Greenpeace propone al Gobierno un plan con diez propuestas para descarbonizar el sector agroalimentario en España
Greenpeace ha enviado a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación un documento que incluye diez propuestas para descarbonizar el sector agroalimentario en el marco de la aprobación de un PERTE para el sector agrícola, que en 2020 causó el 14,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), informa Europa Press.
Entre las principales propuestas plantea un sector descarbonizado; eliminar el "robo" y la contaminación del agua; fomentar la pesca sostenible, avanzar en la equidad de género y poner fin a la explotación laboral de los migrantes.
Para la ONG es "fundamental" abordar el "problema sistémico" de España por contaminación de agua por nitratos -reconocido por la Comisión Europea- y apoyar de forma decisiva la producción justa y ecológica.
Con sus propuestas, Greenpeace expone las transformaciones que considera necesarias para que el sector contribuya de manera real a la lucha contra el cambio climático, la crisis de biodiversidad, el problema del agua en España, el reto demográfico y la equidad de género en el medio rural.
En concreto, la ONG ve fundamental reducir las emisiones de GEI del sector agroalimentario para luchar contra el cambio climático ya que este sector (agricultura y ganadería) es, con el 14,1% del total de emisiones, el tercer sector más contaminante en España. De hecho, atribuye el 65% de las emisiones a la agricultura.
Para el portavoz de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, es importante que el PERTE Agroalimentario empuje en la dirección de la descarbonización, la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica o la Directiva Marco de Agua de la UE. Para ello, reclama que se venzan las resistencias que se detectan a la hora de abordar un cambio en el sistema de producción agroalimentaria.
El documento remitido a los departamentos que dirigen Teresa Ribera y Luis Planas respectivamente pide una reducción de las emisiones de GEI al sector y de manera particular las emisiones de metano procedente de la producción de alimentos de origen animal; la reducción del consumo de agua y acabar con el "robo" del agua a través del cierre de pozos ilegales, el fin de la complicidad de las Confederaciones Hidrográficas con esta situación y fijar condiciones para restaurar los acuíferos dañados, en Doñana, Mar Menor, la Mancha húmeda, entre otras.
Al mismo tiempo, propone al Gobierno que establezca una moratoria a las macrogranjas; acabar con la contaminación del agua por nitratos a través de objetivos claros, un calendario preciso y un apoyo decidido a la agricultura ecológica y a la ganadería extensiva.
Para ello, plantea que al menos el 25% de la superficie agrícola se destine a la producción ecológica de aquí a 2030 y apoyar la "dieta de salud planetaria", basada en alimentos de origen vegetal con alimentos de origen animal de carácter "opcional y ocasional".
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Otra de sus propuestas pasa por limpiar las cadenas de suministro para que el agroalimentario español no dependa del expolio de recursos naturales en otras latitudes del planeta, sean recursos pesqueros, harinas de pescado para la acuicultura, soja para la fabricación de piensos para la ganadería, aceite de palma, carne, cacao, etc.
Asimismo, insta al Gobierno a integrar los objetivos de la Política Pesquera Común basada en la recuperación de las poblaciones de peces y la gestión con base científica de los ecosistemas, evitando el apoyo a la sobrepesca y la acuicultura industrial y el empeoramiento del estado de los recursos pesqueros. Por ello, reclama la aprobación de un Tratado Global de los océanos que incentive actividades humanas que garanticen la conservación de los ecosistemas marinos, incluyendo aquellas actividades en el suelo marino más profundo.
Finalmente, ve imprescindible promover el acceso y la permanencia de las mujeres al mercado laboral, reducir su vulnerabilidad y promoverlas como agentes de cambio. A nivel social, urge también a erradicar la explotación laboral en el campo, la precariedad residencial y las limitaciones de acceso a servicios de los temporeros migrantes, pues "atenta contra sus derechos más básicos".
