Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela que, mientras las administraciones inyectan cientos de millones de euros en planes para combatir la desinformación, la gran mayoría de los agentes que ejecutan el gasto admite que no evalúa si estas medidas sirven para algo.
El diagnóstico unánime para salvar la democracia en la era de la desinformación es que hay que enseñar al ciudadano a distinguir un hecho de un bulo. Sin embargo, el último Informe sobre medidas de alfabetización mediática desarrolladas en España (2023-2025), elaborado y publicado por la CNMC, arroja serias dudas acerca de la estrategia que se ha generalizado en España para conseguir ese objetivo y si está teniendo éxito.
La alfabetización mediática debe servir, básicamente, para aprender a no creerse todo lo que circula: saber de dónde sale una información, quién la firma, qué intereses puede haber detrás y si está apoyada en hechos o en opiniones disfrazadas de datos.
En una época en la que cualquier mentira puede viajar más rápido que una noticia contrastada, esta capacidad se ha vuelto clave para la vida democrática. Sin ella, los ciudadanos quedan a merced de la propaganda, la manipulación emocional y la mentira organizada. Por eso, la alfabetización mediática se ha abierto paso en los últimos años como una herramienta de defensa cívica frente a la desinformación.
Más dinero que nunca
Sin embargo, la conclusión principal del informe de la CNMC es tan contundente como preocupante: estamos gastando más dinero que nunca, pero no tenemos ni la más remota idea de si está funcionando. Según admite el propio organismo regulador en la página 127 de su informe, “la gran mayoría de agentes manifestaron que no han realizado una evaluación del impacto de sus medidas”. Los motivos esgrimidos por quienes reciben o gestionan fondos públicos oscilan entre el “desconocimiento”, la “complejidad” y, el más revelador de todos, el “elevado coste que les suponía verificar la eficacia”.
La conclusión es que no sabemos si los más de 310 millones gastados entre 2022 y 2025, por encima del centenar al año de media (la mayor parte canalizados a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes), están sirviendo para algo.
El dinero para los programas desarrollados por este departamento sale de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca alcanzar a 700.000 docentes en 20.000 centros educativos. Es, con diferencia, la mayor partida de dinero público destinada a lo que el informe denomina “alfabetización mediática incluida en el currículum”.
Sin embargo, la CNMC no ha conseguido saber qué mecanismos de control existen para asegurar que esa “competencia digital” se traduce efectivamente en una mayor capacidad crítica del alumnado frente a la manipulación informativa, más allá de la mera adquisición de dispositivos o formación técnica del profesorado.
Comunidad de Madrid, más de ocho millones
La Administración General del Estado no es la única que está gastando grandes sumas de dinero en nombre de la alfabetización mediática. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), aparece también en el informe como uno de los grandes actores financieros en este ecosistema. A través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, el Gobierno regional ha desplegado dos grandes líneas de ayudas destinadas a entidades del tercer sector para la “capacitación digital”: una dotada con 6.249.000 euros y otra de 1.940.000 euros, dirigida a la capacitación digital de personas mayores.
Estas ayudas, que suman más de 8 millones de euros, se entregan a ONG y asociaciones para que impartan talleres y cursos. No obstante, al cruzar estos datos con el capítulo de “Medidas y métodos de evaluación”, el informe de la CNMC es demoledor: en la mayoría de los casos, la metodología para verificar si un anciano o un joven madrileño es ahora más resistente a los bulos de WhatsApp tras estos talleres brilla por su ausencia.
La CNMC intentó recopilar información de los denominados usuarios de especial relevancia (UER) e influencers, a los que la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) obliga a poner en marcha medidas de alfabetización mediática. La respuesta fue un fracaso absoluto en términos de transparencia: solo 70 de ellos (apenas un 5%) reportaron algún tipo de medida.
La inmensa mayoría de los nuevos prescriptores que moldean la opinión de los menores en redes sociales ignoraron masivamente el requerimiento del regulador. Y los que sí respondieron —como algunos creadores de contenido vinculados a plataformas de vídeo— mencionan acciones genéricas como “etiquetado de contenido” o “guías de uso”, pero sin aportar datos sobre cómo estas acciones mitigan el efecto de la desinformación en sus comunidades.
RTVE, Atresmedia, Mediaset
En el ámbito de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, el informe recoge 163 iniciativas desarrolladas por 65 agentes. RTVE, Mediaset y Atresmedia lideran este apartado, aunque su enfoque es más “amable” y menos “fiscalizable”.
El Gobierno envía al Congreso la prometida reforma del derecho de rectificación para frenar los bulos
La radiotelevisión pública destaca por proyectos como La tirita digital (en el canal Clan) o Aprende con RTVE, orientados a un público infantil y juvenil. Mediaset reportó sus campañas de 12 Meses, específicamente Señales y Adicciones digitales, que utilizan su músculo publicitario para concienciar sobre el uso responsable de la red. Y Atresmedia se centró en la formación a través de su Fundación, con el proyecto Efecto MIL (Media and Information Literacy), dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años para la creación de contenido útil contra los riesgos de internet.
A pesar de la vistosidad de estas campañas, la CNMC insiste en su propuesta de que los operadores deben pasar de la mera “exposición” a una “autoevaluación” real. El regulador ha tenido que lanzar una consulta pública para proponer una metodología de evaluación básica (objetivos, público, impacto real en focus groups) porque, hasta ahora, el éxito de una medida se medía por cuánta gente la veía, no por cuánto aprendía.
El análisis pormenorizado del informe revela una estructura burocrática donde el objetivo parece ser el cumplimiento normativo (reportar que se ha hecho algo) y no la eficacia social.
Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela que, mientras las administraciones inyectan cientos de millones de euros en planes para combatir la desinformación, la gran mayoría de los agentes que ejecutan el gasto admite que no evalúa si estas medidas sirven para algo.