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Venezuela: Asamblea y Gobierno de Maduro mantienen el pulso institucional

Venezuela: Asamblea y Gobierno de Maduro mantienen el pulso institucional

Jean-Baptiste Mouttet (Mediapart)

Los nervios de los políticos venezolanos se ven sometidos a una dura prueba desde la celebración, el pasado 6 de diciembre de 2015, de las elecciones legislativas en la que se impuso una coalición de opositores al presidente socialista Nicolás Maduro: la MUD (Mesa de la Unidad Democrática). Cada decisión que toma el Gobierno o la Asamblea Nacional puede sumir al país en una crisis profunda. Antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, el viernes 15 de enero, para presentar el balance anual, periodistas y analistas políticos se temían lo peor: de no acudir, podría significar que no reconocía la Asamblea, que el poder quedaría dividido, el país paralizado. Nicolás Maduro sí fue. Y realizó un llamamiento a un “gran diálogo nacional”, exactamente después de haber decretado, mediante su publicación en el Diario Oficial, el estado “de urgencia económica”. El decreto prevé que el Gobierno pueda echar mano a los medios de las empresas privadas y públicas (como los transportes) para garantizar a la población, que tiene que hacer frente a graves penurias, el acceso a los alimentos a y a los medicamentos. La oposición, a la que el decreto pilló por sorpresa, de nuevo se ve sometida a la agenda presidencial.

Desde el 6 de enero, los poderes legislativo y ejecutivo mantienen un pulso institucional continuo. Por un lado, el Gobierno trata de ahogar los poderes de la Asamblea; por el otro, los diputados están decididos a acortar el mandato del sucesor de Hugo Chávez. Unos y otros interpretan la Constitución en su propio beneficio. Ya en su primer discurso, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, avisó: “En seis meses, a contar desde la constitución de la Asamblea Nacional, propondremos un método, un sistema, para cambiar el Gobierno por la vía constitucional. Lo haremos”.

El conflicto político se convertía en una prioridad, por delante de las respuestas a la crisis económica. Óscar Schemel, director del instituto de sondeos Hinterlaces, próximo al Gobierno, explicaba en una entrevista televisiva,  anterior a la alocución presidencial del 15 de enero, que los “venezolanos no están buscando culpables, sino consenso, diálogo, negociación y soluciones a los problemas económicos. Esa es realmente la agenda de los venezolanos”. Las horas de espera para obtener productos de primera necesidad escasos o subvencionados (mantequilla, huevos, aceite, etc.) siguen siendo parte de su día a día. El país tiene que hacer frente a un inflación muy alta (del 141,5% de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, aunque el diario El Nacional, que cita a una fuente anónima del Banco Central de Venezuela, la cifra en el 270,7% en el año 2015, mientras que las previsiones son alarmantes para 2016).

El llamamiento del Gobierno al “diálogo nacional” y el estado de urgencia económica decretado ha puesto a la oposición ante un dilema. El de no aparecer como el bando que impide dar con las soluciones a la crisis, sin someterse por ello a un decreto que confirma la política económica chavista en lucha contra lo que califica de “guerra económica”. Los diputados de la MUD tienen hasta el viernes 22 de enero para decidir si la Asamblea aprueba o reprueba el decreto. De momento, se ha tomado su tiempo para debatir entre las diferentes corrientes que la conforman y ha solicitado al Gobierno algunas aclaraciones. Julio Borges, portavoz de la MUD en la Asamblea, ha asegurado que la oposición quiere que los venezolanos decidan sobre el decreto. Por lo que es probable que se celebre un referéndum.

En esta lucha, la oposición ya ha perdido algunas plumas. El Gobierno chavista se ha cuidado de adelantar a sus peones antes de que los nuevos diputados tomaran posesión: instaló un Parlamento Comunal Nacional. Este parlamento, que representa a los miembros de los consejos comunales, asambleas ciudadanas de barrio, está dirigido a reforzar una democracia más directa y al mismo tiempo competir con el trabajo legislativo del Hemiciclo. Según la ministra de Comunas, Isis Ochoa, en una entrevista concedida a la Venezolana de Televisión el 8 de enero, el Parlamento Comunal “es un instrumento que impulsa la agenda legislativa popular” y no pretende sustituir a la Asamblea. Por supuesto, la oposición no reconoce esta alta instancia del poder comunal.

Por decreto, Nicolás Maduro también se ha cuidado de retirar a la Asamblea el poder de nombrar a los miembros de la dirección del Banco Central de Venezuela, puestos clave en tiempos de crisis económica. Pero sobre todo la oposición podría verse privada de su mayoría de los dos tercios garantizada tras obtener 112 diputados de los 167 parlamentarios de que se compone la Cámara, mayoría que le proporciona las herramientas para reducir la duración del mandato presidencial, convocar referéndums o poner en marcha una asamblea constituyente. A finales de diciembre, la cámara electoral del Tribunal Supremo de Justicia impugnó la elección de tres diputados de la oposición y de un chavista del Estado de Amazonas (al sur del país), tras ser denunciados por la compra de votos. Pese a todo, la MUD decidió que la investidura de esos tres diputados siguiera adelante: la coalición ve en el TSJ un instrumento a sueldo de los chavistas. Resulta difícil no darle la razón. La Asamblea chavista saliente nombró in extremis, en su última sesión de finales de diciembre, 34 nuevos jueces (13 titulares y 4 suplentes).

