considera que no existe urgencia para laa persona a la que se ha privado el acceso al campo y que se ve obligada a ir a la comisaría cada vez que se celebra un encuentro”, lamenta Pierre Barthélemy.

Recientemente, aficionados del Saint-Étienne se quejaron de otra restricción de sus libertades. Después de que habérseles requerido el pasaporte, a un miembro de los Green Angels no se lo querían devolver. Fue en septiembre de 2015. Una prohibición IAS no autoriza a la prefectura a retener el pasaporte. “Es totalmente ilegal”, dice Pierre Barthélemy.

La Asociación nacional de ultras y la Asociación que lucha “por un fútbol popular”, alarmadas por casos similares, remitieron un escrito al senador Maurice Vincent, con una propuesta de pregunta por escrita al Ministerio del Interior. La respuesta de éste no aportó ninguna precisión en lo que se refiere a la retención del pasaporte. Por su parte, la prefectura de Loira, contactada por Mediapart (socio editorial de infoLibre), no ha querido responder. En enero, un ultra del Nantes, sancionado con una IAS, contactó con la prefectura para advertir de que no podría acudir a la comisaría en el partido Toulouse-Nantes, por estar de viaje en el extranjero. La prefectura le respondió que la comparecencia era obligatoria.

Después de saltarse la prohibición, Tom se sintió víctima de una sanción injustificada: “Nosotros no violamos ninguna ley de la República, sino una decisión de la comisión de disciplina de la liga de Fútbol Profesional. Ellos se ocuparon del caso y no acusó a nadie, su reglamento no contempla sanciones en caso de violación de la puerta cerrada”. Tres meses después, se sancionó administrativamente a una veintena de responsables de los grupos ultras Magic Fans y Green Angels con la prohibición de acceder al estadio.

A día de hoy el asunto provoca tensiones. “¿Por qué castigar a los líderes que dialogan con los diferentes estamentos del club?”, se pregunta Tom. “Incluso un exlíder que no estaba en el estadio ese día fue investigado”. Mahamadou Diarra, que ocupaba el puesto de director del gabinete del prefecto del Loira en el momento de los hechos lo desmiente: “Fueron identificados por los policías en el lugar de los hechos”. Sin embargo, en el caso de uno de los ultras de los Green Angels, uno de los elementos considerados por el prefecto ante el tribunal administrativo, tras la violación de la puerta cerrada, fue el acta de una asamblea general del grupo ultra, que incluye el nombre de los miembros del consejo de administración –por tanto de los líderes. Tres de las cinco personas que aparecen en dicho documento fueron sancionadas con sendas prohibiciones IAS. Interrogado el abogado evita pronunciarse: “No puedo hablar de casos concretos”.

Por su parte, los aficionados del Girondins de Burdeos denuncian con vehemencia estas prohibiciones administrativas. Los aficionados ultramarinos, que consideran las prohibiciones de desplazamiento arbitrarias, han decidido dejar de cumplirlas. En febrero viajaron, pese a todo, a Estrasburgo para apoyar a su equipo. Entraron al estadio y cantaron pacíficamente “antes de ser desalojados a porrazos, para posteriormente permanecer 18 horas detenidos”, repite Florian, uno de los presentes. Los bordeleses han burlado otras dos prohibiciones de desplazamiento, a Nantes y a Marsella. Fueron detenidos por las fuerzas del orden antes de llegar al estadio. Una decena de hinchas girondinos serían sancionados con prohibiciones de acceso al estadio que oscilan entre los 9 y los 18 meses. Los ultramarinos, sobre los que pesan otras prohibiciones, corren el riesgo de que la asociación sea suspendida, mantiene Florian. En la nota recibida, se explica que la prohibición IAS se debe a la “comisión de un acto grave [...] que constituye una amenaza para el orden público”, no respetar el decreto prefectoral. “A fecha de hoy, todos los tribunales administrativos a los que se ha recurrido por violar la prohibición del desplazamiento han considerado que no se trata de un acto grave”, precisa Pierre Barthélemy. De confirmarse, la prohibición administrativa de Florian debería ser anulada por el tribunal administrativo. Pero, como le ha sucedido a muchos otros hinchas también afectados, la anulación llegará una vez cumplida la sanción.

 

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Traducción: Mariola Moreno

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