Todo empezó el pasado miércoles con un titular que aseguraba que la Guardia Civil estaba registrando la sede central de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación abierta por la Audiencia Nacional en torno a la financiación ilegal del PSOE. Y enseguida temblaron los cimientos de la legislatura.
Lo publicó ElConfidencial.com y le siguieron, casi al unísono, la mayoría de los medios afines a la derecha, apenas unos minutos antes de que comenzase la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, poco dado a las improvisaciones, estaba listo a esa hora para ofrecer un canutazo a los periodistas en los pasillos del edificio de la Carrera de San Jerónimo.
“La situación es agónica”, proclamó en tono solemne. “El ambiente es irrespirable. Los socios deben decir que esto se acabó. Espero que cambien sus planes porque esto apesta”.
Iniciada ya la sesión de control, se supo la verdad. Pero, primero, el lenguaraz Miguel Tellado dictó una más de sus habituales sentencias sumarísimas: “La UCO está registrando Ferraz”; “hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España”; “este Gobierno está de corrupción hasta las cejas”; “Zapatero se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería”. Y el resto de portavoces del PP intentaron poner a los socios del Gobierno entre la espada de una supuesta financiación ilegal de los socialistas —que ellos siempre han señalado como una “línea roja” que, de traspasarse, pondría fin a la legislatura— y la pared de un adelanto electoral.
Ni había registro ni se trataba de una investigación sobre la financiación del PSOE que apuntase a prácticas ilegales. Eran agentes de la UCO presentando un requerimiento para la obtención de determinada información relacionada con el caso de la exfontanera socialista Leire Díez y sus actividades para, supuestamente, tratar de contener determinadas investigaciones judiciales.
Para entonces, el medio que había hecho saltar la liebre, citando fuentes de la investigación —hay que suponer que de la UCO de la Guardia Civil, porque el juez enseguida detalló la verdad—, ya había cambiado su titular por otro con más vínculos con la realidad. Aquí paz y después gloria. Alguno de los medios más relevantes de la derecha mediática tardó un poco más, pero terminó desdiciéndose. Sin desdecirse.
El efecto Aznar
Lo ocurrido no pasaría de una simple anécdota con la que ilustrar la coordinación que, a veces, evidencian los medios conservadores con los estados mayores del PP y Vox. Incluido el alarde que hacen del conocimiento previo que tienen de actuaciones judiciales que, en teoría, solo pueden conocer policías, guardias civiles y jueces. Pero, esta vez, veníamos de escuchar, la víspera, al expresidente José María Aznar renovando su llamamiento más famoso de la legislatura.
“En esta situación insostenible de España, esta frase de que ‘el que pueda hacer, que haga’ cobra más sentido que nunca”, aseguró, sonriente, a través de un vídeo, perfectamente consciente del significado que todo el mundo ha dado a sus palabras desde que las pronunció por primera vez el 2 de noviembre de 2023, cuando todavía faltaban dos semanas para que el Congreso de los Diputados invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Más sentido que nunca, dijo, “porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos”.
Lo ocurrido este miércoles, con el falso registro ordenado en el marco de una supuesta operación de la Audiencia para investigar la financiación ilegal del PSOE que no fue tal y con las palabras de Aznar, tiene más peso porque sucede tras siete días en los que el aparato mediático de la derecha ha llevado al límite, y más allá, sus titulares para intentar sacar petróleo del auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y del sumario del caso Plus Ultra, después.
Durante una semana, junto a algunos que sí estaban basados en hechos, se han sucedido titulares disparatados sobre el expresidente socialista fabricados a partir de supuestos hallazgos sacados de contexto y de conclusiones de culpabilidad construidas a partir de hipótesis y especulaciones del juez y la UDEF.
Donde los documentos judiciales y policiales apuntan a “posibilidades” y a “indicios pendientes de ser contrastados”, una constelación coordinada de medios conservadores, digitales afines y contertulios especializados en la fabricación de sospechas echó el resto —y continúa haciéndolo— para empujar un cambio político que los mismos medios identifican con la celebración inmediata y urgente de elecciones anticipadas.
Entre los excesos, que nunca pasarían el examen de la buena praxis si en España el ejercicio profesional del periodismo estuviera sujeto a reglas de obligado cumplimiento, destacan con luz propia los titulares publicados sobre las joyas intervenidas por la UDEF y posteriormente fotografiadas y filtradas a los medios para regocijo de chismosos y murmuradores. Pero también las afirmaciones condenatorias sobre el expresidente a partir de las conjeturas del juez; las conexiones sin nexo probatorio —al menos por ahora— entre la comisión del 1% que cobró uno de los investigados tras la concesión de la ayuda a Plus Ultra; o las que, con idéntica falta de fundamento, tratan de conectar a Zapatero con una empresa offshore en Dubái.
