El barón popular Fernando López Miras ha descabezado este jueves la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia como parte , zona cero del escándalo de tierras agrícolas contaminadas en el Campo de Cartagena, en una remodelación más amplia de su Gobierno. La consejera del PP Sara Rubira llevaba desde febrero negando su responsabilidad sobre el informe que le fue entregado en mayo del año pasado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), documento que mantuvo en un cajón hasta que la presión vecinal, política y mediática llevaron a su revelación hace apenas un mes. Miras ha enmarcado este cese en una remodelación del Ejecutivo autonómico que afecta también a otros cuatro consejeros.
En ese informe, titulado Diagnóstico de la Calidad de los Suelos Agrícolas del Campo de Cartagena, un grupo de expertos en edafología demuestra negro sobre blanco lo que ya se conoce desde hace al menos dos décadas: que todo el suelo agrícola del Campo de Cartagena tiene niveles de metales pesados en cantidades altamente peligrosas. En el caso del plomo, un metal demostrado tóxico y potencialmente cancerígeno, la concentración encontrada en la tierra de esa zona es entre ocho y 160 veces superior al límite legal. En arsénico, considerado cancerígeno, el nivel más alto encontrado por los expertos es 17 veces superior al nivel genérico de referencia.
Aunque el informe no se hizo público durante un año, el pasado febrero se filtraron unos mapas de concentración de metales en suelo donde ya se veía claramente que la situación era grave. El informe completo, que salió a la luz hace un mes por la prensa, detalla a lo largo de más de 500 páginas una situación dramática y se reconoce con datos que los agricultores de algunas zonas tienen una probabilidad mayor de sufrir cáncer debido a ese cóctel de metales pesados.
En concreto, en la región del Campo de Cartagena los autores calculan que el riesgo de cáncer es de 19 casos extra por cada 100.000 personas para los trabajadores de alta exposición –que trabajan en contacto con la tierra durante 250 días al año sin las protecciones adecuadas–. Si el trabajador se expone menos días y usa guantes, calzado adecuado y se lava correctamente al terminar la tarea, el riesgo se reduce. El arsénico es el principal responsable, seguido del plomo.
"Bajo estas condiciones, únicamente se identifican valores que superan ligeramente los umbrales de referencia en algunas áreas muy localizadas del sureste, coincidentes nuevamente con el entorno de la Sierra Minera de Cartagena–La Unión, donde la presencia de metales pesados es históricamente más elevada. El resto del área evaluada no muestra niveles de riesgo que comprometan la salud humana", se lee en el estudio, al que ha tenido acceso infoLibre. El informe fue coordinado por Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT.
El caso en la Fiscalía
La consejera ahora destituida, Sara Rubira, no solo mantiene un cajón el informe –sigue sin estar disponible para el público, pese a que fue financiado con los presupuestos regionales–, sino que inicialmente dejó por escrito en un documento oficial que este análisis no existía. Esto ha derivado en una denuncia de Podemos ante la Fiscalía de Murcia por falsedad en documento público y prevaricación, asunto que continúa pendiente. Ecologistas en Acción lo denunció directamente ante un juez, pero no consideró investigarlo.
La historia se remonta al pasado octubre, cuando Ecologistas reclamó a la Consejería de Agricultura la desclasificación del estudio, pero esta contestó en febrero, con firma de Rubira, que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros que costó el encargo a la UPCT. Días después, la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico. Rubira cambió entonces su versión y dijo que no se ajustaba "a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", y pidió igualmente la devolución del dinero a la UPTC.
A finales de abril, cuando el estudio completo llegó a los medios, la entonces consejera finalmente reconoció que ahora su equipo estaba "evaluándolo y verificándolo". "Cuando finalice ese proceso se actuará según las recomendaciones técnicas y la máxima responsabilidad", dijo a la prensa. En todo caso, según publicó La Verdad, el Gobierno regional sí que reclamará a la universidad murciana una parte del coste porque no está de acuerdo con algunas muestras tomadas.
Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, reclama mayor transparencia y denuncia que el silencio es total alrededor de un asunto que expone a agricultores, vecinos y consumidores de los productos cultivados. "Que hay contaminación ya lo sabíamos. El problema es tener más información y ocultarla, porque solo haces el problema más grande. No sabemos si a raíz del informe se han hecho controles sanitarios ni si se han tomado medidas. Esperamos que el nuevo consejero cambie esta dinámica", opina. Rubira ha sido sustituida por Joaquín Buendía, director de Esamur, la empresa pública murciana de gestión de aguas residuales.
Pedro Luengo desconoce si la polémica del informe ha sido la causa del descabezamiento de la consejería, pero sí recuerda que, junto a Rubira, ha sido cesado también Juan José Pedreño, consejero de Sanidad de la Región, una cartera ligada directamente al problema agrícola porque ese polvo contaminado también afecta de decenas de miles de vecinos de la zona. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
El barón popular Fernando López Miras ha descabezado este jueves la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia como parte , zona cero del escándalo de tierras agrícolas contaminadas en el Campo de Cartagena, en una remodelación más amplia de su Gobierno. La consejera del PP Sara Rubira llevaba desde febrero negando su responsabilidad sobre el informe que le fue entregado en mayo del año pasado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), documento que mantuvo en un cajón hasta que la presión vecinal, política y mediática llevaron a su revelación hace apenas un mes. Miras ha enmarcado este cese en una remodelación del Ejecutivo autonómico que afecta también a otros cuatro consejeros.