16 años de chavismo

En un ejercicio destinado a alimentar la demagogia, el TSJ amenazó con declarar nulas todas las decisiones de la Asamblea. Y la oposición se vio obligada a dar marcha a atrás y los tres diputados cuestionados finalmente dejaron la Asamblea. La MUD creyó haber encontrado la solución; ahora la Asamblea cuenta con 163 diputados en total, en lugar de 167, con lo que alcanzaría la mayoría de los dos tercios. La bola vuelve a estar en el tejado del Tribunal Supremo de Justicia. Pero aun con una mayoría inferior, la oposición conserva amplios poderes como el que le permite oponerse a los decretos presidenciales o votar mociones de censura contra ministros o el vicepresidente.

Cuando la oposición intenta impulsar una nueva era, aunque sea simbólica, termina en descalabro. A su llegada a la Presidencia de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup pidió a los empleados que se deshicieran de los cuadros de Hugo Chávez, Nicolás Maduro e, incluso, de Simón Bolivar, el padre de la independencia: “No quiero ver un cuadro que no sea el retrato clásico del Libertador [Simón Bolívar]. No quiere ver a Chávez ni a Maduro. Llévense todo a Miraflores [Palacio presidencial] o al aseo”. 

El nuevo presidente del Asamblea pensaba en realidad en el retrato digitalizado de Simón Bolivar, presentado en 2012 por Hugo Chávez.  Todo lo que recuerda a 16 de años de Gobierno chavista debe desaparecer, incluso lo anecdótico. No hacía falta tanto para alimentar la retórica del Gobierno, que tacha regularmente los miembros de la oposición de “apátridas” dispuestos a borrar todo lo emprendido antaño. Nicolás Maduro y el Gobierno no dejan pasar el asunto, protestan, instan a los jóvenes a pintar, por todo el país, retratos del héroe de la independencia y del difunto presidente. La emoción creciente ha llevado al secretario general de la MUD, Jesús Chúo Torrealba a desmarcarse del presidente de la Asamble Nacional y a pedir excusas vía Twitter “a los millones de chavistas que han votado por nosotros y a los que no lo han hecho, no por lo que se hizo, sino por cómo se hizo”.

La Asamblea se ha visto demasiado fuerte y la oposición terriblemente previsible. Las legislativas han sido “un voto de castigo y una abstención de castigo” contra el Gobierno, según el sociólogo libertario Rafael Uzcátegui: “La oposición no puede actuar como si la amplia mayoría obtenida se tradujera en un verdadero apoyo de una parte tan importante de la población”.

El enfrentamiento con el TSJ y el episodio de los retratos, que terminó en fracaso, dan idea de cómo funciona una oposición, en la que se ha impuesto la facción más radical. Estos salidistas, partidarios de La Salida, tienen como prioridad absoluta el cambio en el Ejecutivo, solución sine qua non para salir de la crisis económica. Este movimiento de La Salida se gestó en febrero de 2014, tras la sucesión en unos meses de importantes protestas, dirigidas a abocar al Gobierno a la dimisión. El balance se saldó con 43 muertos. Los partidos salidistas sin embargo no son los que más peso tienen en la Cámara. Voluntad Popular (el partido del opositor encarcelado Leopoldo López) tiene 15 diputados; Primero Justicia, formación de derechas, ahora más de centro y más moderada, se sitúa a la cabeza de los partidos de la coalición de la MUD con 33 diputados. Pero Henry Ramos Allups ha sido elegido con su apoyo y no lo ha olvidado. Aunque en febrero de 2014 criticó el movimiento de la Salida, un buen tanto para los moderados, también sabe enseñar los dientes. “Es un provocador que tiene respuesta para todo. Puede responder a los ataques del Gobierno”, precisa Rafael Uzcátegui.

Al no buscar un acuerdo de mínimos, la oposición ha caído en la caricatura de la radicalidad. Poco antes de decretarse el estado de urgencia económico, la MUD revisó su estrategia conflictual. Ricardo Sucre Heredia, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, abiertamente próximo a la MUD, sostiene “después de los dos choques ha habido críticas a la gestión de Henry Ramos Allup. El fin del Gobierno puede que ya no sea una prioridad”, como el resto de medidas que desea la facción radical.

La izquierda de la MUD ha interpelado a los diputados sobre la urgencia de la toma medidas económicas. Lamamientos que finalmente han sido escuchados. Por ejemplo, este martes 19 enero se debatieron en la Asamblea el acceso a los medicamentos, la “seguridad industrial y la crisis del sistema sanitario”. El choque frontal se ha pospuesto. El sociólogo Heinz Dieterich, que ha teorizado sobre el “socialismo del siglo XXI”, cuyo término hizo suyo Hugo Chávez, aseguraba en una entrevista a principios de enero al diario opositor El Nacional que “lo más probable es que el conflicto institucional [...] se desplazará en pocas semanas a la calle, dejando a la Asamblea en segundo plano”. “La gente está cansada de las manifestaciones que pueden degenerar, están cansados de la crisis. Nadie quiere la confrontación”, recuerda Olivier Folz, americanista especializado en Venezuela de la Universidad de Lorraine. Sin embargo, las divergencias sobre las razones de la crisis y sobre las soluciones para hacerle frente permanecen: “Coexisten dos modelos: el capitalista que queréis restaurar y el socialista que nos esforzamos por defender y hacer progresar”, advertía el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, el 23 de diciembre de 2015.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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