“El tesoro de Zapatero”
“Joyas, oro, discos duros…: el abrumador material incautado refuerza las líneas de investigación en el caso Zapatero”. “Zapatero guardaba decenas de collares, pendientes y relojes en una caja fuerte oculta en su despacho”. “Una caja fuerte en el despacho de Zapatero, móviles y agendas: el material intervenido por la Policía en el ‘caso Plus Ultra’”. “El «tesoro» de Zapatero llega a la prensa internacional, que tasa las joyas en más de 2 millones de euros”.
Los titulares se acumulan insinuando lo abultado de una colección de joyas que nadie, de momento, ha tasado, pero que, al margen de su valor, fuentes próximas al expresidente han atribuido a herencias familiares, como parecen mostrar fotografías tomadas décadas atrás. A falta de datos que prueben su origen ilícito, varios medios han puesto el foco en lo inadecuado que resulta, desde su punto de vista, que un socialista tenga joyas.
El “testaferro de Zapatero”
A falta de evidencias directas que conecten, al menos de momento, al expresidente con la ayuda pública concedida a Plus Ultra o con una empresa constituida en Dubái, la ansiedad de la derecha mediática se ha esmerado en hablar del “testaferro de Zapatero”, en referencia al empresario Julio Martínez, para poder meter en el mismo titular a quien fuera jefe del Gobierno de España y la supuesta comisión del 1% pagada por la aerolínea a partir del préstamo que recibió de la SEPI y cuya tramitación, a día de hoy, nadie ha sido capaz de poner en cuestión.
Decenas de titulares han hecho ese salto mortal para conectar ese 1% con el dinero que Zapatero ingresó por los servicios de análisis y consultoría que afirma haber realizado para la sociedad de este empresario. La misma técnica se ha utilizado para dar a entender que el tal Martínez traficaba con petróleo y oro de Venezuela en nombre del expresidente. Sin que en el sumario conste esa conexión.
Otros afirmaron haber hallado la pistola humeante del delito y titularon que “Un correo desde la cuenta de Zapatero puso en marcha la ‘operación Dubái’ para que el ‘pago no fuera en España’”, basándose en otro salto mortal: que la primera referencia a la empresa offshore se encontró en un intercambio de mensajes entre dos personas que el día antes habían comido con el expresidente. Nada más.
Para insistir en esta línea —atribuir al expresidente cualquier supuesto delito cometido por personas citadas en el sumario—, los medios de la derecha han hallado la fórmula perfecta: hablar de “la red Zapatero”, “la trama de Zapatero”.
La hipoteca cancelada
“Zapatero canceló una hipoteca de golpe con una transferencia de 500.000 euros”. Lo que se presentaba como un pago con dinero caído del cielo, con oscuridad criminal, la prueba del nueve del delito, pronto quedó aclarado: el dinero procedía de la venta de la anterior vivienda del presidente, que había enajenado para, precisamente, construirse esa nueva. De ahí que ahora mismo viva de alquiler. Pero el titular era tan bueno que quienes lo publicaron ni siquiera se molestaron en corregirlo en los días sucesivos. Sigue siendo accesible online.
El líder de una “trama criminal”
“Zapatero lideró una trama criminal”. Sin sospechas, sin presunción. Calificándolo de culpable. Así abrió a toda plana uno de los diarios más antiguos de la derecha mediática española, sin respaldo judicial ni policial que lo sustentase.
¿Cuál es la base de semejante afirmación, más propia de una sentencia firme? Que el juez haya repetido, indiciariamente, que Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Una acusación que es preliminar porque no tiene, de momento, apoyatura directa en ninguna prueba que lo corrobore.
Los chinos
Las insinuaciones acerca de supuestos negocios turbios de Zapatero se han extendido a China, con titulares como “De las sonrisas y el ping pong al embargo de armas: la red china que tejió el imputado Zapatero”, detrás de los cuales no hay ningún dato que señale irregularidad o delito. O que dicen: “La UDEF implica a Zapatero en la venta de petróleo venezolano a gran escala a empresas chinas gracias a su influencia con Delcy”, en los que tampoco, aunque lo que la pieza relata fuese cierto, se da cuenta de ningún hecho criminal.
“The One”
El caso Leire investiga si el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pagó con fondos del partido actuaciones dirigidas a desestabilizar investigaciones judiciales que perjudicaban y siguen perjudicando a los socialistas. En el auto y en lo que se conoce del sumario no hay ninguna referencia al presidente del Gobierno ni ninguna conclusión que permita, siquiera indiciariamente, suponer que estaba en la cúspide de la trama.
Pero eso no fue obstáculo para que varios periódicos, aprovechando un entrecomillado atribuido a la exmilitante socialista Leire Díez, que solo deja constancia de sus propias suposiciones, sentenciasen a Pedro Sánchez. “El PSOE persiguió a jueces, fiscales y la UCO “por orden del ‘One’” y tuvo a sueldo a la ‘trama criminal’”, tituló uno a cinco columnas. “Las cloacas del PSOE actuaron “por orden del One”, según el sumario del juez”, se atrevió a difundir una televisión autonómica. "El juez sitúa a Pedro Sánchez como el epicentro de la cloaca: “el one”", insistió un digital, sin que en el texto de la información se haga referencia a que el juez afirma eso. Sencillamente, porque no es verdad.
La eficaz descontextualización
El tratamiento que la derecha mediática ha dado al caso ilustra a la perfección el mecanismo que los investigadores sobre desinformación identifican como el más eficaz y el más difícil de combatir: la descontextualización. No la invención de hechos, sino la separación quirúrgica de los hechos reales de las condiciones en que existen.
El auto judicial del caso Plus Ultra imputa a Zapatero por indicios. No por pruebas. No por hechos probados. La distinción no es un tecnicismo procesal: es la diferencia entre un ciudadano investigado y un culpable. El juez instruye, recaba elementos para determinar si hay base para seguir adelante y, en ese proceso, puede imputar a alguien sobre la base de indicios que la investigación deberá confirmar o descartar. Es el funcionamiento ordinario de un proceso penal en un Estado de derecho. Eso es lo que dice el sumario.
Lo que una parte de la cobertura mediática ha construido sobre ese sumario es otra cosa. Zapatero aparece en determinados relatos como el eje de una trama: situado en la cúspide de supuestos mensajes para facilitar el préstamo que Plus Ultra solicitó al Gobierno, vinculado a negocios de oro y petróleo que ninguna resolución judicial ha concretado, presentado como figura central de operaciones que el instructor menciona como líneas de investigación abiertas y que el espacio mediático convierte en hechos establecidos.
La descontextualización funciona así precisamente porque no miente sobre lo que existe. El auto existe. La imputación existe. Los indicios, sobre todo en torno a personas próximas a Zapatero, existen. Lo que se omite —o se minimiza hasta hacerlo invisible— es el marco que da sentido a todo eso: que los indicios son el punto de partida de una investigación, no su conclusión; que imputar no es condenar; que los negocios mencionados son hipótesis que el juez considera relevantes explorar, no realidades acreditadas. Separar el dato de su contexto es suficiente para producir un relato en el que el expresidente no es un investigado, sino un culpable pendiente de sentencia.
El sumario tira por tierra las teorías de que el auto de Calama era solo la punta del iceberg contra Zapatero
Un estudio publicado en 2025 en la revista Emerging Media, con verificadores de hechos de Brasil, Alemania y Reino Unido, concluyó que la mayoría del engaño informativo sigue basándose en la descontextualización, por encima incluso de los deepfakes o las noticias directamente fabricadas. La razón es operativa: el contenido original es verídico, lo que lleva al receptor a asumir que la interpretación también lo es y a compartirlo sin verificar.
El caso Plus Ultra y el tratamiento de la figura de Zapatero en parte de la cobertura mediática española es un ejemplo aplicado de ese mecanismo. La pregunta que ese tratamiento deja sin responder —y que el periodismo que trabaja con fuentes primarias sí puede— es qué dice realmente el sumario y qué distancia hay entre eso y lo que se ha publicado.
Ha pasado en la derecha mediática, pero también en medios tradicionales. Antonio Caño, el que fuera director de El País en una de sus etapas más convulsas y hoy referente del digital ultra TheObjective.com, lo reconoció abiertamente en su cuenta de X: “Buena cobertura en El País, incluso en la SER, del caso Zapatero, cosa que agradecen los lectores y, al mismo tiempo, deja en evidencia lo ocurrido en los últimos años”.
Todo empezó el pasado miércoles con un titular que aseguraba que la Guardia Civil estaba registrando la sede central de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación abierta por la Audiencia Nacional en torno a la financiación ilegal del PSOE. Y enseguida temblaron los cimientos de la legislatura.