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Ecologistas ponen en jaque a las eléctricas tras lograr paralizar veinte proyectos eólicos en 2 años en Galicia

Un aerogenerador en el parque eólico de Sil y Meda, a 31 de mayo de 2023, en Esgos, Ourense, Galicia (España).

La batalla judicial entre la patronal eólica y las organizaciones ecologistas no cesa en Galicia. Este martes el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) comunicó que otros 13 proyectos eólicos quedan paralizados de manera cautelar y son ya más de una veintena los que han sido congelados en el último año. El enfrentamiento en los tribunales comenzó la pasada primavera, cuando la Xunta dio el visto bueno a la construcción de unos 75 parques de molinos y las organizaciones civiles contestaron con una ola de recursos. Los promotores eólicos y el gobierno autonómico denuncian desde entonces una campaña de "judicialización" del sector que pone en riesgo miles de millones en inversiones.

El choque entre renovables y vecinos no es exclusivo de esta región, pero es en Galicia donde ha habido una mayor contestación social organizada, liderada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), aunque también hay otras como Petón do Lobo, Ecoloxistas en Acción y agrupaciones de afectados. Adega presentó recursos el año pasado contra más de 30 proyectos y hasta ahora ha logrado paralizar dos y anular definitivamente otros dos, en Bustelo y Campelo, por fragmentación indebida.

Galicia fue hasta 2007 la potencia eólica del país y el sector lleva de capa caída desde entonces. Los promotores y la industria esperaban que durante esta década, cuando hay una apuesta muy fuerte por la energía renovable, Galicia recibiese un nuevo impulso, pero la lucha judicial han descafeinado sus previsiones. Aunque no hay un conteo oficial, la Asociación Eólica de Galicia calcula que más de 20 parques se han suspendido de forma cautelar, con una potencia equivalente a 600 megavatios.

"Llevamos cuatro años parados por cuestiones judiciales y hay más de 6.000 millones de euros de inversiones en riesgo. Galicia ha atraído a fábricas electrointensivas, proyectos de baterías, hidrógeno… y tenemos PPA (contratos de venta de electricidad) comprometidos. Si nos quedamos sin eólica, estas empresas se irán a otras comunidades autónomas, como Aragón", afirma Manel Pazo, presidente de la patronal eólica gallega.

En el centro de la disputa se encuentra la Sala Tercera del TSXG, la que ha llevado todos los recursos de la eólica y que ha terminado chocando con el Tribunal Supremo por este asunto. Uno de los argumentos jurídicos que sirvieron al TSXG para paralizar el año pasado más de una decena de proyectos fue los supuestos errores de procedimiento que tuvo que la Xunta a la hora de otorgar la declaración de impacto ambiental de los parques de molinos. La administración recortó la fase de exposición pública —limitando la capacidad de los afectados para recurrir—, y no dio acceso a las partes afectadas a los informes sectoriales elaborados por las consellerías sobre el impacto de estos proyectos eólicos.

La Xunta y los promotores eólicos recurrieron al Supremo este argumento y el Alto Tribunal les dio la razón en diciembre, anulando parte de la estrategia de los magistrados gallegos para paralizar la expansión de los molinos. Sin embargo, este martes el TSXG desveló que desde la sentencia del Supremo ha paralizado cautelarmente otros 13 parques de molinos en Galicia, esta vez argumentando que hay deficiencias en la evaluación del impacto ambiental de los molinos y que están en un área "no recomendada" por el Ministerio de Transición Ecológica.

El anuncio ha levantado al sector de la eólica y al gobierno gallego, que esperaban que la decisión del Supremo diese por fin carpetazo a la batalla judicial sobre las instalaciones renovables. La Asociación Empresarial Eólica, la patronal nacional, afirma que el TSXG "se basa ahora en la zonificación ambiental del MITECO", y entienden que "esta utilización es cuestionada desde varios ámbitos jurídicos, porque el mapa de zonificación no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), también entró este jueves en la polémica: "Creemos que [la decisiñon del TSXG] tiene gravísimas consecuencias. Tengo que respetar las decisiones judiciales. Lo que no puedo es callarme frente a sus consecuencias, decir que no me gusta y que, en este caso, me resulta muy curioso que después de un pronunciamiento claro, categórico, sin ninguna duda, del Tribunal Supremo, esto no valga para nada", según declaraciones recogidas por Galiciapress.

La asociación ecologista Adega contesta, sin embargo, que se ha intentado trasladar la idea de que el TSXG ha cambiado su modus operandi tras la sentencia del Supremo, y que ahora ha tenido la ocurrencia de paralizar proyectos basándose en la protección ambiental, pero esta fórmula no es nueva. "Se está tergiversando la realidad porque argumentos para la paralización por motivos ambientales ha habido siempre. En todos los recursos que hemos presentado nosotros se han recogido fallos en la evaluación del ecosistema o en la caracterización de las especies afectadas por el parque eólico", apunta Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega.

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Coincidiendo con el anuncio de las 13 nuevas paralizaciones, el TSXG publicó el miércoles que ha elevado una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los afectados por los proyectos eólicos deben recibir o no los informes sectoriales durante el proceso de consulta pública. Aunque el TSXG admite la sentencia del Supremo del 21 de diciembre, los cuatro magistrados de la sala de lo Contencioso creen que podría haber un error en la trasposición que la ley de evaluación ambiental estatal y la normativa gallega hicieron de la Directiva europea de evaluación ambiental.

Según explican desde la Asociación Eólica de Galicia, este paso por ahora no tiene consecuencias porque el TJUE no ha admitido a trámite la consulta, pero de hacerlo podría suponer un tsunami de paralizaciones cautelares en todo el sector energético. Según su interpretación, supondría que la legislación española de evaluación ambiental sería errónea y los afectados podrían recurrir cualquier obra que haya pasado por este proceso de examen, y quedarían congelados hasta que se pronuncie el tribunal europeo, un proceso que puede durar fácilmente dos años.